Desde hace ya más de una década los gobiernos de América Latina dan forma a nuevos ámbitos de colaboración y construcción colectiva de agendas y estrategias de acción, profundizando los procesos de integración regional. El MERCOSUR dinamiza los vínculos sur-sur, otorga un rol central a los Estados y pone a la política en el centro de las relaciones de cooperación regional.

El respeto y promoción de los derechos humanos constituye una condición indispensable de la integración. Este tema central en las transiciones de los países de nuestra región, está íntimamente ligado con la idea de democracia que tenemos los sudamericanos. Hoy en día, los derechos humanos no son pensados tan sólo como un límite a la opresión y al autoritarismo, sino también como una guía para el desarrollo de políticas públicas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En este marco, el MERCOSUR consolida su dimensión social y política apoyando a los gobiernos en la implementación de estrategias nacionales en derechos humanos, favoreciendo la coordinación entre las políticas de los diferentes Estados e impulsando estrategias regionales para avanzar derechos y ciudadanía. El surgimiento y consolidación de diversos foros MERCOSUR reflejan la paulatina conformación de una comunidad política regional de derechos humanos: la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de Mujeres (RMAAM), la Reunión de Autoridades sobre Políticas Públicas para Pueblos Indígenas (RAPIM), la Reunión de Autoridades de Derechos de Afrodescendientes (RAFRO) y la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos (RAADH).

Con la creación de la RAADH, ya hace 10 años, los Estados asumen el compromiso de cooperar mutuamente por la promoción y protección efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales a través de mecanismos institucionales del MERCOSUR. Dicho compromiso se concreta y profundiza en el año 2009, con la creación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR y Cancillerías (IPPDH) como una instancia de apoyo a la coordinación política y cooperación técnica entre los Estados.

Memorias, identidades y ciudadanía son algunos elementos decisivos para la conformación gradual de esta comunidad política, y los derechos humanos son un factor fundamental de esa construcción colectiva regional. Por ello, en la etapa fundacional del IPPDH, se busca favorecer la coordinación regional y el intercambio de experiencias nacionales relativas a los procesos de memoria, verdad y justicia ante graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los períodos dictatoriales en los países del MERCOSUR y Estados Asociados. La estrategia es articular iniciativas públicas relativas a la preservación de sitios de memoria y, también, a archivos y gestión de información sobre el Plan Cóndor. Los Principios Fundamentales para las Políticas sobre Sitios de Memoria, consensuados y aprobados por los Estados, constituyen un ejemplo de actuación sobre la agenda clásica de derechos humanos. También la creación del Acervo Documental Cóndor, una guía sobre el patrimonio archivístico que documenta las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las coordinaciones represivas del Cono Sur.

La mirada sobre el pasado reciente plantea a los Estados del MERCOSUR el desafío de enfrentar el legado de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras, al tiempo que procuran dar respuesta a los retos que nuestras jóvenes democracias imponen para la efectiva vigencia de los derechos humanos. La persistencia de violaciones y conflictos de derechos humanos es el reflejo de los déficits importantes de los sistemas democráticos de la región, que se manifiestan en formas de violencia que obedecen a causas estructurales, a prácticas complejas de las instituciones de seguridad y carcelarias que no aún no hemos logrado desactivar o modificar. De allí que los problemas de violencia estatal heredados de las dictaduras, sean parte de la agenda de derechos humanos ampliada del MERCOSUR. Ejemplo de ello son las investigaciones aplicadas y debates con actores públicos y sociales promovidos por el IPPDH a fin de desarrollar mecanismos institucionales y acciones estratégicas para prevenir la violencia institucional y promover políticas de seguridad que garanticen el ejercicio de los derechos humanos en todos los Estados.

El cambio en la concepción del rol de los Estados de la región, implica que no solo deben respetar los derechos humanos, sino promover acciones efectivas para garantizar su ejercicio. Esta idea también impacta la concepción de los derechos humanos, en tanto campo especifico de la política pública y como enfoque a incorporar en los ámbitos que definen políticas gubernamentales. Hoy en día hablamos de un nuevo modelo de políticas sociales en los países de América Latina que recoge esa idea de derechos y que el MERCOSUR plantea en términos de políticas de igualdad y no discriminación. En este escenario, el IPPDH da impulso a mecanismos y acciones destinadas tanto a mejorar los niveles de igualdad e inclusión social, como a integrar el enfoque de derechos en políticas y servicios sociales de los Estados.

Sin duda, uno de los desafíos claves de este trabajo consiste en construir consensos y articulaciones entre actores públicos y sociales para la formulación de políticas de protección de derechos de los sectores más excluidos, aquellos grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad. En el MERCOSUR, la situación de los migrantes y sus derechos constituyen un punto estratégico y relacionado a la discusión sobre ciudadanía regional, sobre los derechos reconocidos por los países del bloque a los ciudadanos de los demás países. Estas premisas enmarcan la labor del IPPDH en la solicitud de Opinión Consultiva 21 sobre niñez migrante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que culmina en uno de los instrumentos que fija los estándares de derechos humanos más elevados a nivel internacional en materia de protección de niños y niñas migrantes. Otro ejemplo, es el trabajo de promoción y protección de los derechos de las personas mayores. La Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento impulsado fuertemente por los Estados del MERCOSUR y elaborado con la cooperación técnica del IPPDH, eleva los estándares de derechos humanos este grupo poblacional.

Los avances logrados por los Estados del MERCOSUR se apoyan en la convicción de que es fundamental fortalecer una institucionalidad pública en derechos humanos para alcanzar mayor integración, eficacia y adecuación en las políticas públicas de la región. El enfoque de derechos plantea la centralidad del principio de igualdad y no discriminación en las acciones de los Estados y tiende a fortalecer los ámbitos públicos y democráticos de debate, de decisión, y de acción en los procesos de políticas públicas. La consolidación de la perspectiva de derechos como lógica de funcionamiento institucional para las políticas, implica acompañar esta propuesta con diversas líneas de acción que apunten a mayor información, capacitación y articulación de todos los sectores intervinientes. A tal fin, el IPPDH crea el primer Sistema de Información sobre Institucionalidad en Derechos Humanos del MERCOSUR (SISUR) con información relevante de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Asimismo, fortalece la gestión de políticas en derechos humanos a través de iniciativas de capacitación destinadas a representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales e instancias regionales, iniciativas que se fortalecen con la creación del Campus Virtual del IPPDH y el proyecto de una Escuela Internacional de Gobierno de Políticas Públicas en Derechos Humanos para el MERCOSUR.

Este breve panorama también deja al descubierto los enormes desafíos que aún enfrenta el MERCOSUR para consolidar la agenda de derechos humanos en el espacio político de la integración, fortaleciendo además el vínculo aún incipiente entre políticas públicas y derechos humanos. El nuevo plan estratégico del IPPDH y la reciente inauguración de su Foro de Participación Social apuntan a esta dirección, impulsando una actuación regional coordinada con activa participación social. Se trata de avanzar conjuntamente, con renovadas agendas y estrategias de acción, sobre aquellas temáticas fundamentales para la profundización de las democracias y la vigencia de los derechos humanos en América del Sur. Se trata de fortalecer consensos políticos sostenibles; liderar procesos de cambio institucional, político y social; lograr instituciones democráticas más sólidas y políticas públicas respetuosas de los derechos humanos que motiven sociedades más justas, inclusivas e igualitarias en los países de nuestra región