1.1. Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Características, principios y normativas

En Tampere, Finlandia, se sucedieron en 1999 los primeros pasos de acuerdos normativos que hoy conforman el marco legal del sistema de protección internacional. En aquel momento, el Consejo Europeo acordó la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo, en adelante conocido por sus siglas SECA, donde se establecieron las pautas del presente sistema de protección internacional regional, que compromete a los Estados parte a regirse por la Convención de Ginebra de 1951. El SECA fue establecido para gestionar al colectivo inmigrante que llega a la región europea tras dejar de manera forzada sus países de origen o de última residencia, empujados por diferentes situaciones y necesitados de protección internacional, a través del asilo o la protección subsidiaria.

Las bases de los lineamientos del SECA ya se encontraban establecidas en la norma madre universal: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de New York de 1967, distinguida como la Convención de Ginebra de 1951. Así, los derechos que el SECA ha pretendido considerar como los pilares regidores de su amplio repertorio normativo nacieron bajo los principios de non-refoulement y solidaridad de reparto equitativo entre los Estados comunitarios; la garantía de una repatriación voluntaria y segura; y la movilización por parte del Estado de los recursos necesarios para asegurar el reasentamiento, una inserción progresiva y total, y un nivel de vida digno comparable al de los ciudadanos europeos.

Dentro del cuerpo normativo del sistema de protección internacional europeo cabe destacar los siguientes documentos relativos a migrantes, apátridas o solicitantes de asilo: Condiciones mínimas en caso de afluencia masiva (Directiva 2001/55/CE, de 20 julio de 2001, del Consejo Europeo), Normas mínimas para la acogida en la Unión Europea (Directiva Europea 2003/9/ del Consejo Europeo de 27 de enero de 2003), Normas mínimas para el reconocimiento de la protección (Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004), Normas mínimas para el procedimiento de asilo (Directiva 2005/85/CE, del Consejo, de 1 de diciembre), Normas mínimas sobre los requisitos de reconocimiento (Directiva 2011/95/UE, de 13 de diciembre por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo), Sobre procedimientos comunes (Directiva 2013/32/UE, DE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013) y Normas de garantía de igualdad de trato en el procedimiento (Directiva 2013/33/UE).

De manera sintética se puede precisar que las Condiciones mínimas en caso de afluencia masiva conciernen a las normas básicas para la concesión de protección temporal (365 días, prorrogable por plazos de seis meses hasta cumplir un año) en situaciones de afluencia masiva de personas desplazadas, así como medidas de fomento para un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para la acogida de dichas personas (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). Similares en su cometido son las Normas mínimas para la acogida en la Unión Europea (Consejo de la Unión Europea, 2003). El documento Sobre procedimientos comunes establece de manera más detallada el protocolo a seguir en la tramitación de solicitudes de protección internacional. Sirven de ejemplo el artículo 6, en que se señalan los plazos para la formulación y el registro de solicitudes, o el artículo 12, relativo a los derechos y obligaciones de los solicitantes durante el proceso, entre ellos, ser informados en una lengua inteligible o facilitar el contacto con ACNUR u otras organizaciones que presten asesoramiento jurídico.

Por su parte, las Normas mínimas para el reconocimiento de la protección recogen los requisitos a cumplir para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas necesitadas de otro tipo de protección internacional (Consejo de la Unión Europea, 2004). Este conjunto normativo se ve complementado por las Normas mínimas para el procedimiento de asilo, que establecen los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (Consejo de la Unión Europea, 2005). Con los años, estas medidas se irían viendo reforzadas por las Normas mínimas sobre los requisitos de reconocimiento y la Norma de garantía de igualdad de trato en el procedimiento, (la Directiva 2013/33/UE) [Parlamento Europeo y del Consejo, 2013]. Igualmente, el Reglamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 14 de mayo de 2024, que derogó la Directiva 2013/32/UE, vino a establecer unos procedimientos comunes para la concesión o el retiro de la protección internacional según lo dictado por la Directiva 2011/95/UE.

El Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), en su numerosa legislación, define la protección internacional mediante el asilo y el refugio (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2011), entendiendo por el primero la protección otorgada a quienes se les reconozca la condición de refugiado, y este último como toda persona de origen extracomunitario o apátrida que demuestre, a través de fundados temores, que es perseguida, tal como establece la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de Nueva York de 1967. Estas definiciones confirman lo expuesto al inicio de este epígrafe en relación con la homologación que se realiza en Europa en cuanto a los términos asilo y refugio, algo que no sucede en América Latina, donde sí hay una diferenciación de carácter histórico con fuerza obligatoria. Asimismo, el SECA precisa que en Europa se presta protección internacional también a través de la protección subsidiaria (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2011), aquella que se brinda a los extranjeros extracomunitarios o apátridas que no reúnen los requisitos para obtener el asilo/refugio, pero que sostienen y evidencian fundados motivos de que su devolución supondría un peligro en su integridad o vida.

Así queda regulado en los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en el Reglamento (UE) 2024/1347 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 14 de mayo de 2024, donde se ha modificado para los solicitantes de protección subsidiaria la manera de evaluar las circunstancias y los hechos que los llevaron a su situación actual, de manera que esos “fundados temores” podrían justificarse y argumentarse con vivencias dadas una vez abandonó su país originario (Noticias Jurídicas, 2024). Según el Gobierno de España (Oficina de Asilo y Refugio, OAR), también podrían argüirse las siguientes razones: escapar de una condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; haber sufrido tortura o tratos inhumanos o degradantes en su país de origen; así como la existencia de amenazas graves contra la vida o la integridad motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto interno o internacionalizado.

Todo lo concerniente al Sistema Europeo Común de Asilo tributa a la política migratoria de la Unión Europea, cuya base jurídica se asienta en su Tratado de Funcionamiento (TFUE) 4. En su artículo 79, inciso número 1, estipula que:

“La Unión desarrollará una política común de inmigración destinada a garantizar, en todo momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas” (Unión Europea, 2012).

Esta cuestión se amplía en el inciso 2 a través de adopciones a tomar por el Parlamento Europeo y el Consejo, vinculadas a temáticas como las condiciones de entrada y residencia, los derechos de los nacionales de terceros países con residencia legal en alguno de los países miembros de la Unión, o la lucha contra la trata de personas (Unión Europea, 2012). El artículo 80 resalta también la necesidad de un equilibrio de responsabilidades entre los miembros de la Unión a la hora de recibir y procesar los casos demandantes de acogida y solicitantes de refugio (Unión Europea, 2012).

Como continuidad también de los intentos de los países miembros de la Unión por encontrar una respuesta conjunta a las crisis migratorias recurrentes en los últimos años, en especial tras el 2015, fue aprobado el Pacto de Migración y Asilo en el mes de abril de 2024, que vino a sumar cambios al SECA desde aristas puntuales, sobre todo por las constantes incomodidades manifestadas por los Estados del Sur ante el desbalance regional a la hora de asumir los flujos de personas solicitantes de protección (González Enríquez, 2024). Entre sus cinco reglamentos sobresale el Reglamento de Control, que exige remitir y procesar en las fronteras de los países miembros de la Unión - o más allá de estas- los casos de los demandantes de acogida y protección (Consejo de la Unión Europea, 2024). Sus opciones se limitan en estos casos bien al procedimiento de asilo o bien al retorno a su país de origen, quedando así traicionada la Carta de Derechos Fundamentales elaborada por la propia Unión Europea.

Esta manera de proceder, además, consta únicamente de tres pasos (identificación o constatación de identidad, reconocimiento médico y recogida y registro de datos y huellas dactilares en la base EURODAC), excluyendo así una investigación profunda y exhaustiva de cada caso en particular, lo que lleva a las autoridades a obviar el hecho de que dichos solicitantes lo son por su exposición a “fundados temores”. Así, el sistema EURODAC vulnera los derechos de los migrantes por privarles de solicitar protección internacional si esta ya ha sido denegada en algún país del Espacio Schengen. Lo explica Carmen González Enríquez en un artículo publicado en el Portal del Real Instituto Elcano (González Enríquez, 2024): “la base de huellas dactilares que la UE utiliza para permitir el seguimiento de los peticionarios de asilo dentro del territorio Schengen y evitar el asylum shopping, esto es, la práctica de pedir asilo en Estados sucesivos cuando se recibe un rechazo en el primero y también para controlar los “movimientos secundarios” de los peticionarios que se trasladan a otros Estados.”

Los últimos pasos dados en materia de migración vislumbran un claro camino hacia la externalización. Así quedó evidenciado con el acuerdo firmado por la primera ministra de Italia Giorgia Meloni y su homólogo albanés para la gestión externalizada de la migración procedente de Oriente y África, incluyente de centros de internamiento temporal para inmigrantes. También España invirtió en 2004 un total de 521.803,01€ para la rehabilitación y el acondicionamiento de los centros de detención de inmigrantes de Nuadibú y Nuakchot. Del mismo modo, es sabido que Marruecos recibe pagos de la Unión Europea a cambio de sus esfuerzos por frenar el flujo migratorio. Turquía también recibió en marzo de 2016 un monto de 6.000 millones de euros por recibir y retener personas solicitantes de refugio, en su mayoría sirios, pese a haber sido declarado su país de origen como no seguro.

1.2. Plan de Acción Brasil (PAB). Concepción y bases

En América Latina se puede hablar de asilo y refugio como dos institutos de protección internacional con un objetivo en común, aunque diferentes orígenes y causas de protección, procedimiento y legislación. Así, el asilo en la región posee un origen netamente político que nos permite hablar de asilo diplomático, figura que tomó fuerza alrededor de los años cincuenta con las dictaduras que se expandieron por la región. La figura del asilo es concebida como un derecho que posee el Estado y, por ende, no está obligado a brindar la protección requerida ni a emitir fundamento por su negativa. De otra parte, el refugio en Latinoamérica - al unísono con el resto del mundo- tiene su origen en la Convención de Ginebra de 1951 y está netamente relacionado con los conflictos armados, violencia interna o externa y otros tipos de peligros o causantes de persecución. En tanto, es visto como un derecho del individuo, por lo cual el Estado se encuentra en la obligación de estudiar toda solicitud de refugio en vigencia y de brindar la protección si esta se encuentra dentro de los supuestos indicados por la Convención y su Protocolo de Nueva York de 1967.

El plan regional de América Latina y el Caribe, conocido como Plan de Acción Brasil, nació el 3 de diciembre de 2014 en la ciudad de Brasilia, fruto de los esfuerzos demandados en 1984 durante el “Coloquio sobre la protección internacional de los refugiados en América Latina, México y Panamá: problemas jurídicos y humanitarios”, que dio nacimiento a la conocida Declaración de Cartagena, conjunta y concebida como el primer paso tomado a nivel regional con el fin de dar respuesta a las crisis humanitarias que se había desatado con los refugiados en los años ochenta del pasado siglo. Incluso, concibió tener en cuenta a las personas desplazadas, aún sin ser amparadas por el término refugiados, pero con necesidad de protección (Grupo Articulador México, 2020). La relevancia de la Declaración de Cartagena, pues, reside en la ampliación de la clasificación de refugiado, ahondando en causas más específicas que dotan de mayor profundidad a la construcción terminológica que define a los sujetos de derecho:

“Las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Además de lo anterior, la Declaración exigió el respeto al principio de no devolución que reclama la Convención, agregando, además, el principio de no rechazo a las personas en las fronteras de los países latinoamericanos que la suscriben, haciendo más abarcadora la regulación. En tanto, como tributo y continuidad a lo defendido en Cartagena en 1984, nació el Plan de Acción Brasil de diciembre de 2014. Veintiocho países acordaron mejorar el tratamiento a desplazados, refugiados y apátridas en materia de cooperación y coordinación entre gobiernos, atención especial a la niñez migrante, y la categorización y procesamiento de casos atendiendo a edad, raza, sexo y género de las víctimas. Se define como: “Una hoja de ruta común para fortalecer la protección y promover soluciones sostenibles para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe dentro de un marco de cooperación y solidaridad”.

Así, las normas bases que marcan las pautas, principios y derechos fundamentales reconocidos por el Plan de Acción Brasil se encuentran en: la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967 (Nueva York) sobre el Estatuto de los Refugiados, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la Declaración de San José de Costa Rica sobre los Refugiados y personas desplazadas de 1994, así como la Declaración y Plan de Acción de México de 2004 para fortalecer la protección internacional de los Refugiados en América Latina, entre otras. No puede pasarse por alto el compromiso del Plan con precedentes históricos y de peso en las voluntades regionales por el logro de una arquitectura legal en respaldo de la protección internacional, como fueron la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (alcanzada en 1948 en Bogotá) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (suscrita en la ciudad de San José en 1968), ambas en reconocimiento del derecho al asilo y el amparo transfronterizo.

Estos dos pasos regionales tributaron a un camino de búsqueda común al derecho de protección internacional, al tiempo que enriquecieron como base la política migratoria - naciente para entonces- y el marco regulatorio a conformarse a través de instituciones de relevancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En mayo del año 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos expuso a través de la Opinión Consultiva OC- 25/18, solicitada por la República de Ecuador, que “el derecho de buscar y recibir asilo (derecho de asilo) es un derecho individual a buscar y recibir protección internacional en territorio extranjero”. Asimismo, establece que “los Estados deben otorgar la protección internacional, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones para que esta pueda ser brindada” ..

El Plan de Acción Brasil, por otra parte, cuenta con un conjunto de programas que fungen como guías del trabajo conjunto de cara a responder a las crisis migratorias y las solicitudes de asilo y de refugio. Sirve de muestra el programa Asilo de calidad, que propone un mecanismo para auditoría interna que supervise el funcionamiento del sistema de asilo; normativas que fortalezcan con altos estándares la protección del derecho internacional de refugiados y derechos humanos; desarrollo de un sistema de registro y de base de datos electrónicos para el procesamiento de datos de los casos; disposición de instancias de apelación administrativa; y un enfoque diferenciador en relación con edad, género y diversidad de los solicitantes. Otro ejemplo nos lo da el programa de Movilidad Laboral, que además de desarrollar acciones para el fomento de la capacitación y superación profesional, delimita las áreas de mayor riesgo migratorio en América Latina, como el Triángulo Norte de Centro América, con programas de Prevención, Tránsito digno y seguro, y Observatorio de Derechos Humanos para el Desplazamiento.

Para velar por el cumplimiento del Plan de Acción Brasil fue creado un Grupo de Articulación Regional (GAR- PAB), conformado por unas 30 organizaciones encargadas de asegurar el respeto a la protección internacional, incluyendo aspectos antes expuestos como el acceso a representación legal y gratuita a los amparados, así como el envío de comisionados a fronteras para supervisar de cerca el trato a los migrantes. Alcanzar respuestas para los nuevos retos en la protección internacional y la identificación de soluciones duraderas para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe, son algunos de los objetivos de este Plan de Acción Brasil. Los retos más persistentes se incluyen en el programa Prevención y entre ellos están la violencia de los grupos de crimen organizado, la contaminación ambiental, el desplazamiento y la migración por crisis económicas y políticas, o los conflictos armados.

En definitiva, se busca crear en la región un marco de cooperación y solidaridad para brindar amparo a las personas necesitadas de protección internacional: los solicitantes de refugio, desplazados y apátridas a través del refugio o la protección complementaria. el Plan de Acción Brasil desarrolló, en este sentido, un plan de trabajo a través de la cooperación entre mecanismos de integración regional: CELAC, MERCOSUR, Comunidad Andina, SICA y CARICOM, con una política armonizada de normas y procedimientos de protección internacional mediante el intercambio interregional. Todo ello se enriquece, además, por procesos regionales consultivos, acuerdos bilaterales y multilaterales, y coordinación para la protección marítima.

2.1. Cuestiones comunes entre las regiones de Europa y América Latina y el Caribe

Entre las principales cuestiones que establecen similitud en la gestión de la migración y las solicitudes de asilo entre las áreas de Europa y América Latina y el Caribe se pueden destacar las siguientes:

Ambas regiones rigen sus normativas, internas y regionales, según lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de New York de 1967. Además, comparten el mismo órgano gestor, ACNUR, encargado, entre otras cuestiones, de que todas las personas puedan acceder a su derecho de solicitar asilo, recibir una debida asistencia en la acogida e integración, velar por que se cumplan sus garantías mínimas, además de ser responsable de asesorar, formar grupos especializados para la buena atención y contención de las personas forzadas a inmigrar. De la misma manera, también elabora cada año informes de cumplimiento, estadísticas, buenas prácticas y denuncias y/o faltas graves de los Estados parte de ambas regiones.

Europa y ALyC, en lo referente al otorgamiento de asilo y/o refugio, se rigen por la definición de refugio del artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1951:

“las personas que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

Las dos regiones poseen la obligación de concesión de protección internacional a toda persona que demuestre necesitarla, tras tener que huir por fundados temores de encontrarse en peligro su integridad o vida y no querer o no poder regresar a su país de origen por los motivos indicados precedentemente.

Ambas regiones poseen dos estatus para otorgar la protección internacional bajo los mismos fundamentos, el primero ya sea bajo asilo o protección subsidiaria (Europa) y el segundo la complementaria en (ALyC).

Tanto la región latinoamericana como la europea se encuentran obligadas a replicar su normativa regional en los países que se adhirieron a los respectivos sistemas de protección internacional para solicitantes de asilo/refugio y/o protección subsidiaria/complementaria, debiendo informar sobre sus derechos y obligaciones: acceso gratuito a un abogado, asistencia de intérprete, acceso a la salud, socorro y asistencia pública, escolarización de los hijos menores, acceso a trabajo; todo ello en igualdad de condiciones que los nacionales.

Asimismo, las dos regiones se encuentran obligadas a recibir la solicitud de asilo y/ o refugio, estudiarla meticulosamente y, en caso de ser denegada, la decisión deberá encontrarse debidamente fundamentada sin poner en peligro la vida e integridad del solicitante al retornarlo.

Ambas regiones se encuentran obligadas a coordinar programas de reasentamiento para las personas que se hallan bajo su protección con estatus de refugiado, brindándoles un espacio de seguridad, justicia y libertad. En Latinoamérica se realizó así de forma paulatina y segura durante la última década, contrastado con Europa que bajo el eterno desacuerdo su evolución fue y es de porcentajes mínimos con relación al número de solicitantes de protección.

Las dos regiones se encuentran obligadas a crear programas de acogida, inserción e integración social y laboral para las personas que se encuentran bajo el estatus de refugiados o a la espera del resultado de sus peticiones.

Ambas regiones deben respetar el principio de no devolución: “non refoulement”. Y deben hacerlo aún en frontera, sin denegar el paso o la voluntad de brindar amparo ante solicitantes.

Las dos regiones se encuentran obligadas a asegurar una repatriación segura y voluntaria a las personas bajo su jurisdicción.

2.2. Diferencias en la concepción de la migración y la protección internacional

Respecto a la gestión de la migración y las solicitudes de asilo entre las áreas de Europa y América Latina y el Caribe se pueden destacar las siguientes diferencias: 1. La gestión de la protección internacional a colectivos inmigrantes difiere en arquitectura y diseño. Primeramente, el SECA es producto directo de una organización de unión económica, financiera y política, la Unión Europea. Su carácter sistémico le hace constar, por tanto, de estructuras (legislativas, sobre todo) más organizadas para el tratamiento y atención a las solicitudes de asilo; sin entender necesariamente una mayor articulación derive en mejores resultados para los solicitantes de asilo.

En el subcontinente americano encontramos no un sistema, si no un plan que persigue la implementación paulatina de programas (diversos y abarcadores) por cada uno de los países que lo suscribieron. Sin embargo, no cuenta con una legislación que paute o regule el comportamiento de los Estados ante la gestión de las solicitudes de asilo y/o refugio. En este caso son las oficinas de ACNUR, la CONARE y los Ministerios del Interior de cada país las encargadas de hacer cumplir cada programa, pero sin una institución regional que actúe de manera conjunta y vinculante con los Estados miembros.

Una de las diferencias de más peso tiene una razón terminológica. Mientras Europa toma el asilo como figura principal para reconocer el refugio como condición o estatus de protección (siempre bajo los parámetros de la Convención de Ginebra), Latinoamérica establece una diferenciación. El asilo sólo brinda amparo a perseguidos por causas políticas (lo cual encuentra su razón de ser en la trayectoria histórica de dictaduras que ha conocido la región). Además, por tratarse de un derecho que posee el Estado, éste no queda obligado a brindar protección ni a justificar su negativa. Por su parte, la región coincide con Europa en su concepción del refugio, ajustándose igualmente a la Convención de Ginebra y relacionándolo con los conflictos armados, la violencia interna o externa y otras modalidades de atendados o persecución, quedando el Estado obligado a prestar protección.

América Latina y el Caribe amplía la protección del refugiado y/o protección complementaria con la Declaración de Cartagena en 1984, al reconocer un mayor rango de motivos que califican para ser refugiado: “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Agregando un elemento de gran valor: “el no rechazo a las personas en las fronteras de los países latinoamericanos que la suscriben”.

Existen claras diferencias en la concepción y el trato de la persona migrante. El PAB, pese a contar con cinco años menos de experiencia, lleva consigo demostrados progresos positivos en programas de éxito orientado al intercambio interregional y la búsqueda de soluciones duraderas para las personas desplazadas, apátridas y refugiadas, una filosofía pro homine a través de una mirada hacia el inmigrante no como un enemigo y siempre por delante la asistencia a seres humanos inherentes de dignidad y derechos esenciales. Europa, por su parte, a través de la ramificación de normativas que se incrementan bajo la bandera del SECA, crea y se esfuerza en blindar fronteras a través de FRONTEX, EURODAC y acuerdos como los suscritos con Turquía, Albania o Marruecos. El blindaje no queda solamente en las fronteras europeas, también en embajadas y/o consulados en países de África, Asia y Medio Oriente, donde la gestión de visados se encomienda o terceriza a la empresa BSL International Company con base en New Delhi.

Otra diferencia la encontramos en el ámbito de la niñez. Los planes de trabajo de América Latina y el Caribe incluyen acciones preferentes para los colectivos vulnerables. Para ejemplo diferenciador podemos mencionar el eterno desacuerdo y trato lamentable dado en Europa a los MENAs (menores no acompañados) y la enorme problemática o tragedia en cuanto al reparto y protección de estos en España, así como la lamentable tragedia ocurrida con los menores que cruzaron a nado kilómetros desde la frontera de Marruecos con Ceuta en mayo de 2021 (como una forma de chantaje o presión política de parte del Gobierno de Rabat, acreditándose que fueron enviados niños de hasta 12 años).

Este trato, en realidad, no se limita únicamente a la niñez. La persona migrante es vista desde dos primas muy distintos en una región y otra. Los propios textos constitucionales de América Latina y el Caribe dejan entrever una mirada abierta y receptora. Sirve de ejemplo la constitución de Argentina:

“Nosotros los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente (…) el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino (…) y así fue y es su trayectoria ante los ciudadanos del mundo que quisieron y quieran habitar suelo argentino”.

Mientras, Europa blinda sus fronteras y vuelca sus esfuerzos en entorpecer la regulación de inmigrantes irregulares. Algunos países de la región han virado ya hacia políticas ultraderechistas, entre las que se cuenta la criminalización de la inmigración y la deportación en caliente. En septiembre de 2024, los Países Bajos, seguidos en su iniciativa por Alemania, Noruega, Austria y Suecia, suspendieron la recepción de nuevas solicitudes de asilo. Más sonadas están siendo las acciones emprendidas por países como Italia, con su nueva estrategia de externalización mediante campos de internamiento en Albania, o incluso España, con importantes inversiones destinadas a reformas campos de detención de inmigrantes en Mauritania.

Pueden advertirse algunas diferencias en los orígenes y los motivos que impulsan estas migraciones. Europa recibe principalmente una migración impulsada por motivos bélicos (Siria, Rusia, Ucrania, la franja de Gaza, Libia, Afganistán, Marruecos, etc.). No obstante, también es destino de migraciones económicas y políticas. Lo fue especialmente durante las más de dos décadas de crisis económicas en América Latina (el feriado bancario de Ecuador y el corralito argentino) y los conflictos entre las FARC, ELN y otros grupos guerrilleros en Colombia, o las innumerables violaciones de derechos en el marco de la dictadura venezolana.

La migración interna en América Latina y el Caribe suele darse principalmente por impacto de crisis económico-políticas, y menos por guerras y conflictos armados. No obstante, cada vez son más los casos de solicitud de protección internacional por persecución asociada a discriminación por género u orientación sexual; en ese sentido, el PAB y sus organizaciones colaboradoras buscan actualizar la definición de refugiado para agregarle este componente distintivo, además de trabajar en función de amparar a los colectivos que escapan de ese tipo de realidades opresivas. En Europa también existe protección a personas de los colectivos LGTIQ+ y a mujeres que escapan de escenarios de violencia doméstica y cultural (como la práctica de la ablación en África), pero no existe aún una modificación en la definición de refugiado que incluya el factor de género como causa de persecución.

Una causa de movilidad han sido los desastres naturales y climatológicos, los cuales han creado un tipo de migrante y refugiado que ha pasado a ser reconocido en América Latina tras la ampliación de la definición del término con la Declaración de Cartagena de 1984, cosa que no ha ocurrido en la definición de refugiado que reconoce Europa. En Latinoamérica se le llaman condicionantes de tipo medioambiental, que no implican una persecución, pero sí una imposibilidad de regreso de los damnificados a su lugar de origen.

De la misma manera mientras que en ALyC no existen campos de refugiados ni centros de internamientos ni existieron, tampoco se planteó semejante situación. Europa goza de una trayectoria importante de campos de refugiados y Centros de Internamientos (CIEs) que fueron motivo de enormes irregularidades y denuncias debido a reiteradas privaciones de libertad ilícitas, traspasando la normativa internacional, en tiempo y falta de puesta a disposición de abogado y juez antes de las 72 horas; condiciones de privación de libertad asimilables a las de los criminales (privándoles de garantías constitucionales y derechos fundamentales básicos).

Otra diferencia entre ambas áreas continentales estriba en el convenio regional existente en Europa en relación con la distribución de responsabilidades entre países en cuanto a la recepción de migrantes, acuerdo que no tiene similar en América Latina y el Caribe. Aún en Latinoamérica, Colombia y México tienen un gran peso como destinos receptores de olas migratorias, una realidad que no ha sido posible revertir.

Mientras Europa empeora en la capacidad y voluntad de recepción y atención a solicitantes de protección internacional, ALyC ha ido evolucionando en la implementación de su Plan de Acción Brasil, ganando en temas como atención a menores no acompañados; acercamiento de representación legal gratuita a los solicitantes de protección (a través de los servicios de defensorías públicas); la puesta en práctica paulatina de la no- detención migratoria; la consideración del factor género como causa de persecución; el cumplimiento con la no devolución de personas; la entrega de documentos legales; el impulso a la integración de solicitantes de protección internacional (trabajo, educación y salud); agilización de los procesamientos de casos a través de los procedimientos diferenciados, con identificación de vulnerabilidades; combate y reducción de la apatridia; reconocimiento de derechos de los migrantes y refugiados en las legislaciones nacionales (constitucionales) de varios países; desarrollo y puesta en práctica de bases de datos internas o modelos estandarizados de análisis legal en varios países para agilizar los pasos de petición y gestión de protección; entrenamiento formación a personal y oficiales encargados de tratar a las personas solicitantes de protección internacional. Lo anterior sin dejar de mencionar que en ALyC los solicitantes pueden recibir residencia en el país que quieren como destino mientras se procesa su caso, sin tener que esperar desde sus lugares de procedencia a que sean aceptados, lo cual tributa a su seguridad (protección temporal) en caso de estar escapando de persecuciones o conflictos armados. Todo lo antes expuesto no significa que en América Latina y el Caribe todo sea perfecto en cuanto a gestión migratoria y de protección internacional, no lo es, de hecho, aún hay muchísimos problemas: casos de maltrato a inmigrantes, de secuestros, de trata de personas, de encarcelaciones, deportaciones, falta de protección efectiva a mujeres víctimas de persecución y a colectivos LGBTIQ+, entre otras; pero se trata de la voluntad de mejoría constante en la implementación del PAB.