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Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales

versão On-line ISSN 2226-4000

Rev. Int. Investig. Cienc. Soc. vol.18 no.2 Asunción dez. 2022

https://doi.org/10.18004/riics.2022.diciembre.285 

ARTICULO ORIGINAL

Rol del Estado peruano en la gestión de conflictos en el Perú

Role of the Peruvian State in conflict management in Peru

Ángel Amidey Ramírez-Puraca*1 
http://orcid.org/0000-0002-9156-5642

Erika Loa-Navarro**1 
http://orcid.org/0000-0001-6986-0154

Wilwer Vilca-Quispe***1 
http://orcid.org/0000-0002-5394-1029

Cristian Gumercindo Medina-Sotelo****1 
http://orcid.org/0000-0001-6943-805X

1Universidad César Vallejo, Escuela de Posgrado. Lima, Perú


RESUMEN

El presente trabajo analiza el rol del Estado peruano en la gestión de los conflictos sociales en el Perú durante los últimos 10 años (2010-2021), a través de una revisión bibliográfica de artículos de revistas indexadas y documentos de instituciones vinculadas a la gestión de conflictos en el país. Se llega a la conclusión de que el Estado peruano recién hace 10 años institucionalizó una instancia de coordinación intersectorial para la gestión de conflictos y esta ha sufrido cambios. Además, de los 24 gobiernos regionales, solo 4 han creado una instancia especializada.

Palabras clave: Conflictos sociales; gestión de conflictos; conflicto socioambiental; crisis social

ABSTRACT

ABSTRACT: This paperanalyzesthe role ofthe Peruvian State in the management of social conflicts in Peru, during the last ten years (2010-2021), through a bibliographicreview of articles from indexed journals and documents from institutionslinked to conflict management in Peru, coming to the conclusion that the Peruvian State only ten years ago institutionalized an instance of intersectoral coordination for conflict management and this has undergone changes, for its part, of the 24 regional governments, only four have created a specialized instance

Key words: Social conflicts; conflict management; socio-environmentalconflict; social crisis

INTRODUCCIÓN

Desde 1993, con el cambio de la última constitución política, el Perú ha mantenido una vida democrática, garantizándose transiciones de gobiernos cada cinco años; no obstante, la cantidad y los niveles de conflictividad fueron incrementándose, lo que obligó al Gobierno a crear instancias especializadas para el abordaje de conflictos. Las instituciones encargadas de reportar la cantidad e intensidad de conflictos son la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El objetivo del presente trabajo de investigación radicó en analizar el rol del Estado peruano en la gestión de los conflictos sociales en el Perú durante los últimos diez años (2010-2021), para ello se plantearon las siguientes preguntas: ¿qué se entiende por conflictos sociales?, ¿cuál es el panorama de los conflictos sociales en el Perú?, ¿cuáles son las principales causas de los conflictos?, ¿cuál es la institucionalidad del Estado peruano para el abordaje de los conflictos? y ¿qué instrumentos de gestión se han diseñado para su abordaje?

La metodología empleada radicó, para la parte conceptual, en la revisión bibliográfica de artículos científicos en revistas indexadas, documentos técnicos de las instituciones públicas, informes o anuarios de instituciones públicas y las páginas web de las instituciones de interés para el análisis y la elaboración de respuestas a las interrogantes planteadas.

Como parte de los resultados de la investigación se ha determinado que recién hace 10 años el Estado peruanocrea una instancia de coordinación para la atención de conflictos en el Perú, la misma que ha sufrido cambios. En el caso de los gobiernos regionales, de las 24 regiones, solo 4 han creado una instancia especializada, y las regiones con mayor incidencia de conflictos, paradójicamente, no la tienen.

Los conflictos sociales

Haciendo referencia a los conflictos sociales, Araucz-Boruc (2021) menciona que estos deben ser considerados como acciones naturales y cotidianas de la vida, en la convivencia colectiva de una sociedad, la misma que se da en todos los estratos sociales, en grupos pequeños o colectivos con mayor número de individuos. Además, indica que, cuando se involucra a individuos, los conflictos pueden ser sociales si estos son externos; si es un conflicto interno, con el mismo individuo, este esconsiderado psicológico, y requiere otro abordaje.

En la misma línea, Bar-tal (2017) menciona que los conflictos entre grupos de personas son intrínsecos de las relaciones humanas. Estos conflictos poseen ciertas características, entre ellas: a) conflictos totales o no negociables, donde las necesidades o valores son indispensables para la supervivencia de un colectivo, b) conflictos violentos, cuando se tratan de resolver con violencia física, c) conflictos irresolubles, cuando se percibe que no es posible de resolver, d) de voluntad cero, cuando no hay compromiso de las partes, e) centrales, cuando los conflictos se convierten en acciones cotidianas, f) que requieren de gran inversión, g) son prolongados, cuando por lo menos se involucra a toda una generación que no ha conocido otra realidad. Completando al análisis, Io (2020) señala que hay tres causas por las que se generan los conflictos: la rivalidad, debido a la oposición dentro de una colectividad; la desconfianza, cuando se está cargado de experiencias previas; y la búsqueda de la gloria o de posicionamiento en la estructura social.

Por su parte, Harinck et al. (2018) dividen los conflictos en dos tipos: los vinculados a los recursosylos vinculados a los valores; respecto a los recursos,se relacionan a la disputa por el acceso a los mismos, como agua, petróleo, gas,territorio o dinero; los vinculados a valores se refieren a los no tangibles, como la ruptura de las normas de convivencia o el comportamiento inapropiado.Jamin (2020), desde la antropología jurídica,proponelos llamados conflictos de valores, normas o intereses entre comunidades éticas y grupos de sociedad. Indica que son resultado de procesos de discriminación y desatención del Gobierno hacia un sector de la sociedad, en lo que se considera la vulneración de los derechos consuetudinarios.Hurt & Welbourne (2018) hacen una definición más amplia, y definen el conflicto como cualquier situación o proceso social donde dos o más entidades están vinculadas por una relación o interacción opuesta.

Por su parte,Hakim(2020) no hace una definición de conflictos pero ayuda a entender algunas formas de conflictos cotidianos, identificándolos como: a) conflictos con matices de separatismo, b) conflictos étnicos, c) conflictos ideológicos, d) conflictos políticos, e) conflictos de matices económicos, f) conflictos sociales matizados en la solidaridad de un grupo, g) conflictos de cuestiones de política gubernamental y otros conflictos.

En el caso del Perú, el ente rector en materia de gestión de conflictos sociales del Gobierno peruano es la Presidencia del Consejo de Ministros (2012), queha definidolos conflictos sociales como:

El proceso entre dos actores que tiene alguna interdependencia, donde hay contraposición de interés, y alguno de ellos puede realizar alguna acción con el objetivo de prevalecer; además, esas acciones podrían amenazar a la gobernabilidad y el orden público (PCM, 2012, pág. 20).

Por su lado, la Defensoría del Pueblo, organismoconstitucionalmente autónomo, encargado de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, como parte de sus acciones elabora un reporte mensual de conflictos en el Perú,y en su Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 191 define los conflictos sociales como:

Un proceso complejo donde sectores de la sociedad, el Estado y empresas están involucrados cuando consideran que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y estos podrían desencadenar violencia (Defensoría del pueblo, 2020, pág.3).

Conflictos en el Perú

Desde el año 2012, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM, 2021) elabora un reporte mensual, a través de su boletín Willaqniki, de la situación de los conflictos, que es actualmente gestionado por el Viceministerio de Gobernanza Territorial. Según el reporte de julio a setiembre de 2021, se gestionaron 231 casos. De estos, los de mayor incidencia estuvieron vinculados a minería socioambiental, con 81 casos; le siguen: gestión de recursos públicos, 48 casos; demarcación territorial, 14 casos; transporte, 10 casos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo (2021), en diciembre de 2021 reportó 202 conflictos sociales, siendo el tipo socioambiental el de mayor incidencia, con 129 casos; seguido de los conflictos comunales, con 19 casos; y los asuntos vinculados a la labor de los gobiernos regionales, con 13 casos.

Las regiones que poseen un mayor número de incidencia y criticidad de casos de conflictividad están centradas en la Amazonía peruana, y son Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali; además de la región sureste, comprendido por las regiones Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Son precisamente estas regiones las que concentran la mayor cantidad de comunidades nativas y comunidades campesinas.Ccamaet al. (2019) advierten que el tipo de conflicto con mayores casos está vinculado al socioambiental. Por ejemplo, el porcentaje de conflictos registrados en el periodo 2007-2018 es similar a la del año 2020, cuyo promedio asciende al 70% de los casos.

Causas de los conflictos sociales

En el caso de las causas de los conflictos, también se puede advertir varios enfoques. Prosyanik & Invierno (2021) clasificanlas causas de conflictos en: a) conflictos culturales, b) intergeneracionales, c) de género, d) interétnicos, e) sociales y de clase, y f) socioculturales entre sub culturas. Lukman (2020), en un estudio realizado en zonas fronterizas de Papúa Occidental, las clasifica en tres causas: a) fronterizas, por regulaciones estrictas en las relaciones interfronterizas; b) socioeconómicas, entre migrantes y nativos por la diferencia en el nivel de bienestar; y c) por recursos naturales, presión a los bosques por la tala o cambio de usos de suelos y el acceso a la misma.Saenz (2018), sobre la actividad minera, ha identificado algunos tipos de conflictos vinculados a: a) actitudes de la empresa, b) compromisos, c) influencia del personal de relaciones comunitarias, d) estructuras corporativas poco flexibles, e) sistema de contratación y formación, f) rigurosidad en las formalidades, g)poca eficacia del sistema de justica, h) relaciones sociales, i) acceso a recursos hídricos, j) conflictos por tierras, k) vulneración de los derechos humanos, l) políticas de empleabilidad, entre otros. Además, Saenz (2019) manifiesta que estos conflictos vinculados a la actividad minera deben advertirse como un choque de culturas entre las empresas corporativas y las comunidades locales, vinculados básicamente en la divergencia del modelo de desarrollo. Morales et al. (2018) señalan que estos conflictos ahondan las desigualdades socioeconómicas de las comunidades aledañas, con quienes, de manera diferenciada, se aplican políticas de reposición de tierras, reasentamientos, fideicomisos sociales, regalías que no son iguales entre las comunidades ni entre los miembros de la misma comunidad.

Finalmente, Io (2020), sobre las causas de los conflictos sociales, hace referencia a la desigualdad social, al acceso a recursos hídricos limitados, causas étnico-religiosas y diferencias de opinión o intereses.

Entre las causas recurrentes de conflictividad, los autores mencionados señalan aquellas vinculadas a los recursos naturales. En el caso peruano, entonces, los principales conflictos están relacionados a las actividades extractivas y la percepción a su acceso, los beneficios que generan, los espacios territoriales que ocupan, el uso de recursos hídricos,la generación de empleo y larenta de tercera categoría que generan para el Estado peruano.

Cabe mencionar que el Perú es uno de los diez países que posee la mayor diversidad biológica del mundo, graficada en ecosistemas, especies y recursos genéticos, sobre todo en territorios de pueblos indígenas. Por ejemplo, posee una cobertura forestal del 56.1% del territorio nacional; el 65% de la actividad agrícola del país está íntimamente vinculada a recursos genéticos locales; posee 84 de las 117 franjas de vida del planeta; es el segundo lugar en variedad de aves; quinto lugar en familias de mamíferos; primer lugar en especies de peces y en variedades de mariposas, además posee el 10% de las orquídeas del mundo (Lima 2019). En el caso de minerales, en el ranking mundial, ocupa el segundo lugar en cobre, quinto en oro y en zinc, primero en plata, tercero en plomo, noveno en estaño y tercero en molibdeno (MINEM, 2022).

Respecto a disputas por ocupación territorial para actividades extractivas, se muestra que para la actividad minera se ha concesionado el 14.71% del territorio nacional, de los que solo el 1.37% tiene alguna actividad minera (CooperAccion, 2022); para la actividad de hidrocarburos se tiene un contrato para exploración del 13.98% del territorio nacional, sin embargo, solo el 0.04% de territorio tiene trabajos efectivos de explotación(Perupetro, 2022).En tanto a la actividad agropecuaria,ocupa el 30.14% del territorio nacional (INEI, 2017)0.Además, la tasa de deforestación o pérdidaes de 0.8% de bosque, concentrada sobre todoen la Amazonía peruana, por cambio de uso (Conservación Amazónica, 2022).

Fuente y elaboración: CooperAcción (2021)

Figura 1.  Perú: Mapa territorial de concesiones mineras. 

Fuente y elaboración: Perúpetro (2022)

Figura 2.  Perú: Mapa de lotes de contratos petroleros, cuencas sedimentarias. 

Por otro lado, está la preocupación del uso y acceso al agua. De acuerdo a la Autoridad Nacional de Agua (2022), el Perú posee 3 vertientes en su espacio territorial y dispone de un aproximado de 2 billones de metros cúbicos de agua cada año; por su geografía, la vertiente del Pacífico,en la que se encuentra el 66% de los habitantes,solo dispone del 2.2% de acceso al agua. Sobre el uso de agua para las actividades económicas, según el reporte del Anuario de Estadísticas Anuales del INEI (2020), se evidencia que el sector agricultura consume el 89.05%; el industrial, 0.56%; la población, 9.40%; y el minero, 0.99%. Por otro lado, del nivel de empleabilidad que genera cada sector productivo, se tiene que el sector agricultura genera el 23.65%; el sector minería, el 1.13%; el sector comercio, el 19.09% y el resto de porcentajes está distribuido entre la pesca, manufactura, construcción transporte, etcétera (INEI, 2020-1). Respecto a las aportaciones por renta de tercera categoría y por actividad económica, según reporte de la SUNAT (2022), en 2021 el sector agricultura aportó el 0.95%; el sector minería, 7.93%; el sector comercio, 0.47%; y el resto de aportaciones lo hicieron otras actividades económicas.

Institucionalidad estatal para la gestión de conflictos

El avance de la institucionalización para la gestión de los conflictos sociales, en los últimos años, se ha considerado como una instancia importante para generar una adecuada gobernabilidad de la gestión pública. Por ejemplo, en Indonesia (Ahmad & Bolombo, 2021) cada gobierno regional elabora su plan de manejo de los conflictos sociales, el cual es evaluado periódicamente.

En el caso peruano, desde el año 2010 se ha impulsado la creación de oficinas especializadas en gestión de conflictos, las mismas que se institucionalizaron en los diversos ministerios y gobiernos regionales, con la finalidad de tener una adecuada articulación y coordinación de la gestión. Así, la Presidencia de Consejo de Ministros crea la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales (OGCS) el 18 de enero de 2010; el 24 de mayo de 2011 aprueba sus Lineamientos y Estrategias para la Gestión de Conflictos Sociales; el 24 de octubre de 2012 cambia la denominación y competencia de la OGSC a Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad(ONDS), añadiéndole competencias de decisión de políticas; y el 28 de febrero de 2017 crea el Viceministerio de Gobernanza Territorial, con este la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que tiene a su cargo la Secretaría de Descentralización y la Secretaría Demarcación y Organización Territorial.

Tabla 1.  Evolución de la institucionalidad en la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Fecha DS Denominación
1 18 de enero de 2010 N° 010-2010-PCM Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM
2 24 de octubre de 2012 N° 106-2012-PCM Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
3 28 de febrero de 2017 N° 022-2017-PCM Viceministerio de Gobernanza Territorial

Elaboración de los autores.

La institucionalidad de la gestión de conflictos en los gobiernos regionales se evidencia solo en cuatro regiones: en Piura como Oficina Regional de Diálogo, Responsabilidad Social y Gobernabilidad; en Puno como Unidad de Diálogo y Concertación para la Promoción de la Cultura de Paz y Manejo Constructivo de Conflictos Sociales; en Arequipa como Área Funcional no Estructurada de Prevención y Gestión de Conflictos para la promoción de la Gobernabilidad Democrática dependiente de la Presidencia Regional; y en San Martín como Equipo Técnico de Diálogo y Sostenibilidad adscrito a la Oficina de Gestión de las Personas y dependiente de la Gerencia General del Gobierno Regional de San Martín.

Tabla 2.  Institucionalidad creada en gobiernos regionales. 

Región Base Legal Denominación
1 Piura Resolución N°112-2013/GRP-PR Oficina Regional de Diálogo, Responsabilidad Social y Gobernabilidad
2 Puno Ordenanza 013-2011- GRP-CRPDecreto Regional 001-2013-PR-GR Puno Unidad de Diálogo y Concertación para la Promoción de la Cultura de Paz y Manejo Constructivo de Conflictos Sociales
3 Arequipa Decreto Regional 002-2011-Arequipa Área Funcional no Estructurada de Prevención y Gestión de Conflictos para la Promoción de la Gobernabilidad Democrática Dependiente de la Presidencia Regional
4 San Martín Resolución Ejecutiva Regional N° 739-2014-GRSM/PGR Equipo Técnico de Diálogo y Sostenibilidad Adscrito a la Oficina de Gestión de las Personas y Dependiente de la Gerencia General del Gobierno Regional de San Martín

Elaboración de los autores.

Instrumentos de gestión

Los instrumentos de gestión están referidos a los diversos documentos, lineamientos, protocolos o fichas elaboradas para un adecuado abordaje de los conflictos, que permitan ordenar y planificar adecuadamente los conflictos. Por ejemplo, la Presidencia del Consejo de Ministrosha definido las etapas de un conflicto, la clasificación de los conflictos por tipos, elaboró una matriz de análisis de actores y tiene un boletín informativo donde da cuenta de los avances de sus gestiones, Willaqniki (PCM, 2021). Por su parte, la Defensoría del Pueblo también ha definido los tipos de conflictos, sobre los cuales ordena su información, tiene una metodología de abordaje de estos y ha establecido las fases. Otras institucioneshan establecido instrumentos que permiten gestionar la actuación de sus especialistas, es el caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), cuyos instrumentos son: mapa de conflictos y sensibilidad social a nivel nacional, alerta temprana, mapeo de actores, reportes de participación, ayudas memorias, ficha de registro de casos, matriz de casos en prevención y mesas de diálogo, infografías, guiones de participación y reportes trimestrales (OEFA, 2022).

Tabla 3.  Clasificación de tipos de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Defensoría del Pueblo. 

PCM Defensoría del Pueblo
Agrarios Socioambiental
Demarcación territorial Comunal
Gestión de Recursos Públicos Asuntos de gobierno regional
Hídricos Asuntos de gobierno nacional
Hidrocarburos Socioambiental Asuntos de gobierno local
Industria Socioambiental Laboral
Infraestructura Socioambiental Otros asuntos
Invasión de terrenos Demarcación territorial
Laborales gremiales Cultivo ilegal de coca
Minería laboral Electoral
Minería Socioambiental
Minería ilegal/informal
Otros
Transporte  
Fuente: PCM (2021). Fuente: Defensoría del Pueblo (2021).

DISCUSIÓN

Un primer elemento a considerar sobre el número de conflictos en las regiones del Perú es la implementación de un espacio de atención desde el Estado, básicamente de los gobiernos regionales. Se ha evidenciado que las regiones con mayor número de conflictos son las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas; contradictoriamente, estas regiones, a excepción de San Martín, no han implementado una oficina de conflictos o una instancia similar. En la parte andina sucede lo mismo, las regiones con mayor incidencia de conflictividad son Puno, Apurímac y Cusco; a excepción de Puno, Cusco y Apurímac no tienen un ente encargado de la gestión o seguimiento de los conflictos.

El otro tema que llama la atención está vinculado a las causas de los conflictos, Prosyanik & Invierno (2021), Lukman (2020), Saenz (2018,2019) e Io (2020) han coincidido en que el tema socioambiental o el acceso a los recursos naturales son los que tienen mayor incidencia de conflictividad y estánrelacionados a las actividades extractivas como la minería o el sector de hidrocarburos. Lo que podemos observar es que el sector minería ocupa solo el 0.09% de agua, en comparación de la agricultura que ocupa el 89.5% del agua disponible. En ocupación territorial, el sector minería ocupa el 1.37% de actividad efectiva, en tanto la actividad agraria ocupa el 30.14% del territorio nacional. Si se trata del nivel de empleabilidad por sector, el sector minería solo emplea al 1.13% de la PEA y el sector agricultura emplea al 23.65% de la PEA. Finalmente, las aportaciones por tercera categoría del sector agricultura fueron de 0.95%, y el sector minería de 7.93%. Estas contradicciones o percepciones no ayudan al entendimiento de una adecuada gestión y no es materia de análisis en los documentos revisados.

Tabla 4.  Diferencias entre las actividades económicas del sector minería y agricultura. 

Sector Ocupación territorial efectiva/del territorio nacional % Uso de agua por actividad % Empleabilidad por sector % Renta de tercera categoría %
Minería 1.37 0.09 1.13 0.95
Agricultura 30.14 89.5 23.65 7.93

Elaboración de los autores.

CONCLUSIONES

Sobre el rol del Estado en la gestión de conflictos, podemos concluir que con la creación de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, hace tan solo diez años, en 2011, se estableció una instancia de coordinación entre los diferentes ministerios para abordar los conflictos; asimismo, la PCM ha sufrido algunos cambios en su sistema organizativo, obteniendo cada vez más un mandato decisorio sobre políticas públicas vinculadas a sus competencias.

En el caso de los gobiernos regionales, de las 24 regiones, solo 4 han creado una instancia especializada para el abordaje de los conflictos, evidenciando una brecha muy grande sobre la institucionalidad en este nivel de gobierno. Algo que no guarda coherencia con la cantidad de conflictos que se presentan en territorios de estas regiones.

RECOMENDACIONES

Se recomienda seguir construyendo una institucionalidad en el nivel de los gobiernos regionales para que los diferentes sectores del Gobierno nacional puedan intervenir adecuadamente en las regiones, donde las demandas están, muchas veces, vinculadas a competencias de los gobiernos regionales.

Considerando que los mayores niveles de conflictividad están vinculados al tipo de conflicto socioambiental, y este, a su vez, está vinculado a territorios de comunidades campesinas o nativas, se deben fortalecer las capacidades profesionales idóneas y con pertinencia cultural que permitan construir espacios de diálogo duradero.

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5Financiamiento: Los autores, declaran que no han recibido financiación por entidades públicas o empresas privadas para la realización del artículo.

6Conflicto de interés: Los autores, declaran que no existe conflicto de intereses para la publicación de este artículo.

7Contribución de autores: Autor 1: Angel Amidey Ramirez Puraca. Autor principal e investigador. Autor 2: coautora, Erika loa Navarro. Aporte con la revisión metodológica. Autor 3: coautor, Wilwer Vilca Quispe. Aporte revisión bibliográfica. Autor 4: coautor Cristian G. Medina Sotelo. Aporte revisión.

Notas

* Magíster en Gestión Pública, doctorando en el Programa de Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Universidad César Vallejo (Lima, Perú). Autor para correspondencia.angelamidey24@gmail.com

**Magíster en Gestión Pública, doctorando del programa de Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Universidad César Vallejo (Lima, Perú). erikaloadmi20@gmail.com

***Magíster en Derechos Humanos, doctorando del Programa de Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Universidad César Vallejo (Lima, Perú). wilwer.vilca@gmail.com

****Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, docente investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo (Lima, Perú). cristianmedinasotelo@gmail.com

Recibido: 31 de Marzo de 2022; Aprobado: 16 de Noviembre de 2022

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