A. Tesis básica

El derecho es, básicamente, un sistema de reglas sobre la fuerza, que se materializa por el discurso de los poderes estatales y constituye el medio más idóneo para perseguir un objetivo mínimo: la paz relativa, dado que se relaciona con una comunidad determinada de hombres. La paz, en el contexto descrito, es el estado de cosas en el que por convicción y determinación no se hace uso de la violencia sin regulación centralizada y monopolizada. Así, la producción del orden descansa, aunque sea en nimia medida, en la participación de ciudadanos igualmente libres, que quedarán sometidos al propio orden generado. Una comunidad puede vivir en paz relativa, o sumergida en un pozo de guerra de todos contra todos o de algunos contra la mayoría, o viceversa. O los hombres eliminan la guerra (externa o interna), o la guerra que no cesa cancelará la vida humana en la Tierra. En este último caso, sin ser agorero ni trágico, "... se necesitarían algunos millones de años para que los moluscos del mar llegaran a producir algo semejante al hombre". Ergo, el derecho constituye una de las herramientas más específicas para intentar la resolución de las disputas.

B. Debate mínimo

Sucedió en tiempos inmemoriales y espacios finitos. Hubo un estado sin leyes sociales. En los principios de los tiempos y de los espacios en la Tierra, si el estado de naturaleza acaso existió y si acaso, como haya de ser comprobable que haya existido, fue un estado de cosas solamente gobernado por leyes naturales, que no fueron creadas por el hombre. Él puede dañarlas o mejorar algunos de sus efectos; pero nunca podrá una ley social regir la salida y puesta del sol, como tampoco podrá crear la gravedad o la mecánica del calor y de la energía.

El Estado constitucional es un estado con leyes naturales y con leyes sociales. Estas últimas, por intermedio del paradigma "constitución", confieren su ordenación y fundamento básico. El derecho procede directamente de la naturaleza humana. Significa el mayor invento para la ordenación de las comunidades humanas. En su interior, las constituciones son las tecnologías más desarrolladas que soportan toda la arquitectura del orden instituido jerárquicamente a través del escalonamiento gradual de enunciados normativos. El derecho es un orden para la erradicación, eliminación o limitación máxima posible de la violencia como medio para afrontar los conflictos individuales o plurales desatados en una comunidad de individuos. Al reglamentar el poder estatal y definir la libertad ciudadana, se puede erigir en un orden para conseguir la paz, una paz relativa. En pocas palabras, el derecho, por un lado, es la sintaxis de la fuerza y, por otro, se puede constituir en una apropiada semántica de la paz. Su morfología siempre es positiva, entendida como la cosa que es, el hecho de la autoridad existente y que nos ahorra pensar en arengas metafísicas. La tarea del jurista se centra en la descripción y sistematización del orden jurídico, aunque también no debería dejar de insinuar, con "prepotencia de trabajo", su crítica para la futura reforma, derogación o abolición del objeto estudiado.

El principal conflicto a resolver en una comunidad resulta en no dañar al otro, o en que nadie resulte dañado, o en que todos puedan tener la certeza de que no serán objeto de daño por parte del otro; este sujeto de la otredad puede llamarse "ciudadano" o "poder estatal". Se puede dañar al ciudadano porque se invade su esfera soberana de libertad o porque las autoridades creadas para el gobierno de la comunidad exceden o abusan de sus competencias férreamente regladas. Por eso, el único objetivo prioritario y mínimo que tiene el derecho, su significado crucial, consiste en determinar, concertar y mantener la paz; no es la justicia ni el bienestar. Estos objetivos podrán ser posteriores, desde luego, pero el objetivo primordial del derecho es la realización de la paz, porque sin paz es absolutamente imposible conseguir ninguna de las situaciones ideales en las cuales los seres humanos procuramos vivir, con mayor o menor deseo. La paz es el fin mínimo del ordenamiento jurídico; esto implica encuadrarse en el pacifismo jurídico. La paz es la condición necesaria para cualquier otro fin: libertad, igualdad o fraternidad. El derecho, entonces, es una procura de ordenación de la paz relativa de una comunidad.

La propiedad distintiva de una acción deliberada es que persigue alcanzar determinados fines. La acción deliberada de crear y realizar el derecho puede consistir en la arquitectura básica para la paz comunitaria. Como he planteado, esta posición se encuadra en el pacifismo jurídico, dado que la paz es el estado en que no se hace uso de la violencia desregulada. Sin embargo, no puede pasarse por alto la cuestión de que el derecho no es un instrumento neutral, ya que siempre su normativa y aplicación vienen precedidas de presupuestos filosóficos e ideológicos. Suele argüirse que el derecho es un instrumento para el control social; a la vez, se revela como la herramienta de la que se sirve racionalmente el hombre para intentar disponer la paz en el marco de la coexistencia comunitaria. En definitiva, como ya he adelantado, el derecho procura una paz relativa, no absoluta, porque priva al individuo o grupo de individuos del empleo de la violencia. Para ello, se diseñan órganos y se les atribuye competencia para la ordenación de la vida en la comunidad estatal.

En Colombia, desde 1948 por lo menos, existe una violencia organizada, grupal y desregulada: el conflicto bélico no internacional. Las definiciones de este texto se inclinan, en especial, sobre las condiciones para "hacer la paz" o "construir la paz". Una "paz" que se pueda definir como la "inexistencia" de una relación de conflicto caracterizada por el ejercicio de una violencia duradera y organizada. En este lenguaje, la paz es ausencia de conflicto armado. No obstante, sin minimizarlo, prefiero la reflexión sobre la "paz" en cuanto ella "evita el mayor de los males, la muerte violenta", y el bien al que aspira es el "bien de la vida", el mayor de los bienes. Por eso tiene tanta buena prensa, entre los estudios dogmáticos, apuntar a otro tipo de bienes: la justicia, el bienestar... Sin embargo, en realidad, la condición mínima reside en evitar este mal; se debe procurar su eliminación o al menos la ilusión de que podemos reducir a su máxima expresión la conflictividad armada, que trae consigo la muerte violenta y todo tipo de otros males y castigos depredadores o degradantes de la mismidad de la vida humana.

Una comunidad con leyes sociales es una sociedad que se orienta a la supervivencia y conservación del grupo social. En dicho plan, se asigna a cada individuo un propio poder soberano, y se determina y delimita el poder de cada ciudadano con relación al poder propio de los demás. Nótese que una sociedad controlada íntegramente por el derecho es un ideal, porque la observación y comprensión mundana de la realidad que se objetiva, sin prejuicios, lo contradice (en todos los tiempos).

En las letras que anteceden he aclarado que la paz procurada por el derecho no es ausencia de fuerza; se constituye en el monopolio de la fuerza estatal, en favor de la comunidad por intermedio del derecho. Una definición tomada de Luigi Ferrajoli describe el principio de la paz en estos términos: "... Si el uso de la fuerza no está disciplinado por normas jurídicas está prohibido. Y significa, por consiguiente, que el derecho es la negación de la fuerza desregulada y que la fuerza desregulada es la negación del derecho". Dentro de este plano maestro, la paz resulta ser la expectativa del uso no desregulado de la fuerza. La propuesta del Estado constitucional, por tanto, será instaurar leyes válidas y eficaces que hagan cesar el conflicto, regulen la fuerza, y que así nazca la paz. En definitiva, la paz no es ausencia de fuerza; se constituye en el monopolio de la fuerza estatal, en favor de la comunidad.

El principio de la paz, aun cuando expresa la expectativa negativa del no uso desregulado de la fuerza, inaugura con solidez el criterio de demarcación entre derecho y "no derecho", pero merece ser completado, según refiere Luigi Ferrajoli. En efecto, para definir finalmente el concepto de paz en su vinculación con el derecho será menester evaluar y señalar: i) la existencia de una garantía primaria, esto es, la prohibición del uso desregulado de la fuerza, y ii) la existencia, paralela, de una garantía secundaria de necesaria e inmediata complementación con la primera; consistente, en este caso, en la limitación del uso de la fuerza en la forma y condiciones normativamente previstas, con exclusividad y positividad a los casos en que tal prohibición es violada.

C. Con forma de inventario

Primero. La vinculación entre paz y derecho es fértil, indispensable y necesaria.

Segundo. La paz es la condición necesaria para cualquier otro fin: libertad, igualdad o fraternidad. El derecho no puede ser otra cosa o estados de cosas, entonces, que la orientación hacia la paz ordenada de una comunidad estatal.

Tercero. Colombia padece un conflicto bélico interno desde 1948.

Cuarto. Los mandamientos del derecho son elementales, pero el derecho no tiene aptitud para contener o detener una guerra o conflicto con nombre semejante. La política hace al derecho, motivo por el cual la decisión máxima es, al mismo tiempo, un esbozo de salvación. Se debe ejercer una rebelión cotidiana y ecuménica contra la guerra: la rebeldía humana se expresa con "un hombre que dice no"; en este caso, "no a la guerra". Hay que detenerla.

Quinto. Negarse a la guerra significa abrir la existencia de la paz. Ante los esfuerzos de las autoridades creadas por la Constitución Política de Colombia de 1991 y el impulso de la ciudadanía al posible acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), correspondería señalar con responsabilidad que los colombianos deberán realizar otro esfuerzo más si quieren vivir en paz.

A. Dicción constitucional

No me referiré a la vida política y constitucional colombiana porque no soy "colombianista", es decir, un estudioso de Colombia, su naturaleza y sus culturas. Sólo realizaré una mera comprensión desde la lectura constitucional, en la postulación anunciada por el texto vigente. Dado que en 2016 se cumplen veinticinco años de su nacimiento, considero atinado rendirle un homenaje a la CPC 1991 en su rol de código orientado a la "configuración y desarrollo progresivo de la paz".

La constitución es una categoría jurídica única en la vida de los seres humanos. Se trata de instrumento que aún no tiene 250 años (si computamos desde la Constitución de Filadelfia, son 229 años), mientras que el Homo sapiens cuenta con 250.000 años. Los seres humanos nunca han conocido una invención como la constitución. Hasta lo conocido y creado por los seres humanos, las constituciones son el máximo instrumento de ordenación de la vida comunitaria.

La constitución, al fijar determinados procedimientos, cumpliría la función responsable de la más alta alcurnia atribuible a las formas jurídicas: alentar la paz. Sus principios se encuentran llamados a desarrollar un rol eminentemente procesal, porque la tensión entre individuo y Estado, el conflicto entre ciudadano y autoridad, imposible de resolver con rasgos definitivos, se disuelve a favor de ciertos procedimientos específicos. La prosa del derecho constitucional, su expresión objetiva puesta en el mundo (que muchos apodan "positiva"), pretende determinar marcos para colaborar con las ilusiones sobre la esperanza de una convivencia pacífica en la que todos los ciudadanos disfruten o puedan disfrutar del casi inalcanzable "bienestar general", en una sociedad de ciudadanos iguales no sólo en libertad.

Sin derecho constitucional, no hay Estado constitucional, porque aquél lo fundamenta, ya sea en el arraigo, ya sea en la justificación o legitimación. Por eso, si todos los hombres vamos a convivir juntos, debemos aceptar las "letras de la tolerancia" instituidas en la constitución, que instruyen el mejor mecanismo para la paz, porque implican la terminante prohibición de dañar al otro y el categórico estímulo de ayudarlo siempre que se pueda. Todo esto se enmarca en un contexto utilitario, en el que también se prohíbe "derramar sangre" o procurar que los procesos se orienten a que no suceda. Así, se sustituye la lucha cuerpo a cuerpo por el debate cívico; en fin, se suprime "... el tiro de gracia del vencedor sobre el vencido por el voto y la voluntad de la mayoría que permite al vencido de ayer convertirse en el vencedor de mañana sine efifusione sanguinis".

Toda constitución pretender originar una aportación significativa. Por lo general, contiene y dispone una forma singular y peculiar de ordenar al Estado. Cada poder constituyente, en cada Estado, intenta subordinarlo con determinada arquitectura jurídica. Sin embargo, pese a la pluralidad de los modelos constitucionales, según mi observación y comprensión dogmática, se puede decidir que la abrumadora mayoría de las constituciones poseen cuatro partes: i) Preámbulo y declaraciones eminentes; ii) derechos y deberes fundamentes; iii) regulación del poder y su control, y iv) reglas sobre la variación o cambio de la suma norma o norma de normas.

Si se aplica este modelo cuatripartito a la CPC 1991, los resultados son admirables: se trata del único instrumento de América Latina que se refiere a la paz en sus cuatro partes, por lo menos en diez ocasiones. Véase, entonces, la vocación pacificadora de la CPC 1991 y la consagración "constitucional de la paz", a la luz de la determinación teórica asumida.

Primera parte. Preámbulo y declaraciones eminentes:

EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz...

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Segunda parte. Derechos y deberes fundamentales:

Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano:

(...)

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;

(...)

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz...

Tercera parte. El poder y su control:

Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

(...)

6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.

Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Cuarta parte. Las propias reformas constitucionales:

Artículo transitorio 66 (Acto Legislativo número 1 de 2012)

Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una Ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.

Las enunciaciones constitucionales se expresan y consuman su normatividad por intermedio de la lengua escrita. Hay países que emplean poco más de 12.000 palabras para ordenar la totalidad de su código constitucional, como la Argentina y Francia; Angola utiliza más de 25.000; en Chile ha sido menester apelar a 27.000 palabras; en Bolivia se utilizan más de 39.000; otros ejemplos, como Ecuador, necesitan más de 54.000 palabras; en México, más de 66.000 palabras; Brasil requiere la utilización de más de 76.000 palabras. Colombia ha prescrito su ordenación fundamental del Estado mediante el empleo de más de 40.000 palabras, que disponen principios y reglas permanentes y transitorios. Pareciera que cada comunidad posee un modelo peculiar para transitar el camino al paradigma constituyente y, así, fundamentar al Estado.

Por lo tanto, no es un ejercicio complicado advertir en la literatura constitucional que la CPC 1991 es probablemente el instrumento que mayores referencias hace a la "paz" o a la "convivencia pacífica". Ha quedado demostrado en las líneas precedentes. El estado de cosas en 1991, el año de la creación de la Ley fundamental colombiana vigente, quizá haya presumido, alentado o fortalecido la posibilidad de que se la apodase -con certeza o incerteza- la "constituyente de la paz". A nivel dogmático, un juicio mesurado dentro del derecho constitucional comparado mundial tiende a atestiguar el aserto sobre la originalidad y novedad colombiana en relación con la constitucionalización de la paz. Esto se vislumbra, con nitidez, en el plano de la concreta y pura normatividad constituyente del Estado expresada, en muchos pasajes, con belleza literaria, en el seno de la CPC 1991.

La CPC 1991 cumplirá sus primeros 25 años. El primer proceso en toda la historia de Colombia en el que varones y mujeres decidieron y definieron con determinada libertad y cierta igualdad los parámetros para la convivencia comunitaria. La voluntad general individuada a partir de la sumatoria de las individualidades de cada ciudadano, la voluntad de los colombianos por la paz no ha bastado con prescribir, en no menos de diez ocasiones, la paz o la convivencia pacífica para edificar toda su vivencia.

La paz no puede insertarse con inocencia, porque es un acto informado de todo hombre que posee cabal conciencia de sus derechos. La Asamblea constituyente de 1991 poseyó por sus propios orígenes una delegación de esa especie de voluntad general. Deliberó, en inspirado concilio, y parió un nuevo instrumento para la paz: la CPC 1991. Este texto jurídico se rige a partir de su "promulgación", según confiesa el artículo 380 (julio de 1991, durante la presidencia constitucional de César Gaviria).

La violencia política no tiene una segura partida de nacimiento, pero sus efectos han segado la vida de cientos de miles de colombianos. Otros tantos cientos de miles debieron orientar, como han podido, su vida y la de sus familias por otros caminos. Éste es el verdadero drama de los desplazados, porque las guerras no las gana nadie, ni siquiera quienes tienen la fortuna de quedar en pie.

Para muchos, la violencia política que desemboca en el conflicto armado comienza con el "Bogotazo" de 1948 y sus ramificaciones. Desde entonces hasta 1991, la restricción de los derechos fundamentales y el absolutismo del poder, con un "menú" de estado de sitio constante, hicieron creer o considerar a muchos la existencia de una democracia constitucional "a la carta" y de forma. No fue así, ya que la exclusión de la mayor parte de la población económicamente activa generó un fervoroso proceso de desinstitucionalización progresiva, que ha sido calificado como tendencias hacia un "constitucionalismo perverso" o una "dictadura electiva".

En cualquier caso, entre 1948 y 1991 quienes eran pobres vieron acentuada su exclusión de todos los beneficios de la comunidad. Por su parte, las oligarquías, con el mismo fiel de la balanza que han aplicado en dos centurias en América Latina, se inclinaron por el incremento desmedido de su propia riqueza, postergando el desarrollo comunitario. Solamente este fenómeno podía garantir la violencia. Pero faltaba un elemento para el "coctel explosivo" colombiano: la producción y comercialización de la droga, en especial, la cocaína.

Hasta el presente, pese a que la paz es una referencia que recorre de Norte a Sur y de Este a Oeste el texto constitucional colombiano, la CPC 1991 no ha conseguir terminar con la violencia, ni mejorar la distribución de la riqueza ni el equilibrio productivo. El derecho constitucional puede insinuar la contención del poder, ordenarlo, disponer ciertas justificaciones y reconocimientos de derechos fundamentales, pero no es una herramienta divina.

B. Realización de la CPC 1991 en sede jurisdiccional

Antes de cerrar esta sección, deseo hacer referencia a un par de decisiones de la Corte Constitucional de Colombia (en adelante, CCC). La CPC 1991 confía a la Corte Constitucional la "guarda de la integridad y supremacía de la Constitución", según se define en el artículo 240. La CCC es un tribunal muy activo, especialmente atento a la realización constitucional y, en ocasiones, también, a mi juicio equivocadamente, a la propia tarea de configuración constituyente. El desarrollo y fortalecimiento de la ordenación colombiana depende, también, de la tarea de su Corte, apreciada por su ciudadanía y por los servidores públicos.

En una de sus primeras resoluciones jurisdiccionales, la Sentencia T-102/93, la CCC ha hecho mención al objetivo de erradicar la violencia. Con su cita, rindo homenaje también a uno de los mayores juristas, por su mayor compromiso con la paz, el juez Carlos Gaviria Díaz:

[La paz] [C]omo derecho que pertenece a toda persona, implica para cada miembro de la comunidad, entre otros derechos, el de vivir en una sociedad que excluya la violencia como medio de solución de conflictos, el de impedir o denunciar la ejecución de hechos violatorios de los derechos humanos y el de estar protegido contra todo acto de arbitrariedad, violencia o terrorismo. La convivencia pacífica es un fin básico del Estado y ha de ser el móvil último de las fuerzas del orden constitucional. La paz es, además, presupuesto del proceso democrático, libre y abierto, y condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales. El lugar central que ocupa en el ordenamiento constitucional llevó a su consagración como derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

Fuera de esto, yo no necesitaría agregar prácticamente nada más, porque ya lo ha expresado con excelencia dogmática Gaviria hace más de 22 años.

Este mismo lema dogmático se repite (entre otras sentencias) en el núcleo del derecho a la paz con el magistrado ponente en la T-025/2004. En palabras de Manuel José Cepeda Espinosa:

El derecho a la paz [al referirse a los desplazados] cuyo núcleo esencial abarca la garantía personal de no sufrir, en lo posible, los efectos de la guerra, y mucho menos cuando el conflicto desborda los cauces trazados por el derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de dirigir ataques contra la población civil.

Durante el año 2012 el Congreso de Colombia introdujo el artículo transitorio constitucional número 66 -ya citado-, que contiene determinaciones sobre la paz y la justicia transicional, al trazar su horizonte de concreción hacia el "logro de la paz estable y duradera". La CCC, ejerciendo la administración de justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la CPC 1991, ha declarado en 2013 (Sentencia C-579/13) y 2014 (Sentencia C-577/14) la constitucionalidad de diferentes estructuras normativas del artículo transitorio 66, que habían sido cuestionadas y demandada su inexequibilidad jurídica.

Hay una nueva realización jurídica que ha de sobrevenir, posiblemente en el año 2016. Se tratará en la próxima sección. No pretendo ejercer un movimiento de traslación automática con la cita jurisprudencial invocada; por el contrario, propongo analizar las nuevas ideas. Sin embargo, convendrá conservar las propias dicciones de la CCC ejercidas en 2013 y 2014 -ya citadas-, para configurar una traslación completa de las posibilidades del todavía no nato acuerdo de paz con las FARC. Si bien en el derecho constitucional existen las semejanzas, cada asunto o problema corresponde ser enjuiciado dentro de su propia juridicidad autóctona y soberana.

A. Líneas e interrogantes

He planteado que la CPC 1991 enuncia en sus cuatro partes el derecho a la paz y los deberes de los ciudadanos y autoridades respecto de la convivencia pacífica. En el mismo momento en que se componen estas letras, se encuentra en tratamiento congresual la iniciativa presidencial "Proyecto de Acto Legislativo (2015) 'por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera". Pues bien, antes de analizar este instrumento en particular, es preciso señalar que para cualquier constitución, desde una perspectiva teórica sobria y suficiente, se puede determinar que hay dos universos posibles: su realización o su reforma.

El proyecto de Acto Legislativo número 4 de 2015, que tiene más de 700 palabras, reformará la CPC 1991. Corresponde preguntarse si será posible que, con tan pocas palabras de pura normatividad constitucional, se pueda alcanzar una paz relativa, enderezada con propiedad hacia su estabilidad y duración. ¿Proveería esta nueva regla el cierre de la encarnizada violencia y, luego, la integración fraternal de todos los colombianos? Conscientemente, ¿son más de 700 palabras suficientes para determinar el faro para la concreción de la paz? ¿Será suficiente con este proceso constituyente? ¿Serán suficientes las argumentaciones volcadas en la "Exposición de motivos"?.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como es de público conocimiento el Gobierno Nacional viene adelantando un proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP con el objetivo de poner fin al conflicto armado y dar paso a una fase de construcción de paz sin armas (...)

Si bien resulta imposible predecir si se llegará a la firma de un Acuerdo Final que ponga fin al conflicto armado, lo cierto es que el Gobierno tiene que estar preparado para este escenario.

(...)

Presentamos entonces a consideración del Honorable Congreso este Proyecto de Acto Legislativo que tiene dos objetivos. Por un lado, garantizar y agilizar la implementación del Acuerdo Final. Y por otro, asegurar la fidelidad entre el Acuerdo Final y los desarrollos normativos necesarios para su implementación. El Estado colombiano debe tener las herramientas necesarias para garantizar que en un tiempo razonable puede cumplir con lo acordado. Esa es la única forma de garantizar que las guerrillas dejen las armas y renuncien a la lucha armada....

Realizaré una consideración, una suerte de nueva advertencia, que determina con firmeza cuanto se expone en esta sección. Para cualquier estudioso o analista extranjero, aunque jurídicamente no subordina, el "Comunicado 60", al que dedicaré un breve comentario en el "Entreacto" que se abre al fin de esta sección, constituye una pieza importante porque posee propósitos políticos que deberían trasladarse en buena parte a la futura legislación que tenga origen, precisamente, a partir de la eventual sanción y promulgación del Acto Legislativo número 4 de 2015.

B. Sobre reformas

Las reformas del "libro laico" del pueblo de la Argentina son infrecuentes: 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. La reforma de 1949 fue abolida por un bando militar, razón por la cual en un lapso de 163 años el texto fundacional de 1853 fue objeto de cinco reformas -que se encuentran en vigor-. Recuérdese: el poder constituyente no lo ejerce el Congreso federal sino una Convención especialmente convocada al efecto de reformar la suma regla. Conjúguese, también, en paralelo, el hecho de que una reforma puede comprender el cambio o los cambios de varios enunciados normativos o artículos. La Constitución federal argentina, actualmente en vigor y merced a las cinco reformas mencionadas, supera en alrededor de 5.000 palabras al número de palabras que poseyó el texto originario de 1853 (más de 7.000); sin embargo, la fundación ideológica y la arquitectura jurídica de la escritura mantienen las decisiones elementales asumidas en el momento constituyente originario.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido, en casi 99 años, 225 decretos de reforma constitucional, que han originado 642 cambios sobre el instrumento inventado en 1917. Es posible conjeturar que la CPC 1991 ha seguido el criterio reformista gestado auroralmente por México para América Latina, cuando en 1921 ya se anotan los primeros ocho cambios al texto establecido en la ciudad de Querétaro en 1917. Frente a este panorama, para un extranjero (tanto en Colombia como en México) no es tarea sencilla descubrir ni abarcar la totalidad de las reformas, así como tampoco lo es realizar un inventario sobre la materialidad de los cambios, amén de su posición jurídica. No es una crítica. Señalo simplemente el itinerario del dogmático comparatista.

La Constitución colombiana actualmente en vigencia fue promulgada y publicada en la Gaceta Constitucional en julio de 1991. Desde entonces ha sido reformada con apelación a 40 "Actos Legislativos". Como ya he planteado, la constitucionalidad de algunos de ellos o de sus fragmentos ha sido objeto de cuestionario y pronunciamiento jurisdiccional.

Al parecer, en Colombia, en el periodo que abarca desde 1991 hasta 2016, la dogmática ha descubierto la relatividad o no de las reformas generadas a la CPC 1991. Con economía de palabras: para algunos no se han desvanecido las prescripciones originarias de los principios y reglas que la nutren y desarrollan en las 380 piezas de su articulado permanente; para otros, las profecías de 1991 han quedado como una colcha a retazos, postura que no asumo ni comparto. En mi opinión, la CPC 1991 ha cuerpeado la "perversión" del constitucionalismo que la precedió, el "Estado fallido" que fue llamada a sanear y colmar grandemente el fracaso de la "dictadura electiva" iniciada, al menos, con la "renuncia" a la presidencia de Alfonso López Pumarejo en 1945.

No resulta sencillo consignar un correcto punto de partida para la violencia política en Colombia. La renuncia apuntada y sobre todo el despiadado asesinato de don Jorge Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948), a lo que deben sumarse las consideraciones formuladas en las secciones anteriores, sumergen a Colombia en un clima "sin paz". Desde 1948 Colombia fue un estado de excepción, mejor dicho, un estado en que excepcionalmente regía el derecho constitucional orientado hacia la paz, porque el Estado constitucional "se encontraba constantemente privado de su libertad" por el estado de sitio o mecanismos de limitación semejante o peor.

Cualquier análisis de los últimos 70 años, con franqueza, no puede dejar de considerar en un catálogo meramente enunciativo: a) el estado de sitio como instrumento utilizado por los poderes constituidos para gobernar; b) cientos de miles de asesinados; c) millones de desplazados, que perdieron sus trabajos, sus posibilidades de conseguirlos, sus viviendas, su conectividad con el sistema de salud; d) fractura, debilitamiento o ruptura de los lazos familiares o amicales por el propio hecho del desplazamiento forzado; e) personas desaparecidas; f) fuerte abstinencia de la ciudadanía en los comicios populares; g) predominio absoluto del Poder Ejecutivo; h) secuestros, extorsiones, ejecuciones, violaciones sexuales, torturas; i) colapso total e integral de la posibilidad de inclusión de la población o ciudadanía pobre, postergada o menos favorecida; j) edificación de un capitalismo que, con salvajismo, aumenta los bienes de los ricos y empobrece aún más a las personas de menos recursos; k) como se dice más arriba, el hecho de que Colombia sea el líder global en producción y distribución de cocaína es una ilicitud que se transmite por ósmosis al propio tejido social, en razón de las ondas directas e indirectas que provoca en la organización comunitaria. En fin, violación masiva de los derechos fundamentales y descontrolado ejercicio del poder. ¿Algo más? Quiérase o no, hay que hincar los dientes en el futurible "fruto" de la futura enmienda, sin ser docto en los menesteres.

C. El Acto Legislativo número 4 de 2015

Analizaré el instrumento pergeñado en sus aspectos elementales, dentro de los márgenes ilustrados por su arquitecto/a o sus arquitectos/as en la matriz jurídica. En principio, contiene dos reglas: 1) procedimiento legislativo especial para la paz, y 2) facultades presidenciales de paz. A continuación, como prefiero que el lector se conecte de manera directa con la propuesta constituyente y podamos compartir juntos alguna conclusión, citaré sus fragmentos más salientes. Pido disculpas por la extensión de la cita, pero la considero imprescindible para que el lector pueda seguir el análisis que postulo.

C.1. Sobre el procedimiento legislativo especial para la paz

La noción básica, según surge textualmente del "Artículo transitorio" que se propone, es la siguiente:

Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final), y ofrecer garantías de cumplimiento, de manera excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz...

Este procedimiento legislativo se extenderá por un período de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la reforma, o a partir de la refrendación del "Acuerdo Final", si ésta fuese posterior. "Este procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses más mediante comunicación formal del Gobierno Nacional ante el Congreso de la República". Inmediatamente, se dispone que "El Procedimiento Legislativo para la Paz se regirá por las siguientes reglas":

a) Los proyectos de ley y de acto legislativo de que trata el presente artículo serán de iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional.

b) El primer debate de estos proyectos se surtirá en una Comisión Legislativa para la Paz integrada por los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara y doce Congresistas adicionales designados por las mesas directivas de ambas cámaras en conjunto, preservando la representación proporcional de los partidos y asegurando la representación de las minorías étnicas.

c) La Comisión estará presidida por las Mesas directivas y secretarios de las comisiones primeras.

d) El segundo debate de los proyectos de ley se surtirá en el Congreso en pleno.

e) El segundo debate de los proyectos de acto legislativo se surtirá en las plenarias de cada una de las Cámaras.

f) Los proyectos sólo podrán tener modificaciones en el primer debate, siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional.

g) Todos los proyectos podrán ser tramitados en sesiones extraordinarias.

h) En este procedimiento las cámaras sólo podrán improbar los proyectos. Surtido el trámite, si no ha habido improbación por mayoría absoluta, se sancionarán o promulgarán los proyectos según el caso, con las modificaciones que se hayan introducido en el primer debate.

i) En la Comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto en una sola votación.

j) El trámite de estos proyectos comprenderá su revisión previa por parte de la Corte Constitucional en los mismos términos y con los mismos efectos previstos en el artículo 153 de la Constitución. El control de constitucionalidad de los actos legislativos se hará sólo por vicios de procedimiento en su formación. Los términos de esta revisión se reducirán a la tercera parte de los del procedimiento ordinario y no podrán ser prorrogados.

En lo no establecido en este procedimiento especial, se aplicará el reglamento del Congreso de la República.

Por de pronto, se destaca que abarcará proyectos de "leyes" y también futuros "Actos Legislativos". En este último caso, de manera autorreferencial, porque esta nueva reforma que está por gestarse en el Congreso habilitaría procedimientos especiales para futuras reformas. Dejo a salvo la posibilidad de que "Acto Legislativo" se refiera, con exclusividad, al propio "artículo transitorio" constitucional que se autodenomina a sí mismo. No parece ser éste el sentido sino otro: habrá nuevas propuestas de Actos Legislativos que se tramitarían dentro de los 12 meses de vigencia del transitorio constitucional, bajo las formas y mecanismos que se instituyen por el mismo artículo que se introduce.

A su vez, se contempla la intervención jurisdiccional y, por ende, "la revisión previa" por parte de la CCC. En suma, se "crearía" un nuevo espacio institucional: un "mini congreso". En mi opinión, no es un Congreso tan pequeño; se trata de un Congreso bastante grande, con representaciones suficientes.

Ciertamente, hasta aquí, no se presencia ninguna revolución jurídica; sin embargo, un estudio razonablemente cuidadoso de cada uno de los fragmentos que comprenden la "totalidad" reformista aquí evocada mostrará la "complejidad inocultable" de los objetos jurídicos ilusionados para la paz colombiana.

Dentro de los aspectos complejos, debo señalar, en primer lugar, que si bien las reglas exigen el doble debate, los proyectos solamente podrán ser modificados en el primer debate. Pareciera entonces que el segundo debate sólo es para una legitimación política, antes que para una completar la creación jurídica. En segundo lugar, el mecanismo de la improbación constituye una verdadera novedad. Este mecanismo se eleva, con "religiosidad", como protocolo para la configuración de los consensos legislativos y constituyentes. Pienso que la principal dificultad para "aprobar" el método de la "improbación" es de carácter epistemológico. Hay una inversión: todo será derecho siempre que no se lo desdiga ni se lo "no apruebe" con una mayoría calificada. Si "detener la guerra" implica esta adversidad, el mecanismo improbatorio tendría que ser asumido con resignada conciencia de la debilidad epistémica que significa condicionar el debate (congresual o constituyente) del modo que constitucionalmente se orienta en la propuesta de Acto Legislativo número 4 de 2015.

Dedico mi última observación al parágrafo final. En el orden jurídico colombiano pareciera que suele apelarse a los "parágrafos" al final de las enunciaciones normativas; en este caso, el artículo bajo comentario ("Procedimiento Legislativo Especial para la Paz"), al igual que el que se comentará en la próxima subsección, contienen la siguiente formulación normativa: "Parágrafo. Este procedimiento [también las "facultades presidenciales"] sólo podrá aplicarse una vez se haya firmado y refrendado popularmente el Acuerdo Final, a través del mecanismo que se defina para tal efecto".

Debo confesar que estas letras que se prescribirían llegan a entusiasmarme. El objeto constitucional producido o el saber que lo comenta y dogmatiza jamás es completo ni final. Resulta interesante el puente referido en el "parágrafo" para iluminar, acortar o corregir las distancias. La participación ciudadana, más allá de que hoy se discuta cuál va a ser la forma que va a adquirir o cómo se precipitaría, no soslaya que podamos entender que todos los colombianos y las colombianas tendrán la posibilidad de participar útilmente en una convocatoria programada por este propio instrumento, el Acto Legislativo número 4 de 2015. El "mecanismo que se defina", más allá del nomen juris y su obligatorio encaje jurídico, significa un paso en la construcción de un "constitucionalismo ciudadano", porque importa y se basa en la responsabilidad, tolerancia y compromiso en el marco de una sociedad abierta. Esta apertura, precisamente, es el mejor indicador de que la configuración del derecho constituyente de una comunidad no "debe" ni "puede" quedar a cargo, con exclusividad, de los servidores públicos o autoridades creadas por la suma regla.

Para todo tipo de decisión crucial es útil convocar al ciudadano; en este caso, a las ciudadanas y a los ciudadanos de Colombia. Sería plausible que la participación ciudadana, en comicios auténticos, distase de ser facultativa en esta ocasión; motivo por el cual la fórmula constitucional "tomar parte" en "elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, y otras formas de participación democrática", deducida por el artículo 40, apartado 2, de la CPC 1991, también entrañaría en este caso un "deber constituyente". Por ello, comprometido con el proceso de la paz y la participación ciudadana, apoyaría que fuese obligatorio el sufragio de todos los colombianos y las colombianas que participarían en este "mecanismo", cuyo modelo -como se refiere- se definirá "para tal efecto".

C.2. Sobre las facultades presidenciales de paz

Primero, como ya he propuesto, leamos directamente las palabras generadoras:

Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia del presente artículo, o a partir de la refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) si ésta fuese posterior, facúltase al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final.

Estas facultades podrán prorrogarse por una sola vez durante 90 días más mediante Decreto Presidencial. Vencido este plazo las leyes ordinarias necesarias para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final se tramitarán por el procedimiento establecido en el artículo anterior. Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias y leyes orgánicas.

El Gobierno Nacional entregará informes periódicos al Congreso de la República sobre el cumplimiento y desarrollo de este artículo.

Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad automático y posterior a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los 2 meses siguientes a su aprobación.

Ya he indicado más arriba, al comentar el artículo 188 de la CPC 1991, y ahora lo refuerzo, que, en efecto, la Constitución colombiana de 1991 mantiene un enunciado casi inédito en América Latina: "... el presidente de la República simboliza la unidad nacional, y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos". Si está en la Constitución, debe ser acatado. Que el presidente de la República sea el líder del proceso constitucional y de la unidad nacional no es reconducir a un patrón de validez, sino que se refiere a la unión nacional. En ese caso, en este momento, Juan Manuel Santos (o en el futuro quien lo sucediere, ya que tiene prohibida una nueva reelección) es el símbolo de la unidad nacional porque así lo prescribe la CPC 1991. La Constitución federal de la Argentina no sostiene nada en términos semejantes; la Constitución de Brasil tampoco.

La "unidad nacional", a mi juicio, correspondería ser interpretada dentro de las acepciones que entrega el DRAE: 1) "unión o conformidad", 2) "propiedad de un estado de un ser [Colombia] en virtud del cual no puede dividirse sin que su esencia se altere o destruya". Desde una perspectiva intensa, la "unidad nacional" pareciera suponer o podría significar la aptitud excepcional de la rama ejecutiva para la concreción, es decir, el "hilván fino" de la paz. Sin embargo, yo no pienso así.

Queda claro que se habilita al presidente para dictar "decretos con fuerza de ley necesarios" con el fin de facilitar y asegurar el Acuerdo Final. Infiero que, aunque el Proyecto dice "decretos", y el artículo 150, numeral 10, se refiere a "normas", ambos aluden a la misma cosa. Cabe recordar que la existencia de estos instrumentos ha sido objeto de reiteradas y acertadas críticas de la doctrina. La legislación por parte de las ramas ejecutivas significa un abuso del derecho, se encuentre o no se encuentre constitucionalizada.

Invitado a Bogotá para este importante encuentro, no he cambiado mis ideas repulsivas sobre estos "engendros maliciosos" que se entregan a los ejecutivos presidencialistas para legislar como si fuesen congresos, convenciones o asambleas individuadas en la singularidad pasional y racional de una sola persona -a la sazón, el presidente-, más allá de los recaudos que se imponen en diferentes textos respecto de la participación ocasional y "simpática" de los ministros del gobierno.

Constitucionalmente, no parece la mejor idea aumentar las facultades de un presidente que tiene competencias distinguidas y desarrolladas en la CPC 1991. Esto implicaría incrementar potencialmente lo ya incrementado con vastedad sombría. Resulta natural que en el proceso de paz tienen que actuar los sujetos, por eso la propuesta es plural. Las soluciones colegiadas o interorgánicas serán siempre superiores debido a las fórmulas de consenso amplias y abarcativas que, por naturaleza, no poseen las individuales de un presidente.

No puedo afirmar que las atribuciones constitucionales al presidente no existen. Mi preferencia de constitutione ferenda apunta a su abolición; ahora, meramente de constitutione lata, optaría por su no concesión individual y la apertura de un colegiado para la paz. Me queda sólo un alivio, la temporalidad: serán 90 días más 90 días, y nada más. ¿180 días para estar pendientes de la exorbitancia, desvíos o abusos del poder del Ejecutivo? ¿O el acierto más certero y pacificador?