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Revista Científica de la UCSA

On-line version ISSN 2409-8752

Rev. ciente. UCSA vol.10 no.1 Asunción Apr. 2023

https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2023.010.01.059 

Artículo Original

¿Derecho individual o irrupción estatal? El rol de la Demografía en el análisis de la planificación familiar en la nueva era

Individual law or state irruption? The role of Demography in the analysis of family planning in the new era

1Universidad Nacional de Mar del Plata. Mar del Plata, Argentina.

2Universidad Nacional de Salta. Salta, Argentina.

3Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Económicas, San Lorenzo, Paraguay.


RESUMEN

Las políticas demográficas constituyen un eje fundamental para el crecimiento y desarrollo de los países. Una de las variables demográficas que más estudios tuvo fue la fecundidad, atravesando numerosas intervenciones en la sexualidad de las personas. El control de la natalidad, los anticonceptivos y la ley de aborto dictaminan el horizonte social y económico. Los progresos, asociados a la disminución de la desigualdad socioeconómica y política, tuvieron como chivo expiatorio a la cantidad de hijos/as por mujer mientras la pobreza y las familias numerosas fueron utilizadas como sinónimos. Lejos de analizar el rol del Estado, de las organizaciones y del sector privado respecto a la situación de la mujer (trabajadora) y políticas de cuidado, se priorizó controlar la natalidad que proporcionar la igualdad. En ese sentido, así como décadas pasadas el objetivo fue llegar al crecimiento económico basado en minimizar los costos, hoy -sin embargo- el cambio climático plantea una visión sustentable de producción sin importar los costos. En términos de desarrollo, los conceptos reproductivos del inconsciente colectivo fueron cambiando y es menester de la demografía actualizarse a las nuevas necesidades epistemológicas relacionadas a la fecundidad, teniendo como foco a los derechos reproductivos y culturales de las personas.

Palabras clave: fecundidad; género; políticas demográficas

ABSTRACT

Demographic policies constitute a fundamental axis for the growth and development of countries. One of the demographic variables that had more studies was fertility, going through numerous interventions in people's sexuality. Birth control, contraceptives, and abortion law dictate the social and economic horizon. The progress, associated with the reduction of socioeconomic and political inequality, had as a scapegoat the number of children per woman, while poverty and large families were used as synonyms. Far from analyzing the role of the State, organizations and the private sector regarding the situation of (working) women and care policies, birth control was prioritized over providing equality. In this sense, just as in past decades the objective was to achieve economic growth based on minimizing costs, today -however- climate change poses a sustainable vision of production regardless of costs. In terms of development, the reproductive concepts of the collective unconscious have been changing and it is necessary for demography to update itself to the new epistemological needs related to fertility, focusing on the reproductive and cultural rights of people.

Keywords: fertility; gender; demographic policies

INTRODUCCIÓN

La fecundidad es el componente demográfico con más desarrollo teórico en las últimas décadas. Avedaño Flores (2006) señala que las transformaciones en la fecundidad y la fertilidad están relacionadas con el poder, la periferia, el género y la dominación, debido a su asociación a la resistencia y la subversión. En ese sentido, siguiendo a Foucault (1996), la relación entre el Estado y el individuo, se ubica al sexo en un lugar controversial, invadido por una trama de discursos, saberes, análisis y conminaciones. Los estudios sobre el crecimiento de la población y, principalmente, los supuestos sobre la estabilidad poblacional (y de fecundidad) siguen siendo temas de debate (CELADE, 1994; Crichigno, s.d.). A partir de 1950, los intereses geopolíticos promovieron que el control social y político se disfrazara de calidad de vida. Planificar la descendencia es un hecho cultural en nuestros tiempos, asociado al bienestar tanto a nivel individual como social.

La teoría propuesta a finales del siglo XIX por Thomas Malthus -economista y pensador cuyo ensayo sobre la población influyó en las políticas demográficas, principalmente en lo relacionado a la natalidad- hace referencia a pesar que en varios países del mundo donde aún hay personas que mueren por desnutrición, la causa no refiere al límite en la producción de alimentos (Schoijet, 2004) sino a las desigualdades que generó -y sigue generando- el sistema económico. El control de la natalidad, o la represión sexual de la época en que aparece el ensayo de población propuesto por dicho autor, está muy ligada a posiciones políticas claves sobre el control de las masas. La ideología de Malthus fue absorbida a partir de la prohibición del matrimonio de la clase obrera o la mirada de multiplicación reproductiva dentro del workhouse en el siglo XVII. Algunas normativas que aparecieron como la Ley de los Pobres, la aparición de orfanatos y la vista gorda a infanticidio o abandono de recién nacidos buscaba, de una manera barbárica, perpetuar el poder y la represión a las masas ante cualquier posible revolución.

Por su parte, John D. Rockefeller es mencionado en el Population Reference Bureau como uno de los pensadores más influyentes en la demografía del siglo XX. Luego de la segunda guerra mundial, Estados Unidos surge como líder político y económico donde enfatiza en la resolución de la seguridad de las inversiones de empresarios, dada la extensión del comunismo. En concordancia, los analistas mencionan el excesivo crecimiento de la población en el tercer mundo, de modo que aparecieron los primeros fondos privados para los programas de control de la fecundidad en los países menos desarrollados. Esta visión fue expandida entre los gigantes asiáticos, y difundida en las principales universidades de Estados Unidos (Pérez Díaz, 2011).

A partir de esta visión, las filantropías de las élites económicas mundiales financiaron distintos programas referidos a la planificación familiar desarrollando centros demográficos a nivel mundial. Luego del triunfo de Ronald Reagan (1981 a 1989) las políticas demográficas dan un giro y aparece un quiebre en lo referente al control de la natalidad. Si se analiza con profundidad, en dicha época se encuentra una aparente alineación entre feminismo y demografía, en beneficio de la segunda utilizando a la primera como chivo expiatorio. Tal es así que en el documental “Feministas, ¿qué estaban pensando?” (2018), se denuncian -entre otras cuestiones- los efectos colaterales que tuvo la pastilla anticonceptiva donde, a pesar de una aceptación favorable por parte de las consumidoras, los problemas asociados a la salud no tardaron en aparecer, lo que da cuenta de -en realidad- una emancipación lograda a costa de la salud. En este sentido, el enfoque de género hace hincapié en que las tres razones demográficas fueron condicionadas por un estado anterior, es decir, las reglas del mercado de bienes y servicios del sistema económico hegemónico. Y detrás de esto: Malthus.

Hacia fines de la década de los ´90 aparece con énfasis la mención a la necesidad de incorporar el enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas. Esto obedece a las transformaciones asociadas al fenómeno de la globalización y a la expansión del neoliberalismo en la región durante las últimas décadas del siglo XX. En este marco, el compromiso internacional con una ética de los derechos humanos basado en la idea de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y materializados en la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), adquiere relevancia al analizar el escenario latinoamericano caracterizado por profundas desigualdades.

Siguiendo a Ferrer (2005) los progresos en materia de derechos humanos se expresan en la disminución de la desigualdad socioeconómica y política. Al respecto puede decirse que, a pesar de los esfuerzos realizados por los Estados, la pobreza y la concentración del ingreso continúan siendo problemas persistentes. Luego de más de una década de avances en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, ambas volvieron a incrementarse a partir de 2015. A nivel regional, en 2019, estas aumentaron 0,7 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente, y se observó un incremento en las brechas entre hombres y mujeres.

Según informa CEPAL (2021) “En 2019, la tasa de pobreza fue un 12,7% mayor entre las mujeres en edad activa que entre los hombres de edad similar.” (p. 52). Cabe mencionar que las asimetrías estructurales que presenta la región configuran ante la emergencia sanitaria por coronavirus una matriz devastadora, con sistemas de salud de calidad deficiente y escasa cobertura, altas tasas de informalidad y precariedad laboral, hacinamiento en las viviendas de hogares pobres, falta de acceso a los servicios básicos y limitados mecanismos de apoyo para los sectores pobres y empobrecidos. A todo ello se agrega que los márgenes fiscales son más reducidos y el acceso de los gobiernos al crédito es más restringido (Ocampo, 2020).

La información disponible puso de relieve que la extensión de la pandemia y su incidencia sobre la mortalidad está mediatizada por el contexto social previo, siendo la capacidad y la cobertura de los sistemas de salud un factor clave (Esteve, et. al., 2021) y por las disfuncionalidades del proceso de crecimiento de la región que llevan a la necesidad de avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo (Bárcena y Cimoli, 2020), en particular si consideramos que existe una interacción entre la inequitativa distribución de los beneficios del desarrollo en América Latina y los comportamientos y decisiones de naturaleza demográfica (Martínez Pizarro, 2000).

En este contexto la discusión por las intersecciones entre los derechos humanos y los fenómenos de población y desarrollo en la perspectiva de conciliar esas preocupaciones con la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos es fundamental. Al respecto, Bárcena y Cimoli (2020) plantean la necesidad de revisar, repensar e intervenir en la producción de un nuevo modelo de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de toda la población. Resulta innegable que cualquier decisión gubernamental en materia de planificación familiar -ya sea pronatalistas o antinatalistas- inciden de manera sustancial sobre la vida reproductiva de las personas con especial atención en las mujeres (Felitti, 2009).

Todas y cada una de las políticas familiares aplicadas implican la intromisión sobre el cuerpo de ellas volviéndose -ni más ni menos que- objeto de políticas basado en un sistema de control y ordenamiento de los cuerpos (principalmente gestantes), debido a la falta de aplicación de medidas de concientización y prevención en edades tempranas.

Como indica Ferrer (2005) “la inclusión definitiva de la perspectiva de derechos humanos en los fenómenos de población y desarrollo se produjo en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo en 1994.” (p. 8). En tal sentido, Schoijet (2007) plantea que el recorrido histórico sobre el control de la natalidad se encuentra inscripto “dentro de una prolongada lucha política e ideológica, aún no terminada, en torno a las problemáticas de la sexualidad, que habría comenzado en Inglaterra en 1822 con la publicación del folleto de Francis Place en favor de éste.” (p. 115).

En el presente artículo se pretende retomar, por un lado, la influencia del ensayo malthusiano respecto a los fundamentos ideológicos de las políticas de población, haciendo un recorrido por la noción y aplicación de políticas específicas como el control de la natalidad y la concepción moderna de planificación familiar; y, por otro lado, describir el camino recorrido de las políticas antinatalistas características de la región latinoamericana, abogando por las particularidades intrínsecas de dicha región y acercando una visión reflexiva sobre el rol de la disciplina demográfica en la actualidad, atravesada por políticas de reproducción sexual impulsoras a nivel mundial como lo es la Ley 27.610 promulgada en Argentina la cual regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto.

DESARROLLO

Las políticas de salud reproductiva, específicamente las políticas de fecundidad y planificación familiar, estuvieron presentes en los países con mucha más fuerza desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas1. Independientemente al estilo de gobierno de los países (de derecha, centro o izquierda), las políticas más impulsadas fueron las de anti natalidad (Crichigno, s.d.). Esto también respondía a la óptica de lo que se conoce como la transición demográfica desarrollada por Landry inicialmente y seguido por Notestein (Villa, 1995). Este enfoque relaciona a la transición demográfica como producto de la industrialización y modernización, donde a partir de una vinculación con la política de desarrollo de Rostow (1960), se cruza con indicadores de alta o baja fecundidad que caracteriza a los países desarrollados y en vías de desarrollo (Crichigno, s.d.).

De acuerdo a Villa (1995) la mejora de los procesos de industrialización y modernización genera un progreso en la vida y salud de las personas, por ello se da una disminución de la mortalidad. Esto genera un nivel de sobrevida mayor de los hijos e hijas al interior de las familias, por lo cual el número de hijos e hijas aumenta. Ahora bien, como los costos de la modernización fueron aumentando (expectativa de altos niveles educativos para los hijos e hijas, extensión de los seguros sociales) las familias optan por reducir la fecundidad. Finalmente, la urbanización tiende a disolver la familia tradicional, donde el individualismo prima.

Es por esa razón, quizá, que los Organismos Internacionales en conjunto con los organismos de los países, trazaron una hoja de ruta sobre lo que se esperaba como aceptable respecto a los niveles de fecundidad. De acuerdo al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el mundo existe una tendencia de baja fecundidad, y es tan marcada que se verifica estadísticamente en la mayoría de los países del mundo, y en casi toda América Latina (UNFPA, 2019). Esta disminución de nacimientos está asociada a los cambios de estructura por edades y el envejecimiento poblacional principalmente.

Esta situación de baja fecundidad fue analizada desde una perspectiva desarrollista y, también, desde una perspectiva alarmista de protección social. En el primer caso, es de esperar que la transición demográfica vea como positivo la baja fecundidad; sin embargo, en el segundo caso, se cuestiona la supervivencia del sistema de pensiones y jubilaciones desde una situación de pirámide invertida en el caso extremo. En este sentido, es posible ver el escenario de baja fecundidad como una oportunidad para abordar temáticas que tensionan la vida familiar y laboral de las mujeres principalmente. El mercado laboral, su estructura inicial poco y nada cambió desde la incorporación de la mujer. Y esto no es un dato menor puesto que ellas, en el inicio de la revolución industrial fueron relegadas a roles domésticos (del hogar y de cuidado), y el diseño del mundo laboral remunerado tenía una visión laboral masculina.

El movimiento feminista al principio, y hoy los organismos internacionales -en conjunto con los nacionales- abogan por propuestas de políticas de empleo que incluyan visiones de economía de cuidado, atendiendo al reto que enfrentan de la baja fecundidad. La Unión Europea trabaja desde el 2007 en políticas conciliatorias, y algunos países en América Latina desarrollaron esta visión desde un sistema de cuidado integrado.

La economía del cuidado analiza posibles acciones (o parches) que puedan realizarse alrededor de las políticas laborales con la intención de erradicar las desigualdades de género con respecto a las dobles o triples jornadas laborales que realizan las mujeres. Siendo optimista sobre las conquistas de los movimientos sociales, se podría afirmar que la visión de las políticas de conciliación laboral y familiar son una conquista para el feminismo. Sin embargo, difícilmente hubiera tenido el lobby necesario en los países que discutieron en primera instancia, y que instalaron en un segundo momento, de no ser por la evidencia de la baja fecundidad y por supuesto, al desajuste en términos del esquema de seguridad social.

Las políticas de conciliación laboral y familiar, si bien por una necesidad demográfica, generan una nueva manera de analizar los acuerdos de roles internalizados por una sociedad industrial - caracterizada por una construcción del hogar familiar con un único proveedor (varón) y la mujer encargada del trabajo no remunerado-, a una realidad mundial donde se transforman las realidades laborales provocando un aumento de jefatura femenina, hogares monoparentales, aumento masivo de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado (aunque con los empleos más precarizados e informales del mercado).

En este sentido, que las mujeres sean madres a una edad temprana, antes de terminar el ciclo secundario, es un obstáculo, pero no necesariamente debe convertirse en un determinante para toda la vida. Desde la óptica de la corresponsabilidad que plantea el diamante de cuidado (Estado, empresas, sociedad y familias), los sistemas sociales con controles eficaces pueden ayudar a que los embarazos adolescentes no repliquen la desigualdad. Además, está el componente cultural, que implica gustos o preferencias, cuyas decisiones de embarazo temprano no deben ser juzgadas como buenas o malas, sino que las políticas públicas deberían funcionar independientemente a las decisiones individuales (Achinelli, 2021).

En Latinoamérica, de acuerdo a UNFPA (2019), existe una curva de descenso de la fecundidad global, donde se registra una menor cantidad de hijos por mujer. Los regímenes de baja fecundidad pueden ser explicados por tres razones demográficas: la elección de un número pequeño de hijos, postergación del primer nacimiento y el aumento de la proporción de mujeres que no tienen hijos (Cabella y Nathan, 2018). Sin embargo, los debates académicos y sociales demandan bienestar y calidad de vida para todos los habitantes del mundo (Crichigno, s.d.) y cuando se analiza de manera pormenorizada al interior del país, se toma como irracional el número de hijos e hijas elevado en la zona rural, asociando dicho fenómeno a condiciones menos desarrolladas.

Desde el punto de vista de las familias, y atendiendo a que la concentración de las personas se da en las ciudades y los costos económicos que conlleva, genera una racionalidad en cuanto a la reducción del número de hijos. Las reglas de la inversión en capital humano, proponen un escalafón o ciclo de vida que induce a las mujeres a postergar el primer nacimiento o directamente optar por la nuliparidad. Cada cultura tiene su particularidad, su valoración intrínseca a ciertas habilidades para la vida y últimamente está satanizado el rol de la mujer como madre.

La economía feminista puso en claro que la desigualdad en el acceso al empleo está dada por el desigual acceso a la educación, lo cual resta empoderamiento económico. Y cuando en la pareja existe un manejo patriarcal, tampoco hay oportunidades para la mujer para empoderarse políticamente y tener participación activa en su comunidad. Sin embargo, la vida no transcurre en los extremos sociales, sino más bien en los medios.

Cuando se analiza la teoría de la transición demográfica, se observa a ello como parte de la evolución del ser humano, y se enaltece la revolución industrial y sus logros, sobre todo en la salud, para prolongar la esperanza de vida. No obstante, algunos hitos históricos como la revolución industrial y las guerras mundiales, necesitaron que las mujeres se inserten al mercado laboral, pero dejo para el espacio privado el arreglo del cuidado del hogar, hijos/as y dependientes, generando un doble rol (Wainerman, 2003).

Lógicamente, con el aumento de los costos (sobre todo en los espacios urbanizados2) ocurre el descenso de fecundidad consciente, o cambio de comportamiento de las parejas3. Con una teoría del capital humano ampliamente difundida en la léxica cotidiana, a mayores años de estudio mayores ingresos4 (Becker, 1985), apareció el retraso de la maternidad que derivó en nuevos debates como déficit de fecundidad (Pérez Brignoli, 2010). Tal es así que, en Europa, ante el análisis del invierno demográfico surge la nueva oleada de economía del cuidado, que pone en el epicentro que el cuidado es una corresponsabilidad porque las decisiones individuales afectan a la sociedad en general. Y con esto, se trata de des reprimir la procreación. Si bien el discurso y las medidas son necesarias para poder conciliar la vida laboral y familiar, sobre todo de las mujeres, la mayoría de las medidas (que empezaron a flotar en los códigos laborales como el de Paraguay de 1993) son dirigidas para el sector formal de la economía.

La satanización de la reproducción sigue para el ámbito de los y las pobres, acentuando nuevamente el nulo derecho a la reproducción por no contar en el presente con los medios para sustentar la vida. Volviendo a las zonas rurales, donde los costos de vida son más bajos, países como Paraguay se encargaron de crear cinturones de pobreza expulsando a pequeños trabajadores en nombre del progreso sojero.

Siguiendo a Biondini (2021), en referencia al ejercicio de los derechos sexuales como concepción que separa las dimensiones de la sexualidad y la reproducción, expresa que su trabajo “se centra en la capacidad de las mujeres de apropiarse, ejercer y defender sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva y de reclamar una atención médica libre de autoritarismos por parte de los servicios de salud.” (p. 102). Para ello, retoma dos tópicos fundamentales para la ruptura de dichas dimensiones, a saber:

La primera refiere a los derechos relativos al ejercicio libre de la sexualidad sin discriminación, coerción o violencia. La segunda refiere a los derechos relativos a decidir si tener o no hijxs, con quién, cómo y cuántos; tener los medios seguros para poder llevar adelante esas elecciones, que se vinculan con anticoncepción y aborto; al mismo tiempo que garantizar la seguridad en el embarazo, parto, puerperio como así también acceso a asistencia y tratamientos de fertilización asistida. (p. 102)

La reproducción puede ser analizada desde lo biológico y lo social, donde la forma de esta puede comprenderse desde lo cotidiano o intergeneracional. A partir de la interrelación entre lo biológico y lo social, aparece en escena el foco de investigación del resultado de esta: el nacimiento, comprendido no como una acción instintiva sino como la reproducción social del ser humano (Welti, 1995).

En América Latina, al iniciar la década del ´70, los programas de planificación familiar propuestos por el Estado resultaban una realidad (Felitti, 2009). Sin embargo, la época no estuvo exenta de debates y opiniones contrapuestas: a saber, dichos programas pusieron de manifiesto la tensión entre los diferentes grupos y sus intereses. Por un lado, se encontraban los/as defensores de la erradicación del aborto como problema de salud pública, por otro lado, quienes promulgaban la regulación de la fecundidad como derecho reproductivo individual y concerniente a la pareja y, por último, los/as protectores del deber ciudadano bajo la defensa del control de la natalidad para evitar así una supuesta explosión demográfica.

En un breve panorama sobre el control de la natalidad en los países de América Latina, Schoijet (2007) destaca:

En México, el delito de aborto fue incluido en el Código Penal en 1871. Cuba es el único país latinoamericano que permite el aborto. En Brasil, los anticonceptivos fueron legalizados sólo a partir de 1988. En Chile, uno de los últimos actos de gobierno de Pinochet, en 1989, fue ratificar la prohibición de los anticonceptivos. En Argentina, el presidente Carlos Menem intentó sin éxito darle rango constitucional en 1994. (p. 142)

Finalmente, en Argentina, y luego de un largo proceso de disputas por la temática y con posiciones encontradas entre la opinión pública, el 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el país la Ley 27.6105 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post aborto, siendo estas disposiciones de orden público y de aplicación obligatoria en todo el país.

Este nuevo instrumento normativo, siguiendo a la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley de Derechos del Paciente (Ley N° 26.485)6, establece los derechos y las condiciones mínimas que debe garantizar y respetar el personal de salud en la atención del aborto y del postaborto: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, con estándares de calidad y acceso a la información actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con formatos accesibles (Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2021).

En este sentido, “la lucha por la difusión de los anticonceptivos y la despenalización del aborto fue y sigue siendo una lucha democrática y por la calidad de vida, contra los prejuicios religiosos y clasistas. La cuestión concierne a toda la humanidad.” (Schoijet, 2007, p.153). Desde nuestra perspectiva, la sanción y puesta en vigencia de la Ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo constituye un material de garantía de derechos.

CONCLUSIÓN

En la teoría demográfica habría que revisar lo que se entiende por desarrollo al visualizar los tres indicadores de la ecuación compensadora. En la mortalidad no hay duda que el descenso de esta está asociado a un desarrollo económico y social de los países y la propia humanidad: servicios universales de agua potable y alcantarillado, plan de vacunas universales, asistencia en el embarazo, parto y posparto, bancos de leche, y la lista de indicadores sobre disminución de mortalidad infantil y materna suman y siguen.

Ahora bien, cuando se analiza pormenorizadamente a la fecundidad aparecen discursos cuestionables; el poco énfasis que se da al análisis del anticonceptivo y su impacto a largo plazo en la salud de las mujeres, la libertad sexual y su relación con el Virus del Papiloma Humano, o la discusión de la ley del aborto. Si bien estas medidas son polémicas en varias sociedades del mundo, la realidad supera la reglamentación: los comportamientos aparecen y las leyes son para proporcionar igualdad de oportunidades.

No obstante, estas discusiones aparentemente modernas fueron introducidas hace muchos años por Malthus y su planteo del control de la población. La línea del control de la natalidad halló su aliado en el movimiento feminista quien encontró emancipación en dicho discurso. Pero, en el extremo, se trata de imponer esta visión como la absoluta y verdadera condenando a la multiparidad, asociándose a sociedades poco desarrolladas, donde este se utiliza como sinónimo de modernización y urbanización.

En los tiempos que corren, la concepción sobre planificación familiar ha mutado, ya no es sinónimo exclusivo de control de natalidad ni referenciado únicamente a geopolítica y desarrollo, sino que se presenta -en cada vez más países de la región latinoamericana- como un derecho humano fundamental (Felitti, 2009). Claro que estas posiciones alcanzadas han sido producto de disputas históricas por el reconocimiento y visibilización de desigualdades estructurales a causa de brechas de género, comandadas por la lucha feminista. Si bien los logros son cada vez más, el eje discursivo también es atravesado y diferente a décadas anteriores. Con ello, creemos, resulta fundamental poner en discusión y reflexión el lugar marginal e históricamente desfavorecido que ocupa la mujer como objeto de casi todas las políticas familiares impulsadas.

Latinoamérica tiene diversidad cultural, y, aunque la conquista quiso silenciar su propia voz, en el comportamiento cultural se encuentran matices de ello. Renegar de nuestra cosmovisión por otra importada no siempre es la mejor opción. La demografía cumple un rol fundamental en un replanteamiento de qué se entiende por desarrollo, sobre todo en un contexto donde el mundo necesita más que nunca sostenerse sustentablemente. Desde las ciencias sociales siempre se van a propugnar igualdad de oportunidades para todos y todas, pero la realidad es que el trabajo está en aprender a resolver lo que pasa cuando ocurre la desigualdad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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NOTAS

1 24 de octubre de 1945, San Francisco, California, Estados Unidos

2La reducción de la disponibilidad de recursos por habitante, en un contexto de modernización y urbanización.

3En el estudio de la transición de la fecundidad, se hace hincapié en que este cambio de comportamiento produjo en América Latina un cambio brusco en pocas generaciones.

4La denominada “modernización”, fue internalizado por los individuos, como un nuevo sistema de valores, ideologías y modelos de conducta.

5Lo establecido por esta ley se inscribe en el Artículo 75 (inciso 22) de la Constitución Nacional y en Tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina. Para más información ver: https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/interrupcion-voluntaria-del-embarazo?cv=1 en la sección “Interrupción Voluntaria” o también denominado “Marco normativo”

CONTRIBUCIÓN DE AUTORES: Sofia Jasin: Participación en la idea, discusión de los resultados, redacción del borrador del trabajo y versión final. Iris Olarte: Participación en la discusión de los resultados, elección del enfoque de la literatura, redacción del borrador del trabajo y versión final. Marcela Achinelli: Participación en la idea y en el diseño de la investigación, redacción del borrador del trabajo y versión final.

CONFLICTO DE INTERES: Las autoras declaran que no existe conflicto de interés.

FINANCIAMIENTO: Financiación propia.

Recibido: 01 de Diciembre de 2022; Aprobado: 01 de Enero de 2023

Autor de correspondencia: Marcela Achinelli. Docente Investigadora. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Asunción. San Lorenzo, Paraguay. Email: machinellib@gmail.com

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