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INTRODUCCIÓN
Este artículo pretende contribuir a la comprensión de la industria de la marihuana en Paraguay (Martens, 2024), y en este sentido indaga, por un lado, su contribución monetaria al sostenimiento de las comunidades productoras de la hierba, y por otro, la afectación económica de los operativos estatales realizados para su erradicación, desde la perspectiva de autoridades locales, comerciantes y pobladores, en dos distritos del Departamento de Canindeyú, históricamente zonas de cultivo.
Paraguay sigue siendo el mayor productor de marihuana de Latinoamérica, y con zonas de cultivo en aumento, a pesar de los operativos e inversiones locales y regionales que se anuncian para su erradicación (Polícia Federal, 2025). Las plantaciones se concentran en tres departamentos: Amambay, Canindeyú y San Pedro, en las que existen poblaciones cuyas economías giran en torno a este rubro por lo que la destrucción de sus cultivos impacta en sus posibilidades de subsistencia y desarrollo.
En estas comunidades las siembras ilícitas representan fuentes de ingresos para las familias y proporcionan recursos que se destinan a una amplia gama de rubros, tales como alimentación, educación, salud, vestimenta, vivienda, recreación, así como a la inversión en actividades agrícolas y ganaderas legales. De este modo, el dinero obtenido de una actividad ilegal es reinvertido en la economía familiar y en el sostenimiento de formas de vida legalmente aceptadas, configurando una interdependencia entre lo legal e ilegal (Arellano Ruíz & Marín García, 2022). Similar a la experiencia colombiana, el cultivo del cannabis se concentra en zonas rurales remotas, donde el Estado tiene una presencia escasa en términos de prestación de servicios y la población vive en situación de marginación (Pérez Correa, Ruiz, & Youngers, 2019).
Las prácticas de erradicación suelen ser bastante violentas y tienen lugar en regiones predominantemente pobres, sin estar acompañadas por intervenciones de desarrollo económico y social para estos territorios y comunidades. Es decir, el Estado interviene para quitar lo que frecuentemente es el único sustento de comunidades vulnerables sin dar alternativas al cultivo ilícito (Pérez Correa, Ruiz, & Youngers, 2019).
En algunas localidades de Canindeyú, la changa en la cadena de producción de la marihuana suele presentarse como única oferta laboral para jóvenes rurales que se resisten a abandonar sus comunidades ante la falta de opciones en la economía lícita. A nivel nacional, solo el 35% de los trabajadores cotiza en la seguridad social (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2024). El desempleo afectó al 7% de la fuerza de trabajo en 2024, aunque para las estadísticas del INE, el changuero ya es una persona ocupada (INE, 2024). La economía sumergida viene aumentando año tras año. Pasó del 44,3% al 47,1% del PIB entre 2021 y 2023. Incluye actividades ilícitas e lícitas, comprendiendo todas las transacciones económicas que se realizan sin el consentimiento del estado como la producción de drogas (Prodesarrollo Paraguay, 2024).
A partir de estos antecedentes, esta investigación busca entender: ¿cómo impacta en la economía local, la destrucción de cultivos de marihuana en comunidades rurales donde esta actividad es una importante fuente de ingresos?
En el plano constitucional y normativo, los funcionarios del sistema penal y policial tienen la obligación de enjuiciar a todas las personas sospechosas de la comisión de delitos. Debe regir el principio de igualdad, previsto en el artículo 46 de la Constitución Nacional de 1992. Sin embargo, en la práctica estos servidores seleccionan según criterios coyunturales, derivados de razones políticas, económicas y hasta mediáticas, a quiénes de los que supuestamente violaron la ley se les va a iniciar un proceso penal. Es decir, tal como advierte Foucault (2002), en el proceso de aplicación normativa existe una abierta tolerancia hacia los autores de determinadas conductas punibles y la penalidad es apenas una manera "de trazar límites de tolerancia, de dar cierto campo de libertad a algunos, y hacer presión sobre otros" (Foucault, 2002, p. 277).
Además, con esta forma de gobierno a través del delito se conserva el orden social y económico dominante, se producen subjetividades y cuerpos disciplinados y controlados; se legitima el poder del Estado y se canaliza y saca provecho de las transgresiones, poniendo de manifiesto la naturaleza esencialmente política del delito, como ya están documentadas en varias investigaciones para contextos de países vecinos como Argentina (Kessler, 2009) y Brasil (Feltrán, 2011), quien describe cómo el Estado negocia y convive con el crimen organizado, gobernando por medio del delito y no a pesar del delito.
En esta relación necesaria entre crimen organizado y política ahonda Flores Pérez (2020), quien explica a través del concepto de redes de poder hegemónico la articulación entre actores estatales y no estatales, como políticos, empresarios, funcionarios públicos, policías y grupos criminales, en tramas complejas que consolidan un orden de control y dominación territorial, especialmente en contextos atravesados por violencia e ilegalidades. En similar sentido a Foucault (2002), Flores Pérez (2009) sostiene que estas redes constituyen formas de poder que articulan lo legal y lo ilegal, lo estatal y lo no estatal, y que producen un orden específico basado en el control territorial, la coerción selectiva y la distribución de beneficios materiales.
Baratta (2001) explica que, en general, el proceso de criminalización secundaria recae selectivamente sobre ciertos grupos sociales, principalmente sobre las clases más desfavorecidas, confirmando que el sistema penal opera dentro de una estructura social desigual. De este modo, el aparato penal, constituido por policías, fiscales, jueces y el sistema penitenciario, selecciona, persigue, juzga y sanciona de forma selectiva, apuntando a ciertos sectores más vulnerables y subordinados de la población, ya que no actúa de manera neutral, ni equitativa, sino que selecciona a quienes aplicarles la ley penal, con base a criterios sociales, económicos y políticos (Zaffaroni, Alagia, & Slokar, 2005).
Finalmente, es importante evitar interpretaciones reduccionistas que explican la vinculación entre el Estado y el crimen organizado únicamente a partir de la noción de debilidad institucional. Como advierte Díaz Arroyo (2023), la categoría de Estado fallido ha sido empleada, en ciertos ámbitos políticos y académicos, como argumento legitimador de intervenciones externas, desplazando así la atención sobre el rol activo que cumplen agentes estatales en la constitución y sostenimiento de redes criminales. Frente a esta mirada, enfoques como el de la captura y la cooptación estatal ofrecen herramientas analíticas más precisas para comprender la diversidad de formas de involucramiento. La primera refiere a la subordinación forzada de funcionarios a intereses ilegales, mientras que la segunda alude a su implicación voluntaria y estratégica, orientada al beneficio mutuo entre actores estatales y criminales.
Desde una perspectiva más amplia, el concepto de macro criminalidad permite visibilizar la existencia de estructuras persistentes de colaboración entre élites políticas, empresariales y narcotraficantes. En este entramado, la distinción entre lo legal y lo ilegal se torna difusa, y el Estado deja de ser considerado una mera víctima, para aparecer como un agente operativo dentro de estas configuraciones ilícitas (Díaz Arroyo, 2023, pp. 130-134).
Respecto a la relación entre crimen organizado y poder político en Paraguay, y cómo fue evolucionando desde la caída de la dictadura en 1989, una reciente investigación reveló que no es una cuestión de vinculación parasitaria o coyuntural, sino más bien simbiótica, propia de estructuras mafiosas la que actualmente existe en el país (Lachi & Martens, 2025).
MATERIALES Y MÉTODOS
Es una investigación con enfoque etnográfico (Guber, 2016) y proceso dialéctico, donde el plan de trabajo inicial, la producción y análisis de información adquieren versatilidad, donde las estrategias empleadas están impregnadas de concepciones teóricas que orientan en su conjunto al proceso investigativo (Achilli, 2023). Al igual que Vélez-Torres, Moreno-Moreno y Hurtado Chaves (2024) se reconoce que ni la ciencia ni el conocimiento que producimos son neutros, evidenciando si fuere necesario, en tal sentido, la posición crítica del investigador con relación a la política de drogas implementada por el estado paraguayo.
Este trabajo se enmarca en la línea de investigación titulada "Experiencias, miedos y expectativas de cultivadores de marihuana en San Pedro, Amambay y Canindeyú", desarrollada desde el 2019 como investigador de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), y desde 2024, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FACIJS) de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN).
Como enfoque, la etnografía vincula teoría e investigación, y usa como evidencia de sus descripciones y análisis, el resultante del trabajo de campo (Guber, 2016) realizado desde 2019, con interacciones frecuentes con miembros de la comunidad, autoridades locales, comerciantes, miembros de las fuerzas de seguridad y cultivadores. En todo este proceso se procuró realizar una descripción densa de lo que la gente hace y dice que hace sobre el proceso de producción de la marihuana, como recomienda Geertz (2001).
Al ser un tema tabú y criminalizado, la construcción de confianza con cultivadores y otros interlocutores claves es un proceso lento que exige paciencia e insistencia, que puede tardar meses o años, y realizadas a través de interacciones en distintos espacios de la vida social y negociaciones constantes para el acceso al campo, donde la autorización ya obtenida puede volverse más restrictiva o abolida, temporal o definitivamente, conforme los acontecimientos sociales e institucionales que se presentan en las comunidades estudiadas (Hammersley & Atkinson, 2022).
Las dos comunidades de estudio fueron escogidas por su reconocimiento público como centros de producción de marihuana y la ingente cantidad de decomiso de marihuana en los últimos años, como se verá en el apartado correspondiente. Son identificadas genéricamente como Comunidad I y Comunidad II, respectivamente, para evitar contribuir a la estigmatización y por razones de seguridad.
Las visitas y conversaciones con comerciantes y vendedores sobre la merma del movimiento económico coincidente con las intervenciones estatales se realizaron en distintos momentos, a lo largo de estos años; y a quienes se dedican a rubros variados, tales como bodegas, venta de alimentos, despensas, vendedores de muebles y electrodomésticos. Los cultivadores de marihuana, así como changueros en esta actividad, cooperaron con la investigación por sus vínculos de confianza con algunos de los porteros; al igual que efectivos policiales, trabajadores del Ministerio Público y del Poder Judicial, con jurisdicción sobre estos territorios.
Las entrevistas etnográficas realizadas para este artículo se guiaron por temas, antes que por preguntas, indagando sobre los ingresos que genera la marihuana, en qué se emplea lo producido, la dinámica de la producción, y por sobre todo, el impacto que tiene en su economía la destrucción de su producción, sin que el estado ofrezca alternativas en la economía lícita (Vélez-Torres, Moreno-Moreno, & Hurtado Chaves, 2024). Siguiendo la recomendación de Achilli (2023), las categorías de análisis surgieron de la teoría, así como del trabajo de campo, mediante la interpretación, contextualización, reconstrucción, contrastación y explicitación de las informaciones producidas. En todos los casos se triangularon las informaciones para darlas por cierta.
El criterio ético y de seguridad que guía la producción de información en esta línea de investigación es la protección de la identidad de porteros e interlocutores. Cuando es posible, el consentimiento es obtenido verbalmente. Los trabajos etnográficos en zonas de violencia adquieren características particulares por razones de seguridad, tanto de colaboradores como de los investigadores, que lo apartan de los estándares éticos clásicos (Restrepo, 2015). Investigadoras mexicanas que trabajan en regiones de violencia, caracterizados por desconfianza, miedo e inseguridad, resaltan que contextos de este tipo redefinieron las condiciones de vida y las formas de hacer investigación (Terven Salinas & Rivera Téllez, 2017).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados y la discusión de estos se presentan en siete categorías analíticas: 1) Las comunidades; 2) Cabritos para movilizarse; 3) Cultivadores no traficantes; 4) Ñemboja para cultivar con seguridad; 5) Costo de la producción y protección estatal; 6) Perjuicios económicos y sociales que crea la erradicación; 7) La magnitud del perjuicio.
Las comunidades
Con relación a las comunidades, ambas comparten la ruralidad como rasgo característico y la presencia de varias comunidades indígenas. La denominada zona urbana se asienta a lo largo de la única ruta asfaltada de siete metros, sin banquinas, que las atraviesa, con apenas tres calles transversales, de unos cien metros de extensión. La Comunidad I se convirtió en distrito en 2013. Alberga una población de 12 mil personas, en un territorio de 80 mil hectáreas, lo que equivale a 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Parte de su territorio está ocupado por una de las reservas forestales más grandes de la región Oriental y en la experiencia cotidiana de sus habitantes, la frontera seca con Brasil es percibida y utilizada como un espacio fluido de tránsito y actividad. Está a 46 kilómetros de la mayor ciudad del Departamento, a 339 kilómetros de Asunción; y a unos 50 kilómetros de la divisoria internacional.
La Comunidad II es municipio desde 2016, con una superficie de poco más de 110 mil hectáreas y una población de 15 mil personas, lo que representa una densidad de 13,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Colinda con históricas zonas de producción de marihuana del departamento de San Pedro. Según el diagnóstico municipal, uno de los principales problemas identificados es el elevado porcentaje de migración de la población por razones económicas, especialmente de jóvenes ante la falta de oportunidades laborales y la limitada rentabilidad de las actividades vinculadas a la agricultura familiar campesina. Está ubicada a 75 kilómetros de la mayor ciudad del departamento y a 245 kilómetros de Asunción. La frontera seca más cercana con Brasil dista 123 kilómetros.
Cabritos para movilizarse
A pesar de las grandes distancias entre los poblados del municipio, no existen sistemas de transporte público organizados. Apenas se cuenta con un único ómnibus diario con destino a la capital. Esta carencia de servicio básico es compensada por un sistema informal de taxis colectivos, sin paradas ni horarios regulares, que opera de forma precaria. En este escenario, proliferan las motocicletas y los denominados cabritos: vehículos sin documentación o robados en Brasil, cuya circulación es tolerada previo pago de una coima a efectivos policiales locales, departamentales e incluso a agentes de la Patrulla Caminera, para permitir el libre tránsito, ya sea dentro del municipio o el departamento, según el trato y monto establecidos. A medida que aumenta el radio de circulación acordado se incrementa la tarifa cobrada que puede superar mil dólares.
Este entramado refuerza la percepción, extendida entre la población, de que la ley formal no regula de forma efectiva las relaciones sociales, sino que estas se organizan a partir de acuerdos informales, pagos y negociaciones con autoridades estatales, principalmente, policiales. Esta situación ilustra lo que Baratta (2001) identifica como una ruptura entre el derecho penal oficial y el derecho penal real, donde el poder punitivo opera de manera selectiva, arbitraria y contextual, reforzando las estructuras de desigualdad y dominación social.
Cultivadores, no traficantes
Intendentes de ambas comunidades reconocen las dificultades que enfrentan los habitantes de sus municipios para generar ingresos a partir de cultivos lícitos ya que en numerosos casos estos se pierden por la falta de acceso a mercados, o bien no generan ganancias suficientes debido a los bajos precios y a la distancia con el principal centro de consumo, Asunción.
Fuente: archivo personal del autor.
Figura 1. Marihuana cortada en proceso de secado al sol previo al procesamiento
En este escenario, los dos jefes comunales reconocen que la marihuana constituye el principal motor económico de sus comunidades, al ser una de las pocas actividades que efectivamente permite el ingreso de dinero en efectivo de forma rápida y sostenida (Figura 1). No obstante, el intendente de la Comunidad I realizó una aclaración señalando que "acá la gente es cultivadora, no es traficante", subrayando así que los pobladores locales participan en el eslabón primario de la cadena de producción. Agregó que es una actividad a la que se "dedica mucha gente desde hace bastante tiempo… y que ya saben cómo hacerlo" (Apuntes del cuaderno de campo, abril de 2025).
Por su parte, el intendente de la Comunidad II aportó elementos adicionales para comprender por qué, pese a su ilegalidad, la actividad resulta más atractiva que las alternativas lícitas: "El riesgo es mínimo, porque antes de plantar hay que avisar y pagar a la policía para estar tranquilos. Después, en poco menos de seis meses ya tenés asegurado un ingreso, lo que no pasa con ninguno de los otros productos [legales]" (Apuntes del cuaderno de campo, marzo de 2025).
Los testimonios de ambos ejecutivos municipales son consistentes con lo que Foucault (2002) conceptualiza como gestión diferencial de los ilegalismos. En este caso, el cultivo de marihuana, pese a su carácter ilícito, es tolerado e incluso justificado por las autoridades locales, en función del papel que desempeña como fuente de ingreso económico para la población. Esta tolerancia no es una omisión del Estado, sino una forma activa de administración de la ilegalidad según criterios de utilidad, funcionalidad y control social. Al mismo tiempo, la situación descrita revela la existencia de lo que Flores Pérez (2020) denomina redes de poder hegemónico: configuraciones territoriales donde actores estatales y no estatales coproducen un orden político y económico por fuera del marco legal formal.
Ñemboja para cultivar con seguridad
La cuarta categoría aborda el proceso de producción de la marihuana, que comprende una serie de negociaciones y tareas agrícolas organizadas, que exigen conocimientos técnicos y prácticas transmitidas socialmente. Aparece el ñemboja como necesaria para iniciar el proceso del cultivo. Tanto cultivadores como agentes policiales señalaron que el ñemboja constituye el paso inicial que permite desarrollar la actividad sin mayores contratiempos. El ñemboja es acercarse para informar del cultivo y abonar el canon correspondiente a la Policía, tal como lo explica un cultivador de la Comunidad I en el siguiente testimonio: "Eñemboja arã katuete. No podés empezar sin antes ir a comunicar y pagar a la policía local. Si no te acercás, ellos mismos llaman a la SENAD o a Antinarcóticos y vienen a destruir tu cultivo" (Apuntes del cuaderno de campo, abril de 2024).
De esta manera, el ñemboja se convierte en una institución que regula y administra las ilegalidades, en donde el cultivo de marihuana no se explica por la ausencia ni debilidades estatales, sino que a través de la activa participación de sus agentes, estableciendo condiciones de tolerancia y producción (Foucault, 2002).
Una vez realizada la comunicación inicial correspondiente a las autoridades policiales, el siguiente paso consiste en asegurar un terreno para el cultivo. En la Comunidad I, la práctica predominante es la siembra en áreas de reserva forestal, mientras que en la Comunidad II se utilizan principalmente parcelas pertenecientes a los propios pobladores. En cambio, en las reservas, basta con desmontar o reutilizar terrenos empleados en zafras anteriores. Josías explica en guaraní la dinámica de los cultivadores en su Comunidad: "Py'aguasurende eikotevê (solo necesitás un poco de valentía) para escoger una parcela dentro de la reserva y preparar el terreno. Si saben que vas a trabajar hay respeto entre la gente" (Apuntes del cuaderno de campo, marzo de 2023).
El tipo de terreno seleccionado determinará el nivel de trabajo e inversión requeridos. En todos los casos, será necesario realizar tareas de desbroce o limpieza, incluyendo el rastroneo, con el fin de preparar el suelo para la siembra. Asimismo, se debe garantizar la obtención de semillas de buena calidad, con alto poder germinativo, que serán sembradas de forma manual o mediante sembradoras portátiles. Durante la etapa de germinación, se requiere una atención constante para evitar daños ocasionados por insectos cortadores. En caso de infestación, se procede a la aplicación de insecticidas utilizando mochilas pulverizadoras. Paralelamente, es imprescindible realizar labores de carpida (con azadas) o corpida (con machetes o foizas) para controlar el crecimiento de malezas, repitiéndose el procedimiento cuantas veces sea necesario. Un ciclo productivo puede incluir entre dos y tres carpidas, así como un número similar de aplicaciones de insecticida.
Una etapa fundamental del proceso es el macheado, que consiste en el corte selectivo de las plantas con el objetivo de elegir aquellas que presentan mejores condiciones para el desarrollo del capullo. Durante esta etapa, los cultivadores trabajan asistidos por pordiaseros, changueros que perciben sus pagos al término del día trabajado. A inicios de 2025, el jornal diario ronda los 80 y 120 mil guaraníes.
Fuente: archivo personal del autor.
Figura 2. Proceso de sarandeo para eliminar impurezas, posterior al secado y previo al despalitado
La etapa de cosecha se inicia con el corte de las plantas y puestas al sol para el secado. Una vez secas, los capullos son separados manualmente (figura 2). Tras esta separación, se realiza el zarandeo, procedimiento mediante el cual se eliminan las impurezas. Luego de este proceso, los capullos son cargados en bolsas y trasladados a los lugares donde serán despalitados. Este proceso consiste en separar los capullos de los tallos y es cada vez más realizado en los hogares de la comunidad, en lugar de los tradicionales campamentos marihuaneros.
Esta práctica viene favoreciendo la participación de mujeres, niñas y niños en la cadena de procesamiento de la hierba (Santacruz Medina, 2024). Para llevar a cabo esta tarea, los capullos se distribuyen en bolsas mediante camionetas, de casa en casa. Una vez finalizado el trabajo, los mismos secretarios regresan para retirar el producto ya limpio. Posteriormente, el material es trasladado a los sitios de prensado, generalmente ubicados en zonas ocultas o de difícil acceso, ya que esta fase requiere infraestructura específica y mayores costos. La tenencia de una prensa, al igual que el cultivo, exige el pago de un canon y la obtención de una autorización.
El proceso de cultivo descrito en este apartado pone de manifiesto lo que Flores Pérez (2020) denomina redes de poder hegemónico, ya que el cultivo de la marihuana y su procesamiento es posible únicamente mediante la intrínseca y negociada relación entre autoridades, cultivadores y miembros de la comunidad, en un orden social absolutamente controlado, donde no son las del Estado las que rigen.
Costo de la producción y protección estatal
En la quinta categoría se reflexiona que para la producción de la marihuana, además de los conocimientos técnicos y capacidad de negociación se precisa de capital para sostener el proceso desde su cultivo hasta la venta a los intermediarios. Conforme a los precios pagados en la zafra de finales de 2024 e inicios de 2025 el sostenimiento de una hectárea ronda los 47 millones de guaraníes, unos 6 mil dólares. En este monto están incluidos los pagos realizados a los distintos cuerpos policiales con competencia para la destrucción de las plantas y/o la detención de quienes trabajan en el mismo.
En las Comunidades I y II se cultivan actualmente distintas variedades. Algunas ya pueden cosecharse en tres meses y medio, en tanto que otras tardan seis meses para producir capullos. Además, "es grande la diferencia de producción entre ambas. El tres meses'i como le dicen, no da tanto. Pero el otro, de casi dos metros de altura, tiene todo ramas luego. Da mucho más, pero el riesgo también es mayor", me explicó un ingeniero agrónomo, de unos 35 años que se crió y vive en una zona de cultivo (Apuntes del cuaderno de campo, enero de 2025).
Con relación a la capacidad de producción de cada hectárea cultivada insistió en que no es una ciencia exacta. "Depende de muchos factores, como el terreno, el abono utilizado, las condiciones climáticas y presencia o no de insectos. El de tres meses es muy difícil que llegue a los mil kilos, lo más seguro es entre 500 a 800 kilos" (Apuntes del cuaderno de campo, enero de 2025).
Con estos valores, una hectárea de marihuana de producción mediana puede generar unos 120 millones de guaraníes (15.000 USD), descontando el costo de producción y pago a policías podría generar una ganancia de unos 70 millones (9.000 USD). Estos números muestran que la competencia con otros rubros agrícolas de la zona es imposible, ya que ninguno puede dejar este margen de ganancia.
Tal como se mencionó en el apartado sobre el ñemboja, la pervivencia del cultivo es posible gracias a un intrincado sistema de pago a distintas reparticiones policiales y fiscales, que permite el desarrollo de esta economía ilegal, mediante su integración funcional al aparato estatal. Los pagos son diferenciados, según el cuerpo policial y fiscal, así como la actividad. Este sistema se basa en lealtades, cuyo incumplimiento habilita la aplicación de multas o ñemope, en la jerga policial, tal como se explica en el siguiente relato de un uniformado: "…el tipo dijo que iba a llevar virutas (ramas sin despalitar), pero encontramos que ya estaba llevando mercadería prensada. Nos quiso dormir (engañar), pero descubrimos y le multamos. Romopê chupe (risas)" (Apuntes del cuaderno de campo, febrero de 2025).
Este relato puede interpretarse, tanto desde la perspectiva de redes de poder hegemónico (Flores Pérez, 2020), como de lógicas de macrociminalidad (Díaz Arroyo, 2023), ya que constituyen alianzas estratégicas y duraderas entre actores estatales y criminales que estructuran formas paralelas de gobierno y control territorial, donde la frontera entre lo legal e ilegal se desdibuja. A diferencia de la noción clásica de Estado fallido, lo que se evidencia aquí es una cooptación estatal en la que agentes públicos, en lugar de combatir el delito, lo administran, regulan y rentabilizan en beneficio propio o de terceros (Zaffaroni, Alagia, & Slokar, 2005; Lourenço, 2024).
Perjuicios económicos y sociales que crea la erradicación
Con relación a los perjuicios económicos y sociales que produce la destrucción de la producción de marihuana, llevada a cabo sin programas de sustitución de cultivos, ni políticas públicas de inclusión en la economía lícita, la misma reproduce y profundiza las condiciones estructurales de desigualdad y exclusión en estos territor ios, ya que en ambas comunidades estudiadas, los ingresos provenientes de este rubro contribuyen al sostenimiento familiar e incluso a la profesionalización de jóvenes, y su eliminación les produce perjuicios y pérdidas económicas con impacto directo en su economía, tal como explica el siguiente testimonio de una comerciante, con más de 30 años en la Comunidad I:
"Cuando entran a cortar la producción el perjuicio es muy grande, porque hay familias que dependen exclusivamente de lo que produce la marihuana. Se quedan con cuentas en almacenes… no puedan pagar sus cuotas. Se les saca sus electrodomésticos" (Apuntes del cuaderno de campo, diciembre de 2024).
En similar sentido, el director de un colegio de la Comunidad II sostuvo: "Hay gente que pierde hasta sus enseres domésticos, pero lo más grave es que hay hijos de cultivadores que pagan sus alquileres y cuotas de universidad que se ven obligados a volver porque no pueden seguir manteniéndose. El impacto no es solo económico, sino social y educativo", insistió (Apuntes del cuaderno de campo, marzo de 2025).
En épocas de destrucciones masivas se producen migraciones masivas de jóvenes a ciudades, dentro y fuera del departamento, en busca de nuevas oportunidades laborales. Por lo general son jóvenes bachilleres o quienes no completaron sus estudios secundarios, que estaban como changueros en las plantaciones.
"Un tiempo aguantan acá (Comunidad II) y después se van. Necesitan ganar plata, tener ingresos… acá no tenemos fuentes de trabajo como empresas, industrias, nada no hay realmente… es la chacra y nada más" (Apuntes del cuaderno de campo, marzo de 2025).
Igualmente, ambos intendentes coincidieron en que la destrucción de los cultivos de marihuana, implementada sin ofrecer alternativas productivas viables, no solo no resolvió el problema, sino que agravan las condiciones sociales y económicas de sus comunidades. Esta visión es compartida también por otras autoridades locales y actores sociales entrevistados, quienes señalaron que las acciones represivas carecen de efectividad cuando no se acompañan de políticas de desarrollo rural sostenibles.
Algunos miembros de estas comunidades ven en el cultivo de marihuana una forma de inversión o una oportunidad para obtener ingresos en efectivo de magnitud significativa, una forma de hacer plata junta, en alusión al monto que lograrían obtener. Con ese objetivo, muchos venden sus bienes, como animales o vehículos, para financiar la siembra. En estos casos, cuando los cultivos son destruidos en operativos estatales, las pérdidas económicas resultan devastadoras, y en varios relatos recogidos se menciona que las personas afectadas atraviesan procesos de empobrecimiento e incluso quiebra, como se deduce del siguiente relato:
"Cheve che trosaite voi la intervención oiko akue. Me partió por la mitad… aún sigo sin poder recuperarme. Había perdido todo, todo lo que ganaba estaba invirtiendo en eso, y vino el kilombo (operativo que destruyó más de 10 mil kilos en la comunidad)." (Apuntes del cuaderno de campo, octubre de 2024).
Cuando la destrucción es acompañada de selección policial o penal (detención o procesamiento), ya sea para fines extractivos o penales, el impacto sigue agravándose porque deben conseguir en menos de 24 horas sumas que varían entre los cinco o diez millones, para recuperar su libertad, sin que sean derivados al sistema penal. Existen casos de quienes hasta vendieron sus tierras, su bien más valioso, para obtener la libertad.
La magnitud del perjuicio
Finalmente, la magnitud del perjuicio o impacto puede calcularse a partir de los registros de la SENAD y del Ministerio Público, que muestran un incremento en la cantidad de hectáreas destruidas y de kilos de marihuana decomisados. En la Comunidad I entre 2023 y 2025 se destruyeron 2.043.756 kilos, en tanto que en la Comunidad II, 841.714 kilos. No obstante, estos datos también evidencian la actuación selectiva del poder penal: a pesar del crecimiento en la intensidad de los operativos estatales, en la Comunidad I solo se registraron 13 personas detenidas, y en la Comunidad II, apenas 5. Este desbalance revela que el énfasis punitivo se concentra en la destrucción de cultivos, mientras que la persecución penal de individuos es mínima, reforzando así la lógica de selectividad punitiva, la gestión de los ilegalismos y la funcionalidad simbólica del sistema penal en contextos de alta vulnerabilidad social. Resta por indagar cuáles son los criterios que operan selectivamente para que, entre todas las personas dedicadas al cultivo de marihuana, solo 18 hayan sido objeto de un proceso penal formal.
CONCLUSIONES
La destrucción de cultivos de marihuana en las comunidades rurales estudiadas se realiza sin un plan de sustitución de la actividad por opciones en la economía lícita y genera efectos negativos directos e inmediatos en la economía local y en la vida cotidiana de sus habitantes, ya que en estos territorios, la marihuana constituye el principal motor que genera ingresos económicos, sostiene el consumo familiar y financia actividades legales, desde la compra de electrodomésticos hasta estudios técnicos y universitarios.
La erradicación forzosa en estas condiciones reproduce las condiciones sistémicas de desigualdad, exclusión y pobreza, generando situaciones de empobrecimiento, endeudamiento, migración forzada de jóvenes y ruptura de trayectorias educativas. Las pérdidas económicas resultan devastadoras para quienes han invertido todo su capital en la producción, y el sistema represivo termina castigando a los más débiles, no a los eslabones superiores de la cadena criminal.
La producción es posible gracias a los acuerdos con las autoridades policiales, fiscales y de la SENAD, que gestionan los ilegalismos tolerados, en los que las detenciones formales son mínimas y selectivas, poniendo de manifiesto redes de poder hegemónico y macro criminalidad, en donde los actores estatales forman parte de la red de protección de esta economía ilegal. De este modo, la represión sin alternativas solo profundiza el ciclo de criminalización, dependencia económica y estigmatización social, desplazando a poblaciones enteras hacia situaciones aún más precarias. Por ello, la lucha contra las drogas no puede desvincularse de una política pública integral de desarrollo rural e inclusión social.
