INTRODUCCIÓN
El suicidio es un problema grave de salud pública con factores que aumentan el riesgo1. Esta conducta abarca un amplio espectro, desde la ideación suicida, preparación de un plan, obtención de los medios para llevarlo a cabo, hasta la posible consumación del acto2. En la actualidad el suicidio aqueja a gran parte de la población mundial, aproximadamente un millón de personas mueren cada año en el mundo por suicidio. En promedio se suicidan a diario tres mil personas y, por cada una, veinte lo intentan3.
En todos los países el factor de encarcelamiento multiplica la tasa de suicidio señala un estudio realizado en Cataluña, constituyendo una causa común de muerte en prisión4. Esto se debe a que la privación de la libertad impacta de manera significativa en las personas que se encuentran en esta condición. Influye en el proyecto de vida del interno, afecta su salud mental, como estigma, cambio de modus vivendi, lo separa de familiares y otras fuentes de apoyo social4.
Si observamos el fenómeno de la privación de libertad en mujeres desde la equidad y con una perspectiva penitenciaria, las mujeres continúan soportando numerosas situaciones desventajosas en un contexto de encierro en prisiones, son poco estudiadas, quedan invisibilizadas, ya que han sido menos numerosas que los hombres, en general para cometer delitos, por condiciones de género que han actuado como un escudo protector para impedir su incorporación al mundo delictivo5. En sociedades donde tradicionalmente se ha asignado a las mujeres el rol social de responsabilidad en el cuidado de los hijos, del hogar y de las personas dependientes, acudir al delito para enfrentar necesidades económicas no habría sido una posibilidad pensada como estrategia para sobrevivir5.
Se suman a estos factores las condiciones de la mayoría de los sistemas carcelarios deficientes, que violan los derechos humanos de los presidiarios por el hacinamiento, atención deficitaria a la salud, personal de guardia inadecuado, mezcla de la población carcelaria, entre otras6.
En Paraguay la cifra de suicidios es más elevada que los homicidios y feminicidios, con un incremento de 218% en los últimos 12 años7. La edad es otro factor de riesgo asociado, señala otro estudio, donde a nivel país se dieron más frecuentemente los suicidios en el rango de entre 18 a 29 años de edad8.
James Cavallaro, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, realizó una visita de trabajo a Paraguay en agosto de 2014 con el objetivo de verificar las condiciones de los centros de privación de liberta. En relación a la situación de las mujeres manifestó: “su preocupación por (…) [que] se siguen aplicando registros intrusivos vaginales y actos de desnudez forzada, como un medio de control de seguridad”9.
Conforme al Informe de septiembre 2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), en Paraguay las mujeres componen el 6,3% del total de personas privadas de libertad en el país. En este contexto las cárceles no están preparadas y las condiciones de reclusión son más críticas en comparación con los varones10. Las adultas y adolescentes requieren, entre otras cosas, la provisión de artículos de higiene femenina, relativas al derecho sexual y reproductivo.
El mismo informe señala respecto al ambiente de las madres que crían a sus hijos e hijas en situación de encierro, que 34 niños y niñas viven con ellas y 17 están embarazadas. Estas mujeres tienen derecho a conservar el vínculo con sus niños y niñas, contar con profesionales de la salud, en especial las embarazadas y las que son víctimas de abuso sexual en los mismos centros penitenciarios10. También afirma que 70% de la población de mujeres y varones adultos no deberían encontrarse dentro del sistema penitenciario mientras se tramite su proceso para determinar su responsabilidad penal. La prisión preventiva, según lo establece la Constitución Nacional es excepcional, y el hecho de que 95% de los jóvenes privados de libertad se hallen sin condena ya constituye violencia institucional10.
El estado paraguayo no ha tomado medida alguna para reducir la sobrepoblación carcelaria, a pesar de reiteradas recomendaciones de organismos internacionales, del Mecanismo Nacional de Tortura. En estas condiciones la situación de encierro seguirá constituyendo una violación a los derechos humanos10.
METODOLOGIA
El estudio fue descriptivo, de corte transversal con una muestra por conveniencia, de 108 mujeres de una correccional en Paraguay11. Se utilizó un cuestionario socio demográfico y la Escala de Suicidio de Plutchik previa firma de consentimiento informado que explicó los objetivos y la participación voluntaria y anónima.
Para evaluar el riesgo suicida se usó la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik12 autoadministrada, que tiene como objetivo clasificar a los individuos en personas sin riesgo suicida y con riesgo suicida. En esta investigación se utilizó la adaptación española de este instrumento, la cual muestra un punto de corte de 6 puntos, con una sensibilidad y una especificidad de 88% para discriminar entre individuos con antecedentes de tentativas suicida y sin antecedentes, una consistencia interna alfa igual a 0,90 y una fiabilidad test-retest de 0,89.
La severidad de la depresión fue medida por el Inventario de Depresión de Beck13, escala auto administrada. Para este estudio se usó la adaptación española que presenta un alfa de Cronbach de 0.89-0.96 y una fiabilidad ínter examinador de 0.83. Además, se utilizó un cuestionario de datos demográficos, antecedentes personales y judiciales.
Los datos se analizaron en el paquete estadístico SPSS versión 15.0, presentándose los resultados como frecuencia absoluta y relativa porcentual.
RESULTADOS
Participaron del estudio 108 mujeres entre 20 a 70 años de edad (media: 38 ± 12). En cuanto al nivel educativo de las internas, 25,9% (n=28) alcanzó escolaridad secundaria completa u universitaria (12%). En relación al tiempo de privación de libertad, el 76,8% fue entre 1 a 5 años. (Tabla 1)
Características | n | % |
---|---|---|
Grupo de edad (años) | ||
20 a 25 | 15 | 13,9 |
26 a 31 | 23 | 21,3 |
32 a 37 | 20 | 18,5 |
38 a 43 | 19 | 17,6 |
44 a 49 | 11 | 10,2 |
50 años y más | 20 | 18,5 |
Nivel educativo | ||
Primaria incompleta | 20 | 21,3 |
Primaria completa | 19 | 17,0 |
Secundaria incompleta | 20 | 18,6 |
Secundaria completa | 28 | 25,9 |
Universitaria incompleta | 1 | 0,9 |
Universitaria completa | 12 | 11,1 |
Tiempo de privación de libertad | ||
< 1 año | 19 | 17,6 |
1 a 5 años | 83 | 76,8 |
6 a 10 años | 3 | 2,8 |
11 a 15 años | 3 | 2,8 |
El 36,1% (n=39) de la muestra presentó riesgo suicida, de ellas el 71,8% (n=28) mostró riesgo leve de suicidio; 20,5% (n=8) moderado y 7,7% (n=3) riesgo grave. El 38% (n=41) de las internas tenía depresión, 62.0% (n=67) sin depresión. El 27,8% presentaba depresión moderada a extrema: 13.9% (n=15) moderada; 9.3% (n=10) grave y 4.6% (n=3) extrema. Tabla 2
Variable | Frecuencia | Porcentaje |
---|---|---|
Riesgo suicida | 39 | 36,1 |
Clasificación del riesgo suicida | ||
Leve | 28 | |
Moderado | 8 | |
Grave | 3 | |
Depresión | 41 | 38,0 |
Clasificación de la depresión | ||
Moderada | 15 | 13,9 |
Grave | 10 | 9,3 |
Extrema | 5 | 4,6 |
Intermitente | 11 | 10,2 |
Leve perturbación estado de ánimo | 21 | 19,4 |
Normales | 46 | 42,6 |
Se encontró asociación altamente significativa entre la presencia de depresión y riesgo suicida. El 58,5% de las internas con depresión presentaron riesgo suicida comparado al 22,4% de las que no tuvieron depresión (OR: 4,89 IC95% 2,1-11,4).
DISCUSION
La privación de libertad o el encierro produce en hombres y mujeres una ruptura del grupo familiar y en el caso de las mujeres privadas de libertad, aislada de sus afectos más primarios, aumenta ostensiblemente los efectos del encarcelamiento, que tiene directa incidencia para que las mujeres muestren mayor o menor salud física y emocional14.
El presente estudio encontró que más de un tercio de la población estudiada tenía riesgo suicida, cifra que es mucho mayor a la población general y a las arrojadas por otros estudios realizados en centros penitenciarios en América del Sur. Una investigación realizada en Colombia por Cañón Buitrago en 96 mujeres privadas de libertad de una cárcel de Caldas encontró un porcentaje de intento suicida mucho más bajo que en el estudio actual y una proporción de frecuencia de riesgo suicida, según Plutchick más baja15. Los valores encontrados en otros estudios realizados en Colombia fueron también menores, como en Tolima3; en la región de Bocayá6 y otro en Quindió fue más cercano al presente estudio16.
Tomando en consideración que el diagnóstico de depresión es clínico, la escala de Beck ha demostrado gran sensibilidad en detectar a personas con trastorno depresivo y en este estudio se utilizó el termino depresión para referirse a las personas que dieron positivo en esta escala. Más de un tercio de las internas tenían depresión que se asoció de manera significativa con la presencia de riesgo suicida. Más de la mitad de quienes presentaron riesgo también presentaron depresión. Un estudio similar realizado en la cárcel del Buen Pastor de Barranquilla (Colombia) confirmó que una mayoría de internas con problemas de salud mental (15 de 18 mujeres estudiadas), que fueron atendidas y padecían trastornos mentales (como Trastornos Depresivos, Estrés Postraumático, de Ansiedad con Ataques de Pánico, ideación e intentos de suicidio, abuso o dependencia de substancias psicoactivas y/o alcohol) no recibían tratamiento psicológico o psiquiátrico, algunas ni lo recibieron durante su estadía en la institución penitenciaria17. El factor de riesgo para padecer Trastornos Depresivos en las madres de la investigación realizada en Barranquilla fue la separación de sus hijos y familiares, así como no poder criarlos y en las solteras lo constituyó la angustia, asociada al impedimento de realizar actividades productivas para apoyar económicamente a su familia y por causarles sufrimiento17. Esta descripción de factores de riesgo que llevaron a madres colombianas a padecer trastornos depresivos, bien podríamos suponerlos presentes en el ámbito penitenciario del estudio que nos ocupa, que se da en contexto de una sociedad con cultura patriarcal como la paraguaya, donde construcciones sociales de género (aquellas que plantean lo que es ser hombre y mujer en cada cultura), han asignado a las mujeres el rol social de responsabilidad en el cuidado de los hijos, del hogar y de las personas dependientes, incorporándoles exceso de responsabilidad en roles reproductivos. Esta carga social se agudiza al encontrarse en infracción con la ley, incumpliendo mandatos sociales, auto asignándose culpas y reproches por el fracaso de un rol socialmente asignado(14, 18).
Bravo afirma que la cárcel es una institución fallida, lo cual no es debido a motivos particulares como el hacinamiento, que puede ser resuelto por reformas administrativas o funcionales. El encierro perjudica a los internos económicamente, ya que la pérdida de empleo y la dificultad de conseguirlo a futuro contribuyen con la reincidencia, con consecuencias para su entorno familiar19.
Otros factores de riesgo encontrados en la literatura y asociados frecuentemente al suicidio han sido edad, estado civil, falta de apoyo social, nivel socioeconómico y cultural bajo, presencia de consumo de sustancias y presencia de trastorno mental6. También el tiempo de reclusión, el tiempo de condena y la presencia o no de condena también se asociaron a riesgo suicida3. En este estudio se detectaron varios factores de riesgo citados en la literatura, como la edad, ya que más de dos tercios se encontraba en edad reproductiva, el estado civil, pues más de dos tercios de la población manifestó estar soltera y cerca de la mitad reportó ser separada, viuda o divorciada. También el bajo nivel educativo, ya que menos de una quinta parte del grupo estudiado no había completado la primaria y apenas una décima parte completó sus estudios terciarios.
El consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas ha sido identificado como uno de los factores de riesgo más asociados al suicidio20 y esto adquiere aún mayor peso en la población penitenciaria3. En este estudio más de un tercio de la población reportó haber consumido alguna vez y cerca de la mitad manifestó continuar consumiendo. Los valores de consumo podrían encontrarse subestimados debido a que el confirmar consumo podría tener un impacto negativo en el proceso legal de las internas y muchas podrían haber negado esta situación por miedo a posibles represalias. El consumo es un factor de riesgo para la población, ya que afecta la capacidad de respuesta a situaciones de tensión y estrés y aumenta el riesgo de suicidio hasta cinco veces ya sea por el síndrome de abstinencia o por la afectación a nivel del sistema nervioso central que incide sobre el juicio y capacidad de autocontrol de la persona3.
El estudio promueve a una reflexión sobre la condición de la reclusión, que representa una gran dificultad para la persona que la experimenta, ya que no solo representa una pérdida de libertad, confianza en sí mismo, credibilidad y respeto frente a los demás, sino también, en muchos casos, la pérdida del apoyo familiar y social. Esta condición promueve el desarrollo de desesperanza y depresión que aumentan el riesgo que la persona tiene de fantasear con la muerte como alternativa de escape a una situación a la que no puede adaptarse. Y en el caso de las mujeres, con mayor atención a las razones culturales y de género antes mencionadas.
Entra las principales limitaciones que presentaron en este trabajo, se encuentran que, las pruebas psicológicas utilizadas no han sido validadas con muestras paraguayas, a pesar de su amplio uso en el ámbito clínico y los datos de validez y confiabilidad que tienen internacionalmente. No obstante, la coherencia teórica de estos resultados confirmó que estos instrumentos son válidos en constructo y que la consistencia interna arrojada en esta investigación corrobora que la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik12 y el Inventario de Depresión13 son instrumentos suficientemente confiables.
Por otro lado, no se realizó un muestreo probabilístico del total de la población carcelaria por lo que los resultados obtenidos no permiten hacer inferencias de toda la población. Ciertos pabellones como el de alta seguridad o el de internas con problemas de consumo de sustancias no fueron incluidos debido a que mostraban características particulares que las hacían poco accesibles para la realización de las encuestas. Por último, no se encontraron estudios de riesgo suicida en penitenciarías del Paraguay con las cuales comparar los resultados y los estudios colombianos en los que se basó este trabajo, fueron en su mayoría realizados en población masculina.
Como recomendación se plantea la necesidad de programas de salud mental en población carcelaria que involucren al personal penitenciario en general, así como médicos psiquiatras y psicólogos son fundamentales tanto para disminuir el impacto de ciertos trastornos mentales como para ayudar a las personas recluidas a hacer frente al estrés psicológico y emocional de su condición.