Variables clave de este estudio

La primera variable explicativa refiere a los tipos de partidos que llegan al poder presidencial. Esto es importante porque las restricciones internas de los partidos son limitaciones impuestas a sus líderes principales, como sus candidatos presidenciales. Los líderes a menudo no dominan sus partidos a su voluntad y enfrentan diferentes niveles de restricciones según el tipo de partido. Aquí se considera dos tipos de partidos: partidos insiders y partidos outsiders.

Los partidos insiders se desarrollan gradualmente a lo largo del tiempo. Sus miembros ocupan cargos en diversos niveles de servicio público, adquieren experiencia en la gestión y aprenden a negociar múltiples intereses (^{Flores-Macias, 2012}). Estos partidos suelen ser considerados parte del llamado establishment político. Internamente, los partidos insiders suelen estar bien institucionalizados, tienen facciones internas que compiten y cooperan por el comando del partido y los activistas del partido no están totalmente subordinados a sus líderes.

Por otro lado, los partidos outsiders son aquellos partidos que surgen desde fuera del establishment político. Con frecuencia surgen para desafiar a las élites políticas tradicionales y las instituciones existentes (^{Levitsky & Loxton, 2013}). Crecen rápidamente, por lo general cerca de una elección. No tienen experiencia en gobernanza y carecen de intereses en el orden institucional (^{Flores-Macías, 2012}). Suelen considerar a las instituciones existentes como controladas por el establishment político (^{Zulianello, 2018}), por lo que tienden a ignorar o hacer caso omiso de las reglas constitucionales del juego político.

Internamente, los partidos outsiders están débilmente institucionalizados. Incluso si incluyen diversos grupos sociales y son sitios de intensos debates internos, estos partidos carecen de facciones internas sólidas. Sus mecanismos de toma de decisiones suelen estar centralizados en manos de una figura de autoridad dominante para quien alcanzar acuerdos internos no es costoso. Así, en momentos de crisis, los presidentes outsiders tienen margen e incentivos para conectar con las demandas sociales de cambio, eliminar a sus rivales políticos de las instituciones gubernamentales y crear nuevas instituciones que puedan controlar. En resumen, los partidos outsiders no plantean restricciones intrapartidarias a sus presidentes, como si lo hacen los partidos insiders.

La segunda variable explicativa considerada por este trabajo refiere a las protestas sociales. Las protestas son importantes porque los presidentes también enfrentan barreras institucionales a sus proyectos políticos y las protestas sociales influyen a la hora de debilitar o no dichas barreras. Las instituciones que ponen límites a los presidentes son el congreso, los tribunales, las instituciones electorales, los partidos rivales y otros involucrados en la aprobación de reformas constitucionales. Actores como las élites militares y económicas también pueden restringir el accionar del poder del ejecutivo (^{Pérez-Liñán, 2007}). Por lo tanto, incluso si los presidentes de izquierda se inclinan por buscar cambios constitucionales radicales, si las barreras institucionales están sólidas, los presidentes van a evitar las reformas. Sin embargo, las restricciones institucionales no son fijas y las protestas sociales pueden jugar un papel importante para reducir estas barreras en favor de los presidentes.

Un punto central de esta investigación es que los presidentes aprovecharán los contextos que les favorezcan para maximizar su poder político e institucional. En este sentido, los momentos de crisis son clave porque debilitan los controles sobre el poder presidencial. Las crisis deslegitiman a las élites políticas y económicas (^{de la Torre & Burbano de Lara, 2020}), afectan el papel de los tribunales (^{Basabe-Serrano 2012}), facilitan el surgimiento de líderes populistas y señalan el fracaso de las instituciones del régimen (^{Moffitt, 2016}). Por estas razones, los contextos de crisis han sido considerados como factores que pueden debilitar temporalmente las restricciones institucionales y favorecer las reformas constitucionales (^{Corrales, 2018}; ^{Elster, 1995}; ^{Negretto, 2012}). Esto va en línea con ^{Helmke (2002}), quien sugirió que los jueces toman decisiones estratégicas y deciden contra los gobiernos salientes si estos son débiles.

En estos contextos, la fuerza de las protestas es crucial porque altera las oportunidades e incentivos para las reformas institucionales (^{Tilly & Tarrow, 2015}). La lógica es sencilla: a medida que las protestas sociales aumentan en fuerza, cambian las relaciones de poder que sostienen los acuerdos institucionales existentes. Las protestas masivas debilitan a las autoridades institucionales, los tribunales, el congreso y los actores que defienden el statu quo. Además, las protestas pueden empoderar a los actores populistas que se oponen a las instituciones diseñadas para controlar el poder del ejecutivo (^{Landau, 2013}; ^{Levitsky & Loxton, 2013}). A medida que las protestas crecen, mantener el statu quo se vuelve una carga, la resistencia al cambio tiende a debilitarse y las reformas institucionales radicales se vuelven más probables. Por estas razones, las protestas reducen las restricciones institucionales contra las reformas constitucionales. Sin embargo, cuando las movilizaciones son débiles, las restricciones institucionales siguen siendo altas y los líderes tienden a la moderación y la preservación del statu quo.

Las protestas sociales juegan un papel fundamental en este estudio. Desde finales de los años 80 en América del Sur, los movimientos de protesta han actuado contra regímenes autoritarios, presidentes impopulares, reformas de mercado, desigualdad, corrupción y exclusión étnica (^{Arce, 2010}; ^{Pérez-Liñán, 2007}; ^{Rossi & Silva, 2018}). Las protestas han marcado momentos políticos históricos en la región, desde el Caracazo en Venezuela en 1989, el Marzo Paraguayo en Paraguay en 1999, el Argentinazo en Argentina en 2001, la Guerra del Agua en Bolivia en 2003 y el estallido social de 2019 en Chile. Una característica común de estas movilizaciones ha sido la demanda por cambios radicales para mejorar la calidad de la gestión gubernamental, lo cual indujo a varios líderes políticos a proponer reformar constitucionales capaces de conectar con las demandas populares. Sin embargo, como se verá en Paraguay, las protestas fueron débiles y no dieron respaldo social a un eventual proceso constituyente durante el gobierno de Lugo.

Fernando Lugo: surgimiento, triunfo y posible reforma constitucional

El contexto inmediatamente anterior a la llegada de Lugo se dio durante la presidencia del colorado Nicanor Duarte Frutos (2003-2008). Las maniobras de concentración de poder del presidente Duarte Frutos provocaron un importante malestar público. Su desafío a la constitución al haber sido electo presidente de la ANR mientras era presidente de la república, así como su anunciada búsqueda de la reelección presidencial lo convirtieron en el foco de resistencia de la oposición en Paraguay. Así, el 29 de marzo de 2006, una multitud de 40.000 personas se reunió en Asunción bajo el lema Dictadura nunca más. Aunque todos los partidos de oposición estaban presentes, la atención estuvo en el entonces obispo Lugo (^{Abente, 2007}), una figura religiosa que adquirió relevancia política nacional (^{Nickson, 2008}).

Lugo era un outsider en la política. Sirvió como obispo católico desde 1994 hasta 2005 y siempre se distinguió de la élite conservadora convencional de la iglesia paraguaya. Enseñó teología de la liberación en la Universidad Católica, presidió la Pastoral Social Nacional de la Iglesia Católica y fue representante de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP). Cultivó conexiones en todo el país, colaboró con movimientos sociales, impulsó organizaciones eclesiásticas de base territorial e interactuó con líderes y activistas de todo el espectro político (^{Martínez Escobar, 2013}). Además, extendió su influencia más allá de los límites de la iglesia, alineándose con partidos de izquierda y movimientos sociales, liderando una campaña contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y defendiendo enérgicamente los derechos de los campesinos y los sindicatos. Como resultado, Lugo comenzó a ser conocido como el “obispo rojo” de Paraguay (^{Gott, 2008}, p. 48).

A finales de 2006 (menos de dos años antes de las elecciones presidenciales), Lugo renunció a su cargo en la Iglesia Católica y optó por postularse para la presidencia, después de que varios movimientos sociales presentaran una petición con 100.000 firmas instándolo a hacerlo (^{Última Hora, 2006}). Su trasfondo religioso lo elevó por encima de la lucha partidaria, haciéndolo el candidato no político capaz de unificar una amplia coalición contra el Partido Colorado. Como expresó Lugo, surgió en un contexto de “crisis institucional y judicial... junto con una clase política fragmentada y carente de liderazgo cohesivo” (Lugo, entrevista personal, 8 de agosto de 2014).

En 2007, Lugo emprendió una campaña política denominada Ñemongueta Guasú o gran diálogo en guaraní, orientada a asimilar las demandas populares en una plataforma electoral. La campaña alimentó el entusiasmo en torno a su candidatura. Lugo coordinó hábilmente con movimientos campesinos, sindicatos y partidos de izquierda. Luego estrechó lazos con el PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico), partido que finalmente decidió no presentar un candidato presidencial a cambio de reservar la vicepresidencia para un liberal (^{ABC Color, 2007}).

Agrupando al PLRA, así como a otros partidos de centroizquierda y de izquierda, Lugo construyó la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) y, por afuera de ella, apoyó a sindicatos, movimientos campesinos y otros partidos de izquierda para formar el Bloque Social y Popular (BSP) y la Alianza Patriótica Socialista (APS) (^{Martínez Escobar, 2013}).

Ahora bien, la vasta coalición de Lugo carecía de mecanismos institucionalizados formales para la toma de decisiones. En consecuencia, las decisiones en general dependían de la iniciativa de Lugo, lo cual no estuvo exento de dificultades. Por ejemplo, Lugo supo sortear las demandas de la izquierda de ir a las elecciones exclusivamente con aliados de izquierda. Lugo también evitó ir a unas elecciones internas o primarias para elegir un candidato único de la oposición, una petición de varios partidos de centro-derecha y sectores del PLRA. Finalmente, Lugo neutralizó hábilmente a posibles rivales en la oposición, integrando a numerosas organizaciones a la APC y otras alianzas, manteniéndose consistentemente como la figura política central.

Con esta extensa base de apoyo, Lugo triunfó en las elecciones presidenciales del 20 de abril de 2008. La APC obtuvo el 41% de los votos, mientras que el Partido Colorado obtuvo el 30%. En el Senado, la APC obtuvo 17 de los 45 escaños (38% de la cámara) y en la Cámara Baja 32 de los 80 escaños (40% de la cámara). Si bien la coalición de Lugo no tenía los números necesarios para aprobar leyes de forma independiente (la ANR seguía siendo la primera fuerza), la APC tenía suficiente poder para establecer un "escudo legislativo" (^{Pérez-Liñán, 2007}, p. 12) que evitara los procedimientos de juicio político, aunque este escudo se derrumbó en 2012.

El ascenso de Lugo significó una transformación crucial en el panorama político de Paraguay, poniendo fin a seis décadas de dominio colorado. Además, simbolizó el ascenso sin precedentes de la izquierda a la cúspide del poder ejecutivo (^{Martínez Escobar, 2013}). No obstante, fue visto también con gran inquietud por la élite paraguaya.

Lugo y su coalición eran conscientes de los desafíos que enfrentaban al tratar de iniciar transformaciones estructurales e institucionales en un país conocido por su corrupción y desigualdad (^{Irala et al., 2019}). El poder judicial, el congreso y otras instituciones gubernamentales estaban dominadas por el Partido Colorado. La élite económica resistía cualquier alteración del statu quo. Mientras tanto, los partidos dentro de la coalición de Lugo carecían de experiencia en el manejo de instituciones gubernamentales.

A esto hay que sumar que varios movimientos progresistas, grupos académicos, partidos de izquierda y movimientos sociales argumentaban que la Constitución de 1992 dificultaba cambios en la institucionalidad económica, judicial y política del país (^{Martens et al., 2010}). Aunque la Constitución reconocía derechos y libertades que antes no se reconocían en Paraguay (^{Cerna Villagra & Villalba Portillo, 2019}), también imponía restricciones sustanciales. Por ejemplo, las limitaciones constitucionales dificultaban los esfuerzos por desvincular al poder judicial de la influencia política, establecer mecanismos de participación pública (como los referendos), e implementar una reforma agraria (^{Lezcano Claude, 2005}). Este último punto era de suma importancia para los movimientos campesinos, que influenciaron profundamente la visión sociopolítica de Lugo. Lugo reconocía que una reforma agraria integral, que reconfigurara los patrones desiguales de propiedad de la tierra y redujera los grandes latifundios improductivos, requeriría una revisión constitucional (^{Gallego-Día, 2009}).

Ante la percepción de la necesidad de una reforma constitucional para efectuar cambios profundos en el país, varias facciones políticas dentro de la coalición de Lugo sugirieron que convocar una asamblea constituyente sería una maniobra estratégica. Al igual que Camilo Soares (citado al inicio), uno de los líderes del PLRA, Blas Llano, manifestó que:

Si pensas en grandes transformaciones, cambios estructurales importantes, debes comenzar desde la matriz que establece la estructura legal, política e institucional del Estado, que es la Constitución Nacional…. [por eso] En la primera reunión que tuvimos aquí en el Palacio de López [la sede del poder ejecutivo], fui el líder político que sugirió al presidente [Lugo] la necesidad de una reforma constitucional en un plazo no mayor a 180 días (Llano, entrevista personal, 23 de junio de 2014).

Esta estrategia buscaba capitalizar el impulso obtenido tras la victoria histórica de 2008 y la consiguiente desestabilización del Partido Colorado. Muchos veían en un proceso constituyente una vía para fortalecer su posición política, inspirados en los triunfos de Hugo Chávez en Venezuela (1999) y Rafael Correa en Ecuador (2007), presidentes minoritarios que aprovecharon las asambleas constituyentes para consolidar su popularidad (^{Corrales, 2018}).

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de la necesidad de reformar el marco constitucional, el camino de Lugo en Paraguay difirió del de Venezuela y Ecuador, otros casos donde outsiders llegaron al poder y refundaron sus constituciones. En Paraguay el proceso hacia una nueva constitución nunca se inició.

Como se mencionó, la teoría de esta investigación es que para una reforma constitucional radical (que requiere una asamblea constituyente) son clave dos variables: el surgimiento de partidos outsiders y un contexto de crisis marcado por poderosas protestas sociales. Esta dinámica se evidenció en Venezuela (1999), Bolivia (2006) y Ecuador (2007), donde las crisis impulsadas por protestas masivas debilitaron las barreras institucionales sobre los presidentes, quienes, en su mayoría, estaban liberados de las restricciones internas por parte de sus partidos outsiders. En contraste, el giro a la izquierda en Paraguay presentó un contexto diferente. Aunque Lugo era un outsider que emergió desde fuera del establishment político, su ascenso no fue catalizado ni acompañado por protestas lo suficientemente fuertes como para erosionar las restricciones institucionales y facilitar un proceso constituyente exitoso.

A modo de comparación, la figura 2 muestra las protestas antigubernamentales en países como Argentina, Ecuador y Paraguay entre 1990 y 2020. Además, indica la llegada de los presidentes de izquierda. Se debe recordar que, en Argentina y Ecuador, las protestas sociales fueron cruciales para tumbar varios gobiernos (un presidente cayó en Argentina 2001 y tres presidentes lo hicieron en Ecuador entre 1997 y 2003). En Paraguay, si bien en el Marzo Paraguayo de 1999 cayó un presidente en un contexto de protestas sociales, la envergadura de la misma nunca alcanzó la de otros países⁴.

Fuente: ^{Clark y Regan (2019}).

Figura 2 Protestas antigubernamentales en Argentina, Ecuador y Paraguay (1990-2020).  

En suma, Lugo contaba con algunas condiciones favorables para impulsar una estrategia radical de cambio constitucional, pero fueron insuficientes. Incluso, tras ganar las elecciones, su popularidad se disparó al 93% (^{ABC Color, 2008}). Además, fue elegido en un contexto de fuertes sentimientos anti-establishment, incluso mayores que los de algunos casos con protestas sociales más fuertes (Argentina, Bolivia y Ecuador) y antes de sus giros a la izquierda (Figura 3). Sin embargo, estas ventajas no fueron capaces de superar los frenos institucionales sobre la autoridad ejecutiva, lo que impidió una transformación constitucional.

Nota. El eje horizontal refiere a los años anteriores al giro a la izquierda en cada país (I = Izquierda). Fueron codificados así para poder compararlos, ya que las elecciones de presidentes de izquierda tuvieron lugar en diferentes años. Lo que busca cada gráfico es mostrar cuánto medía la confianza en las instituciones un año antes de la elección del presidente de izquierda (I-1), luego dos años antes (I-2) y así sucesivamente. Fuente: ^{Corporación Latinobarómetro (2025)}.

Figura 3 Desconfianza en partidos e instituciones antes del giro a la izquierda. 

La abstención a una reforma constitucional en Paraguay

El outsider paraguayo, a diferencia de sus pares en Venezuela, Bolivia y Ecuador, se abstuvo de avanzar en una reforma constitucional radical porque no fue elegido en un ambiente de protestas generalizadas e intensas. La marcha de 2006, que inició la carrera política de Lugo, fue cuidadosamente organizada por los líderes de la oposición, quienes vieron la oportunidad de unir fuerzas contra el ANR. El evento no fue un estallido social masivo que pudiera haber debilitado los controles institucionales sobre el poder ejecutivo.

El declive de los movimientos laborales y campesinos antes del mandato de Lugo, junto con la ausencia de partidos de izquierda fuertes u otros actores de la sociedad civil capaces de movilizarse contra el establecimiento político, caracteriza de manera distintiva el giro a la izquierda en Paraguay. Aunque hubo protestas campesinas localizadas en áreas rurales de Paraguay, no escalaron al nivel de los levantamientos masivos tanto rurales como urbanos.

En esencia, el ascenso de Lugo no fue impulsado por un mandato revolucionario popular para reestructurar el país. En cambio, surgió como una figura política unificadora, centrada principalmente en derrotar al Partido Colorado, como describió Esperanza Martínez, Ministra de Salud bajo Lugo (Martínez, entrevista personal, 28 de julio de 2014). Mientras que los partidos y movimientos de izquierda, particularmente aquellos vinculados al campesinado, buscaban cambios institucionales radicales, la principal preocupación de los sectores urbanos y de la clase media era la "alternancia política", como señaló Soares (entrevista personal, 16 de julio de 2014). Por lo tanto, Lugo fue visto como una oportunidad para un cambio de liderazgo en Paraguay, más que una fuerza para refundar todo el sistema.

Los movimientos sociales estaban en declive para 2008. Eladio Flecha, líder de la Federación Nacional Campesina (FNC), la principal organización campesina en Paraguay, indicó que la influencia de la FNC había pasado para cuando surgió Lugo: gracias a la lucha por la tierra de la FNC, "de 1994 a 2004 adquirimos 290.000 hectáreas de tierra… después de 2004 dejamos de ocupar tierras" (Flecha, entrevista personal, 13 de junio de 2014). Explica que este declive fue consecuencia de la caída en la producción de algodón, la migración rural hacia los centros urbanos y el aumento de la represión gubernamental, lo que resultó en la "lumpenización de la clase campesina, debilitando todo el movimiento" (Flecha, entrevista personal, 13 de junio de 2014). Los líderes sindicales tenían una visión similar. El sindicalismo vibrante que caracterizó la resistencia a Stroessner y la transición a la democracia se había desvanecido significativamente (^{Coronel Prosman, 2021}).

Un efecto importante de llegar al poder en un contexto de bajas movilizaciones es que desalienta las propuestas de cambios institucionales radicales y genera dudas sobre las chances de éxito de un outsider frente a sus oponentes. Canese ilustra este punto, señalando:

A pesar del triunfo de Lugo, había cierto entusiasmo, pero los movimientos sindicales estaban agotados y el movimiento campesino estaba en declive... Si hubiéramos iniciado una asamblea constituyente, y si Lugo no hubiera sido destituido, probablemente habríamos terminado con una constitución inferior a la que tenemos (Canese, entrevista personal, 3 de agosto de 2014).

Los movimientos sociales, a pesar de su capacidad de movilización disminuida, intentaron impulsar sus causas. Justo después de la victoria electoral de Lugo, más de 100 organizaciones de diversos sectores de la sociedad, incluidos grupos campesinos e indígenas, sindicatos, defensores de los derechos de las mujeres, ONG, movimientos eclesiásticos de base y reformistas progresistas del gobierno, formaron el Frente Social y Popular (FSP), una plataforma colectiva que impulsaba cambios en torno a la tenencia de tierras y el sistema judicial (^{Levy, 2013}). En noviembre de 2008, el FSP organizó una manifestación con dos mil manifestantes para exigir la renuncia del Fiscal General Candia Amarilla (asociado con el ANR) y de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia (^{Última Hora, 2008}). Sin embargo, la policía reprimió el evento y, a pesar de sus mejores esfuerzos, el FSP eventualmente se fragmentó y disolvió.

Las estrategias de Lugo a menudo fallaron en situaciones que requerían que ejerciera presión sobre instituciones fuera del poder ejecutivo. Un incidente que destaca esto ocurrió en 2011, cuando una disputa por tierras centrada en una propiedad de 157,000 hectáreas, perteneciente al poderoso grupo de producción de soja Grupo Favero, se tornó polémica. En respuesta a una solicitud de campesinos sin tierra locales, el gobierno inició una revisión judicial en septiembre de 2011 para investigar la legitimidad de los títulos de propiedad en el área. Ingenieros del ejército del Instituto Geográfico Militar fueron enviados para hacer un levantamiento de tierras y determinar las propiedades del estado en manos de la élite terrateniente. Durante este proceso, los movimientos campesinos lideraron una serie de ocupaciones de tierras para reclamar esas propiedades. En un signo revelador de la debilidad tanto de los movimientos sociales como de la administración de Lugo, no solo los campesinos sin tierra fueron desalojados por los terratenientes, sino que estos últimos bloquearon la misión de los ingenieros del ejército. La Corte Suprema intervino, decretando que futuras evaluaciones de tierras serían supervisadas por un juez local, marginando al poder ejecutivo (^{Ezquerro-Cañete & Fogel, 2017}). Todo este episodio mostró la incapacidad del gobierno de Lugo para cumplir con sus promesas de reforma agraria frente a un sistema judicial hostil y protestas sociales débiles.

Lugo enfrentó una batalla cuesta arriba en sus intentos de contrarrestar la partidización arraigada del poder judicial, otro caso que muestra su dificultad para sortear barreras institucionales. Cuando asumió el cargo en 2008, la influencia del ANR era claramente evidente, con seis de los nueve jueces de la Corte Suprema asociados al partido (^{USAID, 2009}). Durante su mandato, Lugo solo tuvo la oportunidad de reemplazar a un juez de la Corte Suprema y, a pesar de esta ventana, Lugo no pudo nombrar a su candidato preferido. El efecto combinado de la presencia arraigada del ANR en el poder judicial, el congreso y otras instituciones, convirtió a los tribunales en obstáculos formidables para la agenda de cambios de Lugo (^{Schuster, 2013}).

La fragilidad de la administración de Lugo también quedó evidenciada durante el intento de 2011 de avanzar en una enmienda constitucional que permitiera la reelección presidencial. La estrategia para la mayoría de los partidos de izquierda implicaba capitalizar la alta aprobación de Lugo en 2011. Para tal fin, el Frente Guasu trabajó para movilizar a los ciudadanos en apoyo de la iniciativa, afirmando haber recogido más de 100.000 firmas a favor de la enmienda. Sin embargo, en respuesta, el Partido Colorado aprobó una resolución oponiéndose a la enmienda (^{ABC Color, 2011a}). Los medios y las élites económicas también se unieron en contra de la propuesta (^{ABC Color, 2011b}). Pero la popularidad del presidente no se tradujo en movilizaciones significativas capaces de impulsar la propuesta y aislarla de posibles actores con poder de veto. Esta falta de un "escudo popular" (^{Pérez-Liñán, 2014}, p. 34) resultó en que la propuesta ni siquiera llegara al pleno del congreso para su consideración. Esta situación contrasta profundamente, por ejemplo, con la de Rafael Correa en Ecuador (2007), quien logró impulsar un referéndum para aprobar una asamblea constituyente sin ninguna representación de su partido en el congreso, gracias al contexto de protestas masivas a favor de cambios.

Un ejemplo final de la falta de fuerza política derivada de movimientos de protesta débiles que apoyaran cambios radicales fue la destitución de Lugo en 2012. A medida que Lugo se acercaba al cuarto año de su mandato, un trágico incidente entre campesinos y la policía en el distrito de Curuguaty actuó como catalizador para un juicio político que condujo a su destitución. El congreso paraguayo inició rápidamente dicho proceso, acusando a Lugo de mal desempeño en sus funciones. La rapidez de los procedimientos, completados en solo dos días, generó críticas sobre la constitucionalidad del juicio político tanto a nivel nacional como internacional (^{Marsteintredet et al., 2013}). Los críticos argumentaron que Lugo no tuvo el tiempo adecuado para preparar su defensa, lo que hizo que el proceso pareciera más un golpe parlamentario que un procedimiento constitucional genuino.

Los antiguos aliados de la APC, que habían sido excluidos políticamente por las decisiones de Lugo durante su administración, aprovecharon la oportunidad y se unieron al ANR para derrocar a Lugo y elevar al vicepresidente liberal a la presidencia. Los sectores sociales no fueron capaces de contrarrestar el juicio político y no se materializó ningún levantamiento masivo en su defensa, tal como, por ejemplo, las movilizaciones que lograron restituir a Hugo Chávez en la presidencia tras el golpe de estado de 2002. Como comentó Soares en 2012: "para revertir el juicio político, necesitaríamos un levantamiento popular organizado, lo cual no está ocurriendo" (^{Fierro, 2012}, párr. 7).

La evidencia subraya que, a pesar de manifestaciones de apoyo a estrategias más radicales de cambio institucional, incluidas las ideas de una reforma constitucional, la realidad era que las movilizaciones sociales necesarias estaban ausentes. El análisis de Stefanoni ofrece una perspectiva comparativa: "Paraguay estaba lejos de ser como Ecuador, donde Rafael Correa tenía el apoyo social para cerrar el congreso y convocar una asamblea constituyente, o Bolivia, donde Evo Morales tenía una enorme base social indígena-popular con una amplia capacidad de movilización" (^{Stefanoni, 2012}, párr 2). La situación de debilidad social generó incertidumbre sobre las perspectivas de la coalición en una hipotética asamblea constituyente y culminó en la débil posición política que terminó con la presidencia de Lugo. Este contexto explica la respuesta de Lugo cuando se le preguntó por qué no emuló los caminos radicales de líderes como Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia o Correa en Ecuador:

Creo que no es una comparación lógica porque nuestro triunfo, por un lado, fue el resultado de la acumulación de fuerzas de los años 80 y 90, pero sin el poder necesario para respaldar un proceso constituyente. Si hubiéramos convocado una asamblea constituyente, la constitución habría sido muy similar a la que tenemos hoy, que favorece a la oligarquía y a los partidos tradicionales (Lugo, entrevista personal, 8 de agosto de 2014).

En definitiva, la decisión de aprobar una nueva constitución es una de las decisiones estratégicas más profundas que los líderes políticos pueden tomar. Un movimiento de este tipo representa un alejamiento significativo de las instituciones vigentes y puede moldear la trayectoria política, social y de gobernanza de un país por generaciones. Este estudio ofreció una comprensión matizada de cómo los diferentes contextos moldean la toma de decisiones políticas y los resultados. Mientras que, en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, las protestas sociales fuertes influyeron directamente en que las presidencias de izquierda impulsaran procesos constituyentes exitosos, en Paraguay fue distinto. En este caso, a pesar de los incentivos políticos para una reforma constitucional, la ausencia de una fuerza social robusta para impulsar dicha agenda jugó un papel crucial en que dicha reforma constitucional no sucediera.

El declive de los movimientos sindicales y campesinos que precedió el ascenso de Lugo, combinado con la falta de movilización significativa de la izquierda o de la clase media, significaba que el outsider paraguayo no tenía la fortaleza para avanzar en una estrategia radical de cambio constitucional y estaba obligado a actuar dentro de los parámetros restrictivos de las instituciones existentes. La falta de protestas sociales masivas significaba que las barreras institucionales no podían ser fácilmente superadas o debilitadas.

En retrospectiva, el ascenso y eventual destitución de Lugo sirven como recordatorios contundentes de la intrincada interacción entre las restricciones institucionales y partidarias, las protestas sociales y las posibilidades de cambio político e institucional en cada país.