Migración vinculada al cambio climático

Se prevé que los flujos migratorios vinculados al cambio climático aumenten, ninguna región en el mundo es inmune, para el 2030 las zonas críticas van a verse afectadas por la escasez de agua, disminución de cultivos, aumento del nivel del mar; y para el año 2050, 216 millones de personas podrían desplazarse sin salir de las fronteras de sus países (^{World Bank, 2021}; ^{Rodríguez et al., 2015}; ^{Cassin et al., 2022}).

Señala la ^{OIM (2019)} que las migraciones, especialmente climáticas, comprenden el traslado de personas forzadas a abandonar su residencia a otra ciudad o país, temporal o permanentemente, por cambios y factores climáticos. Las personas desplazadas ambientales se movilizan por eventos climáticos como la desertificación, deforestación, degradación, contaminación de aguas e inundaciones, e igualmente por, los desastres naturales y antropogénicos, desbordamientos, erupciones volcánicas, terremotos, radioactividad y accidentes industriales (^{Castles, 2003}; ^{McAuliffe & Triandafyllidou, 2022}).

Las personas más afectadas habitan las zonas más pobres del campo y la periferia de las grandes ciudades (^{Altamirano, 2014}), ya que el cambio climático afecta a la población cuando produce una movilidad involuntaria.

En cuanto a los migrantes por causas ambientales, según ^{Márquez y Delgado (2011}), en la mayoría de los casos se han minimizado los datos de los efectos negativos del cambio climático. Sin información oficial del impacto del cambio climático en los movimientos migratorios transfronterizos, dicho fenómeno se invisibiliza.

Los migrantes forzados por causas ambientales viven el despojo de los medios de producción para su subsistencia; es una exclusión social que los conmina a emigrar debido a que carecen de los recursos económicos suficientes (^{Iglesias y Felipe, 2018}). Lo que requiere respuestas en los distintos niveles de gobierno, hacia la asignación de recursos y la implementación de política pública

Por su parte, ^{Utria (2015}) considera que un aspecto a considerar en la definición ampliada de migrante climático es su especial condición de vulnerabilidad. En el aspecto psicosocial un desplazamiento constituye un evento traumático, transformador del proyecto de vida, de la salud mental y autonomía; las personas pierden sus pertenencias, bienes, ahorros, lazos familiares y entorno cultural.

En ese contexto, desde 1992, se emitió la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que, entre sus principales lineamientos, se encuentran las obligaciones estatales de emitir informes anuales sobre estrategias para la eliminación de gases de efecto invernadero, en conjunto con reformas legislativas y políticas.

El Protocolo de Kioto vigente desde el 2005, abarca el compromiso de 37 países industrializados a reducir los efectos climáticos mediante la adopción de estrategias, además, nace el principio de la responsabilidad común pero diferenciada respecto a la necesidad de que cada país se responsabilice por daños ambientales. En el año 2015, se estableció el Acuerdo de París, momento en el que se discutió la movilidad humana en el régimen climático internacional (^{McAuliffe & Triandafyllidou, 2022}). No obstante, los instrumentos internacionales descritos no profundizan en los efectos ambientales que viven las poblaciones más propensas al cambio climático (^{Iglesias y Felipe, 2018}).

El término “refugiado climático” no cuenta con una tipología específica dentro del derecho internacional de los derechos humanos, existen distintos intentos para su adecuación normativa. En 1967, Russel se refirió con el término migrante forzado por motivos ambientales, como aquellas personas que por causas vinculadas al medio ambiente se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual hacia otro Estado (^{Bermúdez, 2017}; ^{Ibarra, 2021}).

En esa misma línea, cuando una persona huye de su país por motivos del cambio climático, requiere de la protección de la comunidad internacional. ^{Solanes (2021}) indica que es necesario articular un estatuto ampliado de refugiado frente a la actual crisis por el cambio climático, ya que el número de personas que se movilizan por múltiples motivos no deja de crecer. Es una situación de vulnerabilidad que requiere de un régimen de protección destinado al refugio climático.

Estándares interamericanos en la emergencia climática

En referencia a la situación de la emergencia climática en la última década, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido resoluciones a las opiniones consultivas presentadas en el ámbito de movilidad humana, ambiente sano y derechos humanos; los principales estándares se detallan en la tabla 1.

Según ^{Moraga (2023}), debido a la interdependencia de los recursos naturales o a las discriminaciones múltiples de grupos históricamente segregados como las mujeres, los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tienen la responsabilidad derivada de prevenir riesgos y daños ambientales mediante medidas y políticas ambientales.

Feminización de la migración en América Latina: caso Ecuador

La OIM (^2024b) ha confirmado que en América Latina las características de los flujos migratorios son diversas, en razón de los diferentes contextos, factores y perfiles migratorios; entre ellos, la feminización.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, existe un flujo de emigración en América del Sur en cantidad mayor que el número de inmigrantes en la región (^{Stefoni, 2018}):

La población emigrada en América del Sur corresponde a 8,4 millones de personas (2,1% de la población total subregional) y la población inmigrante alcanza los 4.756 millones (1,2% de la población total subregional), lo que da una diferencia de 0,9 puntos entre ambos stocks. Por lo tanto, si bien América Latina y el Caribe son en términos generales expulsora de población, el aporte principal para esta configuración es más bien de la realidad de México y Centroamérica. De hecho, México solo tiene más emigrantes que toda América del Sur (p. 9).

Una de las características de la emigración en la región en el siglo XX fue el lugar de destino, debido a la cercanía y la estabilidad salarial con Estados Unidos de Norteamérica. Desde inicios del siglo XXI, los países de destino se han diversificado hacia Europa, especialmente España, Italia y Portugal, y en Asia, hacia Japón (^{Stefoni, 2018}).

En cuanto al empleo, a nivel interregional, existe inmigración de mujeres paraguayas y peruanas que se dedican al servicio doméstico en Argentina; los hombres bolivianos se dedican a la agricultura, a trabajos de construcción e industria. La emigración haitiana se caracteriza por un flujo de hombres que trabajan en países de Latinoamérica; las mujeres haitianas han emigrado mayoritariamente a Estados Unidos y Canadá (^{Herrera, 2011}).

Se debe destacar que las mujeres, niñas, niños y adolescentes en movilidad humana son más susceptibles a caer en redes de trata de personas, aproximadamente son 250.000 víctimas anuales. Uno de los problemas a los que se ven expuestos es el turismo sexual infantil en zonas fronterizas, por ejemplo, en la triple frontera Brasil, Paraguay y Argentina.

Los países de origen, tránsito y destino de la trata de personas son Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Venezuela, además de la trata de personas con fines de explotación sexual, existe la explotación laboral. A nivel regional las víctimas de trata con fines de explotación sexual (57%) y laboral (32%) son mujeres, provienen de Colombia y Brasil, y las víctimas fuera de la región provienen de Paraguay y Bolivia (^{Granada et al., 2021}; ^{Fries, 2019}).

Los flujos migratorios dentro de la región son habituales. Desde 1970 por la industria petrolera inmigrantes del caribe residen en Trinidad y Tobago; al 2019, aproximadamente más de un millón de bolivianos y paraguayos han inmigrado a Argentina y desde 1990 el número de peruanos en Chile se había triplicado; existen flujos tradicionales como el de inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica y de haitianos en República Dominicana (^{Granada et al., 2021}).

En el balance general, existe mayor emigración que inmigración en la región (^{Stefoni, 2018}). Son flujos que se caracterizan principalmente por la situación de la economía y la política en los gobiernos latinoamericanos en décadas recientes, la migración internacional es laboral y la atracción de la inmigración a países en crecimiento económico, aunque no siempre es lineal (^{Martínez & Orrego, 2016}).

Aunque los movimientos migratorios en la región son heterogéneos. La emigración de mujeres hacia otros países ha ido en aumento, es decir, las mujeres migrantes de forma autónoma e independiente han decidido cruzar las fronteras de sus países, cabe precisar que su deseo de subsistencia no solo es personal sino de índole familiar (^{Camacho, 2010}). Dicho fenómeno denominado feminización de las migraciones guarda estrecha relación con las dificultades que persisten en los países de origen y las oportunidades laborales que se presentan por la demanda de mano de obra en los países de destino.

De acuerdo con ^{Fries (2019}), existe una creciente participación (48%) de las mujeres en los movimientos migratorios alrededor del mundo, se desplazan de forma independiente en su proyecto migratorio. Son vulnerables a todo tipo de violencia, discriminación múltiple, desastres naturales y ambientales y precariedad económica, especialmente en momentos de crisis o conflicto (^{Utria, 2015}).

En el caso ecuatoriano, desde inicios del siglo XXI, ^{Balbuena (2003}), ^{Herrera (2005}) y ^{Camacho (2010}) estudian la feminización de la fuerza de trabajo vinculada a la pobreza. Resaltan que, pese a la intensificación del trabajo de mujeres asalariadas, en los países industrializados y en vías de desarrollo, las discriminaciones múltiples persisten. Precisamente por la percepción de la mujer inmigrante, quien asume las tareas de cuidado y servicio doméstico que las mujeres autóctonas no realizan, quienes cuentan con profesionalización y acceso al mercado laboral formal.

La conciliación del hogar es una tarea pendiente de implementar por los Estados, existe una segmentación de los mercados de trabajo: “este nicho suele ser ocupado por mujeres inmigrantes, quienes son las que aceptan empleos desregulados, de suma flexibilidad y ubicados en los peldaños más bajos de la escala laboral” (^{Camacho, 2010}, p. 47).

De forma que, los países de origen subvencionan las economías desarrolladas debido a las cadenas transnacionales de cuidados de mujeres inmigrantes que ocupan puestos a bajo costo, la readecuación del trabajo reproductivo y servicio doméstico es un nicho laboral segmentado. En cifras señala ^{Fries (2019}) que cerca de 11,5 millones de trabajadores migrantes se desempeñaron como trabajadores domésticos remunerados, lo que representa aproximadamente el 17% de todos los trabajadores domésticos remunerados (67,1 millones) y más del 7% de todos los trabajadores migrantes. De esos 11,5 millones, 8,45 millones eran mujeres y 3,07 millones, hombres. La mayoría de estos ha migrado a países de ingresos altos.

En Ecuador desde la década de 1990 hasta 2001 la migración de las mujeres fue mayor que la de los hombres. Esta feminización de la migración se dirigió hacia España, mujeres con un perfil migratorio técnico y profesional, que pertenecían a una población económicamente activa, con escolaridad de educación superior, pero sus trabajos de atender a enfermos, ancianos, entre otros, refieren a la crisis del cuidado que se encuentra en aumento y que los gobiernos no han atendido (^{Morales et al., 2022}). La economía del cuidado del hogar se encuentra invisibilizada:

El empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida de los hogares, la discriminación de género en el mercado de trabajo, el alto desempleo femenino y la sobrecarga de responsabilidades que vivieron las mujeres a raíz de la crisis, indudablemente, son factores que condujeron a que un elevado número de mujeres ecuatorianas saliera en busca de mejores oportunidades laborales en otros países (^{Camacho, 2010}, p. 84).

En los años más recientes, de conformidad con la OIM (^2024c), entre 2022 y 2023 aproximadamente 86606 ciudadanos ecuatorianos han cruzado la selva del Darién hacia los Estados Unidos; y hasta abril de 2024, alrededor de “1,2 millones de ecuatorianos tienen la intención de migrar al extranjero” (p. 1). Cabe mencionar que, desde el año 2023, existe un número de registros de salidas mayor que el número de entradas al país, es decir, el número de emigrantes ecuatorianos aumenta.

Según la OIM (^2024c), la motivación es principalmente económica seguida del incremento de la violencia. Adicional a ello, existe un fenómeno migratorio emergente en los cantones del sector de la sierra central, hacia las principales ciudades del país o con destino a otros países (Estados Unidos). Hasta el 2024, el número de ecuatorianos que viven en el exterior -2,4 millones- representa el 10 por ciento de la población del país.

De modo específico, en lo relativo al clima y movimientos migratorios: señala ^{Singaña (2024}):

Los desplazamientos por desastres ambientales parecen ser lejanos a nuestro continente, en comparación con regiones como África Subsahariana y el Sur de Asia, donde 3.7 y 3.3 millones de personas fueron desplazadas en 2022. No obstante, el número de gente desplazada en América sumó 720 mil. En Colombia se registraron 41 mil personas desplazadas por desastres ambientales asociados al fenómeno de la Niña. Las inundaciones forzaron el desplazamiento de cerca de 600 mil personas en 2022 en América, y los efectos del cambio climático empezaron a sentirse con desfases en la llegada de los periodos de lluvia (p. 2).

En cuanto a las tendencias nacionales de conformidad con el ^{Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR] (2023)}, “los efectos del cambio climático y los desastres naturales son una preocupación más en el país andino, especialmente para comunidades que viven en zonas marginalizadas y empobrecidas en las costas, Amazonía y en la región andina” (p. 2). Por otra parte, en cuanto al desplazamiento forzado, las mujeres y niñas registran mayor vulnerabilidad, alrededor del cincuenta por ciento.

Lo anterior, infiere que existe vulnerabilidad de migración de mujeres y niñas en y hacia el Ecuador, y que los efectos del cambio climático y daños ambientales afectan a comunidades empobrecidas en la costa, Amazonía y región andina del Ecuador. La información se corrobora por ^{Singaña (2024}), en el año 2023 existió una reducción del 8% de “producción agropecuaria por motivos migratorios” (p. 1), se ha producido una migración colectiva debido al vínculo entre seguridad alimentaria y movimientos migratorios.

En la emergencia los eventos climáticos extremos aumentan, en especial en zonas rurales, relata ^{Singaña (2024}) que en la provincia de Esmeraldas las fuertes lluvias en los últimos años “provocaron pérdidas estimadas en $1.3 millones, producto de la afectación completa de 519 hectáreas y parcial de otras 1073 hectáreas” (p. 2). Otra de las provincias afectadas en el año 2022 fue Cotopaxi con el desbordamiento de los ríos Pilaló y Quindígua, aproximadamente 1200 hectáreas y 200 personas fueron afectadas.

Afirma ^{Singaña (2024}) que la emergencia climática desde julio de 2023 -el mes más caliente antes registrado en el mundo- vislumbra un nuevo momento, la ebullición global. De tal forma, la mitigación y adaptación ante la emergencia climática no solo implica planes de contingencia esporádicos, sino “estrategias que minimicen las pérdidas de los medios de vida en la ruralidad producto de los efectos de la actividad humana sobre el clima” (p. 2).

El agro cultivo es una actividad económica vinculada a eventos climáticos y en el caso de que suceda “se tendría un importante impacto sobre la economía de estos hogares, lo que podría incidir en procesos de movilidad humana” (p. 16). La seguridad alimentaria de la población se ve limitada, lo que genera procesos de movilidad humana.

Según la OIM (²⁰²⁵), se estima que para el 2040 las precipitaciones aumenten un 5% en la zona de la costa ecuatoriana, la región más afectada por los eventos climáticos estacionales como El Niño y la Niña. Entre los principales efectos del cambio climático destacan las pérdidas de cultivos, ganadería y animales de crianza. Como se observa en la tabla 2, el 83 por ciento de las inundaciones, deslizamientos, hundimientos y vendavales genera pérdidas económicas cercanas a los 150 millones de dólares.

De conformidad con la OIM (²⁰²⁵), alrededor de 103 hogares (10%) de la población encuestada, 1029 personas, se encuentran en situación de movilidad humana por causas ambientales, quienes han sido desplazados o reubicados, se deduce que “al menos la mitad de la población migrante por causas ambientales presenta vulnerabilidad económica” (p. 22), con un rango aproximado de ingreso mensual por hogar de ciento cincuenta dólares americanos:

El 18.6% de los hogares estudiados en los cantones costeros -Daule, Vinces, Ventanas y Chone- vive procesos de movilidad humana, de esa cantidad el 10% de casos se vincula con movilidad por motivos ambientales o climáticos, mientras el 3.6% de los hogares están atrapados sin capacidad de movilizarse pese a que sufren amenazas climáticas (OIM, ²⁰²⁵), en lo relativo a diferencias de los desplazamientos vinculados al género las mujeres son las más afectadas:

Se encontraron diferencias significativas según el género del respondiente, pero de intensidad media (31,6%) solo en el caso de los desplazamientos forzados, siendo mayor el promedio de personas en el caso de las mujeres (2,81 personas respecto a 1,50 en el caso de los hombres) (p. 23).

Otra de las conclusiones a las que llega la OIM (²⁰²⁵) en lo relativo a los roles tradicionales de las mujeres en las sociedades de origen, cantones de la costa ecuatoriana, es que se presentan sesgos y estereotipos de género de las mujeres como cuidadoras y trabajadoras domésticas. Ello las constriñe en la toma de decisiones frente a los efectos del cambio climático. El 20,8 por ciento de las mujeres realizan trabajo no remunerado del hogar y cuidado de familiares; ello impacta en su limitada capacidad de movilidad para acceder a un empleo fuera de su comunidad y en la vulnerabilidad a la adaptación al cambio climático.

Un aspecto que resaltar es la falta de medios de vida para emprender un proyecto migratorio. Los roles y estereotipos de género limitan (atrapan) a las mujeres a la subsistencia en condición de precariedad por factores climáticos (OIM, ²⁰²⁵).

Feminización de las migraciones climáticas: género e interseccionalidad

^{Felipe (2019}) afirma que en el año 2013 se reconoció que existe un creciente número de niñas y mujeres en movilidad humana, debido a factores vinculados al sexo-género, como la violencia, la pobreza extrema, los desastres naturales y los efectos del cambio climático, así como la sobrecarga en el trabajo de cuidado del hogar. Desde el enfoque de interseccionalidad, se comprende que existe un vínculo entre el cambio climático y la feminización de la migración, que responde a las categorías sexo-género, etnia, nacionalidad y estatus social.

De tal modo, se requieren acciones interseccionales, inclusivas y con perspectiva de género en la adaptación al cambio climático:

En las Américas se registraron 2,6 millones de nuevos desplazamientos internos en 2022, casi el 80 % debido a los desastres. Al final del año, cerca de 720.000 personas vivían en situación de desplazamiento por los desastres que azotaron la región. En general, las tendencias de emigración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos de América (EE.UU.) muestran una población cada vez más joven (^{Felipe, 2019}, p. 24).

Muchas mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad por la violencia basada en género, orientación sexual, nacionalidad, origen étnico-nacional, idioma y clase social. En especial, cuando se presentan situaciones de emergencia climática extrema y desastres naturales, debido a la distribución desigual del poder y falta de acceso a recursos, existen mayores desafíos para las mujeres en la recuperación y reconstrucción de sus medios de vida.

La emigración de las mujeres y niñas es una respuesta de supervivencia, un aumento de feminización de la pobreza y de la invisibilidad de la violencia basada en género que se naturaliza en todo el proceso migratorio. Los marcos políticos y estructuras sociales no contienen sus necesidades en situaciones extremas como el cambio climático.

Mientras unas mujeres se movilizan lejos de sus territorios por daños ambientales, otro grupo se encuentra “atrapado” por factores climáticos repentinos, sin alternativa de salida; por las brechas de información desconocen los efectos ambientales, lo cual las limita en su preparación y traslado de un posible acto migratorio.

Para ^{Martín (2019}) hay un vínculo de las mujeres con el cambio climático porque del 80% de personas desplazadas climáticas son mujeres, son las más afectadas, lo que acentúa las desigualdades sociales al dedicarse al trabajo de cultivo o agricultura, cosecha y búsqueda de alimentos, agua, entre otros trabajos dependientes del clima.

^{Souto (2022}) citando a Sassen (2003) sostiene que en el siglo XXI existe una feminización de la supervivencia, debido a la exposición de las migraciones del sur al norte de mujeres en el mundo. La perspectiva heteronormativa en los estudios de las migraciones predomina, y en la actualidad, las mujeres son agentes con un rol protagónico en los procesos migratorios.

Categorizar y homogeneizar ocultaría entre capas las interacciones que existen entre género y raza, entre otros, factores de discriminación (^{Biswas, 2004}). La homogeneización del perfil migratorio omite múltiples desigualdades, desde una perspectiva interseccional se estudia no sólo la dimensión sexo-género, sino la clase social, nacionalidad, raza y origen étnico-nacional (^{Lugones, 2005}).

De modo que la triada género, raza y clase como categorías estructurales de las relaciones socioeconómicas y políticas incide en los espacios transnacionales, principalmente cuando se estudian los movimientos protagonizados por mujeres. Estriba Yuval-Davis (2015), conforme cita ^{Souto (2022}), que se requiere articular el estudio de las migraciones a una perspectiva poscolonial e interseccional, lo cual concuerda con el postulado de los feminismos latinoamericanos.

Precisa ^{Tapia-González (2018}), el feminismo latinoamericano en el “sur global”, parte del postulado en el que el entrecruzamiento de las categorías como el sexo-género, etnia, edad, pertenencia cultural y clase social es una herencia del coloniaje que deja entrever que los problemas que las mujeres abordan -como el empobrecimiento, la desigualdad sexual en el trabajo, la violencia basada en género, la degradación ambiental- invisibiliza la agencia de las mujeres.

Además, para ^{Tapia-González (2018}) un aspecto trascendental en las relaciones de género en la región especialmente en comunidades indígenas es la migración. Las mujeres como jefas de hogar han adoptado como estrategia emigrar, pero como responsables del proceso migratorio familiar se enfrentan a las inequidades y asimetrías sociales en los lugares de acogida. En tal sentido, propone un continuo diálogo intercultural hacia la construcción de una agenda feminista que visibilice las múltiples miradas sobre las mujeres latinoamericanas en torno a: desarrollo, codesarrollo, ciudadanía, economía y paz social.

En esa línea, la perspectiva interseccional permite comprender que las migraciones vinculadas al cambio climático revisten múltiples causas; no existe una única teoría explicativa de los fenómenos migratorios (^{Magliano, 2015}). Las mujeres migrantes están expuestas a barreras que dificultan su participación en las comunidades de acogida por las intersecciones entre su género, etnia, estatus migratorio, entre otras (^{Cubero & Garrido, 2023}).

^{Felipe (2019}) señala que la falta de visualización de la situación de migrantes climáticos contribuye a aumentar la violencia machista, las discriminaciones por razón de género y las negaciones de derechos y libertades fundamentales, que transciende la preocupación por los derivados del cambio climático.

En este contexto las migrantes mujeres y niñas se diluyen en una eternización de los procesos migratorios, propiciados por el rechazo y la expulsión por parte de estos perpetradores del daño ambiental, que deriva en fatalidades toleradas e internalizadas socialmente y, en el peor de los casos, culmina en su invisibilización.

Las migraciones, al acelerarse, se han feminizado, lo cual ha permitido la reacomodación de los roles de género y la adopción de un nuevo tipo de familia transnacional, lejos del modelo tradicional.

La migración internacional presenta un carácter selectivo, ya que facilita el proceso migratorio a migrantes con estudios superiores. Los países de acogida se han beneficiado, de la competitividad y beneficio económico de los flujos migratorios que favorecen su capital social, por lo mismo, suelen diseñar políticas migratorias de un perfil migratorio.

No obstante, la selección institucionalizada contrasta con las dinámicas que impulsan la migración irregular. Existen factores adversos en el lugar de origen, que ejercen presión sobre miles de personas que cruzan las fronteras de forma irregular (^{Loreto & Pérez, 2019}).

De forma paralela, existe una demanda estructural de mano de obra de baja cualificación, dentro de los mercados secundarios de trabajo dentro de economías industrializadas del norte global (^{Massey et al., 1993}). Demanda que es cubierta por migrantes en situación de irregularidad o con permisos temporales, lo que refuerza condiciones laborales precarias y en explotación.

De modo que, se requiere planificar la acogida de personas en situación de movilidad humana, especialmente para las mujeres desplazadas por motivos climáticos o aquellas atrapadas en su lugar de origen por los efectos ambientales del cambio climático.