Antelación teórica: los criterios de estructuración de clases

El régimen capitalista presenta características específicas según las diferentes formaciones sociales dependiendo de varios factores tales como el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la racionalización del proceso productivo y la estructura del poder. La racionalización capitalista se erige como el principio generador de una racionalización social en el que el poder político y los diferentes arreglos institucionales conforman un orden social legítimo, o sea, una estructura de poder.

La propiedad de los medios de producción que emerge de la división social del trabajo opera como el criterio elemental de diferenciación de las clases sociales en la sociedad capitalista (^{Marx, 1959}). El mercado en tanto institución distributiva legítima genera una estructura de desigualdad social que es propia a su arreglo institucional. La acumulación de capital se origina en la expropiación de los medios de producción de productores directos liberando fuerza de trabajo a disposición de la clase burguesa que la adquiere en el mercado de trabajo. La propiedad privada (de los medios de producción) sitúa un sector de la sociedad en clase dominante y su carencia a otro sector en clase dominada (^{Marx, 1986}).

Por su parte Weber considera igualmente a la propiedad como principio de diferenciación social, pero de carácter pluri-clasista, distinguiendo, por una parte, las clases propietarias de las clases adquisitivas, ambas de las clases dominantes; mientras que, por otra parte, distingue las clases no propietarias calificadas de las clases trabajadoras no calificadas (^{Weber, 1964}). En las clases dominantes, el tipo de propiedad para obtener beneficios en el mercado puede distinguirse en medios de ingresos (rentas) o bien en oferta de bienes y servicios (ganancias), generando clases rentistas y clases empresariales. Por otra parte, las clases carentes de propiedad se diferencian en los niveles de monopolización que disponen de cualificaciones negociables en el mercado. Entre éstas, la situación de clase de los que disponen de calificaciones con cierto grado de “valor de mercado” se diferencia de la que no disponen de cualificaciones sino sólo su trabajo no-calificado (^{Weber, 1964}).

Este planteamiento redefine los principios de diferenciación al interior de los sectores no-propietarios, en los cuales la posición respecto de la propiedad (situación de clase) no determina la posición en el mercado. Weber denominó capacidad de mercado a los atributos que los individuos pueden movilizar para definir una posición en el mercado en tanto “grupo de status”. En este sentido, las diferencias en la capacidad del mercado no se derivan solamente de la propiedad, sino que dependen cada vez más del valor de escasez de ciertas facultades (v.gr. cualificaciones certificadas y reconocidas) que los agentes “poseen” y que pueden ofrecer en el mercado.

Florestán Fernandes plantea que la estructura de clases en América Latina, donde el capitalismo tuvo un desarrollo tardío, carece de un “impulso igualitarista” en las relaciones sociales debido a la naturaleza singular del orden social que lo constituye (^{Fernandes, 1983}). Fernandes define como orden social competitivo a la estructura social donde las disparidades socioeconómicas de baja magnitud hacen posible una lógica competitiva en la disputa por los recursos y las oportunidades propia de un mercado capitalista no monopólico. La posibilidad que abre un orden social competitivo es la extensión del sistema productivo en su función estratificadora y el mercado en su función clasificadora.

La diferenciación social predominante en un orden social no competitivo se basa en privilegios estamentales de orden etnocultural y la movilidad social permanece cerrada institucionalmente. Con bajos niveles de movilidad, las clases fuertemente diferenciadas, se rigen por lógicas que no apuntalan el igualitarismo y la democratización, de modo que

“no pueden contribuir a acelerar la creación de condiciones esenciales ni siquiera a la estabilidad y a la consolidación del orden existente (y, por lo tanto, al desarrollo del capitalismo). Pueden difundir hábitos de consumo en masa y ciertas exterioridades de la ‘comodidad’ y de la ‘vida civilizada’. Sin embargo, no pueden universalizar y fortalecer impulsos igualitarios relacionados con la redistribución de la riqueza y del prestigio social, o con la democratización del poder, necesarias para la misma estratificación en clases sociales. En otras palabras, no pueden absorber las inequidades sociales, heredadas del pasado remoto o construidas a través de la implantación del orden social competitivo, ni servir para el surgimiento más o menos rápido del ‘pluralismo democrático’ (considerado por muchos como el índice ideal del ‘capitalismo maduro’)” (^{Fernandes, 1983}, pág. 220).

El escaso desarrollo de un orden social competitivo auspicia la heterogeneidad estructural de la formación económica y social, en la cual como sostiene Fernando Cortés,

“el régimen de acumulación dirigido por un sector capitalista transnacional, cada vez más concentrado, tiende a impedir que los resultados del crecimiento se difundan sobre el resto de la economía y genera condicionamientos para que el país usufructúe de las ventajas comparativas y competitivas, a través del aumento en las remuneraciones y del empleo en el sector más productivo. En consecuencia, la apertura hacia el exterior tiende a provocar una caída en los ingresos de los sectores informales tradicionales incapaces de enfrentar con éxito la competencia internacional, a la vez que tiene lugar un aumento en la productividad en los sectores modernos insertos en el mercado internacional que ya tienen los más altos niveles, en consecuencia se desencadenan procesos que presionan hacia una mayor concentración del ingreso” (^{Cortés, 2016}).

Los atributos favorables o desfavorables en el mercado constituyen mecanismos de separación definida, o clivajes, que operan para diferenciar a las clases. Así, los clivajes propios de la división social del trabajo² y de la distribución de la autoridad, están acompañadas de las relaciones distributivas que proceden de las capacidades de mercado. En función de los niveles de desarrollo económico y de institucionalización política, diferirán los clivajes entre modos más marcados a otros menos marcados de diferenciación y estructuración de clases (v.gr. estructura social basada sólo en clases propietarias y no propietarias, o bien, estructura social basada en clases propietarias, clases medias calificadas y clases trabajadoras manuales).

En un orden social competitivo, la desigualdad social que resulta no sólo de la distribución de la propiedad sino de la distribución de las calificaciones negociables, admite sectores sociales intermedios en la estructura social, delineándose una estructuración tripartita de las clases: clases superiores, clases medias y clases inferiores, cuyo esquema estructural se resume empíricamente en la articulación de la estructura productiva y el sistema educativo (^{Wright, 1994}). Las clases sociales, en tanto formas estructurales de agrupaciones de agentes conjugan las dos dimensiones cruciales de la estructura social, a saber, la propiedad y las credenciales, ordenando jerárquicamente a los agentes en un continuum de esas formas estructurales³ en las que de mayor volumen de propiedad y calificación se desciende a las de menor volumen (^{Goldthorpe, Erikson, & Portocarrero, 1979}).

La capacidad de mercado está constituida por la propiedad o por las calificaciones negociables, o bien, por la combinación de ambas, otorgando acceso a recursos y oportunidades en la sociedad. Según Weber, la posición de mercado obtenida por las capacidades de mercado, puede definir la pertenencia a grupos de status que se superponen con la situación de clase por el acceso a atributos sociales como la riqueza, el poder o el prestigio. La disputa por el acceso y la calidad educativa se hace más frecuente y más intensa porque constituye el recurso en la sociedad paraguaya de mayor disponibilidad, es decir, con la masificación educativa su acceso se volvió relativamente de bajo costo, pero, sobre todo, no supone derechos de origen social que se traducen generalmente en la disposición de la propiedad privada. Ante la carencia de cualificaciones negociables entre los sectores sociales más desfavorecidos en la estructura social (productores minifundistas), la propiedad de la tierra continúa, por lo tanto, siendo objeto crucial de disputa⁴.

El reconocimiento más o menos difuso, más o menos definido, de la identificación propia y de otras clases depende del cierre absoluto o relativo a la movilidad social. La conciencia de clase en el sentido de “clase para sí” de Marx, no se instauran directamente como efecto de las contradicciones en las relaciones de producción sino dependen de la experiencia social que tamizan las actitudes y las acciones subjetivamente orientadas para definir su emergencia. La experiencia social de clase se delinea y estructura en estilos de vida en las que los agentes se reconocen intersubjetivamente sobre la base de atributos sociales compartidos que operan como criterios de identidad social.

Los estilos de vida reflejan empíricamente experiencias compartidas de clase cuando la identificación social en torno a factores de estima y prestigio genera intersubjetivamente grupos más o menos definidos. Aquí los conceptos de clase y status vinculan las bases objetivas de la experiencia de clase y las expresiones subjetivas de los contenidos de esa experiencia. Los contenidos comunes que se movilizan en los estilos de vida comportan un reconocimiento de clase, es decir, la aceptación de creencias y costumbres entre los miembros de una clase que se traducen en disposiciones y prácticas comunes. En este sentido, el reconocimiento de clase es distinto de la conciencia de clase, que implica además una afiliación de clase particular y la identificación de otras (^{Bourdieu, 1984}).

Rasgos históricos de la socialización del mercado y formación de las clases

La estructuración de clases en la actualidad tuvo sus orígenes con la socialización de las relaciones de mercado a partir de la privatización de la tierra en el siglo XIX, proceso en el cual la mayor parte del capital estatal remanente después de la guerra triple aliancista pasó a constituir el patrimonio privado de contadas empresas extractivas y la fuerza de trabajo “liberada” entró en relaciones de interdependencia y sobre-explotación. La expansión del mercado como instancia dominante y exclusiva del intercambio económico tras la venta de tierras públicas (1883) da lugar a los sistemas de enclave de la economía extractiva y la formación de las clases trabajadoras en el periodo liberal.

“La liberalización económica supuso privatizar empresas públicas -como el ferrocarril- y tierras fiscales, que a fines del XIX dieron lugar a inmensas ciudades fabriles tanineras y a una explotación masiva de la yerba mate y los montes de madera. A esto se sumó la inmigración hacia las ciudades de artesanos y pequeños industriales, de origen argentino o europeo. Dos décadas después de la guerra, estas clases trabajadoras “modernas” -es decir, asalariadas y no sometidas a mecanismos extraeconómicos de extracción del trabajo- tenían ya sus Uniones, Sociedades de Socorros Mutuos, o de Resistencia, y empleaban el instrumento clásico de obtención de derechos laborales: la huelga. El censo oficial levantado por J. Jacquet en 1886 dio una lectura social basada en criterios no étnicos sino de relación con el capital, las tierras y el trabajo. Un 3,4 % de las 105 mil personas mayores de 15 años -lo que hoy llamaríamos población económicamente activa- era industrial, hacendado o comerciante. Entre artesanos, trabajadores asalariados y no calificados, peones estacionales y servidumbre sumaban más del 13%, mientras cuatro de cada cinco paraguayos (82,7%) seguían siendo campesinos agricultores” (^{Rivarola, 2016}).

La socialización del mercado, es decir, su expansión territorial como relación social dominante de intercambio económico, comportó la diversificación del mercado de trabajo y repercutió en la estructura de clases. Desde entonces adquirió preponderancia la capacidad de mercado como atributo relevante de estructuración social, a diferencia de la estructuración más elemental basada en la propiedad de los medios de producción -en particular la tierra- durante más de tres siglos.

La intensificación del desarrollo capitalista, en la segunda mitad del siglo XX, repercutió en la estructura productiva paraguaya y en el cambio de los criterios de diferenciación social. Aparecen como uno de estos criterios las diferencias de calificación productiva propias del carácter dual de la estructura productiva. “El incremento del capital productivo y de la escala de la producción, tiene efectos en la disminución de la demanda de fuerza de trabajo que se hace cada vez más selectiva. Al mismo tiempo que pierden significación profesiones y especialidades tradicionales, adquieren cada vez mayor importancia la calificación del trabajo relacionada con la mayor productividad” (^{Schvarztman, 2011}, págs. 142-143).

Dichas transformaciones apuntalaron las ramas de actividad basadas en los servicios cuya expansión fue la más importante en la estructura económica. “La incorporación de un sector terciario o de servicios en el producto social relativiza la verdadera magnitud de la estructura productiva y sus resultados” (^{Schvarztman, 2011}, pág. 144) lo que comportó la extensión creciente en ocupaciones administrativas así como las ocupaciones de comercios y servicios, empujando a un creciente número de individuos a demandar por calificaciones negociables que sirvieron para luchar contra la exclusión. Este escenario dio lugar a aspiraciones inéditas en la población paraguaya de búsqueda de oportunidades en un mercado de trabajo extendido desde la oferta laboral y restringido desde la demanda formal.

Por su lógica constitutiva el mercado capitalista valoriza ciertos atributos cuya desigualdad de posesión entre los agentes entraña desigualdades sociales, base de la explotación entre los grupos que disponen, en diferentes grados, de esos atributos. La educación constituyó el mecanismo por excelencia para el acceso a las cualificaciones negociables que otorgan oportunidades en el mercado cuando se expandió el acceso a la educación desde la última década del siglo XX. Las credenciales que el sistema educativo otorga da lugar a la emergencia de lo que Randall Collins definió como “sociedad credencialista”, es decir, una estructura social regida crecientemente por la valorización de los diplomas (^{Collins, 1989}) y donde, con el credencialismo, la desigualdad adquirió nuevas formas.

La búsqueda de recursos y oportunidades en el mercado moviliza progresivamente a los agentes para desarrollar sus capacidades de mercado, sea por el acceso a la propiedad o bien a las credenciales, redefiniendo los clivajes de la división del trabajo y, por tanto, redefiniendo los criterios de clase. En este sentido, la propiedad y las credenciales comportan componentes de la capacidad de mercado cuya desigualdad de disposición se traduce en relaciones de explotación, en tanto origina la apropiación del excedente de una clase por la otra y refuerza la desigualdad social⁵.

La socialización del mercado comporta la socialización de las relaciones de explotación que, según Marielle Palau, son constitutivas de la clase social en el capitalismo paraguayo, operando bajo una modalidad dual: la explotación directa y la explotación indirecta (^{Palau M., 2016}). Con base en las tesis de De Ste. Croix (1984), Palau define la primera forma como directa e individual que concierne la explotación del trabajo mercantilizado en la que el capital extrae el excedente directamente en el proceso productivo y la segunda forma como indirecta y colectiva, que actúa a través de la carga impositiva desproporcional en la que el Estado apuntala los intereses de unas clases en detrimento de otras⁶.

Pero la relación de explotación no necesariamente desemboca en el conflicto abierto de clases en el sentido de que la disputa sea por la propiedad. Ésta hace parte del conflicto social pero no se agota en ella puesto que, al involucrar también las credenciales, el objeto del conflicto social se redefine. En este sentido, las capacidades de mercado cuentan en el conflicto en torno a la tasa de explotación capitalista, la que varía según las credenciales disponibles. La discusión sobre la acción colectiva se hace crucial. En efecto, la interacción entre las condiciones objetivas de inserción en las relaciones de clase -sea por el acceso a la propiedad o bien por la disposición de calificaciones negociables- y la acción colectiva basada en una conciencia de clase, remite a abordar de qué modo se tramita institucionalmente la desigualdad y la tolerancia a la exclusión, ambos aspectos fundamentales para comprender el conflicto social⁷.

Cuando la desigualdad implica el acceso restrictivo a los recursos que otorgan capacidades de mercado tales como la propiedad o las credenciales, menor resulta la tolerancia a la exclusión y emergen condiciones objetivas de acción colectiva (^{Giddens, 1992}). Estas condiciones objetivas no se traducen automáticamente en acción de clase ya que como refiere Palau, “son las experiencias compartidas y la participación en las luchas las que posibilitan la formación de la clase”(^{Palau M., 2016}). Ahora bien, tampoco la acción colectiva que despunta de las experiencias compartidas y las luchas conllevan por fuerza la conciencia de clase. La construcción de ésta se hace tanto más difícil cuando las posiciones en la estructura social no conllevan un cierre de la movilidad social tanto intergeneracional como interocupacional. Es decir, si como efecto de las instituciones no se logra abrir las oportunidades de movilidad social, entonces se constata que la acción colectiva apuntala en su proceso la formación de una conciencia de clase. Este es el caso de las clases campesinas cuyas condiciones de vida dependen casi exclusivamente del acceso a la tierra, así como del desarrollo de la productividad de sus fincas. Cuando sus luchas no despuntan en una ni otra, estos sectores sociales se identifican como clase social en conflicto con oponentes identificables en la estructura social (^{Fogel, 2005}).

Con el advenimiento del proceso de democratización en Paraguay, a partir de 1989, inicia un proceso de burocratización de la pluralidad política con el creciente reclutamiento en la función pública de afiliados de diferentes partidos políticos. Este proceso, conocido también como “clientelismo plural” (^{Setrini, 2011}), comportó el aumento de los niveles de credenciales exigidas para el acceso a la burocracia y se combinó con la forma prebendaria de reclutamiento, presionando por la expansión de las demandas educativas en la población que percibió en el empleo público un espacio plausible para sus aspiraciones de movilidad.

El arribo de nuevos agentes a las clases superiores, en gran parte de extracción rural (guaraní hablante), se debió a la acumulación económica dentro de la burocracia estatal y al emprendimiento de negocios con el Estado, así como actividades ilícitas fuera de él, pero con su anuencia. En correspondencia, nuevas relaciones distributivas se configuraron en términos de grupos de status basados en el consumo, que tal como señala Fogel constituye el “rasgo común de quienes comparten esa situación de clase (…) cooptados por el consumismo y sus promesas, en avances hacia una sociedad de consumidores, forjando la cultura que busca evitar la caducidad con la adquisición de lo novedoso” (^{Fogel, 2016}). El sistema educativo permitió el acceso a cierto poder de definición sobre esas relaciones distributivas: habilitó el acceso a cierto prestigio relativo haciendo visible para los sujetos su pertenencia a ciertos grupos de status, con estilos de vida definidos, lo cual se tradujo en procesos de diferenciación y de acción colectiva (^{Ortiz, 2019}).

Las manifestaciones sociales, entre 2011 y 2015, contra la corrupción en la administración pública, por el acceso a la información, por la democratización del gobierno en la universidad pública y por la calidad educativa, tiene como denominador común que moviliza a los sectores sociales que accedieron recientemente a altos perfiles de calificación educativa, fundamentalmente de clases medias. Si se cuenta las primeras cohortes de egreso de la reforma educativa (2005 en adelante) y las primeras cohortes de egreso en la educación superior de esa misma generación (2010 hasta la actualidad), se constata una proporción significativa de población, especialmente urbana, que dispone de mayor volumen de credenciales y que está lista para disputar puestos y cargos en el sector público (donde las medias de ingresos son, como se constata en el siguiente acápite de este texto, más elevadas), pero cuyo acceso se presenta aun fuertemente limitado por la lógica prebendaria y patrimonial. En este marco, la demanda creciente de “transparencia” o “calidad” expresa un conflicto social de clase en la magnitud en que implica la disputa de las clases medias por las oportunidades que la educación habilita, a saber, el acceso al trabajo y la movilidad social.

Las desigualdades sociales, constituidas tanto por la desigual distribución del acceso a la propiedad como del acceso a las credenciales, interpelan las posibilidades objetivas de satisfacción de las demandas de bienestar para los sectores desfavorecidos en la estructura social, así como establecen las condiciones de acumulación y concentración para los sectores privilegiados. En este sentido, el conflicto social se configura cada vez menos en torno al acceso a bienes satisfactores como a atributos calificadores, es decir, capacidades que aseguran condiciones de vida exigibles como derechos, así como a oportunidades de equidad en condiciones de vida comparables como status.

La importancia de las credenciales como indicadoras de nuevos estilos de vida, desdibujó las tradicionales formas de capacidad de mercado ligadas a la propiedad, repercutiendo en nuevas formas de estructuración de clases. En efecto, procesos como la emergencia de “nuevas clases medias” en los espacios urbanos -celebrada por organismos multilaterales como el Banco Mundial- o bien, procesos de emergencia de “ciudades intermedias” (^{Goetz & Vazquez, 2014}), constituyen la expresión social y territorial, respectivamente, de un cambio en la estructura productiva en la que el aumento de la importancia de las calificaciones negociables alientan la búsqueda de credenciales educativas y una redefinición de las capacidades de mercado.

En suma, la socialización del mercado a lo largo del siglo XX tuvo como consecuencia la diversificación de los criterios de estructuración de clases en la ausencia de un orden social competitivo (^{Fernandes, 1983}), el cual fue socavado por los agentes dominantes de la estructura social paraguaya, alzados con el control del Estado y en favor de un orden oligárquico, con fuerte base agraria y con la exclusión de la población trabajadora de los procesos de mercantilización del trabajo.

Aspectos morfológicos y estructurales de las clases: una sociología de la medición

Los cambios sociales que conciernen al volumen y composición de las clases -cambios morfológicos-, no repercutieron, en veinticinco años, en el modelo de apropiación del producto social y no comportaron cambios estructurales que afecta la desigualdad entre las clases. El carácter sistemático de la concentración de los recursos y las oportunidades indica que el poder subyace en las relaciones entre los grupos dando cuenta de la continuidad de un status quo estructural.

En este marco, el enclasamiento de los grupos sociales bajo los criterios de propiedad y de calificación se puede constatar con verosimilitud en las categorías de medición estadística que expresan tanto las características empíricas de la diferenciación como de la jerarquización social en el proceso histórico, es decir, que dan cuenta empíricamente de la distribución del poder (^{Graciarena, 1972}; ^{Bourdieu, 1979}). El desarrollo histórico-concreto de la estructura social paraguaya comportó, desde 1991, cambios que no fueron de orden estructural, pero sobre los cuales la existencia y emergencia de clases sociales presentaron redefiniciones significativas. A través de las categorías socio-ocupacionales se hace posible entender el cambio morfológico de las clases y comprender la condición de posibilidad de las subjetividades -y de acciones colectivas- que, al concatenarse con los procesos de urbanización y masificación educativa, hacen posible la interpelación del orden social dominante marcado por la concentración y la desigualdad (^{Ortiz, 2008}; ^{Galeano, 2002}).

Con el planteamiento de los criterios teóricos y sus fundamentos histórico-concretos para la clasificación de la diferenciación social, el enclasamiento de los grupos diferenciados empíricamente parte de la organización social constituida por relaciones de clase según el acceso a la propiedad y a las credenciales, haciendo inteligible la homogeneidad de los grupos sociales al interior de cada uno (clases) así como la heterogeneidad entre los diferentes grupos. Son varios los modos de definición y medición de los enclasamientos. A partir de la información de las características socioeconómicas de la población y del mercado de trabajo, relevada a través de encuestas de hogares, las condiciones de la estructura productiva y del campo cultural constituyen las dos dimensiones que, en su interconexión, desglosan las categorías de diferenciación y jerarquización requeridas. “Lo que importa es que estas distinciones y otras ocurren dentro de un sistema socioeconómico determinado, en el que las clases en oposición son también complementarias y están dialécticamente ligadas entre sí, ya que son parte integral del funcionamiento de un todo” (^{Stavenhagen, 1980}, pág. 32).

Las definiciones con pretensión de clasificación empírica pueden evidenciar o bien desplazar el problema de las relaciones sociales en función de una definición de las categorías y sus “puntos de corte” sin considerar los condicionamientos económicos, políticos o simbólicos. Es el conjunto de estos condicionamientos “lo que refuta la supuesta neutralidad formal del concepto de estratificación, así como de todo y cualquier concepto en ciencias sociales. Ya que responden según cada orientación escogida o de la que se parte para comprender e interpretar dicho objeto y problema, se considerará de una manera u otra el que exista uno u otro tipo de estructura de diferenciación, así como el criterio que la define: clases, estratos, posiciones, etc.” (^{Caballero, 2006}, pág. 239)

Javier Caballero y Ramón Fogel refieren a las categorías ocupacionales como una de las modalidades plausibles para indicar la posición ocupada en la estructura productiva (^{Fogel, 2005}; ^{Caballero, 2006}), sin embargo, la “categoría de ocupación económica” da más bien cuenta del tipo de relación entre los trabajadores y el establecimiento económico no así de la posición en la estructura social general. Esto porque, en primer lugar, constituye una descripción limitada de la posición en la estructura productiva (por la referencia de la sola ocupación económica) obviando la diferenciación visible -incluso económica- al interior de cada una de ellas, lo que contradice el principio de intra-homogeneidad. En segundo lugar, no captura la diferenciación educativa y su carácter jerárquico en las categorías ordinalmente organizadas, lo que dificulta dar cuenta de criterios robustos en la conformación de las clases y, por lo tanto, de diferenciación con otras categorías contradiciendo el principio de extra-heterogeneidad. En tercer lugar, su medición concreta (en las encuestas de hogares) atravesó una modificación en términos de las categorías definidas dificultando la comparación entre un primer periodo de medición (1998-2006) y un segundo periodo (2007-2015). De este modo, el ordenamiento de las categorías de posición superior y de posición inferior no queda claramente definido, pudiéndose advertir solamente la diferenciación en términos de ingresos, es decir una diferenciación económica y no de otros criterios de diferenciación, en especial el que moviliza la escolaridad (^{Ortiz, 2016}).

Los enclasamientos inconsistentes tanto en términos de los ingresos como en términos de la escolaridad, indican que la variable categoría de ocupación económica no constituye un indicador adecuado en la clasificación de las clases sociales, mientras que la categoría socioocupacional lo hace verosímilmente (Figura 1). Esta variable es la redefinición de aquella denominada grandes ocupaciones resultante de la recategorización de las ocupaciones relevadas en las encuestas permanentes de hogares y cuya formulación se basa en los planteamientos de ^{Goldthorpe, Erickson y Portocarero (1979)} adoptados por la Organización Internacional del Trabajo. El rasgo de la categoría más elevada de la estratificación socioocupacional aquí utilizada es la formulación de una categoría adicional de la variable a partir de los individuos identificados como patrones y cuyos establecimientos comportan tamaños iguales o superiores a 50 empleados.

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de las encuestas de hogares, DGEEC. Periodo 1998-2016.

Figura 1: Comparación entre categorías de ocupación de 1er. Y 2do. Periodo de medición vs. Categorías socio-ocupacionales en Paraguay. Periodo 1998-2016 

En efecto, incluso en el estudio de Pablo Sauma y Alfredo Coniglio (^{Sauma & Coniglio, 1993}), la estratificación socioeconómica planteada -menos enmarcada en premisas teóricas que identifican clases y más en las que propone estratos, éstos agrupados en una tipología-, halla el nivel de correspondencia lógica y estadística más robusto con el “grupo ocupacional” del jefe de hogar, término con el que se nombra en ese trabajo las categorías socioocupacionales de este estudio, recuperadas de ^{Goldthorpe, Erikson y Portocarrero (1979)} para exponer una estructura de diferenciación social basada en clases sociales.

Las ventajas de las categorías socioocupacionales se hallan en tres puntos: i. su consistencia en indicar ordinalmente las posiciones en la estructura social en función de la asociación de los indicadores de ingresos y escolaridad, asegurando los criterios de intra-homogeneidad y extra-heterogeneidad, ii. su distribución acorde al proceso histórico-concreto dando cuenta de los cambios que operaron en la sociedad paraguaya durante las dos últimas décadas y, iii. la continuidad metodológica de su medición en el periodo considerado (1998-2015).

En primer lugar, la categoría social que históricamente concentró los recursos y las oportunidades, a saber, los Patrones de empresas y Grandes propietarios agrícolas, es la categoría con mayores niveles de ingresos medios, marcadamente superiores al resto de las categorías (Figura 2). Además, la tendencia en el tiempo de la distribución de los ingresos se expresa en una curva con pendiente creciente y marcadamente pronunciada en el caso de ésta categoría social, diferente al del resto, cuyas tendencias son de crecimiento moderado.

Debajo de esta categoría, se hallan los Miembros de poderes del Estado y Directivos de empresas cuyas medias de ingresos se hallan a su vez por encima de la categoría subsiguiente, a saber, la de los Profesionales, Científicos e Intelectuales y cuya tendencia fue creciente salvo en un periodo (2007-2008) en el que experimentó una caída notoria. Por otra parte, las categorías más desfavorecidas de la estructura social, a saber, la de los Agricultores, Trabajadores agropecuarios y pesqueros conjuntamente con los Trabajadores no calificados cuentan con los ingresos medios más bajos hasta el 2015, cuando la media de ese recurso no alcanzaba siquiera al monto del salario mínimo legal vigente en el país.

Por otra parte, la distribución de la escolaridad media indica que las categorías sociales mantuvieron, a lo largo de dos décadas, diferencias medias de escolarización (desigualdad educativa) a pesar del aumento relativo de años de estudio de todas las categorías. Esto es propio de un proceso de masificación educativa en el cual todos los sectores sociales se beneficiaron con un incremento de su escolaridad (Figura 2).

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas permanentes de hogares 1998-2015, DGEEC.

Figura 2: Categorías socio-ocupacionales según años medios de estudio. Periodo 1998-2015 

Las categorías con mayores niveles de escolaridad son, en primer lugar, los Profesionales, Científicos e Intelectuales seguidos de los Patrones de empresas y Grandes propietarios agrícolas. Estos últimos aumentaron considerablemente su capital educativo entre 1998 y 2002 pasando de 10 a 14 años de estudio en dicho periodo. Por su parte, una categoría con altos niveles de ingresos, a saber, la de los Miembros de poderes del Estado y Directivos de empresas, presentan altos niveles de escolaridad, aunque con similares proporciones de categorías sociales de clase media como son los Técnicos y Profesionales de nivel medio, así como los Empleados de oficina. Entre las categorías de clase desfavorecida, cuatro presentan escolaridad media similar, que son los Operadores de instalaciones y maquinarias, los Trabajadores de servicios y Comerciantes, los Oficiales, Operarios y Artesanos así como los Trabajadores no calificados, mientras que marcadamente por debajo se hallan los Agricultores, Trabajadores agrícolas y pesqueros, que para el año 2015 apenas alcanzaban los 6 años de estudio equivalentes a la educación primaria del sistema educativo que precedió al actual, sin lograr los 9 años de estudio que se pretendió extender a la población con el nuevo sistema (que data de 1993) al prescribir la obligatoriedad de la educación escolar básica hasta el noveno grado.

Se puede constatar en la sociedad paraguaya, durante el transcurso de dieciocho años (Figura 3), que uno de los sectores tradicionales de la sociedad paraguaya, a saber, el de los Agricultores, Trabajadores agrícolas y pesqueros disminuyó su proporción demográfica en la estructura social paraguaya del 27% en 1998 al 18% en 2015 debido al proceso de concentración de la tierra, dándose paulatinamente una expulsión de la población rural y la migración hacia los espacios urbanos. En contrapartida, la categoría de Trabajadores de servicios y Comerciantes propia de una economía urbana aumentó pasando de un volumen de 13% al 18% en el periodo. Por primera vez en el lapso en cuestión y en la historia paraguaya, la categoría socioocupacional ligada al sector rural deja de constituir el sector social de mayor representación demográfica. Mientras que en 1998 la categoría de Trabajadores de servicios y Comerciantes tenía un peso relativo que representaba la mitad del peso de los Agricultores, Trabajadores agrícolas y pesqueros, en 2015 esta tendencia se modifica y el peso de los Trabajadores de servicios y Comerciantes pasa a tener un volumen superior. En el mismo periodo, la categoría de Trabajadores no calificados se mantuvo estable y elevada, lo que indica que la tercerización de las ocupaciones también implicó altos niveles de precariedad. Si la formación de una clase media emergente es claramente perceptible en los espacios urbanos, sus hábitats en muchos casoscolindan con los asentamientos precarios que se incrementaron en los espacios urbanos metropolitanos.

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas permanentes de hogares 1998-2015, DGEEC.

Figura 3: Evolución del volumen demográfico de las categorías socio-ocupacional. Periodo 1998-2015 

Efectivamente, las categorías de las clases desfavorecidas tales como los Trabajadores no calificados y los Oficiales, Operarios y Artesanos mantuvieron relativamente su proporción en la estructura social. Por otra parte, las categorías de Profesionales, Científicos e Intelectuales, así como la de Técnicos y Profesionales de nivel medio incrementaron su proporción en la estructura social de una media similar para cada una de 3% a 7%. La extensión del credencialismo en la sociedad dan cuenta del aumento relativo de este tipo de categorías sociales. La tendencia de los Empleados de oficina y los Operadores de maquinaria y Montadores es el mantenimiento de su volumen en la estructura social.

Finalmente, los Patrones de empresas y Grandes propietarios agrícolas conjuntamente con los Miembros de los poderes del Estado y Directivos de empresas constituyen las categorías de menor representación demográfica, siendo la primera solamente alrededor del 1% de la población mientras que la segunda manteniéndose en torno al 3%, aunque entre los años 2013 y 2015ésta ascendió al 5% de la población. La débil representación de estas categorías debe ser puesta en perspectiva respecto de sus niveles medios de ingresos, que son ampliamente superiores a los de las demás categorías, dando cuenta de la alta concentración de los ingresos que caracteriza al país.

Si la distinción entre las clases no puede verificarse sino a lo largo de un proceso cuya tendencia se expresa en el tiempo, la distribución en un momento de ese proceso de los volúmenes de activos que otorgan fuerza en las relaciones de poder, da cuenta de que la composición de las clases se da por el activo global del que disponen. En efecto, como se verifica en la Figura 4, ciertas categorías sociales se hallan marcadamente alejadas de las medias de los indicadores de esos activos mientras otras se acercan en unos y se alejan en otros. En los primeros casos, cuando la dispersión respecto de las medias de uno y otro indicador toma signo negativo, las categorías se definen como categorías desfavorecidas en la estructura social. Este es el caso de los Agricultores, Trabajadores agrícolas y pesqueros, de los Trabajadores no calificados, así como de los Oficiales, Operarios y Artesanos. Asimismo, cuando la dispersión toma signo positivo las categorías se definen como categorías privilegiadas, siendo el caso de los Patrones de empresas y Grandes propietarios agrícolas, de los Miembros de los poderes del Estado y Directivos de empresas, así como de los Profesionales, Científicos e Intelectuales.

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas permanentes de hogares 1998-2015, DGEEC.

Figura 4: Distribución de las clases en la estructura social según correspondencia entre niveles de ingresos y escolaridad. Año 2015 

En los casos en que se alejan de la media de un indicador y se acercan al otro, y viceversa respectivamente, las categorías se definen como categorías intermedias. Este es el caso de los Profesionales de nivel medio, los Empleados de oficina, éstos con mayor volumen de un tipo de activos, a saber, los ingresos, mientras que por otra parte están los Operadores de maquinaria y Montadores, así como los Trabajadores de servicios y Comerciantes, con menor volumen de ingresos respectivamente.

La distribución de las categorías socioocupacionales en la estructura social paraguaya indica altos niveles de concentración de los tipos de capital de mayor apreciación en la sociedad, a saber, el capital económico y el capital cultural (^{Bourdieu, 1979}). En función de dos indicadores que son los ingresos monetarios y los años de escolaridad, las diferencias de volúmenes de uno y otro, respectivamente, operan como mecanismos de separación entre las clases sociales, generando distancias sociales entre unas clases y otras, no sólo en términos socioeconómicos, sino también en términos de las condiciones de existencia y de estilos de vida, constituyendo el principio explicativo de la diferenciación, y ésta jerárquica, entre los grupos en la sociedad.

Con base en el análisis de correspondencia, se identifica la lógica de enclasamiento de las categorías, es decir, la estructura subyacente en la cual éstas adquieren la forma de agrupaciones sociales (clases) que comparten experiencias sociales y estilos de vida compartidos, que organizan las prácticas y representaciones.

En el transcurso de casi dos décadas, el carácter tripartito de la estructura social paraguaya revela algunas tendencias. La primera es que la diferencia demográfica entre las clases superiores y las clases medias es marcadamente inferior que la de las clases desfavorecidas de la sociedad y las clases medias conjuntamente con las clases superiores (Figura 5). La segunda tendencia, a saber, que el volumen de las clases desfavorecidas en la población paraguaya es marcadamente superior al de las clases superiores y clases medias agrupadas, constituyendo en el periodo analizado (1998-2015), una media del 80% aproximadamente. La tercera tendencia es que, a pesar de esta proporción, las clases desfavorecidas disminuyeron demográficamente de modo que en el periodo comprendido entre 2005 y 2015 pasó de un 81% a un 71% con el correlativo aumento de la proporción de las clases superiores, que del 2005 al 2015 pasaron del 7% al 12%, al igual que las clases medias que pasaron del 13% al 17% respectivamente.

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas permanentes de hogares 1998-2015, DGEEC.

Figura 5: Distribución demográfica de las categorías agrupadas (clases). Periodo 1998-2015 

Esto indica que las desigualdades constatadas en la posesión de los principales activos definidores del bienestar socioeconómico y habilitantes del ejercicio de los derechos en la sociedad paraguaya, continuarán su curso, pero asimismo que uno de los criterios, a saber, el de las calificaciones educativas (credenciales) -otrora despreciable en su incidencia sobre la estructuración de clases- cobró fuerza y está redefiniendo la lógica de la acumulación, generando márgenes de oportunidades inusitadas especialmente en las clases medias (^{Zelinsky, 1971}).