1. INTRODUCCIÓN

Los países que integran el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) comparten una estrecha afinidad jurídica en materia de derecho privado, especialmente en lo que respecta a los principios generales de los contratos comerciales.

Esta debería ser una importante ventaja en relación con otros esfuerzos de integración regional, incluso en relación con la Unión Europea, en la que convergen sistemas jurídicos sustancialmente distintos, máxime atendiendo que el propósito central del MERCOSUR es la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, según el artículo 1 del Tratado de Asunción.

Teniendo como norte este objetivo, la uniformidad del derecho privado de los países miembros del mercado común es el escenario ideal para agilizar las relaciones comerciales, desarrollar jurisprudencia constante y pacífica a nivel regional, y en consecuencia ofrecer mayor predictibilidad y seguridad jurídica.

Sin embargo, y a pesar de estas condiciones favorables, la experiencia de los países latinoamericanos en la unificación del derecho privado ha sido, en líneas generales, decepcionante, especialmente debido al escepticismo jurídico fundado en no pocas ocasiones en el discurso de la protección de la soberanía nacional, que termina por ralentizar -o frustrar definitivamente- los numerosos procesos de integración.

En tiempos en los que toda la atención del MERCOSUR parece estar centrada en la solución de cuestiones eminentemente políticas, representa un interesante impulso para la unificación la adhesión de Brasil a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (la Convención o la CNUCCIM), instrumento de derecho uniforme por excelencia que regula este tipo de contratación clave para el comercio internacional, y cuya finalidad es prever un régimen moderno y equitativo, contribuyendo así notablemente a dar seguridad jurídica a los intercambios comerciales y a reducir los gastos de las operaciones.

Este trabajo tiene por objeto exponer algunas características generales de la Convención, así como su situación normativa y jurisprudencial en los países del MERCOSUR, para pasar luego a identificar los eventuales motivos de su aún escasa aplicación y, finalmente, formular algunas conclusiones que sirvan para un estudio más acabado acerca de la conveniencia de su promoción y aplicación en el bloque regional.

2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CNUCCIM Y SU IMPORTANCIA EN LA CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO UNIFORME

La corriente jurídica conocida como derecho uniforme, de vertiginoso desarrollo desde la segunda mitad del siglo XX, ciertamente tiene características específicas que la distinguen del derecho de la integración en el que campea por esencia la normativa mercosureña, aunque sus objetivos están estrechamente relacionados en última instancia, pudiendo servir el primero como instrumento de fortalecimiento del segundo.

En efecto, el derecho de la integración y el derecho uniforme convergen en la matriz normativa originaria del derecho internacional general. El primero tiene por objetivo primordial regular las conductas de los Estados entre sí, de estos con organismos internacionales, y de estos organismos entre sí, a fin de potenciar la cooperación entre las partes para facilitar la obtención de los fines propuestos, eminentemente económicos en el caso del MERCOSUR.

El segundo tiene su origen, más que en el derecho internacional strictu sensu, en el notable incremento del comercio internacional, siendo su aspiración esencial la uniformidad de reglas, de validez potencialmente universal, para disciplinar una concreta conducta transfronteriza cualquiera sea la nacionalidad de las partes obligadas, el lugar de la prestación o el emplazamiento de la cosa en relación con la cual la conducta debe ser satisfecha.

Un rasgo diferenciador entre ambas disciplinas se observa en su esfera de incidencia. El derecho de la integración, y específicamente el modelo adoptado por el MERCOSUR incluye normas de carácter jurídico-político que pretenden coordinar los esfuerzos de los poderes políticos involucrados -i.e. los países miembros, organizados en un bloque intergubernamental- a fin de regular la actividad de los particulares que se desenvuelven en el comercio internacional. El derecho uniforme en cambio tiene un objetivo mucho más limitado y no aspira a inferir en la soberanía económica de los Estados, sino más bien aspira a que dicha soberanía les permita gobernar las concretas relacionados privadas y libres de sus ciudadanos individuales, constituyéndose así en un orden eminentemente jurídico-privado que disciplina las relaciones individuales que, en el marco de los flujos comerciales establecidos por los Estados conforme a normas públicas, celebran contratos con ánimo de participar en la circulación de bienes, servicios y capitales que dichos flujos generan o permiten.

Hechas estas breves consideraciones, corresponde ahora referirse en mayor detalle a la CNUCCIM, como manifestación más relevante del derecho uniforme en materia de comercio internacional, tanto desde el punto de vista jurídico como económico.

Formalmente, la CNUCCIM es un tratado internacional, que desde 1980 hasta la fecha ha sido ratificada por 85 países, siendo Brasil la última incorporación de entre los países miembros del MERCOSUR, como se verá más adelante.

Los antecedentes de la CNUCCIM se remontan incluso a 1928, en el seno del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), que a propuesta del Profesor Ernst Rabel realizó los primeros trabajos concretos para la unificación del derecho internacional de mercaderías, iniciativa que resultaría años más tarde en las convenciones de la Haya sobre la compraventa de mercaderías, la ULIS¹ y la ULF², creadas por la Conferencia de la Haya de 1964.

Estos últimos instrumentos, aunque de escaso éxito en lo que respecta a su implementación a nivel geográfico, tuvieron como importantísimo avance la aproximación de cuatro sistemas legales -el francés, el escandinavo, el alemán y el anglosajón- y un reconocimiento práctico considerable en la jurisprudencia de varios países europeos.

En 1966, con la creación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), la Asamblea General de la ONU reconoció que las disparidades entre las leyes nacionales que regían el comercio internacional creaban obstáculos para ese comercio, y consideró que, mediante la Comisión, la ONU podría desempeñar un papel más activo en la reducción o eliminación de esos obstáculos.

Fue así que la Asamblea General encomendó a la CNUDMI el trabajo de la progresiva armonización del derecho comercial internacional, cuyos proyectos debían incluir, entre otras cosas, la redacción de instrumentos aceptables a nivel mundial.

Tomando precisamente como base la ULIS y la ULF, la CNUDMI -mediante sus conferencias anuales y un Grupo de Trabajo especialmente conformado- trabajó en el proyecto y los comentarios que sirvieron de base para la Conferencia de Viena celebrada en 1980, donde fue aprobado el texto final de la CNUCCIM.

Es de notar que una importante característica de los trabajos preparatorios en el marco de la CNUDMI fue la representación balanceada de todas las regiones del mundo en la Asamblea General de la CNUDMI³, lo que a su vez aseguraba representación de los intereses tanto de los Estados industrializados con mayor desarrollo económico, como de los Estados en vías de desarrollo.

Este fue probablemente el motivo de la amplia aceptación de la CNUCCIM, evidenciado por el hecho de que los once Estados en los que la Convención originalmente entró en vigencia el 1 de enero de 1988 representaban las principales regiones geográficas, niveles de desarrollo económico y sistemas jurídicos, sociales y económicos del mundo⁴.

Más allá de la materia de la que se ocupa puntualmente, el objetivo de la CNUCCIM -sintetizado en su Preámbulo- es el de contribuir a un nuevo orden económico internacional en base a la armonía y a la igualdad, para el fomento de las relaciones amistosas entre los Estados y el desarrollo del comercio internacional mediante la supresión de los obstáculos jurídicos.

Así, ya desde su objetivo, resulta evidente que la CNUCCIM está diseñada como un cuerpo legal neutro, que no concede trato preferencial a ningún sistema jurídico o interés económico, lo cual facilitó enormemente su expansión.

En cuanto a su ámbito de aplicación material, la CNUCCIM se ocupa estrictamente de la compraventa internacional de mercaderías, adoptando para su definición un criterio geográfico y un criterio sustantivo.

El primer criterio restringe su aplicación a los contratos celebrados entre partes que tienen sus establecimientos en Estados diferentes, siempre y cuando dichos Estados sean contratantes de la Convención o cuando las normas de derecho internacional prevean la aplicación de la ley de un Estado contratante⁵, excluyendo con ello de forma categórica su aplicabilidad a compraventas internas.

El segundo criterio se concentra en la determinación del alcance de este tipo de contratación, considerando compraventas los contratos de suministros de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción, y excluyendo de su aplicación a los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios⁶.

Las disposiciones iniciales de la CNUCCIM contemplan además una serie de compraventas que, en razón de su objeto, son excluidas de su ámbito de aplicación, i.e. contratos de consumo, compraventas judiciales y en subastas, compraventas de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero, compraventas de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves, y compraventas de electricidad⁷. La doctrina ha entendido que algunas de estas exclusiones se refieren a compraventas que, aunque celebradas entre sujetos con establecimientos en Estados diferentes, no tienen desde un punto de vista económico un carácter internacional. Otras exclusiones obedecen a la dificultad en la definición de la naturaleza del bien objeto del contrato. Una explicación más sencilla -y quizás la más acertada- para su exclusión es que no podía alcanzarse la unificación de las reglas para dichos contratos de compraventa.

La CNUCCIM incluye además reglas propias de interpretación, en las que se da preponderancia al carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional⁸, reconociendo además criterios de interpretación de los contratos en general comúnmente aceptados⁹, y otorgando valor a los usos y prácticas en línea con el fenómeno del tráfico mercantil¹⁰.

Una distinción fundamental de la CNUCCIM en relación con sus antecesoras de La Haya es que reúne en un mismo cuerpo normativo la reglas aplicables a la formación del contrato y las reglas que regulan el derecho sustantivo de la compraventa, extendiendo con ello su campo de acción más allá del fenómeno de la compraventa y evitando además la existencia de normas contradictorias.

Determinadas cuestiones de la compraventa internacional de mercancías, como la validez del contrato y los efectos del contrato sobre la propiedad de los bienes vendidos, no entran en el ámbito de la Convención. La Convención sin embargo trata de las obligaciones de las partes en el contrato, i.e. las obligaciones de los vendedores de entregar las mercancías conforme a la cantidad y la calidad estipuladas en el contrato, así como en documentos conexos, y la de transferir la propiedad de los bienes, y las obligaciones de los compradores de pagar el precio estipulado y a recibir las mercancías entregadas.

Además, la Convención prevé reglas comunes sobre las vías de recurso aplicables en caso de incumplimiento del contrato, incluyendo reglas sobre indemnización de daños y perjuicios y resolución del contrato en caso de incumplimientos sustanciales.

Entre las disposiciones suplementarias se regulan la transmisión del riesgo, el incumplimiento previo del contrato, los daños y perjuicios, y la exención del deber de cumplir el contrato.

La CNUCCIM contempla además un sistema de reservas, destinado a excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de la Convención en su aplicación al Estado que así lo invocara. La admisión de reservas a la CNUCCIM tiene su fundamento en la voluntad de incorporar el mayor número de Estados a la Convención, difundiendo con ello su ámbito de aplicación y permitiendo que entren a formar parte Estados que no estarían dispuestos a hacerlo si no se les permitiera excluir o modificar ciertas disposiciones que estimen inaceptables.

Ahora bien, las reservas admisibles a la CNUCCIM son numerus clausus, limitándose en líneas generales a cinco: la de vinculación del Estado por solo una parte de la Convención¹¹, la de vinculación de solo una parte del Estado por la Convención¹², la de exclusión de la aplicación de la Convención a compraventas en que las partes tengan sus establecimientos en Estados empeñados en un proceso de codificación regional¹³ o que exijan una forma escrita para la conclusión de tales contratos¹⁴, y la subordinación de la aplicabilidad de la Convención a la reciprocidad¹⁵.

Volviendo a lo antedicho acerca de la naturaleza jurídica de la Convención, se debe tener presente que como tal, esta genera un vínculo entre los Estados regido por el derecho internacional público, y principalmente por las reglas de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados para los Estados que han ratificado dicho instrumento, en virtud de la cual todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe¹⁶.

Esto implica que, cumplidos los presupuestos para la aplicabilidad de la CNUCCIM arriba mencionados, sus disposiciones son -en principio- de aplicación directa y obligatoria por los Estados contratantes a través de sus órganos jurisdiccionales, que ya no habrán de aplicarla como un derecho extranjero o internacional, sino como un derecho uniforme de su Estado. Así pues, la doctrina ha sostenido acertadamente que, en tal escenario, la aplicabilidad de la Convención no depende de una petición de parte sino que debe ser aplicada por el juez nacional ex officio cuando se cumplan los requisitos establecidos por las disposiciones antes referidas.

No obstante, esta obligatoriedad para los Estados que ratifican la Convención es relativa, por tres motivos.

El primero de ellos está contenido en la misma Convención, y se refiere a la posibilidad de las partes de un contrato de compraventa internacional de mercaderías de excluir la aplicación de la CNUCCIM o establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos¹⁷. Por ende, aún reunidos los requisitos de aplicabilidad de la Convención, el intérprete de la relación contractual debe determinar si existe o no una exclusión de sus disposiciones mutuamente acordada por los contratantes. Esta exclusión puede ser expresa o tácita, aunque la doctrina ha entendido que esta última hipótesis permita identificar una voluntad real y consciente de las partes de excluir la aplicación de la CNUCCIM, limitando en la mayor medida la facultad del juez o árbitro de reconstruir a partir de indicios, o emplear presunciones para decidir cuál hubiera sido la voluntad de las partes.

El segundo motivo, aunque hipotético e improbable, guarda relación con el orden de prelación normativo de los ordenamientos jurídicos de los Estados que ratifican la Convención. Dependiendo de la jerarquía conferida a los tratados constitucionales dentro de la estructura normativa de un Estado, podría darse el caso en que una disposición de la CNUCCIM colisione y por ende ceda ante una norma de superior jerarquía.

El tercer motivo, sobre el que se pondrá énfasis en los siguientes apartados, es de índole práctica y especialmente notorio entre los países del MERCOSUR, y se refiere al escasísimo desarrollo jurisprudencial relacionado con la CNUCCIM, a pesar del intenso tráfico comercial que existe a nivel interno del bloque regional y con otros países signatarios de la Convención.

En conclusión para este punto, la CNUCCIM tiene un vasto ámbito geográfico y material de aplicación, erigiéndose como un instrumento que regula de forma integral la compraventa internacional de mercaderías a través de normas asimilables a prácticamente todo ordenamiento jurídico a nivel mundial.

3. SITUACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL ACTUAL DE LA CNUCCIM EN LOS PAÍSES MIEMBROS DEL MERCOSUR

A pesar de su reciente expansión regional con las últimas ratificaciones de Paraguay (2005) y Brasil (2014), la situación de la CNUCCIM es asimétrica entre los países del MERCOSUR.

En este sentido, se advierte que la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de haber sido uno de los primeros países en suscribir la Convención en el año 1981, no la ha ratificado hasta la fecha. Tampoco el Estado Plurinacional de Bolivia, en inminente proceso de adhesión como miembro pleno del MERCOSUR, ha suscripto ni ratificado la Convención¹⁸.

Respecto de los demás países, Argentina fue el primero de la región -y de hecho uno de los primeros once países en el mundo- en adherirse a la Convención, por ley Nº 22.765 promulgada el 24 de marzo de 1983, entrando está en vigencia desde el 1 de enero de 1988.

Conforme al artículo 2 de la citada ley, Argentina formuló expresa reserva, en el sentido de que cualquier disposición del artículo 11, del artículo 29 o de la parte II de la Convención que permita que la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa, o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención, se hagan por un procedimiento que no sea por escrito, sea inaplicable en el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en la República Argentina.

En cuanto a su orden de prelación en el ordenamiento jurídico, la Constitución de la Nación Argentina reconoce expresamente a los tratados internacionales jerarquía superior a las leyes, aunque inferior a la propia Constitución¹⁹.

En el caso de Uruguay, la CNUCCIM fue aprobada sin reservas por ley Nº 16.879, promulgada el 21 de octubre de 1997. La Constitución de este país, si bien hace referencia a los tratados internacionales y al derecho internacional, no dispone de forma expresa su rango o jerarquía en el ordenamiento jurídico interno²⁰. Este silencio normativo ha sido cubierto por la jurisprudencia de la máxima instancia judicial uruguaya, que ha otorgado igual jerarquía a los tratados y a las leyes²¹.

Paraguay también ha aprobado la Convención, por ley Nº 2611 promulgada el 2 de junio de 2005, haciendo la misma reserva que Argentina bajo el artículo 96 de la Convención. Jerárquicamente, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados solamente están por debajo de la Constitución, teniendo por tanto prelación sobre las leyes domésticas²².

Brasil fue el último país del bloque que aprobó la CNUCCIM, sin reservas, por decreto legislativo Nº 538 del 18 de octubre de 2012, promulgado por decreto Nº 8327 del 16 de octubre de 2014. Al igual que en el caso uruguayo, la Constitución de la República Federativa de Brasil no consagra de forma expresa la jerarquía normativa de los tratados internacionales incorporados al derecho positivo nacional, aunque la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal ha seguido la tesis de que estos tienen el mismo nivel jerárquico que las leyes domésticas, pudiendo por ende ser revocados por una ley posterior o declarados inaplicables por una ley específica²³.

Ahora bien, a pesar de su vigencia en cuatro de los países del bloque regional, se observa el aún pobre desarrollo de jurisprudencia nacional relacionada con la CNUCCIM, tanto en la cantidad de fallos dictados como en la relevancia analítica de las disposiciones de la Convención. Se exponen a continuación algunos de estos fallos, advirtiendo que esta no es una lista exhaustiva, y se basa exclusivamente en los resultados de una investigación de bases de datos abiertas especializadas en la CNUCCIM y en jurisprudencia de los países miembros del MERCOSUR.

Dicho esto, se ha observado que Argentina es el país del MERCOSUR con la mayor cantidad de fallos reportados desde 1991, disponibles en la base de datos de la Pace Law Scbool²⁴. Entre los 22 casos reportados, destacan aquellos en los que la aplicabilidad de la Convención fue objeto de análisis.

Por ejemplo, el primer caso reportado data del año 1991, e involucra a una empresa argentina y una empresa belga en el marco de un contrato de compraventa de maquinaria²⁵. En este caso, la Cámara de Apelaciones entró al estudio de aplicación de la Convención sobre la base de la cláusula de derecho transitorio contenida en el artículo 100, declarando su inaplicabilidad en atención a que el objeto del litigio databa del año 1970, es decir, antes a la fecha en que la Convención quedase abierta a la firma de los Estados.

En el caso Mayer, Alejandro c. Onda Hofferle Gmbh & C. s/ordinario²⁶, referente a un supuesto incumplimiento de un contrato de compraventa de carbón vegetal celebrado entre una empresa situada en Argentina y otra situada en Alemania, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires determinó que la relación contractual no se encuadraba dentro del supuesto de aplicación previsto en el art. 1.1 a) de la Convención, pues si bien esta se hallaba en vigor en Argentina desde el 1 de enero de 1988, año en que las partes perfeccionaron el contrato, no entró en vigor en Alemania sino hasta el 1 de enero de 1994. Sin embargo, el órgano jurisdiccional entendió que la Convención sí era aplicable bajo el supuesto del artículo 1.1.b), en base a las normas del derecho internacional privado argentino vigentes, que establecían que la ley aplicable a un contrato es la del lugar de su cumplimiento. Tomando en consideración que la prestación más característica del contrato de compraventa −la entrega de la cosa− y que el contrato objeto de la litis tenía cláusula FOB Buenos Aires, el tribunal concluyó que, al designar las normas de derecho internacional privado la aplicación del derecho argentino, y al ser Argentina un Estado que había ratificado la Convención, cabía su aplicación en virtud del artículo 1.1.b).

Más recientemente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires emitió su decisión en el caso Ecotune Private Ltd. c/ Cencosud S.A / ordinario²⁷, que involucraba a una empresa argentina y una empresa india en una contienda relacionada con una compraventa internacional de mercaderías. El tribunal entendió, en grado de apelación, que a pesar de que el Estado de una de las partes contratantes -India- no es parte de la Convención, esta es aplicable sobre la base del artículo 1.1.b), puesto que las normas de derecho internacional privado del foro -Argentina- llevaban a la aplicación del derecho argentino, como ley del lugar de cumplimiento del contrato.

Brasil sigue en la cantidad de fallos reportados en bases de datos especializadas, con un total de 5 sentencias disponibles en la base de datos de la Pace Law School²⁸. Una particularidad de la jurisprudencia brasileña reportada es que comprende fallos dictados con anterioridad al año 2014, es decir, antes de que la CNUCCIM entrara en vigencia en Brasil, puesto que las cortes estaban dispuestas a aplicar artículos de la Convención que se consideraban consistentes con la legislación doméstica.

Este fue el caso, por ejemplo, en Prakasa Indústria e Comércio de Utilidades do Lar Ltda. c. Mercomáquinas Indústria, Comércio e Representações Ltda²⁹, que involucraba a dos contratantes brasileños, y en el que el tribunal nacional hizo referencias a observaciones obiter dicta a los artículos 8.3) y 77 de la Convención, en relación con las obligaciones de una parte que invoca el incumplimiento de contrato para reducir las pérdidas derivadas de dicho incumplimiento, y sobre los principios de equidad y buena fe en la ejecución y el cumplimiento de los contratos; todo ello, en atención a la compatibilidad de estas disposiciones con la Reformulación de las normas jurisprudenciales y la legislación civil brasileña.

En el caso José Henrique S. N. de Souza y otro c. Construtora Costa Norte Empreendimentos Imobiliários SC Ltda.³⁰, el tribunal brasileño se refirió nuevamente obiter dicta a la Convención, en un litigio entre contratantes brasileños que versaba principalmente sobre la doctrina de la exceptio de non adimpleti contractus, consagrada en el artículo 72 de la Convención, y que reconoce que toda parte que incurra en un incumplimiento esencial del contrato no podrá obligar a la otra parte a que cumpla con las obligaciones que hubiera contraído en virtud de dicho contrato.

Aunque con menor frecuencia y en casos aislados, la jurisprudencia uruguaya también ha invocado las disposiciones de la CNUCCIM. Puntualmente, en J. JE Marketing Distribution Center Inc. c/ CABA S.A. y otros s/ daños y perjuicios³¹, el Tribunal de Apelación en lo Civil determinó la aplicabilidad de la Convención a un contrato celebrado entre una empresa estadounidense y una uruguaya, para la determinación del concepto de “plazo razonable” para la verificación de mercaderías, en forma armónica con los propios términos del artículo 7.2 de la Convención.

En otro caso, RTM Grupo Inc. c/ OFEROL S.A. y otros s/ rescisión de contrato³², el tribunal de alzada hizo referencia a los artículos 3 y 29 de la Convención para determinar la naturaleza de la relación entre demandante y demandado, y específicamente la ausencia de legitimación pasiva causal en la litis.

Finalmente, debe señalarse la casi nula mención a la CNUCCIM en la jurisprudencia paraguaya. En efecto, a pesar de su adhesión ya en el 2005, solamente existe un fallo reportado, en el caso Alex S.A. c/ Seguros Chaco S.A. de Seguros y Reaseguros s/ cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes³³, en el que la Corte Suprema de Justicia refirió obiter dictum la Convención para fundar su decisión en relación con el traspaso del riesgo por la pérdida o destrucción durante el transporte de mercaderías, aunque se hizo la expresa salvedad de que la mención es exempli gratia, puesto que la Convención aún no se hallaba vigente a la fecha de la operación objeto de la litis.

La CNUCCIM también ha sido incorporada a los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los Estados Asociados al MERCOSUR, siendo Surinam la única excepción³⁴. A eso hay que agregar que la amplia lista de países miembros incluye a los Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, todos mercados claves para la economía del bloque regional y con una rica jurisprudencia de casos relacionados con la Convención.

4. ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS PARA LA ESCASA JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON LA CNUCCIM EN EL MERCOSUR?

Lo expuesto en el apartado anterior demuestra que la CNUCCIM no es solamente una convención incorporada en la mayoría de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR, sino que además es un instrumento estratégico para el fortalecimiento de las relaciones comerciales tanto entre los países del bloque como entre estos y sus principales mercados internacionales.

A pesar de todo ello, y como también se ha visto, la utilización de la CNUCCIM en la jurisprudencia regional ha sido escasísima y, salvo dignas excepciones, mayoritariamente intrascendente en el escenario global.

Esto nos lleva indefectiblemente a preguntarnos cuáles podrían ser las razones que expliquen esta carencia. Para ello, resulta especialmente ilustrativa la metodología seguida por el Dr. Juan Antonio Gaviria-Gil en un estudio enfocado específicamente en la ausencia de casos sobre la CNUCCIM en Colombia.

Corresponde advertir preliminarmente que muchas de las hipotéticas causas escapan de toda medición, como la posibilidad de que los comerciantes internacionales que contratan bajo las reglas de la CNUCCIM tiendan en la mayoría de sus transacciones a cumplir con sus obligaciones contractuales, o en caso de incumplimiento prefieran la aplicación de sanciones extra-jurisdiccionales, excluyendo en ambos casos la opción de recurrir a órganos jurisdiccionales para la solución de controversias.

También es posible que, en los casos en los que esté contemplada la CNUCCIM como derecho sustancial, los contratantes prefieran someter las eventuales controversias a tribunales arbitrales con sede en alguno de los países del MERCOSUR, pero con pacto de confidencialidad de los procedimientos. Esta alternativa no obstante es improbable, habida cuenta del aún incipiente uso del arbitraje como mecanismo de solución de controversias en los países integrantes del MERCOSUR, tema que escapa del objeto de este trabajo.

Hechas estas acotaciones, se pasa a continuación al estudio de cuatro hipótesis que podrían explicar la escasa jurisprudencia regional: la escasa relevancia del comercio internacional para el MERCOSUR; la expresa exclusión de la CNUCCIM como ley sustancial de los contratos de compraventas con contratantes del MERCOSUR; (III) la aplicabilidad de la CNUCCIM como ley sustancial de los contratos, pero la estipulación de una jurisdicción de otro país o tribunal arbitral con sede fuera de los países del MERCOSUR; y (IV) la falta de conocimiento sobre la CNUCCIM.

CONCLUSIÓN

En este breve trabajo se ha intentado demostrar la utilidad que podría tener un instrumento de derecho uniforme como la CNUCCIM para el fortalecimiento del comercio transfronterizo de los países del MERCOSUR, promoviendo con ello los objetivos primordiales del bloque regional.

Las asimetrías en la adopción y aplicación de la Convención entre los países del bloque ciertamente no son menores, y requieren de voluntad política para nivelar las reglas de juego y llegar a una verdadera uniformidad del derecho mercosureño en la materia regulada por la CNUCCIM. Sin embargo, las ventajas que traería la adopción de reglas comunes para un acto jurídico tan elemental como la compraventa internacional de mercaderías, a través de una normativa moderna y equitativa como la Convención, justifican sobradamente todo esfuerzo en tal sentido.

Es imperioso además que la normativa ya adoptada en la mayoría de los países del bloque sea conocida y aplicada por comerciantes y profesionales del derecho, y que en su aplicación se puedan reflejar las particularidades de los sistemas jurídicos que integran el MERCOSUR. De lo contrario, la adopción de la Convención no representa otra cosa más que un mensaje vano a la comunidad internacional, una moda pasajera que no incide -o mejor dicho, no se permite que incida- en la cultura jurídica de nuestros países.

Por de pronto, se espera que esta contribución sirva de base para identificar los verdaderos motivos para la escasa jurisprudencia autóctona en materia de la CNUCCIM, advirtiendo que las hipótesis aquí expuestas no van más allá de eso, y que un estudio mucho más detallado es necesario para un diagnóstico certero de las causas de tal escasez, así como de la conveniencia y los medios adecuados para promover una mayor utilización de la Convención en el comercio internacional de los países del MERCOSUR.