INTRODUCCIÓN

La familia constituye el núcleo esencial de toda sociedad, siendo el espacio natural en el que el ser humano inicia su proceso de desarrollo personal, social y cultural. En el ordenamiento jurídico peruano, aunque la ^{Constitución Política del Perú (1993)} no proporciona una definición estática de la institución familiar, reconoce en su artículo 4 que el Estado protege a la familia y promueve el matrimonio. Esta ausencia definitoria responde a la naturaleza variable y evolutiva de la familia como institución social.

Cuando la convivencia o el matrimonio se disuelve, la situación de los hijos menores se convierte en una preocupación central del sistema jurídico. En Perú se registra la disolución de un matrimonio o convivencia cada cuatro minutos, y el 40% de las parejas concluye su relación de manera conflictiva. Esta realidad estadística evidencia la urgencia de contar con marcos normativos que protejan eficazmente a los menores involucrados en procesos de separación familiar.

La coparentalidad, entendida como la colaboración entre los progenitores separados o divorciados para cuidar y criar a sus hijos, emerge como una figura jurídica central en este contexto. Como señala ^{Varsi Rospogliosi (2020)}, la coparentalidad evalúa la variedad de derechos y responsabilidades en materia de protección y educación para facilitar el desarrollo de los hijos, siendo de suma importancia para el Estado, que debe protegerla a través de políticas públicas. En este marco, la tenencia compartida garantiza que ambos progenitores continúen ejerciendo la patria potestad, manteniendo un domicilio a tiempo compartido donde el menor cohabita periódicamente con cada uno de sus progenitores (^{Capdevila Brophy, 2016}; ^{Barría Paredes et al., 2022}).

Sin embargo, la legislación peruana presenta vacíos significativos en la regulación expresa de la coparentalidad. El artículo 3-A del CNA reconoce el derecho al buen trato como el derecho de los niños a recibir cuidados, afecto, protección y educación no violenta, pero no contempla explícitamente la dimensión coparental como garantía de dicho derecho ante la ruptura familiar. ^{Muñoz-Ortega et al. (2008)} señalan que es crucial dar significado al derecho al buen trato a través del respeto, permitiendo a los hijos expresar libremente sus opiniones y convirtiéndose los padres en verdaderos maestros de vida.

En el ámbito jurisprudencial, la Casación N.° 3767-2015-Cusco reconoció la posibilidad de promover la coparentalidad dividida, garantizando que ambos progenitores mantuvieran sus cualidades y habilidades sobre los hijos con la patria potestad intacta. Asimismo, la Sala Penal Transitoria en la Casación N.° 391-2019-Áncash ratificó la coparentalidad compartida con semejanza de derechos y capacidades para ambos progenitores.

En el derecho comparado, países como España, Argentina, Chile, México, Nicaragua y Ecuador han avanzado en la regulación de la coparentalidad. ^{Yárnoz-Yaben (2010)} en España concluyeron que los resultados perjudiciales de la ruptura familiar en los hijos están principalmente determinados por los conflictos entre los padres, no por la separación en sí misma.

La importancia del presente trabajo radica en que, con la propuesta de modificación del artículo 3-A del CNA, se busca garantizar el respeto de la coparentalidad como un derecho al buen trato de los hijos frente a la ruptura del vínculo familiar, contribuyendo al ODS 16 sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. El problema de investigación se formula de la siguiente manera: ¿La modificación del artículo 3-A del CNA permitió garantizar la coparentalidad como un derecho al buen trato de los hijos frente a la ruptura del vínculo familiar?

El objetivo general es determinar si la modificación del artículo 3-A del CNA permite respaldar la coparentalidad como un derecho al buen trato de los niños y adolescentes frente a la ruptura del vínculo familiar. Los objetivos específicos son: (1) describir la coparentalidad regulada en el CNA; (2) identificar los efectos de la ampliación de la regulación de la coparentalidad como derecho al buen trato frente a la ruptura del vínculo familiar; (3) analizar la figura de coparentalidad como mecanismo para asegurar el derecho al buen trato en el derecho comparado; y (4) determinar si la coparentalidad aseguró el goce del derecho al buen trato frente a la ruptura del vínculo familiar.

METODOLOGÍA

La investigación fue de tipo básico, orientada a obtener y seleccionar información sobre un fenómeno de la realidad jurídico-social para explicarlo y comprenderlo en su contexto, evidenciando debilidades, efectos y consecuencias. El enfoque fue cualitativo, basado en el examen de los aspectos más complejos de la vida humana y jurídica, con énfasis en las particularidades de la situación del problema. El diseño de investigación correspondió a la teoría fundamentada, pues a través de la recolección sistemática de datos fue posible obtener nuevos hallazgos durante el análisis, construyendo una teoría que permitió comprender el fenómeno social estudiado desde una nueva perspectiva (^{Ramos-Galarza, 2020}). El alcance de la investigación fue explicativo-analítico, empleando como método la entrevista para obtener información de especialistas, así como el análisis de normas, doctrina y jurisprudencia sistematizada sobre coparentalidad y terminación del vínculo familiar. Las categorías de estudio fueron dos: (1) la coparentalidad, definida por ^{Varsi Rospogliosi (2020)} como aquella que evalúa los diversos derechos y responsabilidades en materia de protección y educación, siendo fundamental para el Estado protegerla a través de políticas públicas; y (2) la ruptura del vínculo familiar, entendida como la situación que, según ^{Varsi Rospogliosi (2020)}, puede llevar al progenitor que tiene la custodia a formar una nueva familia, manteniéndose sin embargo ambos progenitores en el ejercicio de la patria potestad. La categoría coparentalidad se desagregó en dos subcategorías: derechos (indicadores: respeto, alimentos, salud y protección) y obligaciones (indicadores: seguridad, trato igualitario y derecho al buen trato). La categoría ruptura del vínculo familiar se desagregó en: patria potestad (indicadores: responsabilidad en la crianza, desarrollo integral del menor) y tenencia (indicadores: desarrollo integral del menor y educación). La población participante estuvo constituida por cinco jueces de familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, codificados de la siguiente manera: E1, E2, E3, E4 y E5 y seleccionados mediante muestreo no probabilístico intencional en el 2024, que según ^{Otzen y Manterola (2017)} permite seleccionar aspectos característicos de una población, facilitando la limitación de la muestra a elementos específicos de interés. Los criterios de inclusión fueron: jueces especializados en derecho de familia con un mínimo de cinco años de experiencia profesional. Se excluyó a aquellos que no contaran con estas especialidades o tuvieran algún proceso relacionado con el derecho de familia. La técnica empleada fue la entrevista, que según ^{Troncoso-Pantoja & Amaya-Placencia (2017)} es una de las herramientas más frecuentes para la obtención de datos, permitiendo al investigador acceder a información directa del participante a través de una interacción verbal. El instrumento fue una guía de entrevista semiestructurada compuesta por ocho preguntas relacionadas con el tema de estudio, con dos preguntas por cada objetivo específico como así el instrumento validado por cinco expertos en la materia, garantizando su validez de contenido. Asimismo, el método de análisis de datos fue el analítico-sintético y en consonancia con el diseño de teoría fundamentada, el proceso siguió tres etapas: (1) codificación abierta, para examinar los datos recopilados; (2) codificación axial, para enlazar los datos de la primera fase; y (3) codificación selectiva, para integrar toda la información y construir el análisis final. Los aspectos éticos siguieron los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, conforme al Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo, v01, garantizando la protección del derecho de autor y evitando el plagio o la apropiación indebida.

RESULTADOS

Luego de haber entrevistados a los cinco jueces, los resultados se presentan de acuerdo con los objetivos específicos.

Objetivo específico 1: Alcances de la coparentalidad regulada en el CNA

La Tabla 1 recoge las respuestas de los cinco jueces respecto a los alcances legales que sustentan la coparentalidad como derecho al buen trato frente a la ruptura familiar. El análisis evidencia una tensión estructural: mientras E.1 señala explícitamente la ausencia de un alcance legal específico para la coparentalidad, circunscribiéndola a la tenencia y el régimen de visitas, los entrevistados E.2, E.4 y E.5 identifican un marco normativo disperso que incluye la CPP, el CNA y la CDN. Esta dispersión normativa es, per se, una evidencia empírica del vacío regulatorio que la investigación busca resolver. Los planes de coparentalidad presentados ante el juez, propuestos por E.5, representan una buena práctica que requiere sustento positivo en el ordenamiento interno para garantizar su exigibilidad.

Las respuestas de la Tabla 2 son unánimes al situar la responsabilidad compartida como eje articulador de la coparentalidad. La reflexión de E.3 resulta particularmente significativa al caracterizar la coparentalidad como "una figura revolucionaria" capaz de transformar los patrones relacionales paternofiliales, lo que implica no solo un cambio normativo sino también cultural. El planteamiento de E.2 sobre la "organización familiar de deberes y responsabilidades recíprocas e igualitarias".

Objetivo específico 2: Efectos de la ampliación de la regulación de la coparentalidad

Las Tablas 3 y 4 recogen las respuestas sobre la normativa nacional que regula el principio de coparentalidad y sobre la pervivencia de derechos y obligaciones parentales tras la ruptura del vínculo matrimonial. El hallazgo más relevante de la Tabla 3 es la declaración enfática de E.1: "No hay normativa nacional" que regule expresamente la coparentalidad. Esta afirmación, proveniente de un operador jurídico con experiencia directa en casos de familia, confirma empíricamente la hipótesis central de la investigación. El hecho de que E.2 deba recurrir a normas de carácter general (CC Art. 424; CNA Art. 14) y E.4 a la figura de tenencia compartida (CNA Art. 81) revela que la coparentalidad opera de manera residual e implícita, sin la certeza jurídica que requiere un derecho fundamental. Esta situación genera, como señala E.3, que la decisión quede supeditada al criterio individual del juez, lo que compromete la predictibilidad y la seguridad jurídica.

Los resultados de la Tabla 4 revelan un consenso jurisprudencial sólido: la ruptura del vínculo conyugal no extingue los derechos y obligaciones parentales. La formulación de E.4 es paradigmática: "el decaimiento es de la relación de pareja más no de éstos con relación a sus hijos", lo que expresa con precisión la naturaleza independiente de la relación paterno-filial respecto de la relación entre cónyuges. E.2 va más allá al enunciar derechos específicos del hijo ante la separación, incluyendo el derecho a no ser instrumentalizado ni expuesto a conflictos interparentales.

Objetivo específico 3: La coparentalidad en el derecho comparado

Las Tablas 5 y 6 sintetizan las respuestas sobre la normativa comparada y los instrumentos internacionales que respaldan la coparentalidad como derecho al buen trato.

El análisis de la Tabla 5 confirma que el derecho comparado ofrece referencias normativas concretas para la incorporación de la coparentalidad en el sistema jurídico peruano. E.2 destaca la obligación estatal de garantizar igualdad de derechos y responsabilidades entre los progenitores independientemente de su estado civil, principio que el CNA aún no recoge con suficiente claridad. E.4 invoca la Observación General N.° 14 del Comité de los Derechos del Niño, que constituye el estándar interpretativo más elaborado del principio del interés superior del niño a nivel internacional y que, según este entrevistado, justificaría directamente la modificación normativa propuesta.

La Tabla 6 revela que la CDN constituye el referente normativo internacional unánimemente citado por los cinco entrevistados, evidenciando su centralidad como instrumento de protección de los derechos de los niños. La ampliación de E.3, que incorpora el PIDCP y la CADH y la de E.4 que añade instrumentos europeos, muestra que el corpus normativo internacional es aún más robusto de lo que la legislación peruana refleja en su articulado. Esta brecha entre el estándar internacional y la regulación interna es la que la propuesta de modificación del Art. 3-A del CNA busca subsanar.

Objetivo específico 4: Mecanismos y propuesta legislativa para asegurar el buen trato

La Tabla 7 evidencia que los jueces proponen mecanismos en dos dimensiones: normativa (E.1: reglas de conducta y acuerdos exigibles; E.2: intervención de protección especial) y psicosocial (E.4: terapias de familia con enfoque de coparentalidad; E.5: formación en derechos). La recomendación de E.4 resulta especialmente relevante al apuntar al factor psicológico subyacente: la falta de consciencia de los progenitores sobre el impacto de sus conflictos en el desarrollo infantil.

La Tabla 8 recoge la valoración final de los jueces respecto a la propuesta normativa, observándose unanimidad en el sentido de que la regulación de la coparentalidad en el CNA aportaría beneficios concretos para el bienestar infantil. E.2 detalla con precisión los efectos esperados: mejora en la comunicación parental, reducción de conflictos judiciales y distribución igualitaria del tiempo de convivencia con cada progenitor. E.3 introduce una matización técnica relevante: la tenencia compartida debe "dosificarse de forma variable u oscilante" según el interés superior del niño, lo que implica que la regulación debe ser flexible y no operar como una fórmula rígida. E.4 sintetiza los atributos que debe tener la coparentalidad regulada: "activa, equitativa y permanente".

El análisis de la tabla 9 revela una sólida convergencia de posturas respecto a la necesidad de fortalecer el marco jurídico de la coparentalidad en el Perú. Se sintetiza cómo la experiencia de los magistrados valida la hipótesis de que la coparentalidad es un componente esencial del derecho al buen trato de los niños y adolescentes, el cual se encuentra actualmente disperso o implícito en normas como la CPP (1993) y el ^{Código de los Niños y Adolescentes (CNA) - Ley N.° 27337 (2000)}. La triangulación permite observar que, para los operadores de justicia, la coparentalidad no es una figura aislada, sino un conjunto articulado de derechos y obligaciones parentales que incluyen el respeto, la protección, la seguridad jurídica y el trato igualitario, todos ellos orientados a salvar el bienestar integral del menor frente a la ruptura del vínculo familiar. Un hallazgo crítico reflejado en el análisis es el consenso unánime de los jueces al afirmar que la separación o el divorcio de los progenitores no extingue de ninguna manera la patria potestad ni el derecho fundamental al buen trato de los hijos. Los magistrados coinciden en que el "decaimiento" de la relación de pareja no debe afectar la responsabilidad compartida en la crianza, subrayando que la falta de una regulación específica en el artículo 3-A del CNA genera una brecha que obliga a los jueces a tomar decisiones basadas en criterios individuales, comprometiendo la predictibilidad y la seguridad jurídica. Esta convergencia refuerza la base teórica del estudio, al alinear la práctica judicial con la doctrina internacional y el interés superior del niño, sugiriendo que la modificación normativa propuesta es indispensable para transformar la coparentalidad de una práctica residual a una garantía exigible y uniforme

El análisis de la tabla 10 muestra la compleja estructura jurídica que sustenta esta figura en el Perú, evidenciando una jerarquía que abarca desde preceptos constitucionales hasta decisiones jurisprudenciales específicas. A nivel macro, la Constitución Política actúa como la base suprema al garantizar derechos fundamentales como la identidad y el libre desarrollo, mientras que instrumentos internacionales como la DUDH y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establecieron el estándar universal de protección y la obligación del Estado de asegurar la responsabilidad compartida de los padres. En el plano nacional, el Código del Niño y Adolescente (CNA, 2000) ofrece una protección directa a través del derecho al buen trato y vivir en familia; sin embargo, como señala la investigación, este marco normativo se encuentra disperso y carece de una definición operativa de coparentalidad, lo que genera un vacío regulatorio que la jurisprudencia ha intentado llenar de manera residual. Las sentencias citadas en el cuadro, específicamente la Casación N.° 3767-2015-Cusco y la Casación N.° 391-2019-Áncash, son hitos fundamentales que reconocen la coparentalidad dividida y compartida, validando que ambos progenitores mantienen derechos y capacidades semejantes tras la ruptura del vínculo familiar. A pesar de este respaldo jurisprudencial y del sustento en tratados internacionales, el análisis concluye que la legislación interna aún presenta una brecha significativa al no integrar de forma específica estos conceptos en el articulado del CNA. Por tanto, se demuestra que, si bien existe un corpus normativo robusto a nivel de principios y jurisprudencia, es indispensable la modificación del Artículo 3-A del CNA para unificar estos niveles y garantizar la seguridad jurídica y el bienestar integral de los menores.

La tabla 11 expone la situación normativa de esta figura en diversas naciones, evidenciando que el Perú se encuentra en una posición de rezago frente a modelos internacionales y regionales. En países como España, la coparentalidad está regulada en el Código Civil, advirtiendo que la alta conflictividad post-ruptura afecta directamente el rendimiento escolar y el bienestar de los hijos. En el contexto latinoamericano, Argentina y Nicaragua presentan las legislaciones más avanzadas, integrando el cuidado compartido y el principio de coparentalidad explícitamente en sus códigos civiles y de familia, utilizando la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como eje articulador. Otros sistemas como los de Chile y Ecuador muestran una regulación parcial que ha avanzado en la eliminación de estereotipos de género o en el reconocimiento doctrinal de la coparentalidad como el sistema óptimo de crianza. Por el contrario, el análisis sitúa a Perú en un estado de vacío legal, ya que, si bien se reconoce la tenencia compartida a través del artículo 81 del CNA y jurisprudencia específica (Casaciones de Cusco y Áncash), la coparentalidad carece de una regulación positiva y autónoma. Esta comparativa refuerza la necesidad de una reforma legislativa en el país, tomando como referencia los modelos de éxito de la región que ya han priorizado el interés superior del niño mediante marcos normativos que garantizan la corresponsabilidad parental efectiva.

En la Tabla 12 se observa que las entrevistas a los cinco jueces de la Corte Superior de Lambayeque confirman de manera empírica la existencia de un vacío normativo y la necesidad de una regulación explícita que beneficie el bienestar del menor. Esta percepción judicial se ve respaldada por el análisis del derecho comparado, que demuestra la efectividad del modelo coparental en seis países de Latinoamérica y Europa, así como por un marco normativo internacional (CPP, CNA, CDN y DUDH) que converge en señalar que el buen trato y la relación con ambos padres son derechos fundamentales inalienables. Finalmente, se destaca que, aunque la jurisprudencia peruana a través de las casaciones de Cusco y Áncash ya reconoce las figuras de coparentalidad dividida y compartida, estas carecen de una definición legal positiva que asegure su aplicación uniforme. La articulación de estas diversas fuentes de evidencia permite arribar a una conclusión convergente y sólida: la modificación del artículo 3-A del CNA no es solo una opción teórica, sino una medida necesaria y urgente para materializar la coparentalidad como una garantía real del derecho al buen trato de los niños y adolescentes frente a la ruptura del vínculo familiar.

La tabla 13 revela que la categoría 1 (Coparentalidad) se define no solo como una estructura de derechos y deberes, sino como un elemento revolucionario y necesario para la seguridad jurídica, cuya ausencia legislativa actual obliga a una interpretación judicial fragmentada. En cuanto a la categoría 2 (Derecho al buen trato), el resultado de la triangulación confirma que este derecho, amparado en el artículo 3-A del CNA y la Convención sobre los Derechos del Niño, es el sustento axiológico que exige una crianza libre de violencia y con la presencia activa de ambos progenitores, independientemente de su estado civil. Finalmente, la categoría 3 (Ruptura del vínculo familiar) actúa como el escenario de conflicto donde se pone a prueba la eficacia del sistema legal; la interpretación unánime de los resultados arroja que la separación de los padres es un evento que no debe menoscabar la patria potestad ni la responsabilidad compartida. En conclusión, la integración de estas categorías mediante la triangulación demuestra que la modificación normativa del Código de los Niños y Adolescentes es la respuesta técnica adecuada para cerrar la brecha entre la realidad judicial y la protección efectiva del menor, garantizando que el interés superior del niño prevalezca sobre el conflicto de pareja mediante un marco legal de coparentalidad explícito, uniforme y preventivo.

DISCUSIÓN

Los hallazgos del presente estudio permiten sostener que la coparentalidad constituye un derecho fundamental del niño que carece de regulación específica en el CNA peruano, y que esta laguna normativa compromete el ejercicio efectivo del derecho al buen trato consagrado en el artículo 3-A del mismo cuerpo legal.

En relación con el primer objetivo específico, los resultados de las Tablas 1 y 2 evidencian que la coparentalidad opera de manera implícita en el sistema jurídico peruano, sustentada en normas generales como la CPP y el CNA, pero sin un precepto que la defina y garantice expresamente. La ausencia de ese articulado específico en Perú obliga a los jueces a recurrir a interpretaciones analógicas o sistemáticas que no garantizan uniformidad en las decisiones judiciales, como señala E.3 al referir que esta situación demanda que los jueces tomen decisiones ad hoc en cada caso de separación o divorcio.

La unanimidad de los entrevistados en reconocer que la patria potestad "no se extingue en el divorcio y/o separación" (E.1) guarda correspondencia con lo establecido por ^{Varsi Rospogliosi (2020)}, quien define la coparentalidad como la estricta actuación del conjunto de la patria potestad de ambos progenitores, independientemente de la configuración de la cohabitación en que se encuentren. Esta convergencia entre la práctica judicial y la doctrina jurídica refuerza la solidez teórica del marco conceptual adoptado (^{Bermúdez-Tapa, 2012}; ^{Pineda Gonzales, 2018})

Respecto al segundo objetivo específico, los efectos de la ampliación de la regulación identificados en las Tablas 3 y 4 coinciden con los hallazgos de ^{Yárnoz-Yaben (2010)} quien en España encontró que un elevado número de menores sufre consecuencias emocionales, conductuales y escolares cuando los conflictos parentales postdivorcio son de intensidad moderada o alta y cuando los progenitores no ejercen la coparentalidad. La proyección de estos efectos al contexto peruano, donde la carencia de regulación deja a los jueces sin un marco normativo claro, sugiere que los niños se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad que la existente en países con regulación expresa.

Desde la perspectiva comparada (tercer objetivo específico), los resultados de las Tablas 5 y 6 demuestran que existe un modelo jurídico replicable en el derecho regional. Nicaragua, por ejemplo, incorpora la coparentalidad como principio en su Constitución Política (^{Aráuz Henríquez, 2018}), mientras que Argentina lo regula expresamente en su Código Civil y Comercial (^{Culaciati, 2023}). La propuesta del investigador de modificar el artículo 3-A del CNA para incluir una definición operativa de la coparentalidad con sus elementos esenciales, comunicación efectiva, colaboración, respeto mutuo, apoyo emocional, no instrumentalización del hijo y priorización del bienestar del menor, es coherente con los estándares del derecho comparado y con las Observaciones Generales del Comité CDN.

En cuanto al cuarto objetivo específico, los resultados de las Tablas 7 y 8 confirman que la coparentalidad, cuando es aplicada correctamente, puede asegurar el goce del derecho al buen trato. Sin embargo, E.3 introduce una advertencia fundamental: la tenencia compartida debe "dosificarse de forma variable u oscilante" según el interés superior del niño, lo que implica que la regulación no puede ser rígida. Esta postura es coherente con la de Ochoa (2022), quien señala que la tenencia compartida debe establecerse "de manera variable o fluctuante" atendiendo al principio mayor del interés superior del niño. La coparentalidad no puede funcionar cuando existe violencia doméstica, tal como reconocen los propios entrevistados, lo que exige que la modificación normativa contemple explícitamente excepciones y salvaguardas.

Una limitación relevante del estudio es el número reducido de participantes (cinco jueces), inherente al diseño cualitativo con muestreo intencional adoptado. Esto implica que los resultados no son estadísticamente generalizables, aunque sí ofrecen una comprensión profunda y fundamentada del fenómeno desde la perspectiva de quienes aplican el derecho cotidianamente. Futuras investigaciones podrían ampliar la muestra a otros distritos judiciales o incorporar la perspectiva de los progenitores y de los propios hijos, enriqueciendo el análisis.

Se concluye que se describió que la coparentalidad, como derecho al buen trato de los hijos, no se encuentra expresamente normada en el CNA peruano. La legislación actual, circunscrita a la tenencia y el régimen de visitas, presenta vacíos normativos que comprometen la seguridad jurídica de los hijos ante la separación parental. La figura existe de manera implícita en los artículos 81 del CNA y 424 del Código Civil, así como en las Casaciones N.° 3767-2015-Cusco y N.° 391-2019-Áncash, pero sin una definición positiva que garantice su exigibilidad uniforme.

Se identificó que la ampliación de la regulación de la coparentalidad como derecho al buen trato generaría efectos positivos en el bienestar integral de los menores: mejora en la comunicación parental, reducción de conflictos judiciales, distribución equitativa del tiempo de convivencia y fortalecimiento del vínculo paterno-filial. Los jueces entrevistados son unánimes en reconocer que la patria potestad no se extingue con la ruptura conyugal y que ambos progenitores mantienen derechos y obligaciones frente a sus hijos, lo que constituye la base jurídica de la coparentalidad.

Se analizó que la coparentalidad es reconocida en el derecho comparado como un mecanismo eficaz para garantizar el buen trato y el desarrollo integral de los hijos en contextos de separación familiar. Países como Argentina, Nicaragua, Chile, España, Ecuador y México han avanzado en su regulación, con fundamentos en la CDN, la DUDH, el PIDCP y la CADH. La Observación General N.° 14 del Comité CDN constituye el estándar internacional más desarrollado para su implementación.

Se determinó que la coparentalidad, cuando es aplicada de manera activa, equitativa y permanente, puede asegurar el goce del derecho al buen trato de los hijos frente a la ruptura del vínculo familiar. No obstante, requiere un marco normativo específico que contemple tanto sus elementos esenciales como sus excepciones —especialmente en casos de violencia doméstica— y que establezca mecanismos de apoyo psicosocial complementarios. La modificación del artículo 3-A del CNA es la herramienta legislativa necesaria para materializar este derecho fundamental