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El informe emanado por la Comisión de Determinantes Sociales, convocada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2005, especificó tres recomendaciones para subsanar las desigualdades sanitarias: mejorar las condiciones de vida desde el nacimiento, combatir la desigualdad distributiva (del poder, dinero, recursos), y cuantificar la magnitud del problema evaluando los efectos de las acciones propuestas¹. Pese a las intervenciones e investigaciones desarrolladas hasta la fecha y las experiencias recabadas desde distintas latitudes, nos continúa acechando la incertidumbre laboral y socioeconómica, determinantes sociales estructurales relevantes en América Latina y el Caribe.

El contexto inflacionario actual, con la correspondiente alza de los productos y/o servicios y la devaluación del dinero, emergió con crudeza tras la pandemia afectando especialmente a los países con menor estabilidad y que a la vez son directamente dependientes de la actividad económica exterior². Durante esta sindemia derivada de la COVID-19, hay quienes fueron despedidos de sus empleos, iniciaron una nueva actividad laboral informal, o bien, pasaron a formar parte de la GIG economy en las plataformas digitales. Por otra parte, la posibilidad de sumarse al teletrabajo-tan extendida en la actualidad-no es homogénea, dado que varía entre los distintos países y está sujeta a las características de la ocupación, la estructura productiva, la informalidad laboral (que suele ser incompatible con el trabajo desde la casa) y el nivel de infraestructura y competencias digitales³.

En América Latina, las tasas de informalidad laboral excedían el 50 % desde antes de la irrupción del COVID-19⁴. Pese a este antecedente, las políticas sociales sobre el trabajo se continúan articulando desde la población asalariada, formal y que se inserta bajo esa modalidad al empleo y a la atención en salud⁵. Lo anterior recalca la necesidad de incluir en las políticas públicas a los grupos sociales que laboran en la informalidad, quienes son relegados de las estrategias para garantizar derechos en salud, entre otros derechos sociales. Es una situación común, que el trabajador informal manifieste la necesidad de asistencia sanitaria ante una condición que le impide realizar su trabajo, es decir, cuando es demasiado tarde, sin un afán preventivo. Esta realidad es preocupante, pues visibiliza que como sociedad hemos normalizado la precariedad laboral, los horarios extenuantes, el no priorizar otras dimensiones de la vida, la salud y el bienestar, tales como la recreación y el descanso. Estas concesiones, han dado paso a otros males como el abuso, el acoso laboral y el permanecer en lugares que no son entornos propicios para el desarrollo de los individuos, la movilización comunitaria y la abogacía en salud. Es de esperar que aflore una nueva forma de construir redes, más allá de lo espurio y digital, dado los aprendizajes que hemos adquirido recientemente; que reforcemos prácticas solidarias desde lo estructural y político, en los espacios comunes que compartimos al trabajar. Esto es lo que nos puede devolver la salud, la alegría y la esperanza, en un mundo en el que abunda la soledad y el individualismo.