EDITORIAL

 

La información, el poder de la gente

The information, the power of the people

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Entre el 2013 y 2014, el Paraguay ha dado un salto importante en materia de uno de los derechos humanos esenciales: el derecho de acceso a la información pública. La escalada de reclamos ciudadanos a partir del conocimiento de hechos graves de corrupción, en la segunda mitad del año pasado, provocó un verdadero Tsunami de la transparencia en Paraguay, marejada que todavía sigue dando frutos hasta hoy.

En medio de aquellos reclamos y movilizaciones de la población, indignada en su mayoría por las tropelías y corruptelas desvergonzadas de muchos actores políticos, el 15 de octubre del 2013 el Paraguay fue testigo de un hecho fundamental: la suscripción de una sentencia histórica y ejemplar de la Corte Suprema de Justicia que interpretó el alcance del artículo 28 de la Constitución Nacional (el derecho a la información) y estableció la obligación explícita y concreta del Estado de proveer información a todas las personas. La oleada de transparencia fue significativa. Se pudieron conocer las inconsistencias y barbaridades, desigualdades e inmorales privilegios del presupuesto público, así como se corroboró la vigencia incrementada del clientelismo político a costa de las arcas del Estado.

Ya en el 2014, dos leyes sobre Acceso a la Información Pública (las leyes 5189 y 5282) vinieron a complementar el marco jurídico-legislativo a una cuestión que fue olímpicamente desatendida durante décadas. Al respecto, baste decir que el mencionado artículo 28 de la Constitución, que data del año 1992, llevaba ya 22 años sin ser reglamentado, como obligaba su texto, “a fin de que este derecho sea efectivo”.

¿Qué implica todo esto? Pues bien, para el país y la República, la ratificación de que este derecho esencial para la democracia tiene vigencia y hoy posee un marco jurídico mejor estipulado para su efectivo cumplimiento. Pero además, políticamente esto supone que se está devolviendo a la gente, a la ciudadanía, el poder que siempre se le ha negado y escamoteado: el poder de la información. Un poder que cimienta la verdadera democracia porque da sentido a esa “soberanía” que ejerce, en una República, el Pueblo.

Los políticos, los mandatarios, deben comprender que el rol es servir a la ciudadanía con transparencia. Y por ello, la información es la herramienta para que el elector, el votante, el mandante, pueda controlar el ejercicio de quien recibe el mandato de parte del pueblo.

En el ámbito académico que nos toca, este hecho tiene varias implicancias: una de ellas es que debemos esmerarnos en promover una Universidad cada día más transparente, ordenada y abierta, pues la ciencia y la cultura fueron y serán siempre contrarias a la opacidad, el desorden o la cerrazón. Los avances institucionales verificados, y el ejemplo cívico del pueblo paraguayo reclamando este derecho, deben movernos a mejores empeños en este sentido. Y sobre todo, a hacer que la información, así como es el poder de la gente, se constituya también en el motor del progreso de la ciencia, el conocimiento y la cultura.

 

José María Costa

Catedrático de Derecho de la Información,

Universidad Nacional de Asunción