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Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales

On-line version ISSN 2226-4000

Rev. Int. Investig. Cienc. Soc. vol.14 no.2 Asunción Dec. 2018

http://dx.doi.org/10.18004/riics.2018.diciembre.119-138 

ARTICULO ORIGINAL

Emigración y criminalidad en Venezuela (siglo XXI). Análisis desde el enfoque de las capacidades e institucionalidad

Emigration and criminality in Venezuela (21st century). Analysis based on the capabilities and institutional approach

Wilmer Jose Téllez Acosta1 

1Universidad Central de Venezuela. Venezuela

Resumen:

En el presente artículo nos proponemos analizar la relación entre emigración-crimen desde dos enfoques: el de las capacidades, centrado en la tesis de Amartya Sen y Martha Nussbaum; y el enfoque de la institucionalidad. Con este marco referencial, analizamos datosa nivel nacional encontrando evidencias de quela variación del crimen, específicamente del homicidio, puede ser una importante variable explicativa de la emigración en Venezuela (siglo XXI). A pesar de las riquezas e indicadores sociales positivos en este período, Venezuela no logra retener a su población económicamente activa (juventud y adultos jóvenes). La criminalidad parece haberle quitado atractivo a Venezuela como un lugar para la libertad y desarrollo.

Palabras-clave: emigración; crimen; capacidad; institucionalidad; desarrollo

Abstract:

In this article we propose to analyze the relationship between emigration and crime from two approaches: capacities, centered on the thesis of Amartya Sen and Martha Nussbaum; and institutional approach. With this referential framework, we analyze data at the national level, finding evidence that crime variation, me, specifically homicide, can be an important explanatory variable for emigration in Venezuela (21st century). Despite the riches and positive social indicators in this period, Venezuela fails to retain its economically active population (youth and young adults). Crime makes Venezuela unattractive as a place for freedom and development.

Key words: emigration; crime; capacity; institutionality; development

Introducción

Venezuela tuvo momentos en su acontecer histórico que se caracterizó por recibir numerosos ciudadanos del mundo que huían de la violencia. Desde la Europa post-guerra hasta el conflicto interno de países vecinos como Colombia, habitantes de otras latitudes vieron un destino aparentemente aventajado por su ubicación geográfica y riqueza petrolera que dinamizaba la economía. Puede decirse que se trataba de un país pujante. Esa condición empezó a dar señales de agotamiento al cerrar el siglo XX, los conflictos políticos y sociales amenazaba su estabilidad en general.

En el siglo XXI, la Revolución Bolivariana llega al poder con una agenda centrada en lo social. Era un proyecto que impulsaría mayor uniformidad en el desarrollo individual y por ende colectivo. Luego de fuertes turbulencias políticas en sus inicios, en el 2004 logra cierta estabilidad al recibir Hugo Chávez el respaldo del voto popular para que continúe su mandato. En ese mismo período, el precio del barril petrolero aumentó considerablemente dando oxígeno económico a la agenda política, pero Venezuela no era atractiva para recibir inmigrante, por el contrario, aparece con más fuerza el fenómeno de emigración en medio de un boom de riquezas que permeaba positivamente los indicadores sociales, pero con una gran excepción: Venezuela empieza a posicionarse como uno de los países con más homicidios del continente y del mundo (UNODC, 2014).

El presente artículo se propuso analizar el fenómeno de la emigración y la criminalidad en la Venezuela del siglo XXI desde dos enfoques teóricos-instrumentales: el enfoque analítico de las capacidades, centrado en la tesis de Amartya Sen y Martha Nussbaum, así como desde el enfoque teórico de la institucionalidad como mecanismo regulatorio del equilibrio social. A partir de datos provenientes de la firma Consultores 21 en el año 2015, donde se presentan opiniones sobre emigración e inseguridad, aunado a la Encuesta sobre Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística levantada en 2009, se procede a exponer una serie de evidencias que permiten relacionar el proceso migratorio por la magnitud del tema criminal en Venezuela. Se comprendió dentro del análisis factores sociopolíticos como sexo, grupo etario, estrato-clase social, región federal e inclinación política.

1.- Enfoque de las capacidades: ideas desde Amartya Sen y Martha Nussbaum

El enfoque de las capacidades establece la libertad como el punto central de análisis de los problemas sociales. Persigue la mejoría de la calidad de vida personal para que sean y hagan lo que valoran. La libertad como centro de discusión tiene una connotación medular al considerar que el hombre es capaz de resolver problemas en función a sus capacidades, además de relacionarse e interconectar sus habilidades (innatas, funcionales, emocionales y de elección), convirtiéndose en fin y medio, lo que sintetiza el desarrollo como la expansión de libertades del hombre(Sen, 1999).

Cuando hablamos de libertad, la caracterizamos como el resultado del compromiso social, de connotación cultural, ética, que se posibilita por mecanismos de discusión y consensos de las instituciones sociales. Esa relación del hombre con su entorno, o mejor dicho, con sus instituciones, se define como agencia, y refiere a la acción del individuo en la búsqueda de lo racionalmente valioso dependiendo de sus capacidades y delas instituciones que lo rodea (Sen, 1999). La libertad es la capacidad que tiene el hombre de utilizar sus habilidades tanto para sus intereses personales como para el de los demás.

Ahora bien, ¿cómo puede relacionarse la libertad con el enfoque de las capacidades? Sobre el primer término, Sen (1999) dirige su atención a “la expansión de las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tiene razones para valorar” (p: 34). Las capacidades tienen una dimensión funcional, por ejemplo, leer nos permite realizar otras actividades que brindan grados de libertad diferentes al de una persona que no tenga esta capacidad, sin importar el nivel diferencial de ingreso o bienes que le permitan suplir esta incapacidad. Vethencourt (2007:27) comenta al respecto que “la noción de capacidad pretende reflejar hasta donde un funcionamiento alcanzado es al mismo tiempo un funcionamiento valorado y escogido por el individuo en cuestión”.

Las capacidades son equiparables a logros, tanto individuales como colectivos, relacionadas con el bienestar. Son herramientas que posibilitan decisiones, potenciadas por las libertades que ofrece el entorno, como por ejemplo: desde decidir qué almorzar hasta elegir el tipo de vida que se quiere llevar. En palabras de Sen (1999) “elegir es un acto muy valioso” (p: 95). No conforme con esto, Sen también invita a prestar atención a lo que debemos evaluar.Si sólo consideramos la utilización de indicadores de resultados para realizar diagnósticos, se pierde el valor del enfoque, referido a medir las cosas que puede alcanzar una persona en función de sus capacidades y libertades. Es por esta razón que el enfoque invita a reflexionar cuando se habla de desarrollo; es muy distinto medir el bienestar que el sentido de la vida.

Utilizar el enfoque de las capacidades como medio para diagnosticar y resolver conflictos sociales es todo un reto. El enfoque, por no ser una teoría, presenta diferencias metodológicas en sus categorías de análisis y medición. Para Sen (1999), el enfoque se concibe como un sistema abierto, perfectible, que posibilita que cada sociedad analice sus puntos de inflexión en función de sus instituciones y sistemas de consensos. Estos mecanismos definidos como libertades instrumentales contribuyen directa o indirectamente al estado de libertad. Advierte igualmente que no han sido concebidos exhaustivamente, pero establecen el marco dinamizador para la expansión de libertades las cuales son: 1) libertades políticas,2) servicios económicos, 3) oportunidades sociales, 4) garantías de transparencias y 5) seguridad protectora. Son libertades que posibilitan a las personas vivir una vida valiosa en la medida que puedan ser interconectadas, ligadas o complementadas para la consecución de otras libertades (capacidad de elegir), en palabras de Sen (1999): “La tesis de que la libertad no sólo es el objetivo primordial del desarrollo sino también su medio principal está relacionada con estas conexiones” (p: 57).

Dos factores interesan destacar por su relevancia: las particularidades de cada sociedad y la libertad instrumental. En el primer caso, la cultura juega un papel fundamental en las decisiones porque la capacidad de ser y elegir está supeditada al sedimento social producto de su interacción colectiva e intercambios de saberes y significados. En relación a la libertad instrumental, la ausencia o privación de alguna de sus categorías se relaciona con limitar todo un sistema que afecta el desarrollo individual y colectivo. Sen (1999) define esta limitación o privación como pobreza,ausencia de libertades o carencia de capacidades básicas.

No menos importante para la utilización del enfoque es la calidad de la información. Sen considera que la información es fundamental para la toma de decisiones. Si lo valioso es elegir y poder tener un marco que lo permita, la transparencia se convierte en el conector de las capacidades. Demostró que la opacidad informativa en regímenes autoritarios compromete propósitos de la vida pública vitales para el desarrollo social, como la hambruna. Destaca la importancia de la democracia como sistema para el equilibrio de los poderes, la producción de información pública y rendición de cuentas.

Por su parte, Nussbaum (2000) presenta una lista de capacidades funcionales humanas centrales que considera como la emancipación humana, es decir, las mínimas condiciones que debe tener una persona para lograr una vida con valor. Esta lista se resume en “diez capacidades funcionales humanas centrales” que buscan dar un carácter universal al enfoque: 1) educación y capacidades, 2) la agencia humana, 3) derechos y participación, 4) seguridad, 5) actividad productiva, 6) salud, 7) humanidad diversa, 8) ciudadanía universal, 9) imaginación compasiva y sentimientos y 10) la sostenibilidad del medio ambiente. Del balance de estas capacidades y la no exclusión de alguna de ellas, se convierte en medio y fin para la ampliación de libertades que resultará en individuos que puedan llevar una vida sin carencias, sin sentir vergüenza y sin pobreza.

Contextualizando el enfoque de las capacidades a Venezuela, el Ministerio del Poder Popular de Planificación de Venezuela publicó en 2015 un encartado denominado “Venezuela en cifras. Nuestra Transición al Socialismo”1. No se trata de una redición de cuenta o anuario estadístico, sencillamente un producto estratégico de las políticas comunicacionales del Ejecutivo Nacional, pero a fin de cuenta un recurso referencial sobre el estado actual de las políticas públicas, considerando la opacidad informativa de carácter oficial y regular sobre el saldo socioeconómico durante la Revolución Bolivariana.

Allí se expone una serie de políticas e indicadores que desde el enfoque de las capacidades podemos categorizarlas como libertades instrumentales o funcionales. El encartado refleja cifras expuestas como evidencia de “avances” en materia socioeconómica, pero omite otras como las referidas a seguridad ciudadana y procesos migratorios (sobre este último punto la deuda es extensiva a otras administraciones a finales de los 90). El sentido de expandir las capacidades sociales a partir de estas políticas de “avance” es neutralizado por la privación de otras libertades, como incapacidad de preservar de la vida (ante el ascenso de homicidios) que no diferencia estatus socioeconómico ni político.

El enfoque de las capacidades invita a evaluar las libertades y capacidades de las personas en función de elecciones racionales de valor final e instrumental. Dicho de otra manera, no sólo evaluar metas alcanzadas, sino atender el desarrollo en función a los propios logros obtenidos desde una perspectiva sistemática, completa, integral, no con indicadores aislados. Durante el período de la Revolución Bolivariana se han sostenido banderas de logros sociales, cuyo denominador común es la accesibilidad/inclusión poblacional a medios para el desarrollo y libertad como la educación, deporte, salud, vivienda; se habla igualmente de un aumento del Índice de Desarrollo Humano (nivel alto). Todas estas menciones sin duda permeadas por el aumento del valor bruto de la cesta petrolera y la redistribución de la riqueza en el marco de justicia social.

Ahora bien, la situación descrita anteriormente y a la cual por practicidad referiremos como “saldo positivo”, no ha representado en sí misma una expansión de capacidades y libertades. En primer lugar, porque es inherente a la fluctuación del precio petrolero (constante histórica). Se puede incrementar el “saldo positivo” con precios altos ¿y con precios bajos? Aquí ya prevalece una libertad condicionada; y en segundo lugar, que es nuestro interés, aún con recursos para expandir capacidades y libertades que potencie el “saldo positivo”, la criminalidad hace que pierda impacto colectivo. La razón es que las capacidades son integrales e interconectadas, es como tener un vehículo pero sin el tanque para la gasolina ¿qué sentido tendría el vehículo?

2.- El enfoque de la institucionalidad

El estado de bienestar individual está sujeto a una serie de garantías sociales conducentes al pleno uso y disfrute del ejercicio ciudadano. Se trata de un principio de libertad porque se busca maximizar la integridad física y emocional de la vida en sí. Es un proceso sintético de confianza y respeto hacia esquemas regulatorios de interacción colectiva que se fortalecen o debilitan en la medida que una sociedad mantiene cohesión a ciertas reglas preconcebidas. En general, estado de bienestar, integridad de vida y la añorada armonía social es un asunto muy coligado a la institucionalidad, es decir, claridad en las normas regulatorias y toda acción que las refuerce.

El tema de la institucionalidad toma relevancia a la hora de pensar la emigración a razón de la criminalidad. La inseguridad ciudadana que vive Venezuela (siglo XXI) pareciese lograr un hilo explicativo en el grado en que instancias sociales refuerzan los esquemas normativos-regulatorios sobre los ciudadanos, es decir, en la medida en que se legitima el pacto social (Briceño-León, Camardiel y Ávila, 2012; Briceño-León, 2015). El análisis de la emigración venezolana a partir de la debilidad institucional ha tenido presencia en investigaciones científicas recientes, y por supuesto la inseguridad es un eje axiomático. Sobre la otrora seguridad de la vida a futuro del venezolano, Freitez (2011) considera que es un asunto del pasado, fundamentalmente por la conflictividad sociopolítica y violencia criminal, aunado por el clima de incertidumbre del Modelo de Desarrollo Productivo Socialista. “Esa incertidumbre respecto al futuro, no parece disiparse aun mostrándose ciertos resultados económicos durante algunos años” (Freitez, 2011:8).

Un ejercicio histórico permite analizar los cambios de Venezuela en materia de criminalidad como potenciador migratorio en el siglo XXI. Se puede decir que no se trataba de un país violento antes de los años 90 del siglo XX. La tasa promedio de homicidio en la década de los 80 era de 10 por cada 100 mil habitantes (Perdomo, Malpica y González, 1997), cuando la tasa promedio de homicidios de Brasil en el mismo período fue 15,78 (Waiselfisz, 2014). De hecho Venezuela registró una tasa similar de homicidio a la de Estados Unidos en 1980 (10.2) (Departamento de Justicia, 2014). Pero el comportamiento del homicidio entre Venezuela y Brasil varió sustancialmente en menos de 20 años. En 1990, Brasil reportó una tasa de 22.2 homicidios mientras Venezuela 13. En 1997, Brasil registra 25 homicidios por cada 100 mil habitantes y Venezuela 19. En 2011, Brasil registra 25 homicidios por cada 100 mil habitantes mientras Venezuela 67 (Briceño-León, Camardiel y Ávila, 2012).

Al comparar la tasa de homicidio histórico entre ambos Venezuela y Colombia, se tiene que en el primer caso la tasa era de 19 por cada 100 mil habitantes, mientras que la del segundo de 63. En el año 2006 ambos países tenían un comportamiento similar (37 Colombia y 38 Venezuela), pero en el año 2011, la tasa de homicidios de Venezuela ascendió a 67 por cada 100 mil habitantes mientras que Colombia posicionó su tasa en 32 (Briceño-León, Camardiel y Ávila, 2012).

La icónica ciudad de Medellín (Colombia) de los años 90 registró una tasa de 400 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1991 (Franco et. al, 2012), cuando en el mismo período la región capital de Venezuela -área que concentraba el grueso de la violencia en el país- era de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes (Perdomo, Malpica y González, 1997). En el año 2012, la ciudad de Medellín registró una tasa de 49,1 homicidios por cada 100 mil habitantes mientras que Caracas 118,9 (Cedeño, 2013).

Lo interesante del caso Venezolano es que este cuadro de criminalidad surge en medio de un período de gran bonanza petrolera, con una direccionalidad política hacia la inversión-atención social. La gran contradicción era que a medida que disminuía la pobreza, desempleo y desigualdad, la violencia criminal cobraba cada vez más vidas humanas. El índice de pobreza en 1998 se posicionó en 48.98 mientras que en 2007 cae a 27.46, el índice de desempleo en 1998 era de 11.01 cuando en 2007 se ubicó en 7.5 (Vera, 2008), en el año 2008, Venezuela era el país latinoamericano que tenía menor índice de desigualdad social (López y Lander, 2009), pero progresivamente aumentaba el índice de homicidios en el mismo período. El comportamiento económico permeó algunos indicativos sociales alentando un posible panorama de integridad y calidad de vida en suelo venezolano, pero al parecer, el escenario no fue del todo atractivo.

La incertidumbre es trasversal al deterioro de un sistema-estructura social. Reduce el margen de expectativa ciudadana y desfigura el curso normativo de las instituciones. Desde la perspectiva que relaciona emigración-inseguridad, Páez (2015) resalta que los ciudadanos “… más bien huyen, son expulsados, desterrados o forzados a largarse de estos espacios de violencia que niegan, obstaculizan e impiden el ejercicio de libertades y los derechos humanos básicos” (p: 23). Lo determinante en este aspecto no es la ausencia de instituciones, normas o reglas, sino la incapacidad de su cumplimiento e internalización (de manera formal-legal o informal) en la sociedad.

Cuando se trata de cumplir reglas-normas o de calidad institucional, Venezuela evidencia un rezago alarmante en el plano latinoamericano y mundial. Al hablar de corrupción se hace referencia a toda acción que represente vías alternas o negación de acuerdos estandarizados para el funcionamiento social, con el fin de obtener algún tipo de beneficio paralelo al sistema legal-formal o normativo-informal. De 174 países considerados en el ranking de corrupción a nivel mundial, Venezuela ocupó en el año 2014 el puesto 161/174. La escala de corrupción varía de 0-9 (altamente corrupto) a 90-100 (altamente transparente); Venezuela obtuvo una puntuación de 19, al igual que países como Yemen, Haití, Angola y Guinea-Bissau. De hecho, es el país más corrupto de América junto a Haití (Transparencia Internacional, 2014). Quizá esta situación brinda una luz explicativa a la desaprobación poblacional del trabajo de las instituciones de control social formal en Venezuela para el año 2010. Las cárceles, policías, tribunales/ministerio público reciben una calificación de “muy mala/mala” en mayor porcentaje que buena/muy buena”, evidenciando cierto nivel de desconfianza institucional (Camardiel, Briceño-León y Ávila, 2012:119).

El índice de Calidad Institucional (ICI) refleja para el año 2015 que Venezuela ocupa el puesto número 184 de 193 países del mundo. La medición varía de 0-10 (pésima calidad institucional - excelente calidad institucional); Venezuela registra 0.0742, siendo el país con menos calidad institucional del Continente Americano. Al revisar algunos indicadores del ICI se puede apreciar que Venezuela ocupa el último lugar en América cuando de reglas y leyes se trata (0.0142), penúltimo lugar en lo concerniente a rendición de cuentas (0.2217) -siendo superado sólo por Cuba-, y último lugar -junto a Haití- en materia de corrupción (0.0629) (Fundación Libertad y Progreso, 2015). Los resultados son verosímiles con muchos aspectos de la realidad venezolana, por ejemplo, desde inicio del siglo XXI, el Ejecutivo Nacional restringió el acceso a cifras delictivas a nivel nacional, siendo los medios de comunicación y Organización No Gubernamentales (ONG) las ventanas informativas en la materia (Téllez, 2015). Este muro de contención a la transparencia institucional es un acto de corrupción según la expresión matemática de Klitgaard: Corrupción (C)= Monopolio (M) + Discrecionalidad (D) - Transparencia (T) (De Freitas, 2010).

En comparación con el año 2013, el retroceso de calidad institucional que refleja Venezuela con hace 20 años (-70) y 10 años (-30) (Fundación Libertad y Progreso, 2015), puede ser la razón del porqué a pesar de un crecimiento económico producto de la variación del petróleo, no se tenga evidencia de ingresos corrientes de migraciones como en el pasado, al contrario, Venezuela ha experimentado en los últimos años una transferencia de riqueza a otros países (Freitez, 2011). De la Vega y Vargas (2014) no consideran la emigración y transferencia de riqueza intelectual como un asunto fortuito, alegando que los países desarrollados cuentan con políticas de captación de talentos en un mundo hipercompetitivo, donde el aporte generacional tiene relación con ideas, innovación y conocimiento en función al valor del tiempo. Por lo tanto, podemos establecer que existen sistemas que expulsan a sus ciudadanos ante un mal funcionamiento, mientras que otros sistemas tienen políticas atrayentes, sobre todo para una migración selectiva2, que brindan bondades de garantías ciudadanas y calidad de vida a cambio de fuerza de trabajo para el desarrollo.

Estudios sobre emigración venezolana en el siglo XXI concluyen que la inseguridad es una de las principales razones de movilización hacia el exterior (Mateo y Ledezma, 2006; Hernández y Ortiz, 2011; Freitez, 2011, De la Vega y García, 2014 y Páez, 2015). En tiempos de bonanza económica, Venezuela no logró atraer extranjeros ni retener a un capital humano importante para el desarrollo. Al contrario, expulsó extranjeros y a venezolanos que buscan en otras latitudes bienestar social, calidad de vida, seguridad ciudadana. Muchos encontraron en la Venezuela antes de 1990 un lugar para la vida, y de hecho las cifras de inseguridad reflejaban este panorama, pero el evidente deterioro de las instituciones desfiguró el pacto social y opacaron las reglas del juego, dándole entrada a un clima de incertidumbre sobre el destino de la vida ciudadana.

Lo preocupante para el caso venezolano es que países vecinos que se caracterizaban por la alta violencia criminal, como el caso de Colombia, que vive desde hace décadas un conflicto interno armado, hoy en día son regiones atractivas para venezolanos porque, entre otros aspectos, lograron reducir la criminalidad para poder ser atractivos en materia de inversión extranjera y captación de capital humano. Aunque muchos desplazados colombianos se encontraban en Venezuela y Ecuador hasta por lo menos el año 2011, Colombia cuenta con políticas nacionales de vinculación, retorno y protección para ciudadanos en el extranjero como Plan Retorno Positivo, Colombia nos une, así como la asignación de un área específica dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar el tema (OEA, 2011). Venezuela, a través de sus instituciones estatales, no ha expuesto iniciativa alguna sobre el fenómeno de emigración.

Metodología

En la misma tónica de ofuscación informativa sobre el proceso migratorio venezolano, los indicadores delictivos oficiales mantienen el mismo carácter de omisión por parte de las autoridades, lo que claramente limita un diseño metodológico que trate a profundidad una relación entre ambos objetos. Para palear esta limitación, hemos acudido a dos fuentes de reconocido prestigio quienes trabajan con encuestas por muestreo a nivel nacional: la primera se trata de Consultores 21, puntualmente su “estudio de opinión pública - perfil 21” realizado en el año 2015 con una cobertura nacional urbana-rural (n=2000), donde se puede encontrar resultados sobre la emigración por razones de inseguridad. La segunda fuente que hemos consultado para complementar nuestro panorama analítico es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana realizada en el 2009 (ENVPSC-2009), con una cobertura nacional (n=20055) (INE, 2010). Se ha incorporado la información de la ONG Provea (2011) quien maneja fuentes internas del Estado en materia de homicidio histórico.

A continuación, se presenta un cuadro descriptivo de variables relacionadas con emigración, inseguridad y condición sociopolítica según fuentes. Esta operacionalización responde a una estrategia de estandarizar variables considerando que se trata de fuentes y períodos distintos.

Tabla 1: Variables sobre emigración, inseguridad y condición sociopolítica según fuentes secundarias 

En cuanto a la estrategia de análisis, el objetivo central es tener una perspectiva sobre la emigración frente a la inseguridad-criminalidad en Venezuela. Nos propusimos cuantificar relaciones entre opciones de respuestas dentro de un mismo ítem, incorporando un Cociente de Proporción (CP) basado en el cálculo de ventajas (odds) entre categorías de interés. Una ventaja (odds) se define como “un cociente de probabilidades, en particular la probabilidad de un evento A sobre la probabilidad del evento complementario Ac, y se estima a través del correspondiente cociente de frecuencia relativa” (Briceño-León, Camardiel y Ávila, 2002:388). Nuestro Coeficiente de Proporción (CP) es la estimación de la ventaja entre el resultado del porcentaje de mayor respuesta en una categoría (numerador) sobre el porcentaje de menor respuesta (denominador):

CP= % (de mayor respuesta) / % (de menor respuesta)

En la medida que el CP se acerque a uno (1) se entenderá que no existe diferencia probable de ocurrencia entre los eventos, mientras que si el CP es distinto a uno (1), específicamente igual o mayor que dos (2), se entenderá que existe diferencia en la probabilidad de ocurrencia de un evento sobre otro.

La propuesta de análisis intenta encontrar evidencias sobre posibles relaciones entre variables de distintas fuentes, criterios de medición y tiempo, por lo tanto, las concomitancias expuestas entre emigración y criminalidad-inseguridad son insuficientes para establecer dependencia. Como se señaló al principio, las limitaciones técnicas-metodológicas para tratar a profundidad el objeto de estudio recaen a la transparencia institucional-estatal venezolana.

Resultados y discusión

Emigrar frente a las probabilidades de morir: un dilema juvenil en Venezuela

Cuando se analiza por grupo etario la relación hipotética entre irse a otro país o quedarse en Venezuela, se tiene que 36.4% de la población entre 18-24 años opta por la primera opción, mientras que 25.5% entre 25-44 años respalda la misma decisión. No hay distinción en la probabilidad de ocurrencia entre ambos grupos (CP=1.4). Ante el mismo planteamiento, el grupo de 18-24 años (36.4%) tiene una proporción de casi 3 a 1 para irse de Venezuela en relación con los mayores de 45 años (12.8%) (CP=2.8). Si se observan los porcentajes de respuesta, se puede decir que casi las 2/5 parte de la población venezolana entre 18-24 años elegiría irse del país con su familia de darse el momento, mientras 1/4 parte de la población venezolana entre 25-44 años tomaría la misma decisión.

El comportamiento es similar ante el cuestionamiento si ha considerado en los últimos diez años irse de Venezuela. El grupo más joven (33.1%) supera al grupo de 25-44 años (29.3%) sin una probabilidad de ocurrencia diferente (CP= 1.1). El grupo más joven (33.1%) casi establece una proporción 2 a 1 en relación a los mayores de 45 años (17.7%) sobre considerar irse del país (CP=1.8). Al igual que en el primer planteamiento, a medida que disminuye el rango de edad aumenta el porcentaje de respuestas relacionadas con irse del país.

Consideramos que la decisión de emigrar por parte de los jóvenes venezolanos difícilmente sea por eventos inmediatos-circunstanciales, sino por contextos más dilatados que involucra la dinámica sociopolítica del siglo XXI (Osorio, 2011; Freitez, 2008, 2011). Por esta razón, cuando se observa el comportamiento de la violencia en los últimos años, puede comprenderse que el peligro que amenaza al joven venezolano no es coyuntural, sino que ha sido un proceso de agravamiento de más de una década. Freitez (2008) señala que en los años 90, Venezuela se mantuvo en el rango latinoamericano referente a la mortalidad juvenil, en períodos sucesivos el país ostentaba junto a Colombia los registros de muerte juvenil más altos del hemisferio. Es de destacar que a diferencia de Colombia, Venezuela no atraviesa por un conflicto armado en el período de comparación.

El homicidio de jóvenes, como causa relevante de mortalidad, es un fenómeno que varió sustancialmente en el siglo XXI. Desde 1997 a 2007, a través de la estimación proporcional Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), Freitez, Romero y Di Brienza (2011) determinaron el enorme crecimiento de mortalidad juvenil por homicidios de 267%, destacando, por ejemplo, que “en el año 2005, poco más del 70% de los AVPP por homicidios ocurren en la juventud” (p: 224). Después de 1999, los homicidios superaron notablemente a los accidentes de tránsito como principal causas de mortalidad juvenil en Venezuela, y sobre lo concerniente al hombre joven, la tasa de homicidio varió de 111 por cada 100 mil habitantes en 1990, a 180 en el 2006 (Freitez, 2008).

Al ampliar el radio de victimización para todos los grupos de edades dentro de la tipología delictiva homicidio de acuerdo a los datos de la ENVPSC-20093, se observa que las personas de 25-44 años son las más victimizadas (44.1%), seguidas por las de 15-24 años (36.6%). Aunque la probabilidad de ocurrencia de homicidio es indiferente entre ambos grupos (CP=1.2), al promediar y compararlas con las personas mayores de 45 años (14.7% para 45-64 años, y 2.8% mayor a 65 años / media=8.8), la probabilidad de muerte por homicidio de una persona entre 25-44 años es 5 veces superior que una persona mayor a 45 años (CP=5), y 4 veces más probable si se tiene 15-24 años en comparación con ser mayor a 45 años.

Parece haber una importante coincidencia entre el fenómeno de emigrar y el homicidio, indicadito “duro” en materia criminal. Si bien los que más apoyan la idea de irse a otro país no son en términos relativos los más victimizados por el homicidio, es importante destacar que entre los grupos de edades 15/18-24 y 25-44 no hay diferencia en las probabilidades de irse del país o morir en Venezuela respectivamente. En cuanto a las personas mayores de 45 años, son los de menores registros de fallecimiento por homicidio y en proporción lo que menos emigrarían.

Tabla 2: Inclinaciones por emigrar y homicidios según grupo de edad (%)* 

*Entre paréntesis Coeficiente de Proporción (CP) de la respectiva categoría tomando como edad base comparativa> 44 años.

** CP indica diferencia en la probabilidad de ocurrencia del evento-categoría entre grupo etario (referencia base comparativa > 44 años).

Una posible relación entre emigrar y morir por homicidio según el grupo etario, pudiese conducir al planteamiento hipotético que los jóvenes, en relación con los de mayor edad, son los que más consideran emigrar por inseguridad. Al revisar los datos, este planteamiento tendría que descartarse según nuestro manejo de datos. El grupo etario que más se iría a otro país por inseguridad son los mayores a 44 años (19.7%), seguida por los de 25-44 años (15.9%) y finalmente los más jóvenes de 18-24 años (10.2%). La diferencia probabilística de irse por inseguridad es casi 2 a 1 entre los mayores de 44 años y el grupo más joven (CP=1.9).

Los que parece ser una contradicción empírica, tiene todo un sustento teórico. En la literatura criminológica este fenómeno se conoce como la paradoja del miedo a la victimización, donde las mujeres y personas de mayor edad tienden a ser los menos victimizados, lo que se enfrentan a menos situaciones de peligro, pero los que mayor miedo al crimen reportan (Akers, Sellers y Cochran, 1987; Sironi y Bonazzi, 2016). La tesis que respalda esta paradoja refiere a la vulnerabilidad física(Taylor y Hales, 1986), pues la concepción de desventaja en el plano corporal de la mujer en relación al hombre o de los adultos mayores en relación a los jóvenes para prevenir, enfrentar o huir del crimen, es lo que define su fragilidad ante el fenómeno. En nuestro caso, si se considera irse a otro país como expresión de inseguridad, es entendible que los más vulnerables se inclinen por expresar mayor temor criminal. De hecho, los datos muestran que las mujeres superan a los hombres en cuanto inseguridad como causa de irse a otro país (16.6% y 12.1% respectivamente).

También es posible dos razones adicionales del porqué esta paradoja. La primera, refiere a que las personas mayores a 44 años vivieron dos Venezuela distintas en materia criminal. Experimentaron la Venezuela con cifras de homicidios de 10 por cada 100 mil habitantes en la década de los 80, casi igual a la de Estados Unidos -específicamente en 1980-, y la Venezuela que ostenta en la segunda década del siglo XXI ser uno de los países con mayores homicidios de América Latina (UNODC, 2014). Por su parte, la población de 18-24 años nace en pleno ascenso delictivo en el último quinquenio del siglo XX y vive todo el escenario conflictivo de la Venezuela del siglo XXI, es decir, no tiene patrón de referencia.

Por otro lado, la segunda posible razón recae en que el grupo de 18-24 años está en plena etapa de formación, vivencia y adquisición de experiencia de vida, es entendible que su principal objetivo sea explorar horizontes que le permita destrezas académicas, laborales y hasta búsqueda de aventuras (recreación, deportes, amores). Este escenario hace que la inseguridad pase a otro plano en la jerarquización de motivos para irse del país. Por su parte, los de mayor edad se encuentran en una etapa de consolidación, por lo general son cabezas de hogar y la protección de la integridad física-emocional tiende a ser mayor prioridad.

Otras miradas para analizar la emigración por inseguridad

La estratificación o clase social es otro elemento interesante para analizar la inseguridad como razón para emigrar. Los porcentajes correspondientes para la clase popular (14.3%) y clase media-alta (14.9%) son muy contiguas, es decir, no hay diferencia entre la probabilidad de emigrar por inseguridad inter-clase (CP=1.04). La ENVPSC-2009, por su parte, revela que los estratos I y II concentran en promedio el 2% de víctimas de homicidios a nivel nacional (2.02% y 1.91% respectivamente), mientras que los estratos III, IV y V (12.43%, 56.52% y 24.12% respectivamente) promedian 32.02% del total homicidios en Venezuela. Si bien la probabilidad de emigrar por inseguridad inter-clase es indiferente, la probabilidad de muerte por homicidio de persona perteneciente a la clase popular en relación a otra de clase media-alta es 16 a 1 (CP=16).

Si bien emigrar es una decisión colectiva, las redes de ayuda o información que proporciona algún vínculo familiar o amistad puede tener peso en el flujo migratorio (Osorio, 2011). Al constatar si las personas tienen algún familiar que viva fuera de Venezuela según el índice de clase socialdeConsultores 21, se tiene que los de clase media-alta superan a los de clase popular (25% y 12.2% respectivamente) a una relación 2 a 1 (CP=2). Una mirada completa al asunto resulta interesante: si bien no hay diferencia inter-clase para emigrar por inseguridad (CP=1.04), la clase popular presenta una desventaja 2 a 1 en obtener una ayuda de un familiar en el extranjero (CP=2), cuando su probabilidad de morir en relación con la clase media-alta es 16 veces mayor (CP=16), todo parece indicar que pudiese existir una diferencia inter-clase notable en la capacidad y/o proyección de elegir nuevos destinos para el desarrollo.

Cuando se analiza las intenciones de emigrar por entidad nacional, se tiene que Zulia es el estado-región con más personas que elegirían irse a otro país con su familia si se da la ocasión (30%), seguida por la región central (29.3%), región capital (28.4%), región oriental (24.1%), región andina (22.4%), región centro-occidental (19.6%) y finalmente la región llanera (13%). Al analizar las probabilidades de emigración entre dos entidades de tendencias extremas como Zulia y la región llanera, se tiene una proporción 2 a 1 (CP=2.3). Esta información puede revelar que las diferencias en las probabilidades de emigración por región no son tan pronunciadas.

Al explorar la tasa de delitos totales por región para el año 2010 de acuerdo a Provea4 (2011), respecto la inseguridad como causa para emigrar en 2015, encontramos que siendo Zulia el estado-región con más personas dispuestas a emigrar (30%) es la entidad federal con menor tasa de delitos de Venezuela (468 delitos por cada 100 mil habitantes). Cuando exploramos la inseguridad como causa para emigrar, el Zulia ocupa el penúltimo puesto (5.1%), superado sólo por la región andina (4.3%). Es decir, todo parece indicar que los zulianos tendrían intenciones de emigrar por distintas causas a la inseguridad, siendo un resultado coherente con su realidad delictiva.

Caso contrario sucede en la región capital, si bien el 28.4% de los habitantes manifiesta la posibilidad de irse a otro país, el Distrito Capital es la entidad con mayor delitos de Venezuela (1.624 delitos por cada 100 mil habitantes), y el Área Metropolitana de Caracas ostenta la mayor tasa de homicidios del país (233.13 por 100 mil habitantes) (INE, 2010). Si ampliamos el radio de análisis a estados que comparten la región capital como Miranda y Vargas, se trata de la tercera y quinta entidad con mayor tasa delictiva a nivel nacional (1.203 y 1.094 delitos por cada 100 mil habitantes respectivamente). Por su parte, los capitalinos ocupan el primer lugar cuando de emigrar por inseguridad se trata (27.8%), siendo cinco veces más probable que un residente de la capital emigre por inseguridad que un zuliano (CP=5.4) y seis veces más que un andino (CP=6).

Ahora bien, siendo la región llanera la de menor tendencia a irse a otro país (13%), el 10% de los consultados señala la inseguridad como principal causa de emigración. La probabilidad que un capitalino emigre por inseguridad respecto a un llanero es 2 a 1 (CP=2.7), un resultado verosímil si se considera que la probabilidad de un capitalino de ser víctima de algún delito respecto a un llanero es igualmente 2 a 1 (CP=2.5).

Un tercer aspecto de relevancia sobre emigración e inseguridad es el periodo en el que alguien del hogar se fue a otro país. Las opciones de respuesta presentadas fueron: a) antes del gobierno de Chávez, b) durante el gobierno de Chávez, y c) durante el gobierno de Maduro. Para efecto de nuestro análisis agruparemos las categorías durante gobierno de Chávez y Maduro para formar la segmentación “durante la Revolución Bolivariana”.

De los hogares donde alguien se ha ido al extranjero, 23.9% emigró antes de la Revolución Bolivariana, mientras 72.9% lo hizo durante la Revolución Bolivariana. Es una relación 3 a 1 (CP=3). Los grupos de edades comprendidos se distribuyeron de la siguiente manera: entre 18-24 años, 27.8% emigró antes y 72.2% durante la Revolución (CP=2.5); entre 24-44 años, 20.7% emigró antes y 74.5% durante la Revolución (CP=3.5); mientras los mayores a 45 años, el 27.4% emigró antes y 69.8% durante la Revolución (CP=2.5). El comportamiento de emigración antes y después de La Revolución no parece tener mayor diferencia según el grupo etario. El denominador común es la emigración durante la Revolución.

Al considerar la inclinación política, de acuerdo a los dos grandes bloques en el siglo XXI, Mesa de la Unidad Democrática (MUD-oposición) y Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv-gobierno), se tiene que de los hogares donde alguien se ha ido al exterior, 19.7% de los simpatizantes MUD emigró antes y 78.2% lo hizo durante la Revolución, casi una proporción 4 a 1 (CP=3.9). Mientras que 42.2% de los simpatizantes Psuv emigró antes de la Revolución y 51.5% durante la Revolución, sin ninguna diferencia de ventajas (CP=1.2). Lo interesante de estos datos no es tanto que los simpatizantes de la Revolución emigraron más durante la propia Revolución, sino que no hay diferencia entre las probabilidades de que un revolucionario y un opositor hayan emigrado durante la Revolución Bolivariana (CP=1.5). Como era de esperarse, la mayor proporción de personas que emigró antes (10.2%) y durante (88.1) la Revolución fueron los que no confían ni en el chavismo (actualmente representado por Maduro) ni por la oposición (CP=8.6).

Para analizar la inseguridad antes y durante la Revolución Bolivariana, se tomó como referencia el promedio de tasas de homicidios de dos períodos de tiempo: antes de la Revolución (1990-1999) y después de la Revolución (2000-2009), a partir del Informe Provea (2011). La tasa de homicidio promedio de Venezuela antes de la Revolución (1990-1999) fue de 19.2 por cada 100 mil habitantes, mientras que para después de la Revolución (2000-2009) de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es decir, la probabilidad de que a un venezolano lo asesinaran “durante” en relación a “antes” de la Revolución es 2 a 1 (CP=2.3), casi la misma proporción de hogares donde alguien ha emigrado antes y durante la Revolución (CP=3).

Conclusiones

El enfoque de las capacidades nos permite realizar un análisis del entorno más allá de las clásicas mediciones de bienestar. La interconexión de categorías sobre capacidades y libertades expuestas en el presente trabajo, permite entender que un país debe generar cierto equilibrio instrumental para el desarrollo, porque se corre el riesgo de que un indicativo rezagado anule la libertad producida por otro(s). Este es el caso de la inseguridad, las altas probabilidades (en comparación con las de otros países del hemisferio) de morir o de restringir libertades vitales, puede restarle impacto a otros indicativos en áreas como la salud, educación o deporte.

El tema de acceso a la información pública, desde el punto de vista de las capacidades, no sólo es un estamento de derecho ciudadano, sino una condición democrática que necesita todo país para generar intervenciones públicas y monitorear sus áreas de impacto social y de desarrollo. Las limitaciones metodológicas del presente artículo es un ejemplo claro de este punto.

La elección de emigrar es consecuencia de pobres garantías de integridad física y emocional en Venezuela. Por lo tanto, emigrar no parece una decisión libre, sino una válvula de escape. La no atención (oficial y público) del flujo migratorio por parte de las autoridades venezolanas, así como la continua distorsión de las reglas del juego para la regularización social, constituye un cuadro de “sistema expulsivo” de ciudadanos. El deterioro progresivo de las instituciones es consecuente con el auge de intenciones de emigrar, y el crimen parece actuar como una variable conectora.

Las altas probabilidades de morir es un asunto que coloca en jaque a los jóvenes y no tan jóvenes. A pesar de las oportunidades sociales de toda bonanza económica, el bono demográfico que goza hoy día Venezuela con su Población Económicamente Activa, es al mismo tiempo la población que más muere por la violencia y la que más se iría del país según el análisis empírico.

De no revertir el cuadro de “sistema expulsivo”, Venezuela agudizaría su hemorragia de capital humano que necesita para producir y generar estabilidad en todas las áreas de desarrollo. Hay decisiones a corto plazo que contribuiría sin lugar a dudas a dar pasos importantes, como la divulgación de cifras oficiales de manera periódica y completa, además de posicionar el fenómeno migratorio como un problema de agenda púbica nacional, traducción de su importancia y disposición a frenarla.

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2De la Vega y Vargas (2014) denominan migración selectiva cuando personas poseen capacidades especiales (deporte, arte, investigación) y el país de acogida le otorga una visa especial. Cuando la migración no manifiesta estas condiciones se le denomina migración general.

3Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana del año 2009 (INE, 2010).

4Los datos expuestos y analizados a partir del informe Provea (2011) son extraídos de la Memoria del MPPRIJ de Venezuela, es decir, lo reportado a las autoridades competentes en el lapso comprendido.

Recibido: 08 de Noviembre de 2017; Aprobado: 28 de Noviembre de 2018

Autor correspondiente: Wilmer Jose Téllez Acosta. Universidad Central de Venezuela. Venezuela. Magister en Gerencia de Programas Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); profesor del Departamento de Métodos-Sociología, Universidad Central de Venezuela (UCV); Coordinador-investigador del Observatorio Venezolano de Comunicación y Criminalidad (OVECC).(wtellez@ovecc.org)

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