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Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales

On-line version ISSN 2226-4000

Rev. Int. Investig. Cienc. Soc. vol.13 no.2 Asunción Dec. 2017

https://doi.org/10.18004/riics.2017.diciembre.201-224 

ARTICULO ORIGINAL

Especificación de un modelo de sostenibilidad consensuada

Specification of a consensus sustainability model

Cruz García Lirios1 

Bertha Leticia Rivera Varela2 

Gerardo Arturo Limón Domínguez3 

José Marcos Bustos Aguayo4 

Margarita Juárez Nájera5 

1Universidad Nacional Autónoma de México. E-mail: cgarcial213@profesor.uaemex.mx

2Universidad Nacional Autónoma de México. E-mail: briveravarela@yahoo.com.mx

3Universidad Pedagógica Nacional. México. E-mail: galimonxm@yahoo.com.mx

4Universidad Nacional Autónoma de México. E-mail: marcos.bustos@unam.mx

5Universidad Autónoma Metropolitana. México. E-mail: mjn@correo.azc.uam.mx


Resumen

Grosso modo, la sostenibilidad alude a un sistema de cogestión orientada por valores y normas locales en materia de salud, educación y empleo. En tal proceso, las políticas de fomento empresarial y micro-financiamiento han sido estrategias que permitieron al Estado gestionar los recursos naturales y los servicios públicos, aunque sus programas no siempre incluyeron a flujos migratorios o emprendedores oriundos, sea por su sesgo proteccionista o su multilateralismo a ultranza, los gobernantes excluyeron de sus políticas e instituciones a sectores organizados de la sociedad civil. El objetivo del presente trabajo fue especificar un modelo para el estudio de la sostenibilidad consensuada, pero ya no entre actores políticos sino, más bien con la participación civil. Se realizó un estudio documental con una selección no probabilística de fuentes indexadas a repositorios nacionales, considerando el periodo de publicación de 2010 a 2017, así como la inclusión de conceptos relativos al desarrollo, migración y participación. Se recomienda continuar la línea de investigación relativa al impacto de las políticas integrales sobre la identidad de los actores sociales.

Palabras clave: crecimiento; desarrollo; organizaciones; comunidades; agenda

Abstract

Roughly, sustainability refers to a system of co-management guided by local values and norms in health, education and employment. In such a process, policies to promote entrepreneurship and microfinance have been strategies that allowed the State to manage natural resources and public services, although its programs did not always include migratory flows or entrepreneurs originated, either because of its protectionist bias or its multilateralism The rulers excluded organized sectors of civil society from their policies and institutions. The objective of the present work was to specify a model for the study of consensual sustainability, but no longer between political actors but, rather, with civil participation. A documentary study was conducted with a non-probabilistic selection of sources indexed to national repositories, considering the period of publication from 2010 to 2017, as well as the inclusion of concepts related to development, migration and participation. It is recommended to continue the researchon the impact of comprehensive policies on the identity of social actors.

Keywords: growth; development; organizations; communities; agenda

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es especificar un modelo para el estudio de la sostenibilidad en su modalidad consensuada, vislumbrar las interrelaciones entre los actores políticos y sociales, así como los límites de las políticas y estrategias de desarrollo endógeno con respecto a la participación comunitaria.

Un modelo es una representación de los factores esgrimidos en una revisión de la literatura. De esta manera, el modelo incluye cinco ejes, trayectorias e interrelaciones entre los factores esgrimidos en los marcos teóricos, conceptuales y empíricos

En un sentido de desarrollo y políticas públicas, la sostenibilidad local alude a los mecanismos, instrumentos, evaluaciones e indicadores referentes al impacto de la promoción y el ejercicio de los derechos y garantías individuales en las relaciones entre gobierno y sociedad civil. De esta manera, la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad radica en que la primera es un objetivo de las naciones, enunciada en la cumbre de la Tierra de Rio 1992 mientras que la segunda es una corresponsabilidad entre actores políticos y sociales (Carreón, 2016).

De ésta manera, la sostenibilidad no siempre es consensuada ya que ello supone un conflicto, negociación, arbitraje, enjuiciamiento y corresponsabilidad ante una problemática cada vez más creciente y amenazante de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En ese esquema, la sostenibilidad es una estrategia política que busca retardar los efectos del cambio climático, por ejemplo, en la salud pública ambiental (García, Sandoval y Aguilar, 2016).

Empero, la sostenibilidad en tanto instrumento de gestión y parámetro de administración pública, debiera ser resultado de un debate internacional que no sólo se disemine a todos los niveles regional, nacional o local, sino además se retroalimente con las propuestas e iniciativas de las agendas locales (García, Bustos y Montero, 2012).

Teoría de sostenibilidad consensuada

El marco teórico para el estudio de la sostenibilidad consensuada incluye a la teoría del multilateralismo, la teoría del regionalismo y la teoría de la gobernanza. Cada una explica los modelos de sostenibilidad local, entendida como una alianza estratégica entre gobernantes y gobernados con respecto a políticas de micro-financiamiento y cooperativismo solidario (García, Carreón y Hernández, 2016).

El enfoque multilateralista explica las relaciones económicas y los intercambios comerciales entre los países desarrollados y las economías dependientes. Desde ésta perspectiva, la sostenibilidad local depende del ajuste de las políticas municipales a los acuerdos internacionales establecidos en las cumbres de la Tierra. A partir de la celebración de éstos tratados, se diseminan recomendaciones para el cumplimiento de objetivos y metas a partir de tareas orientadas a la implementación de los derechos ambientales y urbanos, el financiamiento de los proyectos y la participación civil en la reducción de contaminantes para el cumplimiento de las normas internacionales (Bustos y Flores, 2014).

Sin embargo, los consensos establecidos en las cumbres de la Tierra no siempre tomaban en consideración las necesidades, las expectativas y las capacidades locales. Será la teoría del regionalismo la que vendrá a explicar el diálogo entre los actores comunitarios con sus autoridades y gobiernos (Carreón, 2013).

Si el multilateralismo pierde de vista lo local, el regionalismo soslayará las alianzas estratégicas entre pymes y trasnacionales al asumir que las comunidades se defienden contra la globalización de productos y servicios, así como la diseminación de políticas del cambio climático que atentan contra sus usos y costumbres (García, 2015).

La teoría del regionalismo advierte que los países emergentes son dependientes de las economías desarrolladas. A partir de éste hecho, la integración entre los países emergentes es sustancial para establecer un bloque económico que permita no sólo contener la globalización sino, además edificar un sistema alterno (García, 2017).

En esa perspectiva, las políticas de fomento empresarial son instrumentos de gestión de la economía nacional. Los programas de subsidios y apoyos a la industria nacional son la clave del modelo regionalista. Incluso el consumo es orientado a la adquisición de productos y el consumo de servicios de empresas nacionales (Carreón et al., 2015).

Se trata de un crecimiento por sustitución de importaciones donde el Estado orienta los recursos públicos hacia la industria nacional y con base en las necesidades de sectores con ingresos suficientes para consumir el aumento de precios. No obstante, el modelo regionalista al concentrar los recursos y financiamientos afectan a sectores productivos vinculados con el mercado internacional, soslayan la emergencia de nuevas industrias como el turismo e inhiben la innovación y competitividad de las empresas subsidiadas o favorecidas con el gasto público (García et al., 2011).

Por consiguiente, el multilateralismo global y el regionalismo nacional parecen afectar el desarrollo municipal. La teoría de la gobernanza no sólo explica el proceso de concertación sino, además ofrece un panorama de consenso en torno a los factores que impulsarían lo local (Carreón et al., 2016).

Si el desarrollo local, a diferencia del desarrollo nacional y regional, depende del capital semilla de los flujos migratorios y de sus ideas de emprendimiento, entonces su sistema de cogestión referirá al establecimiento de una agenda en la que el tema central será la conservación de los bienes ahora considerados comunes (García et al., 2012).

La teoría de la gobernanza explica el modo en el que los actores políticos y sociales establecen una negociación y acuerdos ya no ante la disponibilidad de recursos, ni ante la formación profesional del capital humano o el proteccionismo estatal, sino a partir de los usos y costumbres locales, las normas y los valores comunitarios (Carreón et al., 2015).

De este modo, la sostenibilidad local no dependería de los recursos -financieros, humanos, ambientales-, sino de la participación de las comunidades en su gobierno y de la clase política en la gestión de los bienes comunes (García et al., 2013).

Estudios de la sostenibilidad

En virtud de que el Desarrollo Sostenible supone la incorporación de visiones del mundo diversas, las vicisitudes que impiden a los modelos de sostenibilidad incorporar los símbolos, significados y sentidos de comunidades y organizaciones orientados a la sustentabilidad una vez que la inestabilidad económica y la crisis ambiental amenazan su existencia. La preservación de los recursos naturales para las generaciones del futuro está delineada por modelos que superen la disyuntiva de crecimiento económico o eco-desarrollo. La discusión de los temas relativos al desarrollo local en referencia al crecimiento global, la inserción de trasnacionales en las comunidades con respeto a la internacionalización de las pymes permitirá entender el futuro de las necesidades humanas en función de la disponibilidad de recursos (García et al., 2014).

Los desarrollos comunitario, organizacional y sostenible, a menudo han sido considerados opuestos tanto desde los modelos que plantean el desarrollo a partir del crecimiento económico, la producción industrial y la explotación de la naturaleza como desde aquellos modelos que proponen el desarrollo a partir de la liberalización, cuando menos ética, de la humanidad en referencia al consumismo. En tal escenario, las comunidades y las organizaciones son asumidas como barreras para el crecimiento económico o el eco-desarrollo. En tal sentido, las comunidades y las organizaciones sean incorporadas en la construcción de una agenda global y ambiental de símbolos, significados y sentidos orientados a establecer nuevas relaciones entre la humanidad y naturaleza (García et al., 2015).

Sin embargo, las organizaciones y las comunidades pueden ser incorporadas en las propuestas de sostenibilidad si se consideran a sus valores, normas, creencias, conocimientos e innovaciones como fundamentos de desarrollo, empero tal gestión atraviesa dimensiones y asimetrías entre organizaciones y comunidades en el contexto de la globalización financiera y el Desarrollo Sostenible (Sandoval, García y Pérez, 2015).

Una diversidad factores inciden en la sustentabilidad de los recursos naturales, aunque las barreras que impiden a la humanidad desarrollarse sostenidamente emergen de organizaciones civiles y comunidades empresariales. Es en la convergencia de pymes y trasnacionales donde es posible la sustentabilidad que podrían incorporar a los valores comunitarios y a la producción organizacional. Esto es así porque la globalización está indicada por la internacionalización de las pymes y la inserción de trasnacionales al mercado local, en ambos procesos, las alianzas estratégicas se traducen en la coexistencia entre tradiciones comunitarias y culturas organizacionales (García et al., 2016).

Ahora bien, los modelos de sustentabilidad avocados a la gestión del conocimiento y los valores que respetan a la naturaleza parten del hecho de que las relaciones entre comunidades y organizaciones son asimétricas ya que las primeras se aproximan a considerar a los recursos naturales como parte de la historia de los pueblos mientras que las organizaciones utilizan a la naturaleza como un medio para lograr su objetivo de internacionalización o incorporación al mercado local. Tales supuestos han propiciado que los modelos de sostenibilidad gestionen un crecimiento económico o desarrollo ecológico sin considerar el futuro de las comunidades y organizaciones (Carreón et al., 2016).

Por ello, son fundamentales las implicaciones de los principios que rigen los modelos de sostenibilidad para vislumbrar la construcción de una agenda de sostenibibilidad en sus dimensiones local y global (García et al., 2011).

Los modelos economista, eco-desarrollista, ético-discursivista, ético-ecológista, bio-céntrista, territorialista, comunitarista, regionalista, presionista y eco-turista se han erigido como propuestas ante las problemáticas ambientales locales y el desarrollo endógeno sustentable. Tales modelos suponen que, en una situación de vulnerabilidad, indicada por su grado de disponibilidad de recursos naturales y su nivel de calidad de servicios públicos, las capacidades de comunidades y barrios están amenazadas por la reducción de oportunidades, aunque dado el incremento de responsabilidades, es posible coadyuvar a la reducción de riesgos, la optimización de energías, al mejoramiento de la productividad, a la promoción de la salud y a la prevención del delito ecológico (García et al., 2012).

Los modelos de sostenibilidad local subyacen a un diagnóstico de las capacidades comunitarias o barriales en conflicto con la disponibilidad de los recursos naturales. Consisten en el establecimiento de las relaciones modificables entre los espacios construidos e intangibles a partir del ordenamiento territorial y la planificación urbana. En tal proceso, la participación de las comunidades, barrios, entidades o demarcaciones es fundamental ya que la construcción de una agenda local orientará las decisiones y acciones colectivas (Carreón, 2016).

Empero, los modelos de sustentabilidad también pueden ser implementados en organizaciones dedicadas al ecoturismo o la producción orgánica ya que su propósito esencial es ajustar los lineamientos del Desarrollo Sostenible a la responsabilidad social de las empresas así como orientar las culturas laborales a la preservación del entorno, la promoción de estilos de reciclaje y reutilización, además al ser un ámbito de valores, normas y creencias las organizaciones son impulsores de empleos y productos respetuosos con la naturaleza y los recursos que sirven de insumo, o bien, la calidad de vida y el bienestar personal son alicientes para que las empresas se preocupen por sus clientes ofreciéndoles calidad indicada por el cumplimiento de los estándares internacionales (García et al., 2015).

Sin embargo, cada uno de los modelos supone una humanidad como una entidad aparte de las leyes de la naturaleza, sus formas de coexistencia e interdependencia. Los modelos de intervención para la sostenibilidad asumen que la solución a las problemáticas ecológicas está en la racionalidad o emotividad humana más que en los procesos climáticos. Incluso, asumen a la humanidad como un agente de conflicto y cambio al que la naturaleza debería ajustar sus recursos para lograr preservarse a sí misma y con ello asegurar la vulnerabilidad, marginalidad o exclusión de comunidades y barrios periurbanos (García, 2013).

En tal proceso el diagnóstico, intervención y evaluación las Instituciones y Universidades de Educación Superior (IUES) están llamadas a asumir el compromiso de gestionar; producir o reproducir, traducir o desmembrar el conocimiento relativo al estado que guardan los recursos naturales en referencia a la proyección socioeconómica de las generaciones actuales y futuras (Sandoval, García y Pérez, 2015).

La universidad, en tanto factor de crecimiento local, está acoplada a los proyectos eco-turistas que se asumen como una alternativa de crecimiento económico por la derrama de divisas y generación de empleos. Los modelos centrados en el turismo acuático, extremo, de playa o montaña plantean que los estilos de vida ligados al riesgo son una “válvula de escape” para la vida urbana y que la satisfacción del cliente devendrá en una serie de visitas a los lugares paradisiacos o mágicos los cuales no sólo hacen más emocionante y por ende significativa la vida de quienes tienen el poder adquisitivo para tales actividades, sino además, otorgarán valor a los sitios turísticos activando un “efecto dominó” en el que los visitantes y paseantes demandarán los servicios de las localidades o zonas de esparcimiento, diversión y entretenimiento (García et al., 2014).

El desarrollo local, inmerso en el eco-turismo parece depender de una cadena de confianza, satisfacción y confort más que de la inversión en la industria, la generación de empleos y la inserción laboral a partir de programas de capacitación y adiestramiento a los residentes locales. En tal sentido, el proceso que va de lo global a lo local depende de factores externos más que endógenos, las entidades sólo son meras intermediarias de la trasferencia de divisas y la conversión de la naturaleza en recursos, bienes, servicios o productos de consumo parece asumirse como parte del modelo eco-turista, empero sus consecuencias son consideradas como externas o colaterales al desarrollo (García et al., 2016).

En paralelo, los modelos regionalistas consideran al desbalance entre recursos y población como un factor que incidirá en el desarrollo socioeconómico y su impacto en el capital natural o la diversidad biológica. A diferencia del presionista, el regionalista incluye a la participación comunitaria mientras que el presionista sólo toma en cuenta las proyecciones poblacionales, productivas y de consumo para establecer relaciones de dependencias entre el uso de energéticos y los acuerdos o convenios entre autoridades locales (García et al., 2012).

Se trata de dos modelos disímbolos, pero derivados del supuesto según el cual, entre el desarrollo global y local, las regiones fungen como intermediarias; regulan y moderan los procesos extractivos, transformativos y distributivos en los que están inmersos los recursos naturales en función de las necesidades y expectativas de las generaciones actuales sin considerar las oportunidades de gestión de recursos y generación de conocimiento para el desarrollo de las generaciones futuras. A menudo, el diagnóstico de la disponibilidad de los recursos naturales y el pronóstico de su agotamiento sirve en la planificación del desarrollo endógeno en referencia a la situación regional (Carreón et al., 2015).

En contraste con los modelos presionista y regionalista, el territorialista emerge de las oportunidades, capacidades y responsabilidades que el mercado ofrece a las comunidades y los barrios. La demarcación de un territorio de producción, distribución y consumo es una consecuencia de la inversión externa y la transferencia de conocimientos como de tecnología (García et al., 2015).

Lo local es reducido a una expresión pasiva frente a la movilidad del mercado a través de la oferta y demanda de productos y servicios. Los recursos naturales son sólo un instrumento de desarrollo mientras que los actores de las cadenas productivas globales son los mismos a nivel regional y local. Las alianzas entre pymes y trasnacionales son asumidas como estratégicas en tanto generan empleos, pero las alianzas con otros actores no son entendidos como pilares de desarrollo ya que los convenios de colaboración entre pymes y trasnacionales cubren la oferta laboral y condicionan la demanda de empleos (Carreón, 2013).

Es decir, el crecimiento según reza el modelo economista es el resultado de un proceso continuo de innovación tecnológica, pleno empleo y distribución equitativa de los recursos, aunque ello implique una brecha entre países desarrollados y subdesarrollados (economías emergentes), las comunidades y organizaciones son sólo asumidas como instrumentos para el desarrollo endógeno en referencia al mercado global. Por el contrario, el modelo eco-desarrollista propone el consenso entre los actores para establecer una agenda común a los intereses de las mayorías y minorías tomando en cuenta la disponibilidad de recursos, así como las amenazas ambientales e industriales que atenten contra la estabilidad de localidades, regiones o sistemas globales (García et al., 2016).

En otro extremo, los modelos comunitarista, bio-centrista, ético-discursivista y ético-ecologista dan por hecho que el desbalance es una corresponsabilidad entre los actores ya que, en torno a la construcción de una agenda sustentable, la población vulnerable, marginada y excluida puede aportar saberes cuya discusión es fundamental para el debate público, la seguridad ciudadana y la paz social (García et al., 2015).

El modelo comunitarista enfatiza la participación de los barrios y pueblos originarios desde los cuales se pretende comprender a la naturaleza como un elemento local de identidad más que de desarrollo. Así, los residentes de las zonas periféricas son aquellos quienes defienden su derecho a la ciudad y los recursos naturales, así como la demanda de servicios públicos relativos a la disponibilidad de bienes públicos y comunes. Es aquí donde el modelo bio-centrista privilegia la conservación de las especies animales y vegetales en detrimento de las necesidades humanas. Desde este enfoque, los recursos naturales son parte de un sistema en el que la humanidad es una especie más y por ende la huella ecológica que amenaza su continuidad es observada como una fase de los cambios que la naturaleza experimenta y de los cuales las especies se extinguen o transforman (Carreón, 2016).

No obstante, la preservación a ultranza de la naturaleza es vista desde el modelo ético-discursivo como una consecuencia irracional derivada de una reflexión confusa entre las relaciones que guardan naturaleza y humanidad. La comunidad científica estaría más cercana a este modelo de sostenibilidad ya que la naturaleza es percibida como un objeto de estudio, modificable a partir de la planificación urbana. En contraste, el modelo ético-ecologista sostiene que las comunidades y organizaciones son sólo parte de los recursos naturales y en tanto entidades morales son susceptibles de ser liberadas cuando menos desde sus valores, creencias y normas en lo que a producción y consumo se refiere (Carreón et al., 2015).

Los modelos de sostenibilidad son proclives al conflicto y al cambio ya que parten de una relación disonante entre naturaleza y humanidad, sea por sus valores, creencias y normas o por sus estructuras, sistemas, instrumentos y resultados, los modelos plantean oportunidades, capacidades y responsabilidades que las generaciones actuales deberán asumir para beneplácito de las generaciones futuras (Bustos, Quintero y García, 2017).

En el marco del Desarrollo Sustentable las organizaciones y las comunidades parecen reencontrarse en el proceso de internacionalización de las pymes y la entrada de las trasnacionales al mercado local, sin embargo, los modelos de sustentabilidad insisten en considerar que el desarrollo de las comunidades y las organizaciones transita por caminos diferentes (Limón, et al., 2017).

En principio, los modelos de sostenibilidad orientados al desarrollo exclusivo para las generaciones actuales consideran que las comunidades son un síntoma de las economías emergentes ya que están, según reza la lógica desarrollista económica, en transición hacia el pleno empleo. Por su parte, los modelos eco-desarrollistas sostienen que las organizaciones son entidades carentes de valores, normas y creencias a partir de las cuales es posible inferir una cultura sesgada a la ganancia y por ende desfavorable al medio ambiente (Sánchez et al., 2017).

En ambos modelos, economista y eco-desarrollista, las comunidades en primera instancia y las organizaciones en segunda, son barreras para la sostenibilidad, pero quizá el problema esencial radica en que ambos modelos suponen que las organizaciones y las comunidades son opuestas. En tal contexto, es indispensable discutir las relaciones que guardan las comunidades y las organizaciones en referencia a los lineamientos del desarrollo sustentable y la globalización financiera-económica (Sandoval et al., 2017).

Las organizaciones, a diferencia de las comunidades, están circunscritas a las innovaciones tecnológicas ya que son su instrumento para ajustar su producción a las lógicas de los mercados globales y locales. En contraste, las comunidades son entidades de usos y costumbres en las que los símbolos, significados y sentidos determinan las tradiciones, mitos, valores, normas y creencias que las aproximan al cuidado de los recursos naturales mientras que las organizaciones, incluso aquellas socialmente responsables, asumen que la naturaleza es proveedora de insumos y en todo caso receptora de residuos (Carreón et al., 2017).

Las relaciones entre las comunidades y las organizaciones con respecto a los recursos naturales parecen mostrar que ambas son opuestas, sin embargo, en situaciones de escasez, riesgo e incertidumbre, las comunidades han mostrado que la confianza, solidaridad y cooperación son algo más que síntomas de capital social o redes de apoyo, son en esencia símbolos, significados y sentidos de sustentabilidad mismos que presentan las organizaciones al momento de establecer alianzas ante una crisis financiera, recesión financiera o desaceleración económica (García et al., 2017).

En el caso de la formación profesional del capital humano, los valores, creencias y tradiciones de las comunidades convergen con los conocimientos y saberes de las organizaciones. Si en las universidades lo comunitario y lo organizacional pueden coexistir, entonces en los modelos de sostenibilidad los símbolos, significados y sentidos de confianza, solidaridad, respeto, cooperación e innovación pueden ser compatibles para la construcción de una agenda pública de desarrollo sustentable (Limón et al., 2017).

No obstante, la convergencia de los principios comunitarios con los organizacionales no es una tarea fácil ya que la extinción de los recursos naturales ha incidido en las diferencias entre comunidades y organizaciones hasta un grado tal que ahora los pueblos originarios defienden a ultranza sus derechos a los recursos y las organizaciones en su afán de subsistir establecen redes de cadenas maquiladoras en las que la desregulación del Estado permite la explotación desmedida de la naturaleza (Hernández et al., 2017).

Es por ello que los modelos de sostenibilidad no sólo deben incluir lo comunitario y lo organizacional, sino además deben avanzar hacia esquemas de regulación jurídica en los que la protección al medio ambiente sea un indicador de desarrollo que pueda complementarse con la participación civil. A medida que el marco jurídico proteja la disponibilidad de los recursos para las futuras generaciones, la construcción de una agenda sustentable deberá discutirse en las esferas civil, política, económica, académica, comunitaria y organizacional. Tal ejercicio distinguirá a nuestra civilización como aquella en la que el cambio climático nos abrió la oportunidad de construir símbolos, significados y sentidos de sustentabilidad (Sandoval et al., 2017).

El eje que va la sostenibilidad a los demás nodos advierte que, en éste escenario de desarrollo, el consenso entre actores políticos y sociales, autoridades y usuarios, es el preámbulo del establecimiento de una agenda centrada en el fomento de las oportunidades y el financiamiento de las capacidades. Se trata de un proceso en el que las políticas de fomento empresarial y de micro-financiamiento determinan las políticas sociales y ambientales. En este nivel el consenso se genera a partir de todos los actores políticos y sociales a partir de considerar a los bienes comunes.

El eje que va del localismo a los demás nodos advierte que las oportunidades y las capacidades municipales son determinantes de la negociación y las alianzas estratégicas entre pymes y trasnacionales. Se trata de un proceso en el que el mercado local es producto de los acuerdos entre los actores con base en el sostenimiento de un sistema de cogestión de los recursos comunes y los servicios públicos. La corresponsabilidad es resultado de los acuerdos entre culturas oriundas, migrantes y flotantes en materia de emprendimiento social e innovación productiva.

El eje que va del nacionalismo a los demás nodos explica el proceso en el que las políticas de fomento empresarial superan a las políticas de micro-financiamiento, pero además se destacan mecanismos de transferencia de tecnologías que permitirán un comercio interno de productos y servicios producidos en el territorio, pero con base en las necesidades de crecimiento nacional como es el caso del turismo interno. En este nivel la literatura advierte que es indispensable una cuantiosa inversión extranjera directa para actualizar a la industria y los servicios de tal manera que sean competitivos a nivel internacional, pero la corrupción del Estado es el principal freno ya que, si éstas inversiones se filtran a la economía nacional el gasto público ya no será el eje rector.

El eje que va del regionalismo a los demás nodos aclara que las alianzas entre las economías de países emergentes, permitirán superar la dependencia con base en las ventajas competitivas de los países integrantes del bloque económico, pero con pleno respeto a los derechos y garantías individuales, la protección de sectores civiles y el establecimiento de una agenda común. El consenso en éstos niveles de gestión radica en las inversiones externas, pero sobre todo en la estabilidad de la región ya que, la sociedad civil disidente a las políticas del Estado puede desarrollar un movimiento de dimensiones extraterritoriales que compliquen una negociación.

El eje que va del multilateralismo a los demás nodos señala que son los acuerdos entre los países emergentes y las economías desarrolladas los que permitirán superar la dependencia. Es el caso de los acuerdos migratorios o comerciales, pero ya no desde los gobiernos sino, desde las urbes y organizaciones civiles que cada vez trascienden las fronteras territoriales. En este modelo, el consenso sigue un proceso de gestión de los países dependientes hacia las economías desarrolladas, pero se materializa entre las diferencias de culturas migrantes y oriundas en torno a fuerza laboral o salud ocupacional, principales escenarios de las políticas multilaterales.

MÉTODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio documental, transversal y exploratorio con una selección no probabilística de fuentes indexadas a repositorios nacionales como Latindex y Redalyc, así como la inclusión de palabras clave: “sostenibilidad”, “consenso”, “modelo”, “especificación”. A partir de la técnica Delphi se analizó e integró el contenido de la literatura consultada. En una matriz de análisis de contenido se esquematizaron los ejes, trayectorias e interrelaciones entre los factores esgrimidos en el estado del conocimiento.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra el análisis de contenido y las trayectorias de relaciones entre las variables reportadas en el estado de la cuestión. Es posible apreciar que la literatura consultada se enfoca en la determinación del comportamiento para la sustentabilidad, el cual evolucionó del comportamiento proambiental en el caso de la conservación doméstica de recursos y la conducta ambiental responsable para el caso de las organizaciones.

Tabla 1. Especificación de trayectorias de relaciones de dependencia  

CPS = Comportamiento para la Sostenibilidad, indicado por austeridad, ahorro y reutilización

En un sentido histórico, la especificación de relaciones se centró en los motivos de ahorro de recursos como determinante principal del comportamiento para la sustentabilidad, pero en los últimos años éste ha sido determinado por variables de orden comunitario como el sentido de comunidad e indicados por habilidades y capacidades socialmente compartidas como el tequio o la guatza.

Más recientemente, el comportamiento para la sustentabilidad ha sido determinado por variables sociopolíticas, derivadas de los efectos de las políticas de austeridad como es el caso del tandeo y el trueque.

De este modo, el comportamiento para la sustentabilidad ha sido explicado desde variables personales como las actitudes y las percepciones hasta variables de orden grupal como el clima de relaciones, el clima de apoyos, el clima de tareas y el clima de innovaciones en el caso de las organizaciones de la sociedad civil.

Es decir que la construcción de un modelo de sostenibilidad consensuada atraviesa por trayectorias de interrelaciones entre variables que aluden al comportamiento individual y colectivo en función de políticas públicas y recursos psicológicos, aunque la evaluación de éste proceso depende de los indicadores del comportamiento para la sostenibilidad como es el caso de la austeridad, la optimización y la reutilización de los recursos y servicios públicos.

DISCUSIÓN

El aporte del presente estudio al estado de la cuestión radica en el establecimiento de un modelo de ejes y trayectorias entre los factores revisados en la literatura de 2010 a 2017. El tipo de diseño de estudio y el tipo de selección muestral limitan la propuesta misma que puede ser enriquecida con una selección de fuentes en repositorios internacionales y la técnica de minería de textos.

En relación con la teoría de la sostenibilidad consensuada en donde prevalece un enfoque regionalista y multilateralista, el presente trabajo advierte que ambos modelos pueden ser complementados por las aproximaciones nacionalista y local, así como integrados en un modelo de sostenibilidad.

Respecto a la literatura que destaca los modelos economista, eco-desarrollista, ético-discursivista, ético-ecológista, bio-céntrista, territorialista, comunitarista, regionalista, presionista y eco-turista todos y cada uno centrados en la relación entre el Estado y la ciudadanía, el presente estudio propone que los acuerdos más bien se gestan en las esferas y redes civiles en torno a necesidades, expectativas y capacidades de alianzas estratégicas ya sea entre organizaciones o entre los gobiernos locales donde tienen mayor incidencia.

En cuanto a otras propuestas de modelos como las de Bustos, Quintero y García (2017), Carreón, García y Hernández (2017), Carreón et al., (2017), Hernández et al., (2017), Limón et al., (2017), Sánchez et al., (2017) y Sandoval et al., (2017) enfocados en la identidad como factor esencial de la construcción de una agenda, debate y acuerdos, el presente trabajo aclara que las políticas públicas integrales se distinguen por su protección social a migrantes como a oriundos en el marco de los derechos económicos, políticos, sociales, laborales, ambientales y sexuales. En ese sentido, los modelos esgrimidos eximen de sus propuestas a uno u otro sector civil, pero ello genera una agenda y una discusión pública para resarcir las asimetrías.

Precisamente, una línea de investigación sería el efecto de las políticas integrales sobre la identidad de los actores en un contexto de escasez de recursos, desabastecimiento de servicios y emergencia de capacidades, materializados en una agenda de debate, acuerdos y corresponsabilidad.

CONCLUSIÓN

El objetivo del presente trabajo ha sido la especificación de un modelo para el estudio de la sostenibilidad consensuada. A partir de la revisión y análisis de la literatura se especificaron las relaciones de dependencia entre las variables esgrimidas en el estado del conocimiento, pero el tipo de estudio exploratorio, el tipo de selección muestral de fuentes informativas y el tipo de técnica para el análisis del contenido limitan los hallazgos al contexto y la muestra de estudio. Es menester llevar a cabo una extensión y sofisticación del modelo a fin de poder contrastar sus propuestas hipotéticas.

Agradecimientos

El proyecto fue financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Asuntos del Personal Académico, Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, registro IN305516.

REFERENCIAS

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Recibido: 09 de Julio de 2017; Aprobado: 17 de Octubre de 2017

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