INTRODUCCIÓN

Cuando un grupo de familias ocupa un espacio público o privado para satisfacer su necesidad de hábitat -en la medida que las condiciones del mercado hacen imposible esa satisfacción por otros medios- se da lugar a un accionar colectivo que involucra a diversos actores sociales. Este accionar colectivo estará asociado no sólo a los ocupantes, sino además a los propietarios de las tierras ocupadas y al Estado, como garante de la propiedad privada. La presión social se produce de acuerdo a estrategias o a procesos surgidos de abajo hacia arriba, a movimientos desde la base. Puede considerarse que se trata de los grupos llamados movimientos sociales, según

la caracterización de ^{Touraine y otros autores (Touraine, 1987}); o, más específicamente, Movimientos Sociales Urbanos (^{Castels, 1998}). Si bien los movimientos sociales históricamente estaban vinculados a conflictos de clase y cuestiones socio laborales, es decir a propósitos de transformación social, los conceptos contemporáneos para fenómenos sociales se relacionan con reivindicaciones específicas a escala colectiva, derivadas de la desatención de sus necesidades o derechos por parte del Estado u otros actores sociales adversos. En el caso abordado en este artículo, (el del Barrio 26 de Febrero de San Lorenzo) el movimiento social urbano fue originado para lograr un objetivo específico, limitado a la ocupación de la tierra y el acceso a la vivienda de las familias involucradas, y en tal medida, el movimiento tuvo una alta carga de conflictividad y alcanzó resultados exitosos. El movimiento, al mediar con otros actores como el Estado y los medios masivos de comunicación durante el desarrollo del conflicto, ha adquirido poder y legitimidad social al menos para parte de la ciudadanía. El adquirir poder social le posibilitó acceder a conexiones con otros actores sociales con poder o influencia, como los partidos políticos. Este cúmulo de relaciones abrió espacios para el desarrollo de pactos - implícitos o explícitos- entre los ocupantes y otros actores involucrados o interesados en el desarrollo del proceso, por encerrar éste un cuestionamiento al orden meta social vigente (para utilizar el concepto de Touraine). Con la participación del Estado en el proceso acontece lo que puede denominarse un espacio de “semi institucionalización”, que refiere a la canalización de las necesidades habitacionales de las familias pobres y a las actuaciones del gobierno en respuesta a la demanda manifiesta. De esta manera, se forma una política clientelar entre el Estado, los partidos políticos y los habitantes de los asentamientos informales. Al intervenir, el Estado toma posiciones contradictorias: legitima o reprime el hecho. La acción del Estado es doble: por una parte, debe ser garante de la propiedad, incluso de sus propias tierras, y por otro lado, mantiene actitudes permisivas, como se ha observado en el caso en cuestión. Al tomar esta distancia, el Estado participa en el proceso de formación del asentamiento, procurando desligarse de la presión social que implica tener un amplio espectro de la población carente de vivienda. El problema de la vivienda es transferido a actores privados enfrentados: los sin techo y los propietarios -individuales o institucionales, como las municipalidades- de terrenos urbanos y suburbanos. En conclusión, en el devenir del proceso de las prácticas relativas a una ocupación participan varios actores, con una irregular carga de poder (en cualquier caso, para los ocupantes, la de obtener el poder necesario en la negociación, era un objetivo en sí mismo), cada cual actúa como es de esperar de acuerdo con sus intereses, generalmente contrapuestos.

Pero desde que se inicia la ocupación de la tierra, son los ocupantes quienes comandan el proceso, toman un rol protagónico, se convierten en sujetos practicantes de principios de participación, logran identidad colectiva, realizan un conjunto de acciones con un propósito establecido: obtener la tierra. El análisis presentado a continuación es paradigmático en la medida que dio lugar a la institucionalización (sustituyendo la mencionada “semi institucionalización”) de las experiencias similares sucesivas, sea a través del programa Tekoha de la Secretaría de Acción Social (SAS), como la línea de acción en asentamientos ejecutada por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Habitat SENAVITAT).

Caracterización socio demográfica del barrio

De acuerdo a los datos de la Evaluación del Proyecto MERCOSUR Hábitat elaborado por a Dirección Nacional de Lucha contra la Pobreza (DINAPLANP), 26 de Febrero cuenta con 843 familias, con una población estimada en 3.570 personas en el año 2013. De acuerdo a la Figura 1, la población es marcadamente joven, ya que el 58% cuenta entre 0 y 24 años de edad, y solo 2% de habitantes adultos mayores (65 años y más); hay una leve mayoría de población masculina (52%) ^{(DIPLANP, 2013)}.

Figura 1 Distribución de la Población, según edad y sexo 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de DIPLANP, 2013.

El 52% de la población es económicamente activa, existiendo una marcada diferencia entre varones (66%) y mujeres (37%). Existe un alto porcentaje de la Población económicamente activa (PEA) ocupada; donde sólo el 5% se encuentra en situación de desocupación. De acuerdo a la Figura 2, la mayor parte se inserta en el sector terciario de la economía y según la categoría ocupacional el 54% es asalariada, en tanto que el 38% de la PEA está compuesta por trabajadores independientes.

Figura 2 Distribución de la PEA, Según Rama de Actividad 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de DIPLANP, 2013.

Vinculando el nivel educativo con el acceso a empleo se aprecia una relación entre el bajo nivel educativo y el empleo de baja calificación y, por ende, de bajo ingreso salarial. El 24% de las familias obtiene menos de un salario mínimo y el 43% entre un salario mínimo a menos de dos a partir de los ingresos de sus integrantes. Uno de cada tres hogares obtienen el equivalente a dos salarios mínimos. El 42% de las mujeres tienen un ingreso de menos de medio salario mínimo, atendiendo que generalmente éstas se insertan en el empleo doméstico, comúnmente de muy baja remuneración. El ingreso promedio de las familias del Barrio 26 de Febrero es de G. 2.588.010 mensuales, lo que representa un ingreso per cápita de G. 1.355.053 guaraníes corrientes del 2011. En relación a las NBI sobre calidad de la vivienda, la mayor parte de las familias del Barrio 26 de Febrero tienen satisfechas sus necesidades básicas en este apartado. Las viviendas están construidas en su mayoría con material cocido, el 96% tiene techo de tejas, el 74% tiene piso tipo lechereada y el 23% piso de baldosa o cerámica. Se puede inferir que las viviendas, en la mayoría de los casos, ofrecen condiciones mínimas infraestructurales de habitabilidad y seguridad para sus habitantes.

Esta situación es consecuencia de que la mayoría de ellas fueron construidas a través del Programa FOCEM MERCOSUR Hábitat, ejecutado por la SAS, en forma gratuita para las familias. En relación a las NBI sobre calidad de la vivienda, la mayor parte de las familias del Barrio 26 de Febrero tienen satisfechas sus necesidades básicas en este apartado. Las viviendas están construidas en su mayoría con material cocido, el 96% tiene techo de tejas, el 74% tiene piso tipo lechereada y el 23% piso de baldosa o cerámica. Se puede inferir que las viviendas, en la mayoría de los casos, ofrecen condiciones mínimas infraestructurales de habitabilidad y seguridad para sus habitantes (figura 3).

Esta situación es consecuencia de que la mayoría de ellas fueron construidas a través del Programa FOCEM MERCOSUR Hábitat, ejecutado por la SAS, en forma gratuita para las familias (^{FOCEM, 2007}).

Figura 3 Distribución de la población, según materiales de construcción de la vivienda 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de DIPLANP, 2013.

En cuanto al número de dormitorios, las viviendas en su mayoría (76%) tiene 2 dormitorios y el 10%, 3 dormitorios, que corresponden al tipo A de las viviendas construidas en el marco del Proyecto FOCEM MERCOSUR - Hábitat. En una aproximación general se podría estimar que la media de habitantes por vivienda es de 4,3 personas; esto es, dos personas por dormitorio, por lo cual se puede afirmar que existen condiciones aceptables de habitabilidad. No obstante, el 11% de las viviendas tienen NBI en cuanto a la calidad de la vivienda, teniendo en cuenta que poseen sólo un dormitorio (figura 4).

Figura 4 Distribución de la población, según número de dormitorios de la vivienda 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de DIPLANP, 2013.

Los pobladores de la comunidad tienen cubiertas sus necesidades básicas, en cuanto la infraestructura sanitaria. La disponibilidad de agua y la eliminación de excretas, están cubiertas al 100%. El agua llega hasta las viviendas, proveniente de tres pozos que son administrados por la comunidad y la eliminación de excretas se realiza en pozos ciegos en cada hogar. Hay un servicio de recolección privada que no cubre todo el barrio, pero potencialmente podría hacerlo. La energía eléctrica está cubierta en un 100% por la empresa pública proveedora (ANDE) (figura 5).

Figura 5 Distribución de la población, según acceso a servicios sanitarios, provisión de agua y corriente eléctrica 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de DIPLANP, 2013.

Las características del barrio presentadas en este estudio constituyen la comprobación empírica de que se trata de un barrio popular ordenado territorialmente y socioeconómicamente integrado al entorno urbano circundante, a diferencia de conglomerados constituidos en la periferia de Asunción y que llevan más de 100 años de formación, sin conseguir integrarse efectivamente. Las claves de este resultado están, entre otros factores, en las características que tuvo el proceso de formación del barrio, con participación activa y organizada de los ocupantes y el rol que desempeñó el estado en respuesta a la demanda social planteada en este territorio.

La intervención decisiva del Estado

La propuesta de los sin techo consistía en dar una salida jurídica al conflicto por medio de la compra por parte del Estado Paraguayo de las tierras con tenencias irregulares, para luego facilitar a los ocupantes la adquisición de las mismas a título oneroso y pagaderos en un largo plazo, y generando con esos pagos un fondo que diera la posibilidad de regularizar otros asentamientos. La reivindicación fue adoptada a través el Decreto N° 2040 de 2004, convirtiéndola en Política Pública al institucionalizarse como un programa social, inicialmente con el nombre del Programa de Regularización de Asentamientos en Municipios del Territorio Nacional (PRAMTN)¹ al que le sucedió el Programa de Desarrollo y Apoyo Social a los Asentamientos o Núcleos Poblacionales Urbanos o Suburbanos “TEKOHA”, creado en el año 2009, y que continúa con la regularización de la tenencia de la tierra urbana para los asentamientos en distintas ciudades del país. En el marco de este Programa, las ocupaciones gestionadas por la institución pasaron a denominarse Territorios Sociales (^{Congreso Nacional, 2004}).

1El antecedente del PRAMTN, es el Programa de Regularización del Área Metropolitana (PRAM) creado por el Ministerio del Interior en el año 1996 para atender la problemática de los asentamientos informales, que afectaban la propiedad privada de particulares, desde un enfoque vinculado a la seguridad más que a lo social. Posteriormente, por decreto 14.228/2001, el PRAM se transformó en el Programa de Regularización de Asentamientos en Municipios del Territorio Nacional (PRAMTN), ejecutado desde el año 2004 por la Secretaría de Acción Social. Por medio de este Programa, el Estado compra las tierras ocupadas y financia a los ocupantes el pago de las mismas. Los aspectos urbanísticos deberían ser definidos por las municipalidades en las que se desarrollan los asentamientos.

Finalmente se aprobó la adquisición por parte del Estado de las Fincas en conflicto de Marquetalia, por medio del Decreto Nº 21.056, de fecha 8 de mayo de 2003², después de las elecciones presidenciales de ese año, “Por el cual se autoriza la adquisición de la Finca Nº1.403 del Distrito de San Lorenzo propiedad de las Señoras Concepción Benítez Vda. de Ortiz Cabral y María Concepción Ortíz Benítez Vda. de Núñez, y la Finca Nº 37.230 del Distrito de San Lorenzo, propiedad de la firma INGANFOR S.A., en el marco del proceso de regularización de las ocupaciones constituidas en dichos inmuebles…”. El mencionado decreto establecía como fundamento para la compra de los inmuebles, la necesidad de regularizar las ocupaciones por el grave problema social que estas conllevan, y por la imperiosa necesidad de precautelar el derecho constitucional de defensa a la propiedad privada que asiste a los legítimos propietarios de las fincas ocupadas ^{(Congreso Nacional, 2003)}.

²El Decreto se autorizó en medio de las fuertes tensiones por el desalojo de Marquetalia en días anteriores y el reclamo de las organizaciones de Derechos Humanos por el respeto de la vida y dignidad de las personas

Como antecedente del decreto se presentó el Acuerdo firmado en fecha 6 de marzo de 2002, haciendo mención a los compromisos que habían asumido las tres partes interesadas y exigiendo el cumplimiento de los mismos; las responsabilidades que habían asumido los ocupantes de Marquetalia fueron, entre otros, los siguientes: 1) Cumplir con las Resoluciones Judiciales en forma pacífica, sin uso de la fuerza y sin desmantelamiento; 2) Suspender la construcción de la escuela hasta la resolución del conflicto; 3) Abstenerse de presentar ningún recurso judicial mientras continúen las negociaciones entre las partes; 4) Realizar un censo de los pobladores verificando que no posean inmuebles según el Registro General de la Propiedad; 5) Cambiar el nombre del asentamiento, nombre que se decidirá en Asamblea; 6) Los ocupantes pagarán sus lotes al precio negociado con el Gobierno.

Dichos lotes no podrán ser transferidos por el comprador hasta la cancelación del pago en el plazo previsto; y 7) Incluir a los propietarios de la fracción Santo Tomás debidamente registrados en la inmobiliaria INGANFOR.

Los propietarios de las tierras se habían comprometido en los siguientes términos: 1) Abonar el impuesto inmobiliario y buscar alternativas de exoneración del período ocupado; y 2) Negociar el precio y la forma de cobro de la propiedad, en canje por otras propiedades y en efectivo. El Gobierno debía: 1) Proveer 5 tasadores imparciales con registro del Poder Judicial; 2) Conformar una Comisión Interinstitucional integrada por el Ministerio de Justicia y Trabajo, IBR, Banco Central, Ministerio de Hacienda y Ministerio del Interior; 3) Asumir el costo de la transferencia; 4) Negociar el precio y forma de pago en base al informe de tasación y gastos causídicos de los propietarios; 5) Gestionar que el producto de la venta de los lotes sea destinado a proyectos de Asentamientos Urbanos y Rurales a través del Programa Oñondivepa.

Finalmente, los acuerdos establecían dos últimos compromisos para todas las partes involucradas: el primero de ellos consistía en generar un mecanismo de desalojo y posterior ingreso como pobladores de acuerdo al censo, en presencia del Obispo, Defensor del Pueblo, Juez y Policías, sin oponer resistencia ni empleo de la fuerza. Todos los ocupantes deberían desalojar el predio e ingresar sólo aquellos que no sean propietarios de inmuebles según informe del Registro General de la Propiedad.

El segundo compromiso fue establecer que el Acuerdo no crearía precedentes para futuras ocupaciones de propiedades privadas o del Estado. Por el decreto en mención, se autorizó a la Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República a la adquisición de las Fincas Nº1.403 y Nº37.230 del Distrito de San Lorenzo, y lo designó para la atención y gestión integral del proceso de regularización de las ocupaciones en dichas fincas. Con respecto al pago de los inmuebles, se estableció que un 30% sería abonado a los propietarios en efectivo y el 70% en bienes inmuebles. Desde ese momento se encargó a la Secretaría de Acción Social la atención y gestión integral del proceso de regularización de las ocupaciones; asignándosele la responsabilidad de realizar el censo de los ocupantes y, como resultado del mismo, proceder a la adjudicación de los terrenos a cada ocupante, suscribiéndose, en cada caso, el contrato de compraventa de parcela, previa aprobación del loteamiento por la Municipalidad de San Lorenzo. Por lo tanto, las condiciones jurídicas para la regularización de las tierras estaban dadas.

Al año siguiente, el Presidente entrante firmó el Decreto Nº2.040 del 26 de marzo de 2004, por el cual se autorizó a la Secretaría de Acción Social para la adquisición de la Finca Nº1.403 y restante de la Finca Nº 37.230, dentro del Programa de Regularización de Asentamientos en Municipios del Territorio Nacional (PRAMTN). Se facultó al pago de la suma total de veinte y un mil millones de guaraníes (G. 21.000.000.000), incluidos los gastos causídicos, en cuotas que el mismo decreto estableció.

Finalmente, por medio del Decreto Nº 2.040, se autorizó a la Secretaría de Acción Social para que en representación del Estado Paraguayo suscriba el contrato de compraventa con las vendedoras de las fincas en cuestión. El precio de dichas fincas debía ser reembolsado por los Beneficiarios del Programa PRAMTN, y los recursos provenientes del cobro de las cuotas que debían generar un fondo rotatorio a ser utilizado para los fines de dicho Programa.

Esto dio pie a que se iniciara el diálogo con las familias beneficiarias para regularizar sus terrenos con la firma de sus respectivos contratos y el pago de cuotas. El destino que el Gobierno decidió dar a las recaudaciones procedentes de los pobladores del asentamiento dio origen a una proliferación sin precedentes de las ocupaciones precarias en las principales ciudades del país en los años subsiguientes³.

³No se tiene un registro confiable a la fecha, acerca de la cantidad de asentamientos irregulares o en proceso de regularización existentes en el país; la SAS tiene registrado más de 596 “territorios sociales”, en cambio, otras instituciones, como la Gobernación de Central, afirma que sólo en este departamento habría 1.100 asentamientos precarios.

De esta manera se daba una respuesta a los flujos migratorios provenientes de las áreas rurales para que pudieran instalarse, conjuntamente con un segmento de la población de las ciudades de destino, afectadas por el déficit de viviendas, en los numerosos asentamientos que hoy bordean las ciudades del país a modo de contenedores de descarga de la pobreza rural sobre el espacio urbano. Este proceso conlleva el desafío perentorio de procurar la rápida integración de las comunidades emergentes con el entorno urbano.

Avances hacia la inclusión económica e integración social El barrio “26 de Febrero” cuenta con una estructura urbanizada y se encuentra dentro de un tejido urbano que se va consolidando con la generación de nuevos barrios en el entorno próximo. El desarrollo de la infraestructura urbana y la construcción de 650 viviendas a través de un programa de la SAS, denominado Fondo MERCOSUR HABITAT con financiamiento del FOCEM, constituyó un avance fundamental en el desarrollo del barrio y el arraigo de las familias. Además, también ha sido importante la instalación en el año 2007, a unos 200 metros de distancia, de la fábrica de calzados de seguridad industrial, MARSEG S.R.L., cuya Matriz se encuentra en el Brasil y que trabaja como Maquiladora. Su producción está destinada preferentemente a la exportación y, en menor medida, para el mercado local. Cerca de los 35 mil pares producidos son exportados mensualmente.

“Somos conscientes de que este lugar hace cinco años atrás era una zona donde campeaba la delincuencia, la violencia, era una zona marginal, que nadie tenía seguridad para ingresar; el hecho de que la empresa se instalara aquí demuestra que el ser humano puede cambiar por medio de un trabajo digno.

Hoy en día es una mano de obra calificada para manejar maquinarias industriales, con muy bajo índice de accidentes. El objetivo fundamental de la empresa, en relación con la comunidad local es darle oportunidad a la gente que está excluida, demostrar que si los jóvenes se dedican a la violencia o delincuencia, es por falta de trabajo, por falta de oportunidades” (^{Acuña, 2013}). Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de 900 trabajadores, de los cuales se estima que el 90% procede del Barrio 26 de Febrero, pues forma parte de una política de la empresa emplear a personas que viven cerca del establecimiento para evitar migraciones o problemas referentes al traslado hasta la maquiladora. La inversión pública que permitió el desarrollo de la infraestructura comunitaria y la prestación de servicios públicos básicos, aumentó considerablemente el nivel de calidad de vida de los pobladores de la ex Marquetalia, así como la presencia de una empresa privada, que brinda oportunidades de trabajo a la población, a tal punto que en la actualidad, tanto la auto percepción como la valoración externa refieren al Barrio 26 de Febrero inserto en la trama urbana y tan desarrollado como cualquier otro de la zona. “No nos sentimos marginados, la verdad que hay alguna gente que nos quiere marginar, pero estamos como cualquier otro ciudadano de San Lorenzo. La prensa hace más eso, las autoridades por lo general se acuerdan bastante bien de nosotros. Cualquiera puede venir acá a nuestra comunidad; es igual que cualquier otro barrio” (^{Galeano, 2013}).

Para los habitantes del nuevo barrio, vivir en el Asentamiento tiene varios beneficios, por el hecho de que lograron construir un fuerte capital social a lo largo de los años por medio de la colaboración mutua, la organización, las normas efectivas y las redes de ayuda mutua que se tejieron en base a esa colaboración.

“Acá prácticamente nos conocemos todos, tenemos muy buenos vecinos y nos ayudamos, nos salvamos como podemos; prácticamente somos una gran familia dentro del Asentamiento” (Participante 3 Grupo Focal 2, 2013). “Nos tienen ese concepto de que somos gente mala, y que hay malhechores acá, por el tema de que invadimos este lugar, esa es la mala imagen que tenemos. Pero yo creo que somos un barrio como muchos desearían tener; hay un puesto de salud, capilla, escuela, una guardería, tres tanques de agua que funcionan de las mil maravillas con un costo bajísimo, transportes y otros servicios importantes” (Participante 10 Grupo Focal 1, 2013).

“Cualquier persona que hace cinco años atrás no podía entrar al Asentamiento, hoy está transitando libremente por la zona; se nota que han aumentado los comercios, no hay más para alquilar casas, hay nuevas construcciones; es evidente el progreso en todos los sentidos en esta zona” (^{Acuña, 2013}).

“Cuando fui a finales del 2002, había casitas en condiciones precarias, hoy en día las casas tienen todas las comodidades, no es más el típico asentamiento, ya que es producto de la gestión de la gente que está dentro, sobre todo son gente trabajadora; cada cual ya le ha aplicado un poco de su estilo, han ampliado sus casas de acuerdo a sus posibilidades.

Hay que rescatar que cuando la gente habla de Marquetalia, lo primero que se imagina es que están al margen de la ley, pero ya es un barrio más de San Lorenzo, integrada por gente arraigada a esta ciudad” (^{Conter, 2013}). “No es un área restringida, es un barrio formado donde hay ciudadanos que están trabajando; las calles son constitucionalmente libres, …, siempre informo a los superiores que Marquetalia no es una ciudad problema, al contrario, es una ciudad donde menor índice de delincuencia tenemos (…). No son fantasmas, ellos son ciudadanos igual que nosotros; hay varios profesionales, …, ellos trabajan, pagan su luz, pagan agua, es un barrio”.

El epílogo: la regularización del Barrio “26 de Febrero” Si bien la compra de la propiedad del Barrio 26 de Febrero por parte de la SAS se realizó en 2004, la misma no había sido transferida a la Institución. Desde ese entonces muchos tropiezos impidieron tal gestión, como el fallecimiento de una de las propietarias originales, el inicio del proceso de sucesión por parte de los herederos y el reclamo del pago de impuesto inmobiliario por parte de la Municipalidad de San Lorenzo a las ex propietarias, que llegó a los estrados judiciales; en otra palabras el dominio de la propiedad había entrado en litigio judicial, de manera que a octubre de 2013 la propiedad no contaba con los derechos legales sobre el barrio 26 de Febrero. La administración de la SAS decidió procurar la regularización de la tenencia de la tierra en oportunidad de que el territorio social cumpliera 15 años, el 26 de febrero de 2014.

Luego de arduas negociaciones y la firme intención de la SAS y de gestiones del mismo presidente de la república, se logró un acuerdo con la municipalidad de San Lorenzo y con los apoderados de los propietarios del predio, para iniciar los procesos de transferencia a favor de la SAS, mediante la desactivación de los procesos judiciales en curso y de la pronta elaboración del loteamiento aprobado por la municipalidad, de manera que, ya cerca de la fecha coincidente con los 15 años del inicio de la ocupación, los procesos fueron finiquitados y dio pie a la culminación de una larga lucha⁴.

⁴No obstante, es preciso señalar que aun parte del asentamiento no fue objeto de regularización

Así, en la fecha señalada se realizó el acto de regularización del asentamiento, hecho que se convirtió en un hito en la historia de las reivindicaciones sociales en nuestro país, teniendo en cuenta los años transcurridos desde la ocupación.

CONCLUSIONES

El proceso descrito en este artículo denota básicamente dos aspectos: por un lado, la tensión existente en derechos consagrados por la Constitución Nacional, a saber, el derecho a la vivienda digna (Artículo 100) y el derecho a la propiedad privada (Artículo 109). Por el otro, es notorio que las luchas sociales en general, y por la vivienda en particular, se constituyen en un campo de fuerzas en que se enfrentan distintos tipos de valores, formas de ver (y defender) los derechos sociales.

El caso del barrio 26 de Febrero, desde la inicial postura radical que dio origen al asentamiento, hasta su desenlace actual, representa una experiencia histórica exitosa de integración social, mediada por la intervención del Estado, que a través de sus instituciones logró inclinar, pese a las vicisitudes del proceso, a los actores en pugna hacia un modelo inclusivo.

En tal sentido, la organización del barrio, aunque radicalizada en su momento, ha dado lugar a una experiencia exitosa de negociación entre actores sociales (movimientos sociales, organizaciones y partidos políticos) con las instituciones del Estado. Los hechos demostraron que éste era el objetivo principal de los ocupantes del barrio, y no precisamente la subversión global del orden establecido. Si bien el discurso puede estar amparado en posturas radicalizadas (la línea divisoria entre la participación y la manipulación es siempre difusa), dicho discurso pierde fuerza una vez logrados los objetivos de la movilización social, en este caso el acceso a la vivienda digna. En definitiva, el proceso analizado funcionó como disparador de la política del gobierno para la atención institucional de las demandas por tierra y viviendas urbanas, para lo cual ya no existe necesidad de recurrir a la movilización social.

En este sentido, la experiencia del barrio 26 de Febrero se ha constituido en una lección aprendida por el estado y por los movimientos sociales, al derivar en la creación de una vía institucional para atender la demanda social expresada previamente en ocupaciones forzosas de propiedades privadas o fiscales, con la generación de programas sociales del Estado que dan respuesta a estas demandas (Programa Tekoha - Habitat de la SAS y la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat - SENAVITAT). De esta manera, la respuesta a la demanda de viviendas sociales ha institucionalizado las políticas de acceso a la vivienda.

Aunque quede mucho terreno por recorrer, el proceso denota que el acceso a la vivienda no necesariamente debería tratarse de un conflicto de “suma cero”, en el que hay “vencedores” y “vencidos”, sino que las partes intervinientes pueden lograr el consenso para el bien común, con el fin ulterior de mejorar las condiciones de vida de la población situación de pobreza.