Liberalizaciones políticas

Brasil se independizó de Portugal el 7 septiembre 1822 sin conflicto armado y mantuvo su aparato administrativo y su extenso territorio unido, desde el período colonial realizó elecciones, pero estas no fueron ni justas ni universales. Las elecciones durante el Império (1822-1889) y la Primeira República (1889-1930) fueron caracterizadas por la exclusión de la mayoría de la población y el fraude, y durante la Primeira República la organización de los partidos políticos de oposición fue sistemáticamente obstaculizada. Argentina obtuvo su independencia en 1816 y desde mediados del Siglo XIX se realizaron elecciones, pero fue excluida la numerosa población emigrante y los resultados fueron manipulados, la primera experiencia de un gobierno democrático fue en 1912. Chile obtuvo su independencia definitivamente en 1818 y expulsó al ejército español en 1822 y en 1833 se aprobó la constitución que promovían los grupos conservadores afectos a O'Higgins y a los constitucionalistas Andrés Bello y Mariano Egaña; esta constitución consolidó un régimen estable hasta 1925. Y la República Oriental del Uruguay, por su parte, obtuvo su independencia en 1828 y en la guerra civil de 1836 enfrentó al país en dos divisas, los Partidarios de Rivera y los Partidarios del gobierno de Oribe, colorados y blancos respectivamente, lo que fue el inicio de uno de los bipartidismos más antiguos del mundo (^{Alcántara, 1989}; ^{Nohlen, 2005a}; Nohlen, 2005b; ^{Lamounier y Neto, 2005}; ^{Jones, Lauga y León-Roesch, 2005}; ^{Lanzaro, 1998}; ^{Dutrénit, 1996})

En los años de la Primeira República se configuró en Brasil el llamado coronelismo, una estructura de poder que comenzaba desde la escala local y aprovechaba la dependencia económica, especialmente de las zonas rurales, para el dominio por parte de las élites en las elecciones. En Argentina también se impidió la competencia electoral, las fuertes élites económicas que exportaban carnes y cereales se aglutinaron en el hegemónico Partido Autonomista Nacional que fue perdiendo legitimidad luego de los sucesivos fraudes electorales, dando paso a la llamada Ley electoral Sáenz Peña que puso fin al antiguo orden. Desde este punto comenzó un sistema político competitivo donde el partido catch all Unión Cívica Radical (UCR) fundado en 1890 por Leandro Alem se convirtió en el partido dominante ganando las elecciones de 1916 con Hipólito Yrigoyen, de 1922 con Marcelo Torcuato, y en 1928 de nuevo con Yrigoyen. En Chile, el período de vigencia de la constitución (1833 - 1925) estuvo caracterizado por el fortalecimiento de los partidos políticos organizados por las élites, con estructuras ideológicas definidas y autónomos, y por su lucha para reducir el poder del presidencialismo (^{Lamounier y Neto, 2005}; ^{Jones, Lauga y León-Roesch, 2005}; ^{Nohlen, 2005a}; ^{Alcántara, 1989}).

Desde este punto podemos encontrar importantes diferencias que iban a tener un largo alcance temporal. En Brasil no hubo mayores avances en la liberalización política, en Argentina y en Chile si, a través de un sistema de partidos competitivos con un partido dominante como la UCR en el caso argentino, y con un sistema de partido de mayor organización operativa e ideológica en el caso chileno. Pero es el caso uruguayo, como veremos seguido, donde hubo una mayor liberalización y, especialmente, mayor democratización social.

En Uruguay el Partido Colorado mantuvo interrumpidamente el poder desde 1865 hasta 1958, y luego del ciclo revolucionario que representaron los movimientos armados de 1897 y 1904, especialmente durante los períodos presidenciales del liberal reformador José Batlle y Ordóñez (1903 - 1907 y 1911 - 1915), la actividad política entró en un importante proceso de modernización y la sociedad en un significativo proceso de democratización, se promovió la creación de agencias gubernamentales y empresas públicas, y se introdujo una legislación social bastante avanzada para el momento de la región que favoreció especialmente a mujeres, niños y obreros. Mientras tanto el poder político dejó de estar en la oligarquía rural y pasó a la clase media urbana, y se afianzaron los mecanismos y acuerdos que permitieron que el Partido Nacional (popularmente conocido como Partido Blanco) compartiera el poder. Desde las presidencias de Batlle hay una refundación del clivaje Colorados y Blancos, es decir, del sistema político en su conjunto, ya que su gestación y posterior desarrollo hizo posible la estructuración de la ideología dominante del Uruguay moderno que recreó el imaginario colorado de un Estado social avanzado para los estándares de la región (^{Dutrénit, 1996}; ^{Gillespie, 1988}; ^{Nohlen, 2005b}; ^{Alcántara, 1989}).

En la década de 1930 se dieron importantes cambios en los regímenes políticos del Cono Sur, en Chile, luego del período desde 1924 hasta 1932 donde se sucedieron varias intervenciones militares, en 1932 retorna las elecciones y la estabilidad política en el llamado estado de compromiso. En Brasil, en cambio, la llamada Revolução de 30, comenzó con el golpe de Estado de Getulio Vargas y desembocó en el Estado Novo (1937 - 1945), un período autoritario donde se prohibieron las elecciones por primera vez en la historia republicana del país. Y en Argentina comenzó la llamada Década Infame y un ciclo de más de cincuenta años de inestabilidad política e intervenciones militares, donde desde 1928 hasta 2003 ningún mandatario culminó su período presidencial, incluyendo seis golpes militares.

El estado de compromiso chileno estuvo caracterizado por una importante pluralidad política reflejada en la diversidad ideológica de los presidentes electos: el liberal Arturo Alessandri (1932 - 1938), los radicales Pedro Aguirre Cerda (1938 - 1941), Juan Antonio Ríos (1942 - 1946) y Gabriel González Videla (1946 - 1952), los independientes Carlos Ibáñez del Campo (1952 - 1958) y Jorge Alessandri (1958-1964), el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y el socialista Salvador Allende (1970-1973), desde la década de 1960 se evidenciaba un sistema de partidos políticos con altos grados de competencia y polarización. En el Brasil del Estado Novo las elecciones y los partidos políticos fueron prohibidos, se aplicaron políticas populistas de redistribución de ingresos a favor de los trabajadores urbanos, se redujo el feudalismo político de cada región garantizando así la unidad nacional y se industrializó la economía de la mano del Estado. Vargas es derrocado por un golpe de Estado en 1945 pero siguió influyendo en el sistema político, fundo dos de los partidos políticos más importantes del país: el Partido Social Democrático (PSD) y el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), y en 1950 fue electo de nuevo presidente hasta la crisis política y manifestaciones callejeras que lo indujeron al suicidio en 1954. Así siguieron los gobiernos autoritarios controlando la política brasilera con un respaldo social derivado del crecimiento económico experimentado por el país, pero a finales de la década de 1970, cuando las condiciones económicas desmejoraron, las protestas sociales obligaron una paulatina liberalización política (^{Nohlen, 2005a}; ^{Lamounier y Neto, 2005}; ^{Weyland, 2005}; ^{Alcántara, 1989}).

En Argentina, el gobierno de Yrigoyen se hizo más autoritario, lesionó los derechos políticos de la oposición y aumentó las intervenciones militares en las provincias, lo que aunado a la crisis económica mundial que afectó especialmente a Argentina y el deterioro físico y psicológico de Yrigoyen, permitieron el golpe de Estado de 1930.

La Década Infame Argentina se caracterizó por la reducción de las libertades políticas y civiles y se generalizaron los fraudes patrióticos; así hasta 1943, período donde se sucedieron numerosos golpes de Estado. Durante la administración de Edelmiro Farrell (1944 - 1946), Juan Domingo Perón escaló puestos claves como vicepresidente y secretario de empleo, apoyando desde allí a las clases trabajadoras, lo que le permitió construir una clientela política para ganarle limpiamente las elecciones presidenciales de 1946 a una coalición de numerosos partidos y fundar el Partido Único de la Revolución, luego llamado en 1947 Partido Peronista. Perón es un ejemplo de populismo clásico, movilizó a las clases populares (los descamisados) y atacó a las élites, implementó políticas de redistribución, logró alinear con su partido al movimiento sindicalista más poderoso de América Latina la Confederación General de Trabajo (CGT), su partido se hizo personalista y hegemónico, y su gobierno autoritario, así hasta 1955 cuando es derrocado por un golpe de Estado; Perón fue al exilio y su partido fue prohibido. Luego se sucedieron gobiernos de la UCR bajo tutela de los militares y regímenes militares, hasta 1973 cuando las presiones sociales obligaron al régimen a permitir elecciones, dando paso al regreso del peronismo al poder. Perón regresó del exilio y ganó las elecciones presidenciales de 1973 con más del 60 por ciento de los votos, pero falleció en 1974. En medio del caos peronista, Isabel Eva Perón asumió la presidencia, pero no logró sortear las dificultades de la presidencia, perdió contacto con la sociedad y en 1976 sufrió un golpe de Estado (^{Malamud, 2004}; ^{Close, 2012}; ^{Jones, Lauga y León-Roesch, 2005}; ^{Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005}; ^{Levitsky, 2005}).

Así pues, hasta aquí, en Argentina podemos contar dos grandes partidos de masas, Catch all, la UCR y el Peronismo, que lograron incorporar a las masas excluidas a la arena política y mantener una alta popularidad, hasta el punto tal que sus reivindicaciones solo pudieron ser frenadas por los golpes militares.

Desde 1940 solo estos dos partidos han logrado consolidar identidades estables en el electorado, ambos surgieron en períodos críticos, la UCR, el primer partido moderno del país, surgió en medio de una crisis de legitimidad del régimen y logró incluir en la arena electoral a la numerosa población de emigrantes hasta ese momento excluidos, y el peronismo surgió en las secuelas de la crisis económica de 1930, para canalizar las demandas de los sectores pobres urbanos. Ambos partidos en sus períodos de auge resultaron imbatibles en elecciones limpias y desarrollaron una vocación hegemónica por lo que se ha denominado al sistema de partidos que conformaron: sistema a doble partido con intención dominante (^{Malamud, 2004}; ^{Levitsky y Murillo, 2008})

En Uruguay si bien la estabilidad política duró más que en el resto de los países del Cono Sur, fue en la década de 1960 cuando la crisis económica y el aumento de la polarización de lucha política entre blancos y colorados derivó en el surgimiento de la guerrilla Tupamaros y en la politización de las Fuerzas Armadas, lo que sirvió de preludio a un golpe de Estado que inauguró un período de más de una década de régimen militar.

Transiciones: quiebre y retorno de la democracia

Durante la década de 1960 comenzó la que ^{Huntington (1994}: 31) llamo la segunda contra ola de la democracia donde numerosos regímenes democráticos, incluyendo los del Cono Sur, transitaron hacia el autoritarismo. En los regímenes políticos del Cono Sur se sucedieron varios golpes de Estado, Brasil en 1964, Argentina en 1966, Chile y Uruguay en 1973, y Argentina de nuevo en 1976. Estos golpes de Estado inauguraron el denominado Estado burocrático-autoritario (^{O’Donnell, 1982}) donde las Fuerzas Armadas reestructuraron el Estado con criterio militar y los mecanismos políticos y democráticos fueron suprimidos, incluyendo sistemáticas violaciones a los derechos humanos, persecuciones y desapariciones forzosas.

Como señalamos anteriormente, el régimen político de Brasil estuvo caracterizado por las continuas intervenciones militares y el autoritarismo. Con Vargas al autoritarismo se le imprimieron rasgos populares y luego de su muerte, especialmente desde el golpe de Estado de 1964, los rasgos de su régimen político coinciden con el Estado burocrático-autoritario, planteando como el objetivo último de su administración: ordem e progresso.

Los virulentos conflictos sociales que sucedieron a la muerte de Vargas sirvieron de excusa para que las Fuerzas Armadas buscaran un control más hermético de la vida política del país. En 1965 se prohibieron los partidos políticos existentes y se creó un bipartidismo artificial con el pro gobierno Aliança Renovadora Nacional (ARENA) y el partido de oposición autorizado por el gobierno Movimento Democrático Brasileiro (MDB). El régimen buscó la legitimidad en la esfera económica, con la intervención del Estado logró un importante crecimiento económico y niveles de industrialización, se otorgaron numerosos subsidios y recompensas materiales a los empresarios y a la élite económica en general, y algunos beneficios materiales a la clase popular. Este sector popular, en comparación con los otros países del Cono Sur, no mostraron mayor movilización articulada para incidir en la política, especialmente por la falta de experiencia democrática del país (^{Martins, 1988}; ^{O'Donnell, 1988}; ^{Lamounier y Neto, 2005}; ^{Weyland, 2005}; ^{Jaguaribe, 1976}).

Chile, por su parte, fue escenario del primer proyecto socialista-marxista del mundo legitimado electoralmente con la elección presidencial de Salvador Allende. Allende fue electo especialmente por la marcada desigualdad social que ya venía configurándose en el país; con su elección y forma de gobernar sin negociaciones y sin moderación, aunado al mal manejo de la economía y los enfrentamientos con los empresarios, se desinstitucionalizó la conflictividad política y difuminó el centro del espectro político, la democracia como valor perdió su fuerza en gran parte de la población, especialmente en la clase media que había sido el pilar de la democracia pero en ese momento sufrió un proceso de fascistizacion. Esto permitió el golpe de Estado de 1973 que fue apoyado por actores políticos como el Partido Demócrata Cristiano y que llevó al poder a Augusto Pinochet (1973 - 1990), quien instauró un régimen de alta represión y reorganización de la sociedad en el modelo económico neoliberal más puro del mundo, donde los intereses de los empresarios estaban muy bien considerados en la agenda del gobierno y del Congreso y las élites políticas tenían una especial disposición a atender, mientras que los intereses de los trabajadores no contaron con estas capacidades ni con grupos organizados que avanzaran en estas materias. Así pues, Pinochet logró mantener y personalizar el monopolio de la coerción gracias a la unidad de las Fuerzas Armadas alrededor de su persona y al apoyo de la tecnocracia económica financiera (^{Garretón, 1988}; ^{Huneeus, 2012}; ^{Rodríguez-Elizondo, 1992}).

Como hemos observado, en Brasil y Chile durante estos períodos se eliminó la política democrática. La democracia y la política en general quedaron subordinadas a objetivos materiales estrechos, incluso dentro de la esfera económica. En ambos procesos de democratización los militares tuvieron un importante papel, sin embargo, en la dictadura chilena se concentró el poder en una sola figura, en comparación con la brasilera que el poder fue más disperso dentro del conjunto de la Fuerza Armada, lo que hizo que en el proceso chileno se imprimiese una institucionalidad que buscaba la continuidad de beneficios económicos y políticos para el dictador y sus allegados.

Por su parte, en Argentina, durante el período dictatorial no hubo logros económicos que legitimaran el régimen. Con el golpe de Estado de 1976 comenzó el autollamado Proceso de Reorganización Nacional que incluyó las jefaturas de Jorge Videla (1976 - 1981) y un poco más de un año entre Roberto Viola y Leopoldo Galtieri. Los dos primeros fueron especialmente virulentos, luego de sus mandatos fueron condenados por crímenes de lesa humanidad que incluyó persecuciones en masa, secuestros, torturas, asesinatos y desaparecidos, y con Galtieri comenzó la guerra de las Malvinas, la cual Argentina perdió con numerosas bajas, pero ninguna de ellas de altos oficiales.

En este punto hay una diferencia fundamental entre la democratización argentina y la chilena. Durante el período autoritario chileno se lograron alcanzar algunas mejoras materiales y se consiguió una recomposición del orden económico luego del período presidencial de Allende, lo que permitió una articulación discursiva para influir en el régimen político postautoritario. En cambio, la ausencia de logros materiales y, especialmente, la derrota en la guerra de las Malvinas, impidió la formulación de discursos celebrativos del período democrático permitiendo así un fortalecimiento de la cultura democrática.

El golpe de Estado de 1973 en Uruguay significó el primer golpe instrumentado por los militares en la historia del país. Como los de sus países vecinos, se caracterizó por una alta virulencia y repetidas violaciones a los derechos humanos.

En Brasil desde mediados de la década de 1970 comenzó un proceso de liberalización política debido a la presión social, y ya a principios de la década de 1980 se había agotado el modelo de desarrollo dirigido por el Estado que en Brasil fue el principal legitimador del régimen autoritario. Así pues, el año 1985 se considera como el inicio del período democrático y la llamada Nova República. Sin embargo, las Fuerzas Armadas continuaron manteniendo un importante dominio sobre la vida política y social del país, las élites del régimen autoritario continuaron en el poder y la violencia y la marginalización política y social de las personas en estado de pobreza continuó. Adicionalmente, el fallecimiento del presidente electo indirectamente Tancredo Neves obligó a asumir la presidencia al vicepresidente José Sarney (1985 - 1990), lo que lesionó la legitimidad y la gobernabilidad. En lo económico tampoco hay avances que resaltar. Solo hasta las primeras elecciones presidenciales directas que dio la victoria a Fernando Collor de Mello (1990 - 1992), Brasil logró la subordinación de las fuerzas armadas a los civiles (^{Mainwaring y Pérez-Liñán, 2016}; ^{Levitsky, 2005}; ^{Sallum, 1996}).

La transición a la democracia en Chile comenzó con el referéndum de 1988. Esta transición estuvo caracterizada por un gobierno tutelado, donde Pinochet y las Fuerzas Armadas mantuvieron amplios controles sobre la vida política y social, y la esfera de posibles decisiones por parte de la mayoría democrática fue muy estrecha.

La oposición a Pinochet logró salvar sus diferencias y ganar el referéndum pero el dictador obtuvo el 46 por ciento de los votos. Lo anterior evidencia el poder de facto de Pinochet, lo que le permitió negociar una serie de acuerdos y reformas constitucionales con su oposición para mantener sus prerrogativas y un significativo poder en el período democrático. La constitución en la cual se desenvolvió el Chile postautoritario fue la misma del período autoritario, único caso del mundo de un régimen democrático con una constitución autoritaria, que incluía un pluralismo limitado, una visión crítica de la soberanía popular, la hostilidad hacia el rol de los partidos políticos y una definición neoliberal del sistema económico. Se impidió, al menos en una primera instancia, las políticas de verdad y justicia en relación con las violaciones a los derechos humanos. Pinochet siguió siendo el jefe del ejército y las Fuerzas Armadas y dejo muy poco espacio de acción a los actores políticos democráticos, incluyendo al presidente. Pinochet acumuló, como ningún otro dictador del Cono Sur significativos poderes, durante todo el período dictatorial fue jefe de gobierno, comandante en jefe del ejército y líder de la coalición gobernante, lo que permitió la permanencia de enclaves institucionales y actorales autoritarios (^{Huneeus, 2012}; ^{Garretón y Garretón, 2010}; ^{Nohlen, 2005a}; ^{Alcántara, 2003}).

En Brasil, el proceso de crecimiento económico bajo el período autoritario dejó una de las sociedades más desiguales y fragmentadas del mundo. Esto dificultó que un actor político u organización social pudiese articular y armonizar tan heterogéneas y particulares demandas y transformarlas en una agenda programática. Esta fragmentación se expresó en el sistema de partidos políticos.

Desde finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, luego de la primera reforma partidista de 1979, se fue configurando un sistema de partidos políticos caracterizado por la falta de disciplina y de agenda programática. En las elecciones legislativas de 1982 compitieron cinco partidos: Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) herederos del MDB y partido líder hasta sufrir varias escisiones, el Partido Democrático Trabalhista (PDT) también heredero del MDB, el Partido Progressista (PP) ubicado en la centroderecha, el varguista Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) y el socialista Partido dos Trabalhadores (PT). Y durante el transcurso de la década aparecieron otros partidos, el heredero de ARENA Partido da Frente Liberal (PFL; actual DEM), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB; escisión del PMDB), entre otros. La dispersión de partidos también se mostró a nivel geográfico, al ser tan extenso el territorio del país y los estados tan fuertes económica y demográficamente, el PMDB predominó en la región sudeste y centro oeste del país, el PFL tuvo mayor fuerza en el nordeste, y el PT en Sao Paulo (^{Sousa, 2010}; ^{Alcántara, 2004a}; ^{Alcántara, 2004b}; ^{Lamounier y Neto, 2005}; ^{Levitsky, 2005}).

En Chile el sistema de partidos políticos se mantuvo prácticamente intacto al retornar a la democracia. Pero el clivaje cambió, por una parte, Pinochet y sus aliados, y por otra, la coalición denominada Concertación de Partidos por la Democracia que aglutinó un vario pinto de organizaciones partidistas que ocuparon todo el espectro político democrático, donde destacaban el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista de Chile y el Partido por la Democracia. Esta coalición ganó la primera elección presidencial del retorno a la democracia con Patricio Aylwin (1990 - 1994) y ganó las sucesivas elecciones presidenciales: Eduardo Frei (1994 - 2000), Ricardo Lagos (2000 - 2006) y Michelle Bachelet (2006 - 2010), hasta las elecciones del 2010 donde fue derrotada. Para mantener la coalición unida, los partidos políticos distribuyeron con férrea disciplina el poder con instituciones formales e informales que incluyó la asignación de candidaturas legislativas y el llamado cuoteo, que incluyó, entre otras cosas, la división de carteras ministeriales. No es hasta el 2005 cuando se hicieron modificaciones a la constitución que permitieron defender la autoridad del presidente sobre los militares y se eliminaron los senadores designados y vitalicios, pero continuaron importantes prerrogativas del período autoritario (^{Angell, 2003}; ^{Siavelis, 2009a}; ^{Siavelis, 2009b}).

Si bien la transición chilena es considerada generalmente como exitosa por su estabilidad política y crecimiento económico, y su fuerte e institucionalizado sistema de partidos políticos que la dirigió, se debe advertir que el tutelaje de las Fuerzas Armadas y la importante brecha entre partidos políticos y sociedad civil generadas por la imposibilidad de los primeros de dar respuesta a las necesidades de los segundos dentro del consenso neoliberal heredado del período autoritario, obliga a matizar el entusiasmo por la calidad democrática de Chile. Se debe advertir que las condiciones favorables para la estabilidad y la democratización pueden ser negativas para la calidad de la democracia.

Lo específico de los procesos de transición condicionó los primeros años democráticos. En Chile, como en ningún otro país del Cono Sur, hubo una continuidad tan significativa de instituciones autoritarias, tanto legales como de facto y de políticas, derivado de la alta concentración del poder en la figura de Pinochet, lo que hizo que el debate político y las políticas públicas continuaran alrededor de su figura. Mientras que en Brasil la transición también estuvo tutelada por los militares, pero el control no fue tan significativo ni en tiempo ni espacios, debido a que el régimen político y el sistema económico ya estaban en deterioro. Y en Argentina, como veremos seguido, las Fuerzas Armadas estaban muy desprestigiadas por la guerra de las Malvinas como para mantener tan férreo control.

El proceso de transición a la democracia en Argentina tiene como momento decisivo las elecciones presidenciales de 1983. Las Fuerzas Armadas estaban desprestigiadas y divididas por lo que no pudieron mantener la continuidad de su influencia como en los casos anteriores, incluso desde el primer gobierno del nuevo período democrático presidido por Raúl Alfonsín (1983 - 1989) se llevó acabo el Juicio a las Juntas donde fueron procesados por la justicia civil y condenados los principales responsables de las violaciones de derechos humanos durante el período autoritario, ningún país del Cono Sur había realizado los avances que concretó Argentina en esta materia.

Si bien Argentina no compartió la problemática de la tutela militar, si tuvo sus propios problemas de debilidad institucional expresada, especialmente, en la imposibilidad de terminar los períodos presidenciales constitucionales y el desprestigio de los mandatarios civilistas y peronistas asociados a procesos de hiperinflación, tráfico de armas, revueltas populares generalizadas y corrupción.

En Uruguay se puede fechar el inicio de la transición a la democracia en noviembre de 1980 cuando el régimen autoritario buscó legitimarse a través de un plebiscito constitucional pero lo perdió. Durante el período autoritario en Uruguay no hubo un crecimiento económico como el de Chile o Brasil, y en las Fuerzas Armadas hubo un sector a favor de la democratización del país que permitió en 1984 el denominado Pacto del Club Naval entre las Fuerzas Armadas y los partidos políticos que convocó a elecciones en ese mismo año. El sistema de partidos políticos continuó con la alternancia entre colorados y blancos en la presidencia: el colorado Julio María Sanguinetti (1985 - 1990), el blanco Luis Alberto Lacalle (1990 - 1995) y de nuevo Julio María Sanguinetti (1995 - 2000) y otro colorado Jorge Batlle (2000 - 2005), hasta que en las elecciones del 2005 ganó una tercera fuerza, de izquierda, que fue ganando popularidad y no ha perdido elecciones presidenciales hasta la actualidad, el Frente Amplio. El Frente Amplio nació en 1971 como una coalición de partidos, pero se ha convertido en un partido de coalición, vino a cubrir el espacio vacío de la centro izquierda y con su papel protagónico en el retorno a la democracia logró abrirse un espacio en uno de los bipartidismos más antiguos del mundo (^{Lanzaro, 2010}; Lanzaro, 1998; ^{Rilla, 1997}; ^{Dutrénit, 1996}; ^{Nohlen, 2005b}).

Así la democracia uruguaya salió fortalecida luego del período autoritario gracias a una ampliación de la oferta del espectro político partidario, que ha logrado canalizar las reivindicaciones populares a través de políticas sociales institucionalizadas. Adicionalmente, las reformas económicas llevadas a cabo en la región durante la década de 1990, tuvieron en Uruguay la particularidad que las empresas estratégicas y los servicios públicos como salud y educación continuaron bajo el control del Estado impidiendo la desigualdad social que presentaron los otros países del Cono Sur y Brasil.

Calidad de la democracia

Entendemos por calidad de democracia la capacidad que tiene un sistema político democrático para que sus ciudadanos sean libres y la sociedad justa, garantizando los mecanismos deliberativos, las instituciones de gobierno electas y reguladas por los ciudadanos, y el estado de derecho.

El sistema político brasilero experimentó importantes avances en la calidad democrática durante los primeros años del período democrático. Si bien continuaron temas pendientes como las violaciones a los derechos humanos y los altos niveles de violencia urbana, durante los períodos presidenciales de Fernando Henrique Cardoso (1995 - 1999 y 1999 - 2003) se estabilizó la economía y durante los períodos de Luiz Inácio “Lula” da Silva (2003 - 2007 y 2007 - 2011) se ampliaron las políticas sociales en búsqueda de una reducción de la desigualdad de ingresos, étnica, de género y geográfica. El Partido da Social Democracia Brasileira y el Partido dos Trabalhadores ampliaron su presencia a nivel nacional, y este último moderó su posición planteando políticas de centro izquierda. También se debe advertir que la inestabilidad política del comienzo del período democrático y la más reciente producida por los impeachment, se han dado dentro del régimen civilista, al menos por ahora los militares están subordinados a los civiles.

En Chile, como se advirtió, en los primeros años del retorno a la democracia los militares mantuvieron un significativo tutelaje. Sin embargo, en los años recientes se ha hecho verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos del régimen autoritario, siendo el país del Cono Sur que ha procesado y condenado a un mayor número de militares. Adicionalmente, la autonomía de la autoridad electoral ha sido fundamental para mantener elecciones libres y competitivas, y la fortaleza, autonomía y profesionalización del poder judicial y del legislativo con la experiencia acumulada durante la República Parlamentaria (1891-1924) han fortalecido el Estado de derecho (^{Huneeus, 2012}; ^{Nolte, 2003}; ^{Levine y Molina, 2011}; ^{Nohlen, 2005a}; ^{Angell, 2003}).

En Argentina, el período postautoritario se caracterizó por una coexistencia pacífica de los actores políticos y el reconocimiento de las reglas de la competencia democrática y del Estado de derecho, no se cuestionó la legitimidad de las elecciones. Las libertades civiles se reinstauraron y los militares regresaron a los cuarteles. La sociedad civil en general se fortaleció, especialmente los sindicatos como la central de trabajadores argentinos y el movimiento de trabajadores argentinos, y los movimientos a favor de los Derechos Humanos como conciencia y poder ciudadano, y contaron con los medios masivos de comunicación más libres y vigorosos de la región (^{Levitsky, 2005}; Levitsky y Murillo, 2008; ^{Jones, Lauga y León-Roesch, 2005}).

La democracia argentina durante este período soportó crisis socioeconómicas, colapsos financieros, rápidas y profundas políticas neoliberales, hiperinflación, escándalos de corrupción, abuso de poder, ineficiencia presidencial, el llamado corralito que afectó a la clase media y a la economía informal, protestas de los desempleados conocidos como los piqueteros que bloquearon las carreteras del país y los cacerolazos de Buenos Aires e incluso los levantamientos militares de Monte Caseros y Villa Martelli de 1988. Todo esto generó problemas de gobernanza, pero dentro de la democracia. La democracia ha sido the only game of town pero no ha podido dar respuesta a las importantes problemáticas del país.

Mientras tanto, Brasil, mostró uno de los sistemas de partidos políticos más estables de la región, las bancadas en el Congreso fueron cohesionadas y disciplinadas, las tasas de identificación partidista estables, y desde mediados de los noventa, especialmente en las elecciones presidenciales, se observó una lógica bipolar con una coalición de centro izquierda encabezada por el Partido dos Trabalhadores y una coalición centro derecha liderada por el Partido da Social Democracia Brasileira, y para las elecciones legislativas se observó un multipartidismo moderado, configurando así la política ideológica y la alternancia de partidos en el gobierno con diferente signo ideológico. También se configuró una lógica de partidos cartel, donde hubo una significativa cooperación intrapartidaria entre gobierno y oposición para asegurar la posición dominante y el acceso a recursos estatales. Y en años recientes, algunos actores se han posicionado a la izquierda del PT y han ido ganando espacios, como el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) (^{Sousa, 2010}; ^{Floriano, 2013}; ^{Mainwaring y Pérez-Liñán, 2016}; ^{Levitsky, 2005}; ^{Von Bülow y Lassance, 2012}; ^{Anastasia y Ranulfo, 2009}; ^{Lamounier y Neto, 2005}; ^{Ranulfo y Santos, 2013}; ⁺).

Sin embargo, durante el período presidencial de Dilma Rousseff (2011 - 2015), la cooperación entra las elites partidistas se redujo, se configuró un sistema de partidos más centrífugo, las movilizaciones sociales y la desconfianza en los partidos y en los políticos aumentaron. Así pues, luego de la reelección de Rousseff del 2016, la cuarta elección consecutiva que ganó el Partido dos Trabalhadores, se dio el segundo impeachment de la historia del país.

Brasil ha tenido dos procesos de destitución presidenciales por impeachment, el de Collor de Mello en 1992 y el de Rousseff en el 2016. Collor de Mello llegó a la presidencia apoyado por el pequeño Partido da Reconstrução Nacional PRN y por la cadena televisiva más grande del país o globo, con una retórica anti sistema su administración se caracterizó por un estilo personalista de gobierno, aislado políticamente, por gobernar por decreto sin acordar las políticas públicas ni la agenda programática en general, por las recesiones y la inflación; adicionalmente, durante su gobierno se presentaron una serie de escándalos de corrupción que involucró a su círculo más cercano y al mismo Collor de Mello lo que provocó numerosas manifestaciones y finalmente la destitución presidencial. En el caso de Rousseff, encontramos que el sistema político se tensionó especialmente luego de su reelección con la diferencia de voto más estrecha de la historia política del país, y luego de las elecciones la situación no se distendió, la oposición siguió en campaña e incluso solicitó verificación del resultado electoral, mientras tanto, el Movimento Livre Passo, un movimiento sin filiación partidista, inicio una serie de protestas por temas puntuales como el precio del boleto del transporte público pero que luego se complejizó con demandas de mejoras generales de los servicios públicos y cuestionamiento del gobierno en general, un contexto de disonancia entre promesas de campaña, crisis económica y escándalos de corrupción (^{Perez-Liñan, 2007}; ^{Valenzuela, 2004}; ^{Lamounier y Neto, 2005}; ^{Levitsky, 2005}; ^{Floriano, Vizoná y Leine, 2016}; ^{Feliú, 2018}; Floriano, 2013).

Como se puede observar, si bien los escándalos de corrupción han sido el detonante de los impeachment, la coyuntura que los permitió fue la coincidencia de la pérdida de apoyo en el legislativo y la movilización social generalizada.

Finalmente, Michel Temer en ese momento vicepresidente del país y presidente del PMDB, rompió relaciones con el PT y encabezó la propuesta del impeachment, para luego asumir la presidencia del país. En este contexto político fue electo en el 2018 Jair Bolsonaro, militar de reserva de extrema derecha, defensor de la dictadura militar de 1964 y del uso de la tortura como práctica legítima, con un discurso antisistema y en contra de las minorías.

Por su parte, la situación política en Chile se caracteriza por la caída de afiliados y alcance de las actividades de los partidos políticos, sus niveles de identificación ciudadana es de la más baja del Cono Sur, no tienen agendas programáticas diferenciadas, ni presencia en los sindicatos ni en las organizaciones estudiantiles, las candidaturas están férreamente controladas por las élites, incluso en los pocos casos donde se han desarrollado primarias, las élites partidistas han anulado las decisiones de competencia popular. Si bien Michelle Bachelet electa presidente en dos ocasiones, 2006 y 2014, no fue la candidata de la élite y estaba alejada geográficamente del poder, al llegar a la presidencia no pudo desmarcarse de la pauta de gobierno. Este debilitamiento de los partidos permitió que un empresario, Sebastián Piñera (2010 - 2014), llegara a la presidencia del país, siendo el primer gobierno de derecha elegido democráticamente en más de 50 años, y seria electo nuevamente en el 2018. La primera administración de Piñera se caracterizó por mantenerse dentro de la pauta tradicional de gobierno, se mantuvo la desconfianza por los actores democráticos y la insatisfacción general con la democracia, pero con una sociedad civil más activa, aunque se expresó más en forma de protesta que en participación electoral (^{Luna y Mardones, 2010}; ^{Huneeus, 2012}; ^{Siavelis, 2009a}; ^{Siavelis, 2009b}; ^{Gamboa y Segovia, 2016}; ^{Funk, 2009}; ^{Segovia y Gamboa, 2012}; ^{IDD-Lat, 2011}; ^{IDD-Lat, 2015}).

Lo anterior debilita la representación, la rendición de cuentas y la movilización institucionalizada de las demandas. Chile pasó de ser uno de los países más politizados y con una de las ofertas programáticas más amplias de la región, a un país donde las expresiones políticas no son armonizadas de forma propositiva ni institucionalizada. Las demandas sociales han pasado del espacio electoral a las manifestaciones públicas, siendo las demandas más recurrentes la ampliación del Estado a temas económicos y especialmente en la garantía de igualdad de oportunidades en educación y salud. La chilena es una sociedad que no demanda exclusivamente por las libertades políticas y civiles, sino también por sus derechos económicos y sociales.

En los primeros años del retorno a la democracia en Argentina se alternaron en el poder radicales y justicialistas: Raúl Alfonsín (1983 - 1989) de la UCR, Carlos Menem (1989 - 1995 y 1995 - 1999) del PJ y Fernando de la Rúa de la UCR. Luego de esta alternancia vino un período de dominio justicialista con el kirchnerismo: Néstor Kirchner (2003 - 2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007 - 2011 y 2011 - 2015)

El sistema de partidos políticos se configuró como un bipartidismo dominante donde los dos principales partidos mantuvieron más del 80 por ciento de los votos presidenciales y la mayoría en el legislativo, lograron un alcance y organización nacional, manteniendo hegemonías políticas a nivel provincial en distritos grandes, medianos y pequeños, con un perfil catch all, sin mayor diferenciación ideológica. El Partido Justicialista con énfasis en la clase trabajadora y la población vulnerable, y la Unión Cívica Radical con énfasis en la clase media y posicionado en el centro del espectro político, formando generalmente coaliciones con pequeños partidos de centro izquierda y de provincias (^{Levitsky, 2005}; ^{Murillo, 2017}; ^{Moreira, 2006}; ^{Malamud, 2004}; ^{Bonvecchi y Giraudy, 2008}).

Durante los primeros años de la presidencia Néstor Kirchner su administración se alejó de las políticas neoliberales de sus antecesores y se ejecutaron políticas progresistas como la asignación universal por hijo y el aumento de las jubilaciones, como también se realizaron importantes inversiones en obras públicas, denunció la corrupción y revocó leyes de inmunidad que impedían enjuiciar a algunos militares que violaron derechos humanos. Sin embargo, luego entró en conflicto con otros grandes poderes como los medios de comunicación y los empresarios agrarios. Durante los gobiernos de los Kirchner el sistema político se polarizó, incluso dentro del PJ que ocupó todo el espectro ideológico, lo que se hizo especialmente evidente en la elección presidencial del 2007 que dieron como ganadora a Cristina Fernández de Kirchner, donde el PJ presentó dos candidaturas, la suya y la de Alberto Rodríguez Saa, y su victoria fue respaldada especialmente por las provincias más pobres del país: Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones y Salta. También se deterioró la relación con la Confederación General del Trabajo (CGT). Finalmente, la crisis económica del 2001 y su imposibilidad para dialogar con otros actores políticos hicieron perder legitimidad al gobierno (^{Levitsky y Murillo 2008}; Levitsky, 2005; ^{Ollier, 2010}; ^{Murillo, Rubio y Mangonnet. 2016}; ^{Catterberg y Palanza, 2012}).

El Partido Justicialista ha sido especialmente fuerte en toda la historia argentina y ha sido uno de los partidos más resiliente de toda América Latina. El PJ ha mantenido una alta y estable votación, mientras que su competidor histórico la UCR ha perdido electorado debido a las crisis de gobernabilidad de la década del 2000 y por la deserción de varios sus líderes, adicionalmente ninguno de los dos presidentes no peronista, los radicales Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa lograron terminar sus períodos democráticos, mientras que el PJ ha tenido mayor capacidad de controlar las organizaciones claves para la movilización popular como sindicatos y movimientos sociales otorgándole una mayor capacidad de gobernabilidad. Así pues, es la situación interna del PJ y la evaluación que tienen los ciudadanos sobre su administración es la variable que mejor explica algunos fenómenos del sistema político.

Así, en un contexto donde se conocieron una serie de casos de corrupción del ejecutivo y con un peronismo dividido, fue electo presidente en el 2015 Mauricio Macri, un empresario que llegó a la presidencia sin pertenecer a alguno de los partidos del bipartidismo histórico, hecho que se dio por primera vez en la historia democrática del país.

La llegada de Macri a la presidencia con la alianza Cambiemos significó el quiebre del bipartidismo histórico y la llegada por primera vez en el período democrático de una coalición de derechas. Macri logró aglutinar a las fuerzas no peronistas siendo sus principales apoyos las élites empresariales especialmente el sector agroexportador y las clases medias y altas. Su gestión tuvo como principales políticas la devaluación y liberación del tipo de cambio, resolver las demandas de los acreedores externos, restablecer el acceso a los mercados internacionales de crédito, y un respaldo incondicional al accionar de las fuerzas de seguridad incluyéndole mayor libertad para reprimir la protesta social. Los problemas sociales y la inflación fueron recurrentes, generando una significativa desaprobación de su administración.

Finalmente, en Uruguay, en las tres últimas elecciones presidenciales ha ganado el Frente Amplio: Tabaré Vázquez (2005 - 2010), José Mujica (2010 - 2015) y de nuevo Tabaré Vázquez en el 2015 - 2020).

Desde la década de 1970 los partidos tradicionales comenzaron a perder votos debido a la crisis económica y la renovación del electorado, y el Frente Amplio pudo captar estos votos gracias al proceso de moderación ideológica. También se debe destacar que desde la década de 1960 el movimiento sindical uruguayo se encuentra unido en una única central sindical, el PIT-CNT que tiene importantes vínculos históricos con el Frente Amplio, incluso la mayoría de los dirigentes sindicales son también miembros del partido, lo que ha permitido que las reivindicaciones sindicales sean incorporadas en la agenda programática del partido y en las políticas públicas del gobierno. El gobierno frenteamplista ha logrado combinar la economía de mercado con el Estado de bienestar más desarrollado de América Latina. Se han ampliado las políticas a favor de las personas en estado de pobreza y de extensión de la ciudadanía social en general con un enfoque de derechos y por canales de tipo burocrático, lo que permite la veeduría político administrativa. El gobierno frenteamplista es considerado como el más social democrático de la historia de América Latina. La emergencia del Frente Amplio ha movido hacia la izquierda el espectro político uruguayo, configurándose una lógica bipolar con el Frente Amplio en la centro izquierda y los tradicionales partidos colorados y blancos en la centro derecha (^{Lanzaro, 2010}; ^{Moreira, 2006}; ^{Pérez y Piñeiro, 2016}; ^{López y Moraes, 2014}; ^{Buquet, 2009}).

Vale advertir que la distancia ideológica dentro del Frente Amplio ha venido en aumento generando escisiones como el Partido Independiente (PI) que también se posiciona en la centroizquierda.

En la contemporaneidad se observa un realineamiento político e ideológico y un efecto contagio en nuestros casos de estudio. En todos los países, con distintos niveles de intensidad, llegaron gobiernos de izquierda que implementaron políticas progresistas que ampliaron las esferas políticas de sus respectivos países, para luego dar paso, con la excepción de Uruguay, a gobiernos de derecha, siendo el caso de Brasil el de mayor volatilidad pasando de unos de los gobiernos más progresistas con Lula al de más extrema derecha y el único anti sistema de nuestra comparación, con la elección de Bolsonaro. Todos los casos de cambio de perfil ideológico en la presidencia estuvieron precedidos por malestar socioeconómico y evidencias de corrupción. Uruguay no ha presentado este escenario.