1. INTRODUCCIÓN

En el elenco de las disciplinas jurídicas, el Derecho Internacional Privado tiene por objeto analizar, estudiar y brindar soluciones a aquellas relaciones jurídicas en las que se presentan elementos extranjeros, internacionales, extraños al derecho local y que involucran al menos a un interés privado.

Cuando estas relaciones se desarrollan en un espacio integrado, nos encontramos ante uno de los ámbitos espaciales de acción del Derecho Internacional Privado. He aquí el valor de esta rama del derecho para regular un sinnúmero de relaciones jurídicas entre particulares que se crean, desenvuelven y extinguen en el contexto de un proceso de integración regional, como es el caso del MERCOSUR, que, por otra parte, dado sus propios objetivos, intensifica, promueve, propicia, estimula el intercambio comercial y el desplazamiento de las personas humanas y jurídicas que actúan en los Estados Miembros del bloque.

En suma, "la integración requiere para concretarse de una estructura jurídica que incluya entre otras ramas, al Derecho Internacional Privado".

El Tratado de Asunción de 1991, por el que se constituye el MERCOSUR, entre sus objetivos, enuncia el "compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración" (artículo 1°).

Nos encontramos con una norma de derecho constitutivo que pone en cabeza de los Estados Partes originarios: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la obligación de armonizar sus legislaciones en determinados sectores, áreas jurídicas que se consideren pertinentes en tanto y en cuanto ello resulte necesario para la consolidación del mercado común.

Poco tiempo después de la suscripción del Tratado de Asunción, el Ministerio de Justicia de la República Argentina propició ante el Poder Ejecutivo la incorporación a su estructura orgánica de una Dirección específicamente destinada al cumplimiento de tales cometidos en el ámbito del MERCOSUR.

Así fue como por Decreto 1570/91 (B.O. 27 de septiembre de 1991), el Ministerio incorporó a su estructura, la Dirección de Derecho Comunitario, con la finalidad de:

estudiar y elaborar proyectos y modificaciones del ordenamiento normativo, tendiente a la compatibilización o unificación de nuestro derecho, con el de los Estados integrantes del Acuerdo MERCOSUR, en cuanto a la circulación de personas, bienes, servicio, capitales y tecnología.

Por Decreto 2358/93 (B.O. 23 de noviembre de 1993), se la sustituyo por la Dirección de Derecho de la Integración, ampliando su ámbito de actuación y competencia, siéndole asignada la responsabilidad primaria de:

Asistir al Secretario de Justicia en el estudio y elaboración de anteproyectos y proyectos normativos para la compatibilización o integración de nuestro derecho con el de los Estados ratificantes del Acuerdo MERCOSUR, dentro del marco de todos los acuerdos de integración en los que Argentina sea parte.

A su turno, nuestro Ministerio de Justicia decidió convocar a sus pares de los Estados miembros a una reunión de trabajo, que se celebró entre el 23 y el 25 de octubre de 1991. En dicha oportunidad, los representantes de los ministerios de justicia concluyeron que el mecanismo idóneo para el cumplimiento de las incumbencias propias en el ámbito del MERCOSUR era el de que sus Ministros debían celebrar encuentros periódicos con el objeto de lograr la armonización del Derecho, e impulsar la cooperación jurídica como instrumentos para la mejor realización de la justicia en el área. Asimismo, se acordó la conveniencia de la constitución de una Comisión Técnica para establecer un régimen permanente de trabajo entre los distintos Ministerios competentes para asegurar la continuidad de los objetivos previstos en el Tratado de Asunción.

Finalmente, por Decisión N° 08/91 del Consejo del Mercado Común (CMC) se creó la Reunión de Ministros de Justicia, que tiene como finalidad proponer las medidas tendientes al desenvolvimiento de un marco común para la cooperación jurídica entre los Estados Partes. En consecuencia, en cada uno de los Estados se designaron representantes de los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores para integrarla.

La Reunión de Ministros de Justicia generalmente se reúne cada seis meses, siendo convocada por el Ministro del Estado que tiene la presidencia pro tempore del MERCOSUR y quien preside el semestre.

En este contexto, se fueron elaborando normas de Derecho Internacional Privado sobre algunos aspectos específicos. Así se optó por comenzar con áreas que no parecían ofrecer resistencias: la cooperación internacional y la jurisdicción internacional. De este modo, comenzó a elaborarse la dimensión autónoma del Derecho Internacional Privado del MERCOSUR, integrada por Protocolos, entre los que cabe mencionar inicialmente el Protocolo de Las Leñas de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa (1992), el de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual (1994), el de Ouro Preto de Medidas Cautelares (1994), el de San Luis en Materia de Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de Tránsito (1996), el de Asistencia Jurídica mutua en Asuntos Penales (1996), todos ellos vigentes en los cuatro Estados Miembros, y el de Santa María sobre Jurisdicción Internacional en materia de Relaciones de Consumo (1996), no en vigor.

Tal como podemos apreciar, el instrumento elegido para ello fue, en un primer momento, el Protocolo. Es decir, acuerdos complementarios al Tratado de Asunción. Cuando se incorporaron a las negociaciones los dos primeros Estados Asociados, Bolivia y Chile, se implementó un nuevo instrumento: los acuerdos que, a diferencia de los Protocolos, no quedan sometidos automáticamente al sistema general de solución de controversias del MERCOSUR. A partir de entonces, se celebraron acuerdos homónimos o gemelos, uno para los Estados miembros plenos del MERCOSUR, y otro para el denominado MERCOSUR ampliado, "cuatro más uno": MERCOSUR más Bolivia y/o Chile. Por ejemplo, el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, entre los Estados partes del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile (2002), el Acuerdo sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile (2001), el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del MERCOSUR (1998) y el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile (1998), el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados partes del MERCOSUR (1998) y el Acuerdo del mismo nombre entre los Estados partes del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile (1998), el Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita entre los Estados partes del MERCOSUR (2000) y el Acuerdo del mismo nombre entre éstos y la República de Bolivia y la República de Chile (2000), el Acuerdo sobre Jurisdicción en materia de Contrato de Transporte Internacional de carga entre los Estados partes del MERCOSUR (2002) y el Acuerdo homónimo entre éstos y la República de Bolivia y la República de Chile (2002), entre otros.

Según podemos ver, varios Protocolos y Acuerdos han sido celebrados en el seno del MERCOSUR sobre cuestiones atinentes al Derecho Internacional Privado, y otros tantos proyectos y propuestas se han elaborado, que aún no han entrado en vigor. Entre estos últimos, destaca el Acuerdo entre los Estados Partes del MERCOSUR y Asociados sobre jurisdicción internacionalmente competente, ley aplicable y cooperación jurídica internacional en materia de matrimonio, relaciones personales entre los cónyuges, régimen matrimonial de bienes, divorcio, separación conyugal y unión no matrimonial (Decisión CMC N° 58/2012, no vigente).

Ahora bien, sin perjuicio de las relaciones de jerarquía y compatibilidad con otras normas convencionales o internas de los Estados miembros, es interesante analizar el reciente proceso legislativo que se da dado en el Derecho Argentino. Ha sido aprobado un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), en cuyo Libro Sexto, incluye un Titulo IV dedicado a las Disposiciones de Derecho Internacional Privado, donde podemos apreciar la inspiración e incidencia de muchas normas mercosureñas. De este aspecto, nos ocuparemos en esta oportunidad.

2. RELACIONES Y DIÁLOGO DE LAS FUENTES NACIONALES Y REGIONALES

Tal como enseña Erik Jayme en el Curso General que brindó en 1995 en la Academia de La Haya, la pluralidad de las fuentes, propia del derecho posmoderno, requiere la coordinación de las leyes en el interior del sistema jurídico. Ésta es una condición para la eficiencia y la justicia en una época marcada por la tendencia de legislarse sobre las más variadas materias, muchas veces convergentes, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional.

Recordemos sus palabras:

Dès lors que l'on évoque la communication en droit international privé, le phénomène le plus important est le fait que la solution des conflits de lois émerge comme résultat d'un dialogue entre les sources les plus hétérogènes. Les droits de l'homme, les constitutions, les conventions internationales, les systèmes nationaux: toutes ces sources ne s'excluent pas mutuellement; elles ´parlent´ l'une à l'autre. Les juges sont tenus de coordonner ces sources en écoutant ce qu'elles disent.

Efectivamente, Jayme denomina "diálogo de las fuentes" a la aplicación simultánea, coherente y coordinada de fuentes legislativas convergentes. En ese sentido, debe encaminarse, a nuestro modo de ver, la interpretación y aplicación del nuevo artículo 2594 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN).

Dicha disposición, bajo el título "Normas aplicables" establece que:

Las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso y, en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas del derecho internacional privado argentino de fuente interna.

Este precepto tiene por finalidad indicar las fuentes principales del Derecho Internacional Privado, dando cuenta además de su jerarquía. Los casos iusprivatistas internacionales se deben resolver de acuerdo, en primer lugar, por los tratados internacionales, y en su defecto por las normas (directas e indirectas) de fuente interna previstas principalmente en el propio Código Civil y Comercial.

La norma transcripta es muy similar al artículo 1° de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado (CIDIP II, celebrada en Montevideo en 1979, en vigor en la República Argentina desde 1983):

La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con derecho extranjero, se sujetará a lo establecido en esta Convención y demás convenciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados parte. En defecto de norma internacional, los Estados parte aplicarán las reglas de conflicto de su derecho interno.

Si bien las normas de fondo derogadas no contemplaban ninguna disposición acerca de las fuentes del Derecho Internacional Privado, la primacía de los tratados respecto a las leyes ha sido afirmada desde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el caso "Ekmekdjian c/ Sofovich", de 1992 y principalmente, desde la reforma de 1994 de la Constitución Nacional (CN).

En efecto, la reforma en el art. 75 inc. 22 CN, primera parte, consagró la superioridad de los tratados internacionales y de los concordatos celebrados con la Santa Sede frente a las leyes. Es decir que los tratados en general tienen jerarquía supralegal pero infraconstitucional puesto que deben respetar los principios de derecho público constitucional (art. 27 CN).

A su turno, este diálogo de fuentes se nutre en otros contextos de normas de alcance supranacional. Tal es el caso de los Estados que integran la Unión Europea, que deben contemplar en primer lugar la existencia de tales normas, que gozan de primacía respecto de los derechos estatales, y de aplicabilidad inmediata y efecto directo.

Sin embargo, el caso del MERCOSUR es muy diferente al de la Unión Europea, pues en nuestro bloque, en el mejor de los casos, las normas elaboradas en su seno son de origen convencional y cada Estado parte, de acuerdo a su Constitución Nacional y a su jurisprudencia, le reconocen un diverso alcance y jerarquía.

En efecto, en el MERCOSUR se presentan las ya célebres "asimetrías constitucionales", de las que no nos ocuparemos en esta ocasión.

Por otro lado, en tanto son normas de naturaleza convencional, en un país como Argentina que reconoce jerarquía supralegal a los tratados internacionales en general y a los tratados de integración, en particular, observamos a simple vista que es posible encontrarnos con normas de idéntica jerarquía en la misma materia, ratificada por los mismos Estados. En efecto, la República Argentina está vinculada por numerosos tratados de Derecho Internacional Privado: desde los célebres Tratados de Montevideo, de 1889 y 1940 (en esta segunda versión, recuérdese que vinculan a la Argentina con Paraguay y Uruguay), las Convenciones Interamericanas de Derecho Internacional Privado (las "CIDIP"), celebradas bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA), hasta las Convenciones de alcance universal, celebradas en el marco de Naciones Unidas, especialmente elaboradas en el seno de la Comisión para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, en sus siglas en inglés, CNUDMI, en español) y todos aquellos Convenios de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya.

Ante este panorama, hasta hace muy poco tiempo, la República Argentina tenía que colmar sus vacios normativos de fuente interna, con las soluciones de cgr6fuente convencional, aun cuando no resultaran aplicables al caso en concreto. En muchas ocasiones fueron las normas mercosureñas que permitieron dar respuesta a tales casos. Sin embargo, desde el 1 de agosto de 2015, contamos con disposiciones específicas de Derecho Internacional Privado de índole nacional. Tal como señalamos, las podemos encontrar en el Título IV del Libro Sexto, distribuidas en tres capítulos. Como estudiaremos a continuación, un porcentaje significativo de tales normas encontraron inspiración en reglas adoptadas en el MERCOSUR. Veamos.

3. ANTECEDENTES REGIONALES DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES ARGENTINAS

Seguidamente analizaremos aquellas normas nacionales que encuentran sus antecedentes en disposiciones regionales. Para ello, seguiremos el orden en que tales reglas han sido dispuestas por el legislador argentino.

4. LAS UNIONES CONVIVENCIALES

En tanto el Código Civil derogado no contemplaba en sus normas sustantivas la figura de la unión convivencial o un instituto similar, tampoco se había preocupado por incluir reglas para determinar la jurisdicción internacional competente en los casos en que estas relaciones jurídicas presentaran algún elemento extranjero. Esta situación no dejaba de ser compleja en tanto podía presentarse el caso en el que se pretendiese el reconocimiento extraterritorial en el país de una unión convivencial nacida bajo el amparo de una legislación extranjera. Aquí bien podía configurarse un supuesto de institución desconocida, en donde el juez se viera obligado a buscar una institución análoga existente en el país.

Tal como afirma Fresnedo de Aguirre, en general se le ha prestado poca atención a las cuestiones propias del DIPr al regular los nuevos institutos jurídicos referidos a las uniones no matrimoniales heterosexuales u homosexuales.

Las nuevas normas argentinas han incorporado a la legislación argentina las llamadas uniones convivenciales. Es por ello, que también ha sido incluida en las disposiciones de Derecho Internacional Privado. Según los fundamentos del Anteproyecto:

...frente a la realidad de nuevas formas familiares, se ha regulado la unión convivencial, tanto en los aspectos de jurisdicción internacional como de derecho aplicable, en una clara aproximación a la regulación del Proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado del Uruguay.

En materia de juez competente, el legislador ha optado, en el artículo 2627 CCCN por la jurisdicción concurrente de los tribunales del lugar del domicilio o residencia habitual del demandado, o bien los del lugar del domicilio efectivo común de los convivientes, siempre a elección de la parte actora.

A su turno, el artículo 2628 CCCN dispone que la unión convivencial se rige por el derecho del Estado en donde se pretenda hacer valer.

Dicha norma ha seguido, entonces, un criterio territorialista: aplicar el derecho del Estado en donde se pretenda hacer valer la unión convivencial y principalmente sus efectos. Es decir que, en tanto, la unión se haga valer en nuestro país siendo que el Código ha regulado expresamente la figura (arts. 509 a 528 CCCN), nuestros jueces de acuerdo a la ley argentina y a sus requisitos reconocerían sus efectos en el territorio nacional, y no podrían recurrir a la institución desconocida para negárselos.

Por su lado, el Acuerdo del MERCOSUR de 2012 también se ocupa, con más detalle, de determinar tanto el juez competente como la ley aplicable en las llamadas "uniones no matrimoniales".

El artículo 4 determina que serán competentes para entender en los juicios sobre nulidad y disolución de las uniones no matrimoniales y relaciones patrimoniales vinculadas a ellas, a opción de la parte actora, tanto los jueces del Estado de reconocimiento o registro de la unión; los del domicilio del demandado; o los jueces del domicilio de la parte actora. Agrega, tal como lo hace en materia de matrimonio, que para resolver las cuestiones que surjan entre convivientes que afecten los bienes en materia de estricto carácter real, serán competentes los jueces del lugar en donde estén ubicados dichos bienes.

Además, contiene una disposición jurisdiccional específica para las acciones referidas a los efectos personales de las uniones no matrimoniales, para las que atribuye competencia a los jueces del Estado Parte donde se pretendan hacer valer (art. 5).

Respecto a la ley aplicable, el Acuerdo diferencia correctamente distintos aspectos: la capacidad de las personas para constituir la unión no matrimonial, su forma, existencia y validez, así como su disolución, por un lado, y los efectos derivados de tales uniones, por el otro. Las primeras cuestiones son sometidas a la ley del lugar de reconocimiento o registro de las uniones no matrimoniales, mientras que sus efectos se rigen por la ley del Estado donde se pretendan hacer valer.

5. LOS CONTRATOS INTERNACIONALES

El lugar de domicilio de los contratantes, el lugar de celebración del contrato, el lugar de su cumplimiento, el lugar de situación del bien objeto del contrato pueden internacionalizarlo.

En tales casos, el principio de autonomía de la voluntad adquiere un rol primordial.

Efectivamente, en materia contractual, tanto en el ámbito interno como internacional, rige la libertad de contratación. Pero cuando estamos en presencia de un contrato internacional, la autonomía de la voluntad despliega otras características, pues habilita a las partes a elegir tantos a los jueces o árbitros que diriman sus controversias, así como a seleccionar la ley aplicable que rija el contrato en caso de conflicto.

En los fundamentos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los redactores se refieren a la consagración del principio de la autonomía de la voluntad, receptado en la jurisprudencia de nuestros tribunales, en la doctrina mayoritaria, en las soluciones adoptadas en el derecho comparado y en convenciones de las que nuestro país forma parte.

En virtud de ello, el derecho argentino actual en su fuente interna brinda un amplio reconocimiento de la autonomía de la voluntad tanto para seleccionar el juez competente como la ley aplicable (en esto último, reconoce la autonomía conflictual como la material). Y, en ausencia de elección, contempla criterios subsidiarios.

Por su parte, el MERCOSUR solo se ha ocupado del problema jurisdiccional, puesto que no ha encarado aún la cuestión del derecho aplicable. En razón de ello, nos limitaremos aquí a las reglas de competencia internacional en materia contractual.

En efecto, el artículo 2650 CCCN establece que, no existiendo acuerdo válido de elección de foro, son competentes para conocer en las acciones resultantes de un contrato, a opción de actor: a) los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado. Si existen varios demandados, los jueces el domicilio o residencia habitual de cualquiera de ellos; b) los jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales; c) los jueces del lugar donde se ubica una agencia, sucursal o representación del demandado, siempre que ésta haya participado en la negociación o celebración del contrato.

A su turno, el Protocolo de Buenos Aires de 1994 sobre jurisdicción internacional en materia contractual, en el marco del MERCOSUR, a falta de acuerdo de prórroga, establece la jurisdicción de los tribunales del Estado del lugar de ejecución del contrato, o del tribunal del Estado del domicilio del demandado o bien el tribunal del Estado de domicilio del actor, si éste prueba que cumplió con la obligación a su cargo.

A simple vista, advertimos que el Protocolo de Buenos Aires, agrega la opción de litigar ante el domicilio del propio actor, pero condicionado al cumplimiento de sus obligaciones.

Sin embargo, encontramos otra diferencia importante. El art. 2650 se refiere al "lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales", mientras que el Protocolo en su artículo 8.1 expresamente lo limita al "lugar del cumplimiento del contrato el Estado Parte donde haya sido o deba ser cumplida la obligación que sirva de base para la demanda".

El legislador nacional se ha inclinado por la interpretación amplia del contacto "lugar de cumplimiento", que ha acogido nuestra jurisprudencia y ha seguido nuestra doctrina mayoritaria. Por ende, cualquier lugar de ejecución o cumplimiento en la República Argentina, abre la jurisdicción de nuestros tribunales, no sólo el expresamente convenido en el contrato, o el de la prestación más característica, sino también, el lugar donde el deudor debió cumplir y no cumplió, e incluso, donde el acreedor debió cumplir y cumplió.

El Protocolo de Buenos Aires también contempla el caso en que la persona jurídica tuviera sucursales, establecimientos, agencias o cualquier otra especie de representación. Inidca que se considerará domiciliada en el lugar donde funcionan y sujeta a la jurisdicción de las autoridades locales, en lo concerniente a las operaciones que allí practiquen. Sin embargo, aclara que esta calificación no obsta al derecho del actor a interponer la acción ante los tribunales de la sede principal de la administración.

6. LOS CONTRATOS DE CONSUMO

A fin de remediar la desigualdad de las partes en las relaciones de consumo, los legisladores nacionales se han ocupado de dictar leyes protectorias que procuran hallar un cierto equilibrio negocial entre los contratantes. Sin embargo, tanto nuestra ley como la de los restantes países de la región tienen por finalidad, en general, proteger al consumidor en casos nacionales, que no presentan ningún elemento extranjero.

En cambio, no encontrábamos en la legislación nacional, normas de Derecho Internacional Privado sobre jurisdicción o sobre ley aplicable que contemplen los casos de contratos internacionales de consumo.

En el ámbito convencional en materia contractual, ya sea respecto de ley aplicable o de jurisdicción, encontramos diversos instrumentos internacionales. No obstante, suelen no regular o directamente excluyen de su ámbito de aplicación a los contratos celebrados con consumidores.

Así lo hace, por ejemplo, el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en materia contractual, ya mencionado, que excluye de su ámbito de aplicación los contratos de venta al consumidor (artículo 2.6).

Sin embargo, en diciembre de 1996, el Consejo Mercado Común suscribió el Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de Consumo (Decisión CMC Nº 10/96 del 22 de diciembre de 1996), fruto del trabajo de la Reunión de Ministros de Justicia. Este Protocolo fija el procedimiento y los tribunales competentes para entender en cuestiones controvertidas nacidas de las relaciones de consumo, cuando proveedor y consumidor tengan su domicilio en distintos Estados del MERCOSUR, o cuando teniendo domicilio en un mismo Estado la prestación característica de la relación de consumo tenga lugar en otro Estado parte.

Tal como nos recuerda Perugini,

a medida que se avanzaba en el estudio y elaboración del Protocolo de Buenos Aires se advertía la necesidad de dedicarle un instrumento independiente al de consumo. Varias fueron las razones por las que se decidió desagregarlo del Protocolo de Buenos Aires. La diferencia de posiciones frente a la autonomía, el tratamiento diferenciado entre el consumidor y su contraparte, la necesidad de adecuar el proceso para proteger al consumidor, por ejemplo. Por otra parte, tratar cada jurisdicción separadamente permitía concluir antes el Protocolo y otorgar al MERCOSUR en no más de dos años un instrumento útil a sus objetivos de armonización.

No obstante, hasta la fecha el Protocolo de Santa María no ha podido entrar en vigor ya que su propio artículo 18 dispone expresamente que:

La tramitación de la aprobación del presente Protocolo en el ámbito de cada uno de los Estados Partes, con las adecuaciones que fueren necesarias, sólo podrá iniciarse después de la aprobación del Reglamento Común MERCOSUR para la Defensa del Consumidor en su totalidad, incluidos sus anexos, si los tuviere, por el Consejo del Mercado Común.

Es decir que autoexcluye su aplicación y la supedita a la aprobación de un Código de Defensa del Consumidor, que aún no ha sido aprobado.

Ahora, el nuevo Código contempla dos reglas sobre estos peculiares contratos: los arts. 2654 y 2655. Prohíbe recurrir a la autonomía de la voluntad tanto para elegir juez competente como ley aplicable y consagra conexiones rígidas alternativas. Nos ocuparemos exclusivamente de la norma jurisdiccional, dado que el MERCOSUR, como vimos, no elaboró aún reglas para el problema de la ley aplicable.

El art. 2654 CCCN, entonces, veda a las partes de un contrato de consumo la posibilidad de celebrar un acuerdo de elección de foro y en consecuencia determina para distintos supuestos, los criterios atributivos de jurisdicción internacional.

Dispone que las demandas que versen sobre relaciones de consumo pueden interponerse, a elección del consumidor ante los siguientes foros concurrentes: 1) los jueces del lugar de celebración del contrato, 2) los del lugar del cumplimiento de la prestación del servicio, 3) los de lugar de la entrega de bienes, 4) los del lugar del cumplimiento de la obligación de garantía, 5) los del domicilio del demandado o 6) los del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 2650 inciso c) también son competentes los jueces del Estado donde el demandado tiene sucursal, agencia o cualquier forma de representación comercial, cuando éstas hayan intervenido en la celebración del contrato o cuando el demandado las haya mencionado a los efectos del cumplimiento de una garantía contractual.

En el caso que la demanda sea entablada contra el consumidor, la otra parte contratante sólo puede interponerla ante los jueces del Estado del domicilio del consumidor.

Como podemos observar la disposición que comentamos sigue con algunas modificaciones las tendencias imperantes. En efecto, el Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de Consumo (Decisión CMC Nº 10/96 del 22 de diciembre de 1996), no vigente, contiene una regla general en materia de jurisdicción, indicando en el art. 4 que "tendrán jurisdicción internacional en las demandas entabladas por el consumidor, que versen sobre relaciones de consumo los jueces o tribunales del Estado en cuyo territorio esté domiciliado el consumidor". A su turno, el proveedor de bienes o servicios podrá demandar al consumidor ante el juez o tribunal del domicilio de éste. El art. 5 brinda otras opciones excepcionales, a disposición exclusiva del consumidor, manifestada expresamente en el momento de entablar la demanda, el Estado: a) los jueces del lugar de celebración del contrato; b) los jueces del lugar de cumplimiento de la prestación del servicio o de la entrega de los bienes; o c) los jueces del lugar del domicilio del demandado.

Finalmente, a tenor del artículo 6, si el demandado tuviere domicilio en un Estado Parte y en otro Estado Parte filial, sucursal, agencia o cualquier otra especie de representación con la cual realizó las operaciones que generaron el conflicto, el actor podrá demandar en cualquiera de dichos Estados.

Podemos advertir que, sorprendentemente, el art. 2654 CCCN no habilita al consumidor a demandar a su contraparte ante los jueces del lugar de su residencia habitual o domicilio, como contempla la regla general del Protocolo de Santa María ni siquiera bajo las condiciones que exige el Reglamento de la UE Nº 1215/2012 (en el caso del llamado "consumidor pasivo").

7. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

La responsabilidad ante el incumplimiento de estas obligaciones extracontractuales (aquellas que nacen sin convención) genera casos muy diversos, que van desde la responsabilidad emergente de los accidentes por automóviles, ferrocarriles, aeronaves o buques, la difamación, la responsabilidad de los fabricantes por el hecho de sus productos, la responsabilidad por los hechos de terceros (dependientes, etc.), la concurrencia desleal, hasta los casos de contaminación transfronteriza.

Sin perjuicio de la conveniencia de disposiciones que aprehendan casos especiales de responsabilidad civil, otros autores, como Fresnedo de Aguirre, sostienen la necesidad de algunas reglas generales:

Parece innegable que más allá de las posibles regulaciones puntuales de las subcategorías identificables dentro de la categoría genérica responsabilidad extracontractual, es necesario contar con un régimen general para regular aquellos casos en que no existe norma específica...Es decir que en cuanto a la extensión de la categoría, si bien es totalmente compartible que algunas cuestiones requieren, por su especificidad, una regulación propia e independiente (ejs.: la responsabilidad del fabricante por el producto, la contaminación transfronteriza (Opertti), los accidentes de tránsito, etc.), parece importante regular la responsabilidad extracontractual en general, como una categoría amplía, que le permita al aplicador del derecho calificar en ella una infinidad de relaciones jurídicas que le presenta a diario la realidad, y que resultaría imposible de prever y regular individualmente por el legislador.

Esa regla de alcance general, tanto para la determinación del juez competente como de la ley aplicable, ha consistido en consagrar la conexión "lugar de producción del hecho", la célebre lex loci delicti. Sin embargo, la rigidez de este criterio ha sufrido embates y la tendencia actual gira en torno a su matización o flexibilización, a través en general de su utilización como mera conexión alternativa o subsidiaria, pero ya no como punto de conexión único.

Asimismo, la locus delicti ha sido re calificada en los últimos tiempos como el lugar donde se produce efectivamente el daño. La diferencia entre el lugar donde se produce el hecho generador del daño y el lugar donde se produce la consecuencia dañosa es significativa en los llamados delitos a distancia, porque aquellos extremos ocurren, por definición, en distintos Estados.

El artículo 2656 CCCN establece que, excepto lo dispuesto en los artículos anteriores, son competentes para conocer en las acciones fundadas en la existencia de responsabilidad civil: a) el juez del domicilio del demandado; b) el juez del lugar en que se ha producido el hecho generador del daño o donde éste produce sus efectos dañosos directos.

El Código Civil derogado no contenía ninguna norma respecto a la jurisdicción internacional en materia de responsabilidad civil.

Por su parte, el MERCOSUR, si bien no ha adoptado reglas generales sobre responsabilidad civil, cuenta con el Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito 1996, en vigor, que en su art. 7 dispone que para ejercer las acciones comprendidas en este Protocolo serán competentes, a elección del actor, los tribunales del Estado Parte: a) donde se produjo el accidente; b) del domicilio del demandado; y c) del domicilio del demandante.

En ambas normas, el fundamento del foro especial previsto es el principio de proximidad razonable: el tribunal del lugar de producción del hecho dañoso está próximo al material probatorio. Adviértase que el foro especial puede desdoblarse según las circunstancias del caso en dos: los jueces del lugar en que se ha producido el hecho generador del daño o donde éste produce sus efectos dañosos directos.

Advertimos que el Protocolo de San Luis incluye una opción jurisdiccional adicional: el domicilio del demandante. Es decir, reconoce un foro protectorio a su favor, en tanto se presume que el damnificado es un "débil jurídico". Si bien el art. 2656 no lo menciona, en virtud del foro de necesidad previsto en el art. 2602 CCCN, bajo ciertas condiciones, podría abrirse también dicha alternativa.

En materia de derecho aplicable, el artículo 2657 CCCN dispone que, excepto disposición en contrario, para casos no previstos en los artículos anteriores, el derecho aplicable a una obligación emergente de la responsabilidad civil es el del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión.

No obstante, cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada tengan su domicilio en el mismo país en el momento en que se produzca el daño, se aplica el derecho de dicho país.

En similar inteligencia, el Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito de 1996 establece que la responsabilidad civil por accidentes de tránsito se regulará por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se produjo el accidente. Sin embargo, si en el accidente participaren o resultaren afectadas únicamente personas domiciliadas en otro Estado Parte, el mismo se regulará por el derecho interno de éste último (art. 3).

CONSIDERACIONES FINALES

El Derecho Internacional Privado ha dejado de ser una disciplina especializada y elitista, alejada del resto del ordenamiento jurídico, como la Cenicienta de las materias en las Carreras de Abogacía. Las situaciones jurídicas privadas de alcance internacional hoy nos involucran a todos, no solo a las grandes multinacionales, que operan en el mundo de los negocios internacionales.

Los escenarios hoy son más complejos: la globalización, la diversidad cultural, la integración socio - económica, el ciberespacio, el fenómeno migratorio temporal y permanente. Nuestra disciplina necesita adaptarse a las nuevas exigencias. A ello responde el pluralismo de fuentes y de métodos.

Nuestro Derecho Internacional Privado debe organizar las reglas nacionales, internacionales, supranacionales y transnacionales en pos de la coordinación de los sistemas jurídicos en juego y debe evitar la mera multiplicidad de fuentes superpuestas, inconexas e incluso contradictorias. Un buen pluralismo normativo persigue la coherencia, la complementación, la coordinación y el diálogo entre las distintas fuentes.

Respecto al Derecho Internacional Privado argentino de fuente interna, se imponía desde hace muchos años una reforma integral. Contábamos con un DIPr decimonónico que exigía una puesta al día urgente.

Sin lugar a dudas, las nuevas Disposiciones de Derecho Internacional Privado, insertas en el Título del IV del Libro Sexto sobre Disposiciones Comunes a los Derechos Personales y Reales, configuran un avance significativo para esta disciplina.

Celebramos, en esta ocasión, que el legislador argentino haya contemplado las normas del MERCOSUR, para tomarlas como antecedentes e inspiración de nuestra fuente interna, procurando eludir incompatibilidades no deseadas, y en búsqueda de un fecundo diálogo de normas nacionales y regionales.

NOTAS

DREYZIN de KLOR, Adriana y URIONDO de MARTINOLI, Amalia. "Implicancia de la integración en el Derecho Internacional Privado". La Ley 1994-E, 1116.

Todo Estado que adhiera al Tratado de Asunción, automáticamente acepta los Protocolos complementarios.

Es el Acuerdo gemelo al Protocolo de Las Leñas, de 1992.

Es el Acuerdo gemelo al Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, de 1996.

JAYME, Erik. "Identité culturelle et intégration: le droit privé postmoderne. Cours général de droit international privé". Recueil des cours. 1995, tomo 251, p. 9 y ss.

Ibíd, p. 251.

La Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado vincula a la Argentina con Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En este trascendente fallo la Corte cambió su doctrina efectuando un giro de ciento ochenta grados. En este pronunciamiento la Corte reconoció que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Para esto utilizó dos fundamentos: uno, de Derecho interno constitucional y otro, de Derecho internacional. En lo que concierne al primero de los fundamentos, sostuvo: "La derogación de un tratado internacional por una ley del Congreso, violenta la distribución de competencias impuesta por la misma (C.N.) porque mediante una ley se podría derogar el acto federal complejo de la celebración de un tratado...Constituiría un avance inconstitucional del Poder Legislativo... sobre atribuciones del Poder Ejecutivo... que es quien conduce exclusiva y excluyentemente las relaciones exteriores...". Por otra parte, el fundamento de derecho internacional fue esgrimido para sustentar su cambio de doctrina con respecto a la jerarquía de los tratados en relación con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados según el cual ningún Estado podrá invocar su derecho interno para incumplir una norma internacional.

Puede ampliarse en esta misma Revista en: FELDSTEIN de CÁRDENAS, Sara L. y SCOTTI, Luciana B. "Las asimetrías constitucionales: un problema siempre vigente en el MERCOSUR" [en línea]. Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR. 2013, año 1, n° 2, p. 271 - 311 [consulta: 10/02/2016]. Disponible en: <http://www.revistastpr.com/index.php/rstpr/article/view/19>

El Título IV, bajo el título "Disposiciones de Derecho Internacional Privado", inserto en el Libro Sexto sobre "Disposiciones Comunes a los Derechos Personales y Reales", consta de 77 artículos ordenados en Capítulos.

El Capítulo I regula los problemas generales del DIPr referentes al derecho aplicable (arts. 2594 a 2600). El Capítulo II se dedica a reglas sobre jurisdicción internacional (arts. 2601 a 2612). El Capítulo III contiene la Parte Especial (arts. 2613 a 2671), la que está subdividida en quince Secciones, dedicadas a: Personas Humanas (Sección I, arts. 2613 a 2620); Matrimonio (Sección 2ª., arts. 2621 a 2626); Unión convivencial (Sección 3ª, arts. 2627 a 2628); Alimentos (Sección 4ª, arts. 2629 a 2630); Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida (Sección 5ª, arts. 2631 a 2634); Adopción (Sección 6ª, arts. 2635 a 2638); Responsabilidad parental e instituciones de protección (Sección 7ª, (arts. 2639 a 2641); Restitución Internacional de niños (Sección 8ª, art. 2642); Sucesiones (Sección 9ª, arts. 2643 a 2648); Forma de los actos jurídicos (Sección 10ª, art. 2649); Contratos (Sección 11ª, arts. 2650 a 2653); Contratos de consumo (Sección 12ª, arts. 2654 a 2655); Responsabilidad Civil (Sección 13ª, arts. 2656 a 2657); Títulos valores (Sección 14ª, arts. 2658 a 2662); Derechos Reales (Sección 15ª, arts. 2663 a 2670); y Prescripción (Sección 16ª, art. 2671).

Solo nos referiremos a materias incluidas en el título dedicado específicamente a las disposiciones de Derecho Internacional Privado. Sin embargo, encontramos que el Capítulo 29 del Título IV (Contratos en particular) correspondiente al Libro Tercero (Derecho personales), que se refiere al llamado contrato de arbitraje encuentra algunas similitudes con las normas de los Acuerdos sobre Arbitraje Comercial Internacional del MERCOSUR (1998).

FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. (ed.). Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR. Buenos Aires: Zavalía, Buenos Aires. 2003, p. 146-148.

TELLECHEA BERGMAN, Eduardo. La dimensión judicial del caso privado internacional en el ámbito regional. Montevideo: FCU. 2002. p. 221-222.

Este Acuerdo cuenta con una disposición sobre aplicación del derecho extranjero que dispone: "La ley que resulte aplicable en virtud de las disposiciones del presente Acuerdo deberá ser aplicada de oficio e interpretada del mismo modo como harían los tribunales del Estado a cuyo ordenamiento jurídico pertenece. Los tribunales sólo podrán declararla inaplicable cuando contraríen manifiestamente principios fundamentales de orden público internacional del Estado donde se pretende hacer valer". El artículo 2595 CCCN, complementado con el artículo 2600, ambos de alcance general, llevan a una solución muy similar a la contemplada por dicho Acuerdo.

El art. 2.c del Acuerdo del MERCOSUR define "Domicilio conyugal" como el Estado donde los cónyuges vivan de consuno o aquel donde ambos tienen sus domicilios propios.

El art. 2.e define "Último domicilio conyugal" como el Estado de la última convivencia efectiva de los cónyuges.

Numerosos sistemas de derecho internacional privado extranjeros permiten a los cónyuges elegir la ley aplicable a sus relaciones patrimoniales, ya sea éste legal o pactado, así la Ley italiana de Derecho Internacional Privado de 1995 (art. 30); la Ley de Derecho Internacional Privado Suiza de 1987 (art. 52); la Ley de Derecho Internacional Privado de Rumania de 1992 (art. 21.2), la Ley de Derecho Internacional Privado de Turquía de 1982 (art. 14.1), entre otros.

No se encuentra un fundamento jurídico serio, más allá de la preferencia por la aplicación del derecho argentino, respecto de la posibilidad que tienen los cónyuges de optar por nuestro derecho en caso de cambio de domicilio en nuestro país y no reconocer el caso inverso, es decir permitir la opción por el derecho extranjero en caso que se haya mudado el domicilio conyugal desde Argentina a un país extranjero. Si bien es cierto que la elección del legislador a favor del "primer domicilio conyugal" se funda en la prevención del fraude a la ley y en general, lo que realmente se intenta preservar a través de este instituto son las normas imperativas del derecho del foro sobre régimen patrimonial del matrimonio, lo cierto es que no se advierte cuál es el problema que se quiere evitar aun cuando el acuerdo de los cónyuges conste en instrumento público y no afecte derechos de terceros.

El fundamento de la no regulación es que en la realidad actual no existen los motivos que llevaron al legislador a receptar ambas instituciones en el Código Civil. En efecto, los Fundamentos de la derogación de la figura de la separación personal son: "a) la separación tuvo su razón de ser en un contexto jurídico y social diferente al actual, como una alternativa para quienes se oponían al divorcio vincular cuando este se incorporó de manera autónoma al derecho argentino después de años de matrimonio indisoluble, y b) Su escasa aplicación práctica: en los hechos, cuando se acude a la separación personal no es por razones religiosas, sino por no haberse cumplido el plazo mínimo desde la celebración del matrimonio para solicitar el divorcio de común acuerdo o el plazo de separación de hecho sin voluntad de unirse para peticionar el divorcio vincular por esta causal de manera unilateral" (Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Título IV: Derecho Internacional Privado, 2012. Disponible en: <http://www.nuevocodigocivil.com/pdf/Fundamentos-del-Proyecto.pdf> [Consulta: 10/02/2015]).

FRESNEDO de AGUIRRE, Cecilia. "Uniones matrimoniales y no matrimoniales. Su continuidad jurídica a través de las fronteras" [en línea]. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. 2008. p. 313-344. [consulta: 28/10/2015] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42723039014> y en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/123.5/cnt/cnt14.htm>

El art. 2.a del Acuerdo define "Unión no matrimonial" como aquellas uniones convivenciales, estables, permanentes, civiles o cualquier otra denominación, registradas o reconocidas por cada una de las Partes y establecidas libremente por dos personas, independientemente del sexo u orientación sexual, que convivan en una relación afectiva estable, permanente, notoria y pública, respetando la legislación de cada país.

Según el Acuerdo, teniendo en consideración las asimetrías sobre el tema que encontramos en las legislaciones de los Estados parte, el reconocimiento de las uniones no matrimoniales celebradas entre personas del mismo sexo no será obligatorio para el Estado Parte donde se lo pretende hacer valer, si su ordenamiento jurídico no lo admite.

El ámbito de aplicación del Protocolo de Buenos Aires está definido en el artículo 1º: El presente Protocolo se aplicará a la jurisdicción contenciosa internacional relativa a los contratos internacionales de naturaleza civil o comercial celebrados entre particulares - personas físicas o jurídicas: a) con domicilio o sede social en diferentes Estados Partes del Tratado de Asunción; b) cuando por lo menos una de las partes del contrato tenga su domicilio o sede social en un Estado Parte del Tratado de Asunción y además se haya hecho un acuerdo de elección de foro a favor de un juez de un Estado Parte y exista una conexión razonable según las normas de jurisdicción de este Protocolo". A su turno, el artículo 2º excluye de su ámbito de aplicación ciertas materias: 1. Los negocios jurídicos entre los fallidos y sus acreedores y demás procedimientos análogos, especialmente los concordatos; 2. Los acuerdos en el ámbito del derecho de familia y sucesorio; 3. Los contratos de seguridad social; 4. Los contratos administrativos; 5. Los contratos laborales; 6. Los contratos de venta al consumidor; 7. Los contratos de transporte; 8. Los contratos de seguros; 9. Los derechos reales.

El artículo 7 del Protocolo de Buenos Aires dispone: "En ausencia de acuerdo tienen jurisdicción a elección del actor: a) Los jueces del lugar de cumplimiento del contrato; b) Los jueces del domicilio del demandado; c) Los jueces de su domicilio o sede social cuando demostrare que cumplió con su prestación". Los artículos 8 y 9, respectivamente, califican lugar de cumplimiento del contrato y domicilio del demandado.

Así fue establecido en el caso "Antonio Espósito e Hijos S.R.L. v. Jocqueviel de Vieu", en el cual la Cámara Comercial sostuvo que la calificación de "lugar de cumplimiento" es distinta según se trate de determinar el juez competente o la ley aplicable. A los fines del art. 1215 del Código Civil, para establecer la jurisdicción en materia de contratos internacionales, cualquier lugar de cumplimiento y no necesariamente el de la prestación más característica, sirve para abrir la jurisdicción (CNCom. Sala E, 10 de octubre de 1985, en LL1986-D, 46).

Asimismo, en el caso "Exportadora Buenos Aires S.A. c/ Holiday Inn´s Worldwide Inc.", la Corte Suprema resolvió que "en ausencia de tratado, la cuestión de competencia debe dirimirse sobre la base de normas de jurisdicción internacional en materia contractual, a saber los artículos 1215 y 1216 del Código Civil que abren la jurisdicción de los jueces argentinos cuando el domicilio o residencia del deudor estuviere en la República Argentina, o, concurrentemente, cuando el contrato de que se trate deba tener su cumplimiento en ella" y advirtió que "en ausencia de solución convencional específica, cualquier lugar de cumplimiento de las obligaciones en la República justifica la apertura de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos (conf. art. 1215 Cód. Civil)" (CSJN, 20/10/1998, en Fallos 321-3-2894/2904 y en LL 2000-A, 403).

PERUGINI ZANETTI, Alicia. "Derecho Internacional Privado del Consumidor". En: XVIII Congreso Ordinario de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Sección Derecho Internacional Privado [en línea]Rosario. 2005. [consulta: 01/02/2016]. Disponible en: <http://www.aadi.org.ar/>

En el régimen de la Unión Europea, el consumidor sólo goza de protección si el profesional ejerce actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro en cuyo territorio tenga domicilio el consumidor (criterio Doing Businees o Mercado natural del empresario) o, alternativamente, por cualquier medio, dirige estas actividades hacia dicho Estado miembro (criterio Stream-of-Commerce o Mercado de conquista). Una demanda interpuesta por un consumidor puede serlo ante el tribunal del Estado miembro en el territorio donde se encuentra el demandado o ante el tribunal del Estado miembro donde el consumidor tenga su domicilio. En caso de que un profesional promoviera una acción contra un consumidor, ésta sólo podría hacerse ante los tribunales de los Estados miembros en cuyo territorio esté domiciliado el consumidor.

En cambio, cuando es el consumidor quien se desplaza al país donde opera normalmente el empresario (consumidor activo), no se aplica tal protección. El consumidor, entonces, no podrá demandar en el país de su domicilio, ya que el empresario no penetró en su mercado.

El mayor caudal de casos jurisprudenciales de responsabilidad extracontractual proviene de accidentes de tránsito que involucran a Argentina y Uruguay, tales como "Reger de Maschio, Wally D. y otro, c. Annan, Guillermo A." (JNEsp. Civ. y Com. 50, 10/10/83); "Guitor, Marcos c. Alvarez, O. Juana" (CNac. Esp. Civ. y Com., sala II, 30/07/86); "Giuliani, Mario y otro c. Khafif, Isaac y otros" (CNCiv., sala L, 23/09/96).

FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia. "Obligaciones extracontractuales". En: FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. (ed.). Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR. Buenos Aires: Zavalía. 2003, p. 1157.

La rigidez de la regla del lugar de producción del daño ha llevado a la doctrina a formular una serie de propuestas correctoras. En los países del Common Law, los jueces recurren a conexiones más flexibles para determinar la ley aplicable atendiendo a las circunstancias del caso. En el derecho continental, algunos países también se apartan de alguna manera del criterio rígido de la lex loci, bien estableciendo una cláusula de salvaguarda por la que no se aplica la ley que ha sido designada en virtud de la norma de conflicto, bien prefiriendo aquella otra ley que presente "vínculos más estrechos". La tendencia actual está orientada a intentar que coincidan diversos puntos que tienen relevancia a fin de evitar que sea designada como legislación aplicable la de un Estado con el que los interesados no presentan vínculos significativos. También se pretende evitar hacer depender la determinación de la legislación de un único punto. Ver: SEUBA TORREBLANCA, Joan C. "Derecho de daños y Derecho internacional privado: algunas cuestiones sobre la legislación aplicable y la Propuesta de Reglamento "Roma II". InDret 1/2005, p. 8-9. [consulta: 01/02/2016]. Disponible en: <http://www.indret.com/pdf/269_es.pdf>

Esta remisión a los "casos no previstos en los artículos anteriores", tanto en el art. 2656 sobre jurisdicción competente, como en el art. 2657 sobre ley aplicable indicaría que la responsabilidad contractual se rige por las disposiciones en materia de contratos, mientras que la sección 13ª de la Parte Especial se dedica exclusivamente, entonces, a la responsabilidad extracontractual.

Artículo 2602 CCCN: "Foro de necesidad. Aunque las reglas del presente Código no atribuyan jurisdicción internacional a los jueces argentinos, éstos pueden intervenir, excepcionalmente, con la finalidad de evitar la denegación de justicia, siempre que no sea razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero y en tanto la situación privada presente contacto suficiente con el país, se garantice el derecho de defensa en juicio y se atienda a la conveniencia de lograr una sentencia eficaz".