Estimado editor:

Al momento en que dirijo esta breve comunicación, miles de Personas Adultas Mayores (PAM) se encuentran luchando por sus vidas, en una disputa fatídica contra el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2, del inglés), causante de la Nueva Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19, del inglés) que fue, posteriormente, decretada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad de notificación compulsoria, de vigilancia epidemiológica y de interés para la salud colectiva y global¹.

Proyecciones epidemiológicas levantadas por el John Hopkins Bloomberg School of Public Health han constatado tendencia de morbi-mortalidad expresivamente superior en PAM². De forma incuestionable, las PAM presentan mayor fragilidad para combatir la COVID-19, sea por los aspectos fisiopatológicos de la senescencia y la senilidad, sea por los contextos de iniquidad socioeconómica que caracteriza la realidad existencial en grande parte de la población envejecida. Dichos aspectos socio-sanitarios se adhieren a la elevada prevalencia e incidencia de condiciones crónicas (con especial destaque para las afecciones cardiovasculares, inmunológicas y respiratorias), que acaban por justificar el alto coeficiente de letalidad por COVID-19 en gerontes, en todo el mundo.

Para los sistemas públicos de salud y de asistencia social el desafío se concentra, principalmente, en la necesidad de mantener y extender las acciones y los cuidados desempeñados en el ámbito de los servicios geriátricos y gerontológicos, que dicen respecto al abordaje clínico y/o terapéutico de las enfermedades habituales en las PAM. En ese sentido, la pandemia de la COVID-19 ha evidenciado la pertinencia de fortalecer los esfuerzos contenidos en el nivel primario de atención a la salud, a través del cual se planean, coordinan y ejecutan intervenciones de contención, supresión y mitigación de enfermedades infectocontagiosas con rápido potencial diseminación³.

Dado el caso de las PAM, sirve recordar que estas constituyen un público considerable, que tiende a crecer año tras año y de manera exponencial. Consecuentemente, las implicaciones en el tejido social y sanitario no deben limitarse únicamente a la resolución de las demandas fisiopatológicas⁴. Es igualmente urgente repensar los mecanismos de protección social, lo que incluye, en su turno, la necesidad de articular objetivos intersectoriales en el sector público, con auxilio del privado, para el correcto acompañamiento de los efectos colaterales que viene dejando y que, a largo plazo, dejará la pandemia de la COVID-19 en nuestras estructuras societarias.

Empero los sistemas de salud pública se encuentren al borde de su propia capacidad resolutiva, al considerar los altos índices de ocupación de camas hospitalarias y extra hospitalarias, es válido mencionar que nuevas formas asistenciales han surgido y presentan grandes potencialidades para abordar situaciones excepcionales como la que estamos viviendo actualmente. Citando caso análogo, la telemedicina, también conocida internacionalmente como e-Health, muestra importantes resultados para el acompañamiento de casos sobre sospecha y con confirmación reactiva para SARS-CoV-2, por medio de la teleorientación, la teleinterconsulta y el telemonitoreamiento⁵. Entre los principales beneficios se observa la promoción de las medidas de aislamiento social y la reducción del flujo de consultas en ambientes hospitalarios.

De modo concluyente, lejos de ser una enfermedad plausible de erradicación, la COVID-19 nos impone la obligación de encontrar mecanismos eficaces y eficientes que nos permitan atender de forma coherente las demandas multidimensionales de las PAM en el escenario pandémico. Lo anterior no sólo incumbe al sector salud, sino que enciende luces para comprender lo complejo y lo dinámico que el fenómeno de envejecimiento poblacional puede ser, en todos los dominios de la vida humana.