1.1 Inclusión laboral

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo primero, menciona que en México todas las personas no sólo deberán gozar de los derechos humanos que se contengan en la mencionada Constitución, sino también de los tratados internacionales de los que el país forma parte, además de las garantías para su protección. Hay que señalar además que la Constitución establece que: “…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexua les, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana…” (CPEUM, 2020, p 1).

En contraste con lo anterior, la problemática de la inclusión laboral de las personas con discapacidad por discriminación, el Estado de Tabasco refleja uno de los más altos índices de desocupación laboral de las personas discapacitadas, según se puede apreciar en la Tabla 1, el INEGI indica que la tasa de desocupación en 2019 se estableció en un 7,3%, colocando al Estado en el puesto número uno en desocupación laboral a nivel nacional (INEGI, 2019). Lo que generó condiciones de desempleo en aproximadamente más de 65 mil ciudadanos considerando que los datos se toman de forma general con base a la Población Económicamente Activa (PEA); si se considera únicamente la población con discapacidad, el porcentaje fijado incrementa.

1.2 Programas sociales

En el año 2015, el Consejo Mexicano de Negocios, creó una iniciativa llamada "Éntrale, Alianza por la Inclusión Laboral de las personas con discapacidad", en la que empresas del sector privado internacionalmente conocidas como lo son: Cinépolis de México, Grupo Televisa, Grupo Bimbo, Grupo Lala y Cemex, otorgaron hasta el año 2019 empleo a más de 9 mil 234 personas discapacitadas en 523 empresas de 23 cámaras empresariales de su bolsa de trabajo (^{Martínez, 2019}).

Debido al éxito y buen recibimiento de dicha iniciativa, ésta se ha extendió hasta el Estado de Tabasco, donde se le ha permitido a personas discapacitadas emplearse y convertirse en ciudadanos económicamente activos e independientes, puesto que les permite convertirse en productores y consumidores de los bienes y servicios con poder adquisitivo.

Así mismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) e Iniciativa Éntrale firmaron un convenio para que a través del programa de apoyo federal: Jóvenes Construyendo el futuro, se pueda impulsar la inclusión y contratación laboral de jóvenes en situación de discapacidad y como resultado, ellos se puedan capacitar en las empresas afiliadas favoreciendo su desarrollo personal y profesional.

1.3 Sistema tributario mexicano

El sistema tributario en México es el resultado de una negociación entre Gobierno y los agentes económicos sobre el monto de las cargas fiscales (impuestos, principalmente). Prevalece un proceso de negociación en los que participan: el poder Ejecutivo, poder Legislativo, partidos políticos, sindicatos y organismos privados, lo cual permite llegar a acuerdos sobre las tasas de los impuestos, estímulos fiscales, reformas, entre otros. Está integrado por dos componentes importantes, el primero compuesto por el marco legal que precisa la normativa sobre las cuales se definen las figuras tributaras. El segundo comprende las técnicas fiscales que se emplean en la recaudación (^{Real & Naranjo, 2011}).

Según se aprecia en la Tabla 2, la Constitución Política Mexicana es la Ley Suprema mexicana del sistema jurídico, misma que da origen a todas las demás leyes y normativas de la nación, debido a ello da origen al principio de tributación que en su artículo 31, fracción IV, se señalan como obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes (CPEUM, 2020, p. 44).

Es por ello que la contribución es una obligación legal de Derecho Público para el sustento del gasto público, con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad respecto a la política social y económica, de forma proporcional y equitativa. En consecuencia, el Estado obtiene facultades que le permiten trazar directrices de acción a través de políticas públicas con la finalidad de impulsar el desarrollo de la sociedad a través de la provisión de bienes y servicios públicos acordes a las demandas de la población.

El Estado (sujeto activo) ejerce una imposición obligatoria de contribuciones a cargo de los contribuyentes (sujetos pasivos). Dichas contribuciones pueden ser prestaciones en dinero o en especie, las cuales se representan en:

Los impuestos.

Las aportaciones de seguridad social.

Las contribuciones de mejoras.

Los derechos.

En la Tabla 3, se aprecian que constituye a cada ingreso percibido por el Estado.

1.4 Impuestos

Según Viti de Marco (1934) el impuesto representa una proporción de la renta del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de allegarse de los medios necesarios para la producción de los servicios públicos generales.

Mientras que para Eherberg (citado en ^{Flores, 1946}), son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer necesidades colectivas.

Acorde con las definiciones anteriores, los impuestos son el tributo o carga que los ciudadanos que habitan en área o país le deben pagar al Estado que los representa, para que éste, pueda solventar las necesidades colectivas de la sociedad que los compone, es decir, los gastos del país de forma general, como por ejemplo, gastos en materia de salud, educación, obras públicas, entre otros.

Según la Tabla 4, la recaudación tributaria está compuesta en mayor medida por los impuestos, en especial por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ya que, en general, los impuestos aportan alrededor del 58% de la recaudación tributaria total. El impuesto más importante en términos de recaudación es el ISR, debido a que aporta poco más del 50% del total de impuestos y poco más del 30% del total de ingresos federales.

1.5 Servicio de administración tributaria

La administración fiscal comprende las actividades concernidas a la recaudación de los ingresos públicos. Para el caso de México esta función le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El SAT es un órgano desconcentrado de la SHCP, que cuenta con carácter de autoridad fiscal, atribuciones y facultades relacionadas con la determinación y recaudación de las contribuciones federales, éste tiene por objeto recaudar los impuestos federales y otros conceptos considerados ingresos de la Federación, por lo cual goza de autonomía técnica para dictar sus resoluciones, reglamentos, procedimientos y circulares.

1.5.1 Recaudación de impuestos

Según el informe del Sistema de Administración Tributaria, al cierre del ejercicio 2019, la recaudación a comparación del ejercicio 2018, aumentó en un 0,9%, los ingresos tributarios se ubicaron en 3 billones 202 mil 651 millones de pesos, siendo entonces 140 mil 317 millones de pesos más con respecto a 2018 (SAT, 2019).

Sólo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se recaudó 1.687 miles de millones de pesos, superando a lo recaudado por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (933 mil millones de pesos) y al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) (460 mil millones de pesos). Se recuperaron 80 pesos por cada peso invertido en fiscalización, lo que supone una muy buena recuperación (SAT, 2019).

Todavía cabe señalar que hasta el cierre del ejercicio 2019, habían 77,4 millones de contribuyentes activos en el padrón, para ser más específicos, son 45,6 millones de asalariados, 29,7 millones de personas físicas y 2,1 millones de personas morales (SAT, 2019).

Todas estas observaciones se relacionan también con la recaudación obtenida a través del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), que fue de 8 mil 617 millones de pesos, lo que representó un incremento de 5,9% en comparación con el cierre del ejercicio 2018. Mientras que los estímulos de este régimen fueron equivalentes a 23 mil 607 millones de pesos, 11,8% real menores que los registrados en el año anterior. Por su parte, el número de contribuyentes registrados en el RIF fue de 5 millones 411 mil 974 (SAT, 2019).

1.5.2 Estímulos fiscales

La CPEUM en su artículo 25, le da la facultad al Estado para promover la actividad económica suministrando lo necesario para su correcto desarrollo. Por lo que se entiende que brinda fundamento constitucional a diversos instrumentos jurídico-administrativos o financieros, de modo que se pueda impulsar a la actividad económica, entre ellos, los estímulos fiscales.

Además, en el artículo 28, último párrafo, menciona un tipo de concepto de estímulo fiscal, donde doctrinas y jurisprudencias identifican a éste como un subsidio, al mencionar que se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. Por lo que un estímulo fiscal, es un subsidio económico dado por ley al sujeto pasivo de un impuesto, con el objeto de obtener de él ciertos fines parafiscales, que no representan un desvanecimiento de la obligación tributaria, sino que ésta es contraída por el Estado.

Por esto, se debió hacer un análisis de cuáles son las actividades prioritarias, y es aquí donde se considera la inclusión de las personas discapacitadas como una actividad de carácter prioritario, que al ser aplicada se obtiene un estímulo por parte del Estado al sujeto pasivo -contribuyente-para incentivar la actividad económica que realice.

1.5.2.1 Estímulos fiscales en materia de impuesto sobre la renta

Como una medida para disminuir la discriminación laboral de las personas discapacitadas, la autoridad fiscalista estimula la contratación de los mismos, otorgando ciertos beneficios fiscales por contar con alguna persona con discapacidad en la plantilla laboral.

Como se afirmó anteriormente, hay diversas leyes en materia fiscal emitidas por la autoridad que mencionan ciertos estímulos fiscales a los que el contribuyente puede aplicar y con ello disminuir su carga fiscal.

La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, marcó inicialmente la pauta que deberán seguir los contribuyentes, sean personas físicas o morales, para ser acreedores del estímulo fiscal en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR), si emplean a personas que padezcan una:

Discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente:

Prótesis,

Muletas, o

Silla de ruedas.

Discapacidad auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal,

Discapacidad mental, o

Tratándose de invidentes. (Ley de Ingresos de la Federación, 2016, p. 19)

1.5.2.2 Estímulo para la deducción adicional del 25% del salario efectivamente pagado

En el artículo 186 de la LISR, el estímulo fiscal consiste en hacer deducible de los ingresos acumulables que obtenga el contribuyente en su correspondiente ejercicio fiscal, un monto adicional equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas discapacitadas que se encuentren en la plantilla laboral del contribuyente.

Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del ISR del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de la Ley del ISR, es decir, aplicando la tabla de las tarifas mensuales dependiendo del nivel de ingresos que perciba el trabajador, o en su caso, sin presentar retenciones a los trabajadores por no rebasar el salario mínimo, entre otro aspectos que dependerán de las actividades y/o acciones que desempeñe el contribuyente.

Lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley del ISR, sólo es aplicable si el contribuyente cumple, con las obligaciones contenidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social el cual establece que:

Registrarse como patrón e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, además de comunicar todas las modificaciones que se les hagan,

Llevar nómina y/o listas de raya en las que se presenten los datos que exijan la presente Ley y sus reglamentos,

Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto, así mismo debe cubrir el pago de las mismas,

Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo,

Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto,

Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, semanal o quincenalmente, conforme a los períodos. (Ley del Seguro Social, 2019, p 5-6)

Además de cumplir con las obligaciones de retención y entero de ISR a que se refiere el Título IV, Capítulo I de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado de la Ley del ISR y obtenga, respecto de los trabajadores a que se refiere este artículo:

El certificado de discapacidad del trabajador expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social con el grado de discapacidad.

En la Tabla 5, se muestra un ejemplo de cómo se le aplica el estímulo del 25% al sueldo de un mes de un trabajador con discapacidad. En este caso, el sueldo que se le paga al trabajador es de 8.000 pesos por lo que al aplicar el estímulo fiscal:

El patrón siendo persona física, podrá hacer deducible a sus ingresos acumulables, en el pago provisional del Impuesto Sobre la Renta, un monto de 2.000 pesos.

El patrón siendo persona moral, podrá hacer deducible a sus ingresos acumulables, en la declaración anual, el monto que vaya acumulando mensualmente por el estímulo fiscal, puesto que si paga 2.000 pesos cada mes durante un ejercicio de 12 meses, podría hacer deducible un monto total al final del ejercicio de 24.000 pesos.

1.5.2.3 Inversiones en adecuaciones en infraestructura que faciliten el uso de instalaciones para las personas con discapacidades

La Ley del ISR en su artículo 34, fracción XII, establece que los contribuyentes pueden deducir al 100% lo que inviertan en adaptaciones que impliquen cambios en el activo fijo, ya sea adiciones o mejoras, a las instalaciones para facilitar el acceso y uso de las mismas a personas con discapacidades (Ley del Impuesto Sobre la Renta, 2019, p 58). Sirvan de ejemplo:

Rampas

Elevadores

Estacionamientos.

Uno de los beneficios más relevantes de este estímulo es que es aplicable para cualquier persona, ya sea moral o física, que realice modificaciones en sus instalaciones con el fin de facilitar el acceso y tránsito de las personas con discapacidad, por lo que no se requiere ningún trámite en específico o adicional, puesto que no es necesario presentar ningún certificado de discapacidad, debido a que dichas adecuaciones no serían únicamente para los empleados con discapacidades, sino también para toda aquella persona que acuda a las instalaciones.

1.5.2.4 Estímulos fiscales en materia del impuesto sobre nómina

El Impuesto Sobre Nómina (ISN) es un impuesto con carácter local, cada Estado tiene una tarifa, por lo que éste varía geográficamente, así mismo, grava las remuneraciones que los patrones ejecuten correspondientes a una relación laboral. Los pagos de sueldos y prestaciones laborales se encuentran entre los conceptos que abarca. Es aplicable a todo tipo de patrón sin distinción, sin importar si son personas físicas o morales.

Con respecto al Impuesto Sobre Nómina, según la Tabla 6, el Gobierno del Estado de Tabasco tiene asignada una tarifa del 2,5% del ISN, es por ello que mediante la Ley de Hacienda del Estado, en su capítulo tercero, sección cuarta de los beneficios fiscales, exenciones y no sujeciones, artículo 36, establece que los contribuyentes que tengan trabajadores con discapacidades:

Contratados,

Generen espacios laborales, o

Adicionen.

Tendrán derecho a obtener un subsidio fiscal del 100% en el pago de impuesto sobre nómina que se enteren por las remuneraciones percibidas por cada uno de los trabajadores discapacitados, encontrándose en los supuestos previstos en el presente artículo, acorde con lo siguiente:

El subsidio se considerará tomando en cuenta cada persona con discapacidad que se encuentre en la plantilla de trabajadores de los centros de trabajo ubicados dentro del territorio del Estado.

Los contribuyentes que deseen aplicar el subsidio fiscal deberán anexar copia del documento que acredite la discapacidad de cada trabajador, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. (Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, 2016, p 13)

El subsidio fiscal que se otorga en el presente artículo no es acumulable con ningún otro beneficio, estímulo, o incentivo fiscal en materia del Impuesto Sobre Nómina.