GÉNERO

Cabe destacar que el análisis de las relaciones de género en los territorios rurales no queda restringido a lo que ocurre en el campo exclusivamente, sino que se potencia el análisis de las relaciones sociales con el entorno y particularmente, con los centros urbanos. Para los casos analizados, las actividades desarrolladas en el campo tienen una vinculación directa e incluso un anclaje importante en el centro urbano (pueblo o ciudad). El abordaje de la ruralidad justamente tiene esta característica: poder visualizar las interacciones en el territorio y poner en juego simultáneamente, el análisis de la movilidad territorial de los sujetos y sus acciones (^{Maris, 2009}).

Los avances en la inclusión de la perspectiva de género en las agendas públicas es resultado del movimiento de mujeres y de la teoría feminista. Su aplicación ha generado el debate en torno a los enfoques que las orientan y las estrategias impulsadas que buscan superar la condición subordinada de las mujeres. En las últimas tres décadas, en nuestro país se han realizado esfuerzos en la construcción de políticas y programas en los que se señalan errores conceptuales en su formulación y el reforzamiento de las ideas tradicionales de la mujer. El desafío no sólo es la integración de la perspectiva de género en las instituciones, sino también el rediseño de la política económica y social, acompañada de una revisión de la cultura de género en donde se refrende el compromiso de la sociedad en su conjunto y del Estado para caminar en la construcción de una sociedad equitativa e incluyente (^{Nuñez, 2008}).

La priorización del enfoque de género como parte del capital social, así como dimensiones de las redes, organizaciones comunitarias y la confianza se relacionan estadísticamente y contribuyen en la explicación del capital social en las comunidades rurales (^{Ayaviri et al., 2017}). Las mujeres aportan a la economía y esto contribuye a la resignificación de la concepción del trabajo, conectándolo con la noción de cuidado (^{Llanque et al., 2018}). Las mujeres contribuyen a sus economías familiares, accediendo a los tejidos sociales de las mujeres (^{Dorrego, 2018}).

Generalmente, el enfoque de género es orientado solamente a la perspectiva del género femenino, siendo que también incluye al género masculino, donde ambos participan y aportan en el contexto en el que se desenvuelven, influyendo en sus economías y aspectos sociales.

LA MUJER Y EL DESARROLLO RURAL

Las mujeres dedicadas a actividades agrícolas generalmente se encuentran en condiciones de desventaja frente a los hombres, a menudo se ven privadas del acceso a recursos productivos como el crédito, tierra, recursos naturales, herencia, entre otros (CIPCA, 2011). Las mujeres indígenas se enfrentan a las jerarquías de género y etnia simultáneamente, desde sus posiciones particulares como sujetas indígenas, mujeres y pobres (^{Radcliffe, 2014}). El rol de las mujeres productoras no está reconocido en la mayoría de los países de América del Sur, a pesar de representar el 20% de la fuerza laboral agrícola, se evidencia que las mujeres productoras aún enfrentan dificultades para acceder a la tierra y a otros recursos e insumos para la producción, servicios financieros, educación, asistencia técnica, y condiciones laborales igualitarias, donde ellas sufren discriminación por patrones culturales que no las reconocen como “productoras” sino como “ayuda familiar” o “trabajo doméstico” (^{CIPCA, 2014}).

Considerando el papel que desempeñan las mujeres en el desarrollo rural, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (²⁰¹²) describe que no solo las mujeres no logran avanzar sino tampoco sus familias y comunidades y las economías locales, las mujeres de las zonas rurales cumplen muchas funciones y sus obligaciones y conocimientos difieren de los de los hombres, como agricultoras, siembran, deshierban y cosechan cultivos alimentarios y cuidan el ganado; en su papel de cuidadoras, atienden a sus hijos y familiares, preparan la comida y se ocupan de los quehaceres domésticos, en muchos casos, ganan ingresos adicionales como asalariadas o gracias a que producen y venden hortalizas o participan en el comercio o empresas en pequeña escala. De manera genérica se habla de “mujer rural”, pero en rigor se trata de una diversidad que responde a realidades complejas y marcadas por una gama de circunstancias: la cercanía a un centro urbano, la pertenencia o no a un pueblo indígena originario, migración y construcciones sociales, culturales, económicas, históricas y territoriales particulares, que implican identidades, valores y cosmovisiones propias (^{ONU mujeres, 2018}).

Las mujeres que participan tanto en la agricultura familiar como en la de traspatio, demuestran una gran capacidad de innovación, por ejemplo, del manejo de plantas comestibles, donde han generado nuevas oportunidades económicas, de desarrollo y de seguridad alimentaria para sus familias (^{Ballara et al., 2012}). ^{Ashwill et al. (2011}) indican que los hombres tienden a ser responsables de los trabajos comunitarios (incluyendo la representación de la comunidad), el trabajo físico en el sector agrícola y las actividades de alto valor económico (minería, madera, ganado, etc.); las mujeres son responsables de las tareas domésticas (cocinar, limpiar), actividades reproductivas y cuidado general de la familia, el apoyo al hombre en los sectores productivos, las actividades de subsistencia (animales domésticos, cultivos de subsistencia y jardines) y actividades generadoras de ingresos a pequeña escala (artesanía, apicultura, etc.).

Uno aspecto que afecta la organización y la distribución de trabajo en la unidad de producción familiar es la migración temporal (46%) de algunos miembros de la familia en especial del varón, consecuencia de este proceso, la mujer es quien frecuentemente asume la mayor carga de trabajo agropecuario (^{Cari, 2013}).

La participación y aporte de la mujer por las actividades agrícolas es importante, en todos los casos las mujeres se integran a las actividades agrícolas en casi igual porcentaje en comparación con los hombres, sin embargo, las condiciones en que ellas lo hacen son desventajosas, por lo pesado de las tareas, por los implementos agrícolas diseñados para varones, por los escasos avances en la generación de tecnologías que permitan facilitar sus labores, y porque en general, adicionalmente a cumplir cualquier jornada agrícola, ellas no están exentas de realizar las actividades domésticas cada día (^{CIPCA, 2011}). CIPCA (2014) indica que las mujeres participan de los sub-sistemas productivos agrícola y pecuario, en las distintas actividades del ciclo productivo: sembrar, cocinar para comer en la chacra, labores culturales, cosechar, la mayoría realiza labores culturales, principalmente las mujeres solas, exceptuando a las mujeres de mayor edad que ya no pueden realizar estas tareas.

Las mujeres trabajan en su mayoría en una producción diversificada, pero que es frágil ante eventos externos o riesgos pues no cuentan con posibilidad de sustento de la biodiversidad que cultivan o de reposición de especies, asimismo, no siempre participan en la toma de decisiones respecto a qué y cómo se va a producir, o de los servicios de asistencia técnica y/o insumos a los que la unidad familiar tiene acceso, y lamentablemente no conocen ni acceden a servicios de tecnología apropiada a su sistema de producción (familiar) que contribuya a la mejora de productividad y disminución de su carga laboral (CIPCA, 2014). Las mujeres rurales participan activamente en la creación de alternativas de desarrollo local y son agentes de revalorización del campo y la biodiversidad propia de los territorios históricos campesinos y ancestrales indígenas (^{Ballara et al., 2012}).

Los ingresos monetarios son una parte importante de la contribución de las mujeres a sus hogares, aunque no son considerados otros de sus aportes económicos, estos ingresos aumentarían si el trabajo que realizan, invisibilizado y sin valor monetario para el mercado, fuera considerado y valorizado con una remuneración en el mercado formal (^{Ballara et al., 2010}). ^{De Schuter (2010}) señala que las mujeres enfrentan varios obstáculos que les son privativos: falta de acceso al capital y la tierra, doble carga de trabajo resultante de su doble función en la producción y en la familia y escasa participación en la adopción de decisiones. La FAO señala que en América Latina y el Caribe, en el 58% de los países las mujeres tienden a sufrir inseguridad alimentaria en mayores proporciones que los hombres, esta situación se debe principalmente a que, por lo general, las mujeres ven primero el bienestar de sus familias que el de ellas mismas (^{FAO, 2015}). Las mujeres se dedican principalmente a la producción de huertas biodiversas sin agroquímicos alrededor de sus viviendas en espacios reducidos (^{Elias, 2013}).

Las mujeres rurales son uno de los grupos sociales más vulnerables en el ámbito laboral, debido a su baja participación laboral, a la categorización ocupacional mayoritaria como trabajadoras por cuenta propia y familiar no remunerado (^{Valenciano et al., 2016}). Se observa el incremento en las economías familiares cuyas mujeres se organizaron y optaron por salir de la rutina del hogar y trabajar conjuntamente para acceder a beneficios que individualmente sería muy difícil conseguir (^{Giraldo, 2010}).

Las mujeres contribuyen de forma sustancial a las actividades económicas agrícolas y rurales en todas las regiones de los países en desarrollo: abastecen entre el 60 y el 80% de la producción alimenticia de los países más pobres y alrededor del 50% a escala mundial, representan en promedio el 43% de la fuerza laboral agrícola de los países en desarrollo (^{FAO, 2011}). ^{Dorrego (2019}) menciona que las mujeres juegan un importante papel en la agricultura y sobre todo en la seguridad alimentaria de sus hogares y comunidades, en el acceso y control de los recursos productivos se enfrentan a una importante brecha. Las mujeres, como resultado de la cultura local tienen menos tierra, de peor calidad y su tenencia muchas veces es insegura (^{Deere et al., 2011}).

La economía generada por las mujeres mira la economía de manera integral a fin de visibilizar lo ignorado e incluir lo excluido en el análisis de las actividades productivas y reproductivas de las mujeres, esenciales para lograr la sustentabilidad de la vida (^{Carrasco, 2012}). Además, ante el proceso de modernización de la economía, se ha originado la necesidad de incorporar a las mujeres al trabajo remunerado, no obstante, esta creciente participación de las mujeres en el trabajo asalariado no ha permitido cambiar el sentido asimétrico de las relaciones de género, como tampoco ha logrado modificar la división sexual del trabajo, de tal manera que estas trabajadoras siguen siendo responsables de realizar las tareas domésticas, y si no son ellas, son sus madres o sus hijas (^{Chiappe, 2005}).

Las mujeres se desenvuelven en el ámbito productivo, reproductivo y de gestión comunitaria, siendo que ellas tienen responsabilidades a nivel del predio agrícola, donde cumplen con las actividades inherentes a la producción agrícola y pecuaria, en el ámbito reproductivo, ellas tienen la responsabilidad del cuidado de la familia referente al cuidado de los hijos y su cónyuge; asimismo, en el ámbito de la gestión comunitaria, las mujeres desempeñan diversos roles a nivel de la comunidad, mediante la ocupación de espacios políticos por el bien de su región.

GÉNERO Y DESARROLLO RURAL

De acuerdo a ^{Cruz (2012}), aplicar la perspectiva de género es implicar a mujeres y hombres en los procesos de desarrollo, pero cuestionando los modelos dominantes de desarrollo que generan más desigualdades, no es un trabajo solo con mujeres, que excluya a los hombres, sino que contempla las diferencias y los puntos de encuentro, propone la visibilización de las aportaciones del trabajo femenino y potencia las sinergias y la solidaridad para la construcción de relaciones más equitativas. ^{San José García (2016}) señala que el género habla de hombres y mujeres, y del sistema de relaciones que no siempre son iguales entre ambos; es importante que las políticas no se vean como una oportunidad de crecimiento exclusivo para el género femenino, puesto que afecta a toda la sociedad. Aplicar la perspectiva de género es implicar a mujeres y hombres en el proceso de desarrollo, rompiendo con los modelos de desarrollo anteriores que generan desigualdades.

En todo ámbito social, en el medio rural existe una diversidad de actores, que presentan necesidades y potencialidades específicas, y que necesariamente deben contemplarse en los procesos de desarrollo, es preciso identificar y conocer los/as sujetos/as que integran las comunidades rurales y reconocer que varones y mujeres participan activamente de la vida social y productiva en las áreas rurales, sin embargo, este reconocimiento tiene que visibilizar la marcada asimetría que existe en las relaciones de poder de toda la estructura agraria, y que establece las brechas de género en el acceso, uso y control de los recursos y de los bienes, en las oportunidades, participación y toma de decisiones (^{Rojo, 2014}). ^{Albó y Galindo (2012}) mencionan que el género es un tema transversal que van tomando importancia con mayor rigor de análisis.

Desde el punto de vista de las cuestiones de género, no se observan grandes diferencias entre zonas siendo los elementos más críticos: la estructura de las responsabilidades de cuidado y reproductivas al interior de los hogares y de las comunidades, las relaciones de poder y la toma de decisiones (^{Dorrego, 2019}). ^{Larrambebere y Fernández-Rasines (2017}) indican que si bien en los años ochenta, la institucionalización de los estudios en torno al género pareciera amenazar su potencial crítico, autoras como Scott nos hacen ver que las teorías y las prácticas feministas en torno al género hacen posible plantear preguntas nuevas, para explicar y transformar los sistemas históricos de diferencia sexual.

^{Silveira (2005}) indica que existen inequidades entre hombres y mujeres en el acceso y distribución de los recursos y de los beneficios del desarrollo, que dadas las condiciones y organización de la producción y de la vida doméstica, el grado de aislamiento que padecen las mujeres es muy elevado. La desigualdad en la distribución de la tierra entre hombres y mujeres es de vieja data, los cientos de años en que el hombre ha manejado los bienes familiares han representado un período largo para que este privilegio, primero estipulado en las normas y luego incrustado en la cultura, le haya permitido al varón acumular bienes a su favor (^{León, 2011}). Las normas y prácticas de género constituyen una restricción importante para que las mujeres ejerzan su derecho a poseer recursos, tanto las leyes agrarias como las costumbres de herencia de la tierra han considerado al hogar encabezado por un varón como la unidad social beneficiaria de la tierra, y aunque las mujeres tienen derecho legal a la dotación agraria, esta normativa poco se aplica (^{Ruiz, 2012}). Podría pensarse que el elemento tierra ha vuelto adquirir preponderancia en los conceptos actuales de Desarrollo Rural Territorial, el cual debe tener acceso igualitario (^{Castillo Ospina, 2008}).

^{Costa Pérez (2016}) toma como base para el análisis de las palabras escogidas una serie de comportamientos que reflejan las dinámicas sociales que han sostenido las relaciones no simétricas entre hombres y mujeres y que afectan a todos los aspectos de la vida social. Estos comportamientos forman parte de la identidad cultural de los hablantes de ambos sexos, y aunque tradicionalmente los trabajos realizados a este respecto han puesto el acento en la reivindicación de las desigualdades. ^{Buendía-Martínez y Carrasco (2013}) mencionan que la participación efectiva de las mujeres rurales en el desarrollo de sus comunidades es una condición necesaria que va unida a su adscripción territorial, este hecho hace que las mujeres sean capaces de mejorar su propio bienestar al actuar directamente sobre los factores que pueden afectarles, lo que deriva en una fuerte interacción con la comunidad y refuerza el sentimiento de pertenencia al territorio.

^{Paz Ballivian (2011}) considera que existe una creciente preocupación por el medio ambiente y la construcción de una estrategia sostenible y competitiva para la agricultura, con equidad de género y participación, que secundariza sistemáticamente la planificación central como método de desarrollo.

En relación al aporte que tiene el enfoque de género al desarrollo rural, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (^{CEPAL) (2016}) menciona que el enfoque de género al desarrollo ha hecho un importante aporte en al menos dos aspectos: la distinción entre condición y posición de las mujeres, y aquella entre intereses o necesidades prácticas y estratégicas de género. La condición de las mujeres se refiere a su situación material de vida, por ejemplo: pobreza; privación de servicios y bienes básicos; falta de acceso a la educación, al empleo y a la capacitación; excesiva carga de trabajo y poca disponibilidad de tiempo. La posición se vincula a la ubicación y reconocimiento social que se les asigna a las mujeres con relación a los hombres en la sociedad: inclusión o exclusión de los espacios de toma de decisiones y participación política; igualdad o desigualdad de salarios por el mismo trabajo; impedimentos para acceder a la educación y la capacitación; subordinación, que determina las posibilidades de acceso y control de los recursos, servicios y oportunidades.

La intersección entre género y etnicidad, puede profundizar las brechas en algunos resultados de desarrollo, en Bolivia, donde más del 40 por ciento de la población se identifica como indígena o afrodescendiente, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, las mujeres indígenas enfrentan un mayor riesgo de ser excluidas (^{Banco Mundial, 2016}). ^{Bazoberry (201}6) mediante un análisis de la constitución política del estado plurinacional de Bolivia, menciona que la Constitución Política de Bolivia, incorpora un título denominado Desarrollo Rural Integral Sustentable, las consideraciones de este artículo y otros que hacen al desarrollo y la sostenibilidad social, económica y ambiental, son importantes en la medida que fijan los términos de la relación del Estado con los colectivos rurales y con el resto de la población del país, la Constitución brinda un marco favorable para la perspectiva del desarrollo rural sostenible, de todas maneras hay que advertir que queda por delante el desarrollo legislativo e institucional para aplicar estos mandatos.

POLÍTICA NACIONAL EN GÉNERO Y DESARROLLO RURAL

La configuración del nuevo Estado boliviano ha dado la oportunidad de que se puedan readecuar o rehacer distintas normativas de forma que sean incluyentes y efectivas. La CPE deja abierto el marco para promover la igualdad de oportunidades y la equidad de género en distintos ámbitos, y quedan a merced de las voluntades políticas y las exigencias de la sociedad civil los principales caminos a seguir. En estos años se observa que las prioridades para los diversos sectores son distintas. Las organizaciones de mujeres han priorizado la agenda de participación política para garantizar derechos fundamentales de las mujeres, mientras que las organizaciones rurales, incluidas las mujeres rurales, han priorizado una agenda para garantizar el acceso a recursos (tierra) y la promoción del desarrollo productivo de manera general. (^{Argandoña, 2015})

Los derechos de las mujeres rurales muestran avances en cuanto al acceso a los recursos, en este caso “tierra”, sin embargo, continúan las brechas existentes entre hombres y mujeres y no se muestran avances significativos en cuanto al acceso a otro tipo de derechos, tales como el acceso a recursos productivos (^{Argandoña, 2015}). El prejuicio de género, la desconsideración del ámbito rural y de la población nativa, provocan desigualdad de oportunidades básicas para la mujer indígena campesina (^{Galindo et al., 2011}). En el plano del desarrollo económico, el concepto de género implica reconocer condiciones inequitativas en cuanto a la producción, circulación, distribución y apropiación de los recursos materiales y simbólicos generados por las sociedades (^{Lilian, 2010}).

Las mujeres y hombres tienen diferentes usos, conocimientos y prácticas de la biodiversidad; así, las mujeres son predominantemente horticultoras, recolectoras de alimentos silvestres y guardianas de las semillas, además de cuidadoras del ganado menor (destinado al consumo doméstico), son las principales responsables de la mayor parte de las actividades relacionadas con la preparación de alimentos en todos los ámbitos, a pesar de lo cual, las mujeres son menos proclives que los hombres a un acceso igualitario al alimento en sus hogares (^{Sachs, 2013}). No es posible superar la pobreza ni combatir el hambre, la malnutrición y el cambio climático, si las sociedades y los actores políticos no reconocen lo rural como un motor del desarrollo económico, social y ambiental en los países (^{CEPAL et al., 2019}).

Los procesos de transformación política han dado lugar a la apertura de propuestas y espacios para incorporar e implementar actuaciones con el objetivo de lograr la equidad de género y el equilibrio entre el ámbito rural y el urbano (^{Galindo et al., 2011}). El Centro peruano de Estudios Sociales (^{CEPES) (2011}) indica que la mayor participación social y política de las mujeres rurales es el cambio más sugerente, donde las mujeres son conscientes de que los cambios que buscan sólo son posibles si están en los espacios de poder y toma de decisiones.

En el sector agrícola, las políticas tienden a ser sensibles al género de manera moderada, es decir, sin abordar algunos de los principales las limitaciones que enfrentan las mujeres, que constituyen verdaderos cuellos de botella para el desarrollo rural sostenible (^{Villarreal, 2012}). Del lado del gobierno, todavía hay muy pocas políticas públicas dirigidas a mejorar la situación de la mujer, lo cual se ve reflejado en el acceso a la tierra y los recursos, así como la consideración de conocimientos y prácticas de las mujeres rurales (^{Charlier et al., 2014}).

Para el estado es importante reducir la brecha de género para impulsar acciones como generar información desagregada por sexo, generar condiciones productivas más óptimas para las mujeres; el acceso a la capacitación técnica, a la tecnología, y al crédito; apertura de opciones de mercado; etc.; y acciones de carácter estructural como garantizar el acceso y propiedad de la tierra para mujeres, tanto en propiedad colectiva como individual; sensibilizar a la población para que todos los miembros de la familia participen en las actividades reproductivas; hacer políticas con enfoque de género, entre otras (^{CIPCA, 2011a}). Desde los años noventa, se ha ido expandiendo un sostenido consenso respecto de la doble importancia de impulsar una agenda específica de mujer y desarrollo y de incorporar una perspectiva de género en las políticas públicas (^{ONU Mujeres, 2018}).

Las mujeres, en un espacio político machista, lidiaron con un conjunto de obstáculos y en el campo político, las mujeres dirigentes se familiarizan con normas internacionales y nacionales lo cual refuerza y permite ampliar su participación en el espacio público (^{Acarapi, 2017}). La invisibilidad de las actoras locales se relaciona con asuntos tangibles como los modelos de desarrollo rural y las acciones estratégicas para la perdurabilidad esta venidas de la matriz cultural occidental (^{Hocsman, 2014}).

^{Moreira (2016}) indica menciona que las prioridades y metas del País para el 2020 y hacia el 2025 están muy bien definidas en instrumentos como los Planes Quinquenales de Desarrollo coordinados por el Ministerio de Planificación, los planes sectoriales coordinados por los Ministerios Sectoriales y la Agenda Patriótica 2025, en los cuales enfatiza la equidad de género y acceso a recursos de forma igualitaria.

A nivel nacional se tienen políticas públicas, normas y leyes que incluyen la participación de la mujer con un enfoque de igualdad en oportunidades y participación social, lo cual es importante, siendo que representa un avance en la inclusión de este sector importante y en algunas ocasiones relegado de la sociedad. Sin embargo, en muchas regiones del país, aún se subestima a la mujer, desconociendo su aporte al desarrollo económico, ambiental y de gobernabilidad.