5.1. Los principios de esta doctrina

Para exponer la evolución de la doctrina del “acto aclarado” en la jurisprudencia del TJUE es necesario partir del marco legal que reglamenta el procedimiento prejudicial. Según el artículo 267, párrafo segundo, TFUE, los jueces nacionales pueden plantear al TJUE cuestiones relativas a la interpretación o a la validez del Derecho de la UE si estiman necesaria una decisión al respecto del TJUE para poder emitir su fallo. Cuando se trata de jueces contra cuyas decisiones cabe un recurso posterior en el Derecho interno, que no deciden en última instancia, el planteamiento de las cuestiones prejudiciales es facultativo. Sin embargo, a tenor del párrafo 3 del artículo 267 TFUE, un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia tiene la obligación de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE ya que dicho órgano es, por definición, el último órgano ante el cual los particulares pueden alegar los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico de la UE. Como ya se ha indicado en un inicio, la similitud con el sistema jurisdiccional de la CAN es manifiesta, por lo que una adaptación de la doctrina del “acto aclarado” al ámbito andino es, en principio, viable.

A través de su abundante jurisprudencia, el TJUE ha ido flexibilizando la obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia derivada de dicho artículo 267, párrafo 3, TFUE. En este sentido, primero la sentencia de 27 de marzo de 1963 (Da Costa) y después la sentencia de 6 de octubre de 1982 (CILFIT) supusieron un hito en la interpretación de dicho artículo y, a través de ellas, el TJUE instituyó la doctrina del “acto aclarado”. La sentencia Da Costa fue la primera en la que el TJUE flexibilizó la obligación de planteamiento de una decisión prejudicial al indicar que la obligación de plantear cuestiones prejudiciales de los jueces de última instancia desaparece cuando la cuestión planteada es materialmente idéntica a una cuestión que ya ha sido objeto de una decisión con carácter prejudicial en un caso análogo. En la sentencia CILFIT, el TJUE dio un paso más, creando así la doctrina del “acto aclarado”. En dicha sentencia no solo retomó lo que juzgó en la sentencia Da Costa, sobre las cuestiones materialmente idénticas, sino que, además, indicó que tampoco existe obligación de remisión en situaciones en las que “la jurisprudencia ya asentada del TJUE [haya] resuelto la cuestión de derecho de que se trata, cualquiera que sea la naturaleza de los procedimientos que dieron lugar a dicha jurisprudencia, incluso en defecto de una estricta identidad de las cuestiones debatidas”. Esta excepción comprende pues las situaciones en que el TJUE ya ha establecido un precedente.

Concretamente, en dicha sentencia CILFIT, el TJUE estableció tres excepciones a la obligación de remitir una cuestión prejudicial, indicando que “un órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, ha de dar cumplimiento a su obligación de someter una cuestión de Derecho comunitario al TJUE, a menos que haya comprobado (1) que la cuestión suscitada no es pertinente o (2) que la disposición comunitaria de que se trata fue ya objeto de interpretación por el TJUE o (3) que la correcta aplicación del Derecho comunitario se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna” (la doctrina conocida como “acto claro”). Ésta tercera excepción del “acto claro”, a diferencia de la excepción relativa al “acto aclarado”, no exige la existencia de un precedente jurisprudencial, pudiendo aplicarse de manera autónoma, siempre y cuando el órgano jurisdiccional de última instancia así lo considere.

Se aprecia entonces que la doctrina del “acto aclarado” atenúa la obligación de plantear cuestiones prejudiciales que, en principio, recae sobre los jueces que deciden los asuntos en última instancia. Dicha obligación desaparece cuando exista una jurisprudencia previa del TJUE que resuelva la cuestión de Derecho de que se trate. De este modo, a la hora de decidir si se somete a la obligación de plantear la cuestión prejudicial, es importante que el órgano jurisdiccional nacional de última instancia se pregunte si el hecho de no plantear la cuestión prejudicial puede suponer que no se asegure la interpretación uniforme del Derecho de la UE, que como ya se señalado, es precisamente el objetivo de la obligación de plantear una cuestión prejudicial. Esta jurisprudencia confiere una gran responsabilidad al juez nacional dentro del sistema jurisdiccional de la UE. En efecto, los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 267, párrafo 3, TFUE disponen de la misma facultad de apreciación que cualesquiera otros órganos jurisdiccionales nacionales acerca de si es necesaria una decisión sobre una cuestión de Derecho de la UE para poder emitir su fallo.

Es necesario hacer una puntualización importante en este contexto: el TJUE deja claro que la última palabra sobre la necesidad de plantear una cuestión prejudicial recae sobre el órgano jurisdiccional nacional. En consecuencia, siempre es posible una nueva remisión, sobre las mismas disposiciones del Derecho de la UE, pero también sobre disposiciones o aspectos diferentes dentro del mismo procedimiento. El órgano jurisdiccional nacional podrá así plantear una cuestión prejudicial en cualquier momento, con independencia de si se ha producido ya una decisión prejudicial del TJUE en el mismo procedimiento, siempre que el órgano remitente considere que es necesaria una respuesta del TJUE que le permita resolver el asunto. Corresponde, entonces, exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional tomar tal decisión y plantear la cuestión prejudicial ante cualquier duda razonable que pueda seguir albergando en cuanto a la correcta interpretación del Derecho de la UE en el asunto del que conoce. Se puede afirmar que la doctrina del “acto aclarado” constituye la expresión de un compromiso: por una parte, se busca vigorizar la colaboración de los tribunales nacionales de última instancia al reconocerles un cierto margen de apreciación; por otra parte, se limita este margen de apreciación a los casos más evidentes en los que ya exista un precedente jurisprudencial.

5.2. La defensa de esta doctrina

El TJUE ha mantenido hasta la fecha su doctrina del “acto aclarado” y la ha defendido a pesar de que el antiguo Abogado General Bobek lo instó recientemente, en sus conclusiones presentadas el 15 de abril de 2021 en el asunto C-561/19 (Consorzio), a revisar su jurisprudencia sobre la obligación de los tribunales nacionales de última instancia de plantear una cuestión prejudicial. Como se explicará a continuación, el Abogado General propuso modificar los términos de cooperación entre el TJUE y los tribunales nacionales de manera que el procedimiento prejudicial se asemeje más a los recursos de casación previstos en los sistemas jurisdiccionales nacionales, admitiendo la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial solo cuando esté justificado. A efectos de una mejor comprensión, se ha de precisar que la particularidad del asunto en el que surgió la discusión respecto a una revisión de la jurisprudencia residió en que el órgano jurisdiccional remitente (el Consiglio di Stato italiano) ya había planteado una primera cuestión prejudicial en el mismo asunto.

El Abogado General observó en sus conclusiones “un aumento abrumador de la cantidad de peticiones de decisión prejudicial, a pesar de que los recursos del TJUE no son ilimitados”. En su opinión, “en estas circunstancias, insistir en que los tribunales nacionales de última instancia planteen cuestiones prejudiciales en todos los casos en que exista cualquier forma de duda razonable resulta inviable e injustificado”. El Abogado General propuso que el TJUE declare que los tribunales nacionales de última instancia tuvieran la obligación de remitir la cuestión prejudicial acerca del Derecho de la UE, siempre que concurran tres requisitos: (1) que el asunto suscite una cuestión general de interpretación del Derecho de la UE; (2) que sea posible más de una interpretación razonable del Derecho de la UE; (3) que la forma en que haya de interpretarse no pueda deducirse de la jurisprudencia del TJUE existente ni de una sola sentencia del TJUE que sea suficientemente clara. En opinión del Abogado General, la falta de uno solo de estos requisitos debería dispensar a los tribunales nacionales de última instancia de la obligación de remitir la cuestión prejudicial. Por consiguiente, si decidieran no remitir la cuestión, los tribunales nacionales de última instancia deberían no obstante indicar debidamente cuál de esos requisitos no se cumple y por qué. Por el contrario, si decidieran remitir la cuestión prejudicial aun cuando haya jurisprudencia relevante, deberían señalar expresamente las razones de su desacuerdo y, de ser posible, explicar cuál ha de ser, a su entender, la postura correcta.

Los jueces rechazaron esta propuesta mediante una sentencia de Gran Sala, razón por la cual la posición del TJUE debe considerarse hoy en día inequívoca. En su sentencia de 6 de octubre de 2021, el TJUE no solo reiteró la relevancia de los criterios CILFIT para la práctica jurisdiccional, sino que declaró además que un tribunal nacional no podía quedar dispensado de dicha obligación por la única razón de que ya había planteado una cuestión prejudicial al TJUE en el marco del mismo asunto nacional. De hecho, un órgano jurisdiccional que decida en última instancia deberá realizar tal remisión cuando se le susciten dificultades de comprensión en cuanto al alcance de la sentencia del TJUE. Desde un punto de visto dogmático, es interesante observar que el TJUE interpretó por primera vez el artículo 267 TFUE a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (“Carta”), según el cual toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Esta disposición se basa históricamente en el apartado 1 del artículo 6 del CEDH que será examinado más adelante. La importancia de mencionar el artículo 47 de la Carta reside en que se enfatiza el rol del debido proceso en el marco del procedimiento prejudicial, por lo que los particulares adquieren una base jurídica adicional para hacer vales sus derechos.

7.1. Sobre la posibilidad de obtener un control de la legalidad de la decisión de no plantear una cuestión prejudicial

En principio, la violación de la obligación de remitir una cuestión prejudicial al TJUE puede ser objeto de un recurso por incumplimiento por parte de la Comisión Europea conforme al artículo 258 TFUE. Aunque la Comisión se ha mostrado, en un inicio, reticente a iniciar recursos por incumplimiento, se constata actualmente una tendencia a perseguir más seriamente este tipo de infracciones. El TJUE ha reconocido igualmente la responsabilidad del Estado miembro por los daños causados a los particulares por una violación del Derecho de la UE imputable a un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia debido a que tal violación resulta de una interpretación de las normas jurídicas o de una apreciación de los hechos y de las pruebas efectuadas por dicho órgano jurisdiccional. En la medida que el particular se ve privado de reclamar sus derechos derivados del ordenamiento jurídico de la UE, se considera que debe ser indemnizado conforme a los principios de la responsabilidad estatal. Además, en la medida que el Derecho constitucional de algunos Estados miembros considera al juez de la UE como “juez predeterminado por la ley”, la denegación arbitraria, es decir, sin ofrecer argumentos objetivos, de hacer uso de la posibilidad de consultar al TJUE en materia de interpretación del Derecho de la UE, es considerada una violación de derechos fundamentales. Por tratarse de violaciones del Derecho constitucional, recae en los tribunales constitucionales de los Estados miembros la tarea de constatar y sancionar dichas infracciones. Algo similar se observa en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos (“CEDH”), cuya salvaguardia incumbe al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (“TEDH”) con sede en Estrasburgo, y en el que se considera al procedimiento prejudicial ante el TJUE como parte del “debido proceso” y, por lo tanto, la negativa arbitraria de recurrir a dicho procedimiento se ve como una violación del derecho a un proceso equitativo, consagrado en el artículo 6 CEDH. Es interesante observar en este contexto el grado de compenetración de diversos estratos jurídicos (constitucional e internacional) con el fin de asegurar la eficacia del Derecho supranacional. A continuación, se expondrá más detalladamente la interacción entre los distintos mecanismos que prevé la ley.

7.2. Los diversos mecanismos de control de legalidad disponibles a las partes

a) Recurso por incumplimiento (conforme al artículo 258 TFUE)

En su sentencia de 4 de octubre de 2018 (Comisión/Francia), el TJUE declaró que la República Francesa había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 267, párrafo tercero, TFUE, al haberse abstenido el Conseil d’État (Consejo de Estado, Francia), en tanto que órgano jurisdiccional que conoce en última instancia, de plantear al TJUE una cuestión prejudicial con arreglo al procedimiento previsto en dicha disposición. A este respecto, el TJUE recordó, por un lado, que la obligación de los Estados miembros de cumplir las disposiciones del Tratado FUE incumbe a todas las autoridades de dichos Estados, incluidas, en el marco de sus competencias, las autoridades judiciales. De este modo, en principio, cabe declarar la existencia de un incumplimiento de un Estado miembro con arreglo al artículo 258 TFUE cualquiera que sea el órgano de dicho Estado cuya acción u omisión haya originado el incumplimiento, incluso cuando se trate de una institución constitucionalmente independiente.

Por otro lado, el TJUE recordó asimismo que, en principio, cuando contra la decisión de un órgano jurisdiccional nacional no exista ningún recurso judicial, el órgano jurisdiccional tendrá la obligación, en caso de que se plantee ante él una cuestión de interpretación del TFUE, de someter la cuestión al TJUE, con arreglo al artículo 267, párrafo tercero, TFUE. El TJUE explicó que la obligación de plantear una cuestión prejudicial que establece la disposición que acaba de citarse tiene principalmente como razón de ser impedir que se consolide en un Estado miembro una jurisprudencia nacional que no se atenga a las normas del Derecho de la UE. Tal obligación no incumbirá ciertamente al órgano jurisdiccional nacional cuando este haya comprobado que la cuestión suscitada no es pertinente, o que la disposición de Derecho de la UE de que se trata ha sido ya objeto de interpretación por el TJUE, o que la correcta aplicación del Derecho de la UE se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna, debiendo valorarse la existencia de tal eventualidad en función de las características propias del Derecho de la UE, de las dificultades concretas que presente su interpretación y del riesgo de divergencias jurisprudenciales dentro de la UE.

Es otras palabras, el TJUE subrayó la relevancia de los criterios CILFIT como excepción a la obligación de plantear una cuestión prejudicial. En este contexto, resulta importante resaltar el hecho de que el TJUE examinó detalladamente los motivos por los cuales el Conseil d’État se abstuvo de cumplir con esta obligación. En concreto, dicho órgano jurisdiccional nacional se negó a aplicar una jurisprudencia del TJUE ya existente por la simple razón que la reglamentación nacional en cuestión era distinta a la reglamentación (de otro Estado miembro) previamente examinada por el TJUE. En consecuencia, el Conseil d’État aceptó el riesgo de que el TJUE no aceptara sus conclusiones respecto a la compatibilidad de esta reglamentación nacional con el Derecho de la UE. Como se desprende de la sentencia misma, “no podía excluirse la existencia de una duda razonable en cuanto a tal interpretación”. Como consecuencia, el TJUE constató una infracción del artículo 267, párrafo tercero, TFUE. Esta sentencia es la primera en la que el TJUE fue explícito en la posibilidad que tiene la Comisión de iniciar procedimientos por incumplimiento en estas condiciones, si bien ya se había discutido esta opción de manera abstracta e incluso se había criticado a determinadas instancias supremas nacionales por haber prescindido de servirse del instrumento de remisión prejudicial para aclarar cuestiones de interpretación.

En el plano político, ha de señalarse que el Parlamento Europea ha recordado en su resolución de 14 de junio de 2018 sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE que las cuestiones prejudiciales contribuyen a aclarar la forma en que se debe aplicar el Derecho de la UE, considerando que el recurso a este procedimiento permite una interpretación y aplicación uniformes de la legislación europea. El Parlamento ha pedido, por tanto, a la Comisión que “lleve a cabo un seguimiento más eficaz del cumplimiento por los órganos jurisdiccionales nacionales de la obligación de solicitar al TJUE que se pronuncie, con carácter prejudicial, según lo dispuesto en el artículo 267 del TFUE”. Ha alentado también a los tribunales nacionales “a que planteen, en caso de duda, cuestiones prejudiciales al TJUE y eviten, de este modo, los procedimientos de infracción”. La Comisión ya había asegurado al Parlamento que incoará sistemáticamente un procedimiento en los casos de infracción que pongan de manifiesto deficiencias estructurales en el sistema jurídico de un Estado miembro. Aquí se incluirán, en particular, los casos en que “las normas nacionales o las prácticas generales obstaculizan el buen funcionamiento de la remisión prejudicial al TJUE”. En vista a lo antedicho, en caso de no poder persuadir al juez nacional de la necesidad de plantear una cuestión prejudicial, los particulares tienen la facultad de presentar una queja ante la Comisión, alegando una infracción del artículo 267, párrafo tercero, TFUE. Ciertamente, la Comisión dispone de un amplio poder discrecional al respecto, por lo que no es posible exigirle que inicie una acción por incumplimiento (o demandarla ante el TJUE para que actúe en el sentido deseado). El TJUE parte del principio de que este procedimiento no sirve para proteger intereses particulares, sino el interés general en mantener la legalidad.

El ordenamiento jurídico de la CAN tiene la particularidad de disponer de une reglamentación específica al respecto, a saber, el segundo párrafo del artículo 128 del Estatuto del TJCA, el cual enuncia que “los países miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción por incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el TJCA”. Es interesante observar que esta disposición implica, de cierta manera, un quiebre con el sistema previsto en la UE en la medida que reserva la titularidad de la acción en estos casos a “los países y los particulares”, dejando de lado a la Secretaría General, cual órgano ejecutivo homólogo de la Comisión Europea. Una interpretación literal y sistemática, así como la jurisprudencia del TJCA, llevan a pensar que la Secretaría General, en principio, no tendría la competencia de iniciar recursos por incumplimiento basados en una violación de la obligación de solicitar una interpretación prejudicial.

Por otra parte, cabe recordar que, conforme al primer párrafo del artículo 128 del Estatuto del TJCA, le corresponde también a la Secretaría General “[velar] por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial”. Además, el TJCA ha indicado, refiriéndose al artículo 107 del Estatuto del TJCA, que la conducta objeto de censura, es decir, materia de la acción de incumplimiento, puede consistir en la realización, por parte de una autoridad jurisdiccional […] nacional, de cualquier acto u omisión contrario al ordenamiento jurídico andino. Así, por ejemplo, el acto podría consistir en una providencia judicial (sentencia, auto, u otro acto judicial). Por lo tanto, “una de las conductas objeto de censura vía acción de incumplimiento es la realización de un acto que bien podría concretarse en la emisión de una providencia contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino”. Visto desde este ángulo, la Secretaría General podría, en teoría, alegar la necesidad de incoar un procedimiento por incumplimiento a iniciativa propia si ningún Estado miembro o particular recurre al procedimiento del segundo párrafo del artículo 128 del Estatuto. Debido a la importancia para la evolución del Derecho supranacional que implica el diálogo entre jueces, debería recaer sobre todo en la Secretaría General - y no solamente en los particulares o Estados miembros - la tarea de incoar procedimientos por incumplimiento. Al ser “la guardiana de la legalidad” en la CAN, la Secretaría General está predestinada a asumir este papel, al igual que la Comisión en el ordenamiento jurídico de la UE. En efecto, reservar esta competencia a particulares y a Estados miembros tiene graves desventajas que hay que tomar en cuenta. Por una parte, los particulares se enfrentan al riesgo procesal de sucumbir con su petición. Por otra parte, el bajo número de procedimientos por incumplimiento interestatales en la historia del TJUE demuestra que los Estados miembros son generalmente reacios a enfrentarse directamente en un litigio. En consecuencia, resulta conveniente atribuir esta competencia a una entidad independiente y neutral.

b) La responsabilidad del Estado por una violación del Derecho de la UE

En su sentencia de 30 de setiembre de 2003 (Köbler), el TJUE reconoció la responsabilidad del Estado miembro por los daños causados a los particulares por una violación del Derecho de la UE imputable a un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia. En relación con los requisitos para que un Estado miembro esté obligado a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho de la UE que le sean imputables, se desprende de la jurisprudencia del TJUE que son tres, a saber, que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la violación esté suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por quienes hayan sido lesionados. Según el TJUE, los mismos requisitos se aplican a la responsabilidad del Estado por los daños causados por la resolución de un órgano jurisdiccional nacional. Los tres requisitos mencionados son necesarios y suficientes para generar, a favor de los particulares, un derecho a obtener reparación, sin excluir, no obstante, que, con arreglo al Derecho nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de requisitos menos restrictivos.

Por lo que se refiere en particular al segundo requisito y a su aplicación con el fin de declarar una posible responsabilidad del Estado, se han de tener en cuenta la especificidad de la función jurisdiccional y las exigencias legítimas de seguridad jurídica, como también han alegado los Estados miembros que han presentado observaciones en este asunto. La responsabilidad del Estado derivada de una violación del Derecho de la UE debida a una resolución de ese tipo solamente puede exigirse en el caso excepcional de que el juez haya infringido de manera manifiesta el Derecho aplicable. Para determinar si se cumple dicho requisito, el juez nacional que conozca de una demanda de indemnización de daños y perjuicios deberá tener en cuenta todos los elementos que caractericen la situación que se le haya sometido. Entre esos elementos figuran, en particular, el grado de claridad y de precisión de la norma vulnerada, el carácter intencional de la infracción, el carácter excusable o inexcusable del error de Derecho, la posición adoptada, en su caso, por una institución de la UE, así como el incumplimiento por parte del órgano jurisdiccional de que se trate de su obligación de remisión prejudicial en virtud del artículo 267, párrafo tercero, TFUE. En todo caso, una violación del Derecho de la UE está suficientemente caracterizada cuando la resolución de que se trate se haya dictado con un desconocimiento manifiesto de la jurisprudencia del TJUE en la materia.

El análisis de la jurisprudencia en esta materia ha de completarse con la referencia a la sentencia del TJUE de 13 de junio de 2006 (Traghetti del Mediterraneo) >. La novedad de la sentencia radica en enjuiciar si los requisitos exigidos por la legislación nacional para apreciar dicha responsabilidad satisfacen las exigencias de la jurisprudencia del TJUE. El TJUE afirmó que el Derecho de la UE se opone a una legislación nacional que excluye, con carácter general, la responsabilidad del Estado miembro por los daños causados a los particulares por una violación del Derecho de la UE imputable a un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia debido a que tal violación resulta de una interpretación de las normas jurídicas o de una apreciación de los hechos y de las pruebas efectuadas por dicho órgano jurisdiccional. El Derecho de la UE se opone asimismo a una legislación nacional que limita la exigencia de esta responsabilidad únicamente a los casos de dolo o de culpa grave del juez, si dicha limitación llevara a excluir la exigencia de la responsabilidad del Estado miembro afectado en otros casos en los que se haya cometido una infracción manifiesta del Derecho aplicable. Ahora bien, el TJUE también afirma que, habida cuenta de la especificidad de la función jurisdiccional, así como de las exigencias legítimas de la seguridad jurídica, la responsabilidad del Estado, en tal supuesto, no es ilimitada. Como ha declarado el TJUE, esta responsabilidad solamente puede exigirse en el caso excepcional de que el órgano jurisdiccional que resuelva en última instancia haya infringido de manera manifiesta el Derecho aplicable. Se trata, pues, de una responsabilidad que se limita a los casos excepcionales en que se incurre en un “error manifiesto” del Derecho de la UE o un “desconocimiento manifiesto” de la jurisprudencia del TJUE, aunque estos errores se pueden producir no sólo en la interpretación y aplicación del Derecho sino también en la apreciación efectuada por los tribunales de los hechos y de las pruebas.

Se puede observar que la violación de la obligación de plantear una cuestión prejudicial no crea por si sola un derecho de indemnización. Más bien se trata de indemnizar daños sufridos por el particular por el hecho de no poder beneficiarse de los derechos que otorga el Derecho de la UE. En consecuencia, mucho depende de que la norma aplicada de manera incorrecta por el órgano jurisdiccional nacional confiera derechos al particular, lo que ciertamente no es el caso del artículo 267, párrafo tercero, TFUE. Como ya se ha señalado, el procedimiento prejudicial es únicamente un mecanismo de cooperación judicial. Por lo tanto, el examen de un eventual derecho a indemnización requiere un análisis del contenido normativo de la disposición a aplicar. Los criterios CILFIT pueden ser de relevancia a la hora de examinar si existen, desde un punto de vista objetivo, dudas respecto a la interpretación de dicha disposición. Si el juez nacional considerase que la disposición es ambigua respecto al reconocimiento de un derecho subjetivo, sería recomendable que optase por plantear una cuestión prejudicial con el objetivo de disipar las dudas. De descartar esta opción, convendría que el juez nacional motivase debidamente su decisión a fin de evitar de dar lugar a una eventual responsabilidad del Estado por violación del Derecho de la UE. La motivación contenida en la decisión judicial servirá de base para un control de legalidad efectivo.

En el ámbito andino, el artículo 30 TCTJCA prevé que la sentencia de incumplimiento dictada por el TJCA, en los casos previstos en el artículo 25, en los cuales personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por la violación del Derecho de la CAN inician tal procedimiento, “constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que correspondiere”. El sistema de la CAN exige pues, al igual que el de la UE, una violación de la normativa supranacional para poder reconocer un derecho a indemnización. Es decir, la violación de la obligación de plantear una cuestión prejudicial no crea por si sola tal derecho a indemnización, por lo que el particular se encontraría, en principio, en una situación similar que en el ordenamiento jurídico de la UE.

c) Violación del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley

Los ordenamientos jurídicos de varios Estados reconocen un derecho fundamental del particular a ser juzgado por un juez ordinario predeterminado por la ley. Su función es evitar toda influencia indebida - sobre todo por parte del poder judicial mismo - en la determinación y la composición del tribunal competente. Esta protección contra injerencias extrañas garantiza el Estado de Derecho en el proceso judicial. La confianza de quienes buscan justicia en la imparcialidad y la objetividad del poder judicial debe mantenerse precisamente a través del derecho al juez legal. La garantía del juez predeterminado por la ley implica las siguientes exigencias: la creación previa del órgano mediante una norma con rango de ley; la predeterminación de la competencia judicial con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial; y la necesidad de que ese órgano se rija por un régimen orgánico y procesal común que impida calificarle como órgano excepcional o extraordinario.

Junto a estas exigencias objetivas de predeterminación legal, el derecho en análisis exige también que la composición del órgano jurisdiccional venga determinada por la ley y que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente. Así pues, se trata de garantizar la independencia e imparcialidad que el derecho en cuestión comporta, garantía que quedaría burlada si sólo se mantuviera el tribunal nominalmente y se alteraran arbitrariamente sus componentes subjetivos, quienes en definitiva van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de adoptarse. De hecho, una eventual irregularidad en la designación del juez que ha de conocer de un proceso, puede constituir una infracción del derecho de las personas al juez previamente establecido por la ley.

Es evidente que la protección que el Derecho constitucional pueda ofrecer a aquel particular que desee que el juez nacional encargado del litigio pendiente recurra al procedimiento prejudicial depende del respectivo ordenamiento jurídico interno. El reconocimiento del TJUE como parte del sistema jurisdiccional de todo Estado miembro ha necesitado una evolución en la que los tribunales constitucionales y supremos han jugado un rol central. Esta evolución no ha sido libre de fricciones, debido sobre todo a las distintas percepciones en lo que concierne la relación entre el Derecho supranacional y nacional. En Europa, la situación jurídica es bastante heterogénea, como se ilustrará a continuación a través de algunos ejemplos. Mientras que algunos Estados miembros han facilitado el acceso al TJUE a particulares mediante una interpretación favorable de sus normas constitucionales, otros se muestran más restrictivos.

Derecho constitucional alemán

El Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal, Alemania) considera al TJUE como juez legal a efectos del artículo 101, apartado 1, frase 2 del Grundgesetz (Ley Fundamental). Ha recordado en su jurisprudencia que los tribunales nacionales están obligados a llamar al TJUE cuando los requisitos del artículo 267, párrafo tercero, TFUE están reunidos. Ha reconocido igualmente que dicha obligación no existe cuando se cumplen los criterios CILFIT. En consecuencia, considera que si un tribunal alemán no cumple su obligación de remitir el asunto al TJCE mediante el procedimiento prejudicial o si presenta una petición de decisión prejudicial a pesar de que el TJUE no tiene competencia, la persona que busca protección legal puede ser privada del juez predeterminado por la ley. La persona afectada puede denunciar la vulneración de este derecho fundamental mediante un recurso de inconstitucionalidad.

Sin embargo, en la opinión del Bundesverfassungsgericht, no toda violación del artículo 267, apartado 3, TFUE constituye también una violación del Grundgesetz. Más bien se ha de examinar si el tribunal de última instancia se excedió injustificadamente en el uso de su margen de apreciación al abstenerse de plantear una cuestión prejudicial al TJCE. El Bundesverfassungsgericht verifica, primeramente, si existe un “acto claro”, es decir, si el tribunal alemán está convencido, al aplicar e interpretar la legislación pertinente de la UE, de que la situación jurídica es evidente y no suscita dudas. Luego, examina si la jurisprudencia aplicable a un asunto es incompleta y el tribunal alemán, no obstante, parte de la premisa de que la situación jurídica es clara o inequívoca, sin presentar justificación alguna. Se puede constatar que, también en este caso, la motivación presentada por el tribunal nacional es crucial para poder ejercer un control jurisdiccional efectivo. De concluir el Bundesverfassungsgericht que se ha vulnerado el derecho al juez previamente establecido por la ley, ordena que el tribunal alemán se pronuncie nuevamente en el asunto, lo que exigirá que éste último presente antes una solicitud de decisión prejudicial al TJUE. Para concluir, cabe señalar que esta jurisprudencia ha sido asimilada por los tribunales constitucionales de los Länder (Estados federados alemanes), en aplicación del derecho fundamental al juez legal, consagrado en sus respectivas disposiciones regionales.

Derecho constitucional español

En este contexto, hay que mencionar que, aunque el Derecho constitucional de España conoce la noción del juez ordinario previamente establecido por la ley, el Tribunal Constitucional español no considera al TJUE como juez legal a efectos del artículo 24, apartado 2 de la Constitución, pues estima que no éste no forma parte del “poder judicial” mencionado en el artículo 117 de la Constitución. Al respecto, fundamenta que el TJUE no dispone de “la exigencia de que el órgano judicial haya sido creado por una norma legal invistiéndolo de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial”. De este modo afirma que “el juez nacional también es juez de Derecho europeo” y “juez europeo de los derechos fundamentales de la Carta”. Sobre la base de la estructura interna del ordenamiento jurídico español, esto significa, según el Tribunal Constitucional, que los particulares solo pueden dirigirse a los jueces ordinarios del sistema judicial español para solicitar el control de adecuación entre el Derecho nacional con el Derecho de la UE, y si concurren las condiciones legales aplicables pueden pedir al Tribunal Constitucional la tutela de sus derechos fundamentales.

Considera que el mecanismo prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE configura un instrumento más al servicio de los jueces y tribunales para la depuración del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, este precepto no constituye por sí mismo canon de constitucionalidad y ninguna vulneración existe de los derechos garantizados por el artículo 24, apartado 1 de la Constitución cuando el juez español estima que no alberga dudas sobre la interpretación que haya de darse a una norma de Derecho de la UE o sobre su aplicación en relación con los hechos enjuiciables en el litigio y decide por ello no plantear la consulta que se le solicita. En consecuencia, la decisión de no plantear una cuestión prejudicial, al igual que ocurre con la decisión de no plantear cuestión de inconstitucionalidad, no implica per se da lesión de las garantías previstas en el artículo 24 de la Constitución, ni de quien pretendía dicho planteamiento y no obtuvo satisfacción a su pretensión, ni de quien, sin haberlo solicitado, pueda verse perjudicado por su no planteamiento. En resumen, el Tribunal Constitucional estima que la infracción del artículo 267 TFUE no afecta al artículo 24 de la Constitución salvo en los supuestos que el juez ordinario haya realizado una aplicación arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente.

Derecho constitucional italiano

En el Derecho constitucional de Italia tampoco existe un verdadero derecho de acceso al TJUE, pues se ha sostenido que la denegación por un tribunal de última instancia de una petición de remisión prejudicial constituye una expresión del poder jurisdiccional conferido al tribunal nacional. Por lo tanto, no hay ningún medio de examinar, y por tanto censurar, en el contexto nacional, una infracción del artículo 267, apartado 3, TFUE. El artículo 111 de la Constitución italiana no es un recurso posible, dado que la Corte Suprema di Cassazione (Corte Suprema de Casación, Italia) siempre ha excluido la posibilidad de invocar un conflicto o una denegación de competencia, subrayando que el artículo 267 TFUE es una norma internacional de naturaleza procesal y que el TJUE no interviene a este respecto como tribunal que decide sobre un caso concreto, sino que, más bien, se limita a proporcionar una interpretación de las disposiciones del Derecho de la UE que el tribunal nacional considera pertinentes para la resolución del caso del que conoce. El derecho de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, conferido al Procurador de la República en virtud del artículo 363 del Código de Procedimiento Civil italiano, junto con otros recursos propuestos por los académicos, nunca han sido tomados en consideración seriamente, por lo que se puede afirmar que el incumplimiento del deber de remisión no genera ninguna consecuencia inmediata en el ordenamiento jurídico italiano.

d) Derecho a un proceso equitativo (garantizado por artículo 6 CEDH)

Finalmente, es necesario tomar igualmente en cuenta la protección que ofrecen los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Se debe recordar que, por una parte, todos los Estados miembros de la UE son actualmente signatarios del CEDH. Por otra parte, la CEDH ha sido también suscrita por países europeos que no son miembros de la UE. Ésta última - por no ser un Estado, sino una organización internacional - ha permanecido al margen hasta la fecha, a pesar de fallidos intentos en el pasado de negociar una adhesión al CEDH - exigida por el artículo 6, apartado 1, TUE -, los cuales fueron sobre todo ocasionados por la dificultad en satisfacer las exigencias de un ordenamiento jurídico tan complejo como el de la UE. En primer lugar, se ha tenido que examinar la manera de establecer mecanismos adecuados de consulta entre el TJUE y el TEDH en materia de interpretación del Derecho. En segundo lugar, se ha considerado indispensable salvaguardar la integridad del ordenamiento jurídico de la UE, así como sus procedimientos de toma de decisiones.

A pesar del fracaso en llegar a un acuerdo de adhesión, la UE se considera vinculada a dicho convenio, no solo por ser sus Estados miembros signatarios del CEDH, sino también porque sus tratados constitutivos lo prevén expresamente. De hecho, según el artículo 6, apartado 3, TUE, “los derechos fundamentales que garantiza el CEDH […] formarán parte del Derecho de la UE como principios generales”. Asimismo, hay que recordar que los derechos fundamentales consagrados en el CEDH sirvieron de fuente de inspiración para la creación de la Carta, es decir, del catálogo de garantías en base al cuál debe medirse la legalidad de todo acto de la UE. Existe, pues, un vínculo muy estrecho entre la UE y el Consejo de Europa, la organización internacional en cuyo seno se creó el CEDH.

Aunque la UE aún no sea signataria del CEDH, el TEDH reconoce explícitamente la facultad de los países signatarios de crear organizaciones supranacionales y de permitirles ejercer poderes soberanos en su nombre. Sin embargo, ha dejado claro en su jurisprudencia que esto no les exime de la obligación de respetar los derechos fundamentales consagrados en el CEDH. Este convenio es sumamente importante a la hora de esclarecer el contenido normativo de todo derecho fundamental de la Carta que tenga su origen en el CEDH, una competencia que le corresponde exclusivamente al TJUE, cual intérprete del Derecho de la UE. Asimismo, el CEDH es de relevancia para los Estados miembros en aquellas áreas que no han sido aún reglamentadas por la UE (o en las que los Estados miembros disponen aún de un margen de maniobra). En efecto, de existir una reglamentación por parte de la UE, el control en base al CEDH es menos riguroso, pues el TEDH considera que la protección de los derechos fundamentales que ofrece el ordenamiento jurídico de la UE es “comparable” a la del CEDH. En su razonamiento, el TEDH ha tomado en cuenta las características del Derecho de la UE, la aplicación de la Carta y las vías de recurso que ofrece el TJUE, incluyendo el mecanismo de remisión prejudicial. Es decir, el TEDH ha creado una presunción (refutable) de compatibilidad del Derecho de la UE con el CEDH, lo que permite a la UE ejercer sus competencias sin ser cuestionada cada vez ante el TEDH. Por otra parte, hay que subrayar que el TEDH se reserva el derecho de examinar la conformidad con la CEDH de actos de la UE cuando exista la sospecha de una violación de derechos fundamentales. Esto obliga al TJUE y a los tribunales nacionales a ser muy cuidadosos en el respeto de los principios del debido proceso.

Tras haber expuesto de manera sucinta la complicada relación entre el ordenamiento jurídico de la UE y el CEDH, conviene examinar a continuación si es posible obtener un control de la legalidad de la decisión de un órgano jurisdiccional nacional de no plantear una cuestión prejudicial. Esto exigiría que la CEDH protegiera las vías de recurso que ofrece el sistema jurisdiccional de la UE. Tal es efectivamente el caso, ya que el TEDH examina el respeto del procedimiento de remisión prejudicial desde del ángulo del derecho a un proceso equitativo. No obstante, es necesario precisar que el CEDH no garantiza, como tal, ningún derecho a que un asunto sea remitido por un tribunal nacional para que otra autoridad nacional (incluido un tribunal constitucional o una autoridad judicial) resuelva de manera prejudicial. El artículo 6, apartado 1, CEDH, por lo tanto, no garantiza un derecho absoluto a que un tribunal nacional remita un caso al TJUE. Corresponde a la parte del litigio aportar motivos explícitos para tal solicitud. El control de la idoneidad de la interpretación del Derecho de la UE por parte de los tribunales nacionales es una cuestión que no es competencia del TEDH.

Cuando existe un mecanismo de remisión prejudicial, la negativa de un tribunal nacional a conceder una solicitud de remisión puede, en determinadas circunstancias, vulnerar la equidad de los procedimientos. Esto es así cuando se considera que la negativa es arbitraria, es decir, cuando ha habido una negación a pesar de que las normas aplicables no permiten ninguna excepción o alternativa al principio de remisión preliminar, cuando la negativa se basó en razones distintas de las previstas en dichas normas, o cuando la negativa no estuvo debidamente motivada de conformidad con dichas normas. El TEDH examina si la denegación parece arbitraria, aplicando la jurisprudencia citada en el presente artículo. En cuanto a la motivación de la denegación por parte de un órgano jurisdiccional nacional de plantear una cuestión prejudicial al TJUE en una decisión no susceptible de recurso, el TEDH señaló lo siguiente:

- El artículo 6, apartado 1, CEDH obliga a los tribunales nacionales a motivar, a la luz del derecho aplicable, toda decisión por la que se niegue a plantear una cuestión prejudicial;

cuando el Tribunal de Estrasburgo conozca de una reclamación en la que se alegue una infracción del artículo 6, apartado 1, CEDH sobre esta base, su tarea consiste en asegurarse de que la denegación impugnada haya sido debidamente acompañada de dicha motivación;

- si bien esta verificación debe realizarse de manera exhaustiva, no le corresponde al TEDH examinar los posibles errores que hayan podido cometer los tribunales nacionales al interpretar o aplicar la ley pertinente;

- En el contexto específico del artículo 267 TFUE, los órganos jurisdiccionales nacionales de la UE cuyas decisiones no sean susceptibles de recurso judicial de Derecho interno y que se nieguen a plantear al TJUE una cuestión prejudicial sobre una cuestión planteada ante ellos relativa a la interpretación del Derecho de la UE, están obligados a motivar su negativa a la luz de las excepciones previstas por la jurisprudencia del TJUE de conformidad con los criterios CILFIT. Por tanto, deben indicar las razones por las que han considerado que la cuestión es irrelevante, que la disposición de Derecho de la UE en cuestión ya ha sido interpretada por el TJUE o que la correcta aplicación del Derecho de la UE es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable.

Los motivos expuestos en la decisión del tribunal de última instancia por la que se deniega la remisión del asunto al TJUE para una decisión prejudicial deben apreciarse a la luz de las circunstancias del caso y del procedimiento interno en su conjunto. El TEDH ha aceptado el razonamiento sumario cuando la apelación sobre el fondo en sí no tenía perspectivas de éxito, de modo que una remisión prejudicial no habría tenido ningún impacto en el resultado del caso, por ejemplo, cuando la apelación no satisfacía los criterios de admisibilidad internos. El TEDH también acepta que, en concreto, las razones para rechazar una solicitud de decisión prejudicial a la luz de los criterios CILFIT puedan inferirse del razonamiento del resto de la sentencia del tribunal en cuestión, o de un razonamiento algo implícito en la decisión de rechazar la solicitud.

En el asunto Dhahbi c. Italia, el Tribunal constató por primera vez una violación del artículo 6 debido a la falta de motivación por parte de un tribunal nacional para negarse a remitir una cuestión prejudicial al TJUE. El Tribunal de Casación no había hecho referencia a la petición de decisión prejudicial del demandante ni a las razones por las que había considerado que la cuestión planteada no justificaba su remisión al TJUE, ni a la jurisprudencia del TJUE. Por tanto, no quedaba claro a partir del razonamiento de la sentencia impugnada si se había considerado que esa cuestión no era pertinente o se refería a una disposición clara o que ya había sido interpretada por el TJUE, o si simplemente se había ignorado. En Sanofi Pasteur c. Francia, el TEDH también encontró una violación por falta de motivación suficiente cuando la sentencia del Tribunal de Casación había contenido una referencia a las solicitudes de decisión prejudicial de la empresa demandante mediante la frase “sin que sea necesario remitir una cuestión prejudicial al TJUE”.

Los principios mencionados en los párrafos precedentes se aplican igualmente al ámbito penal. En Baydar c. Países Bajos, en el contexto de una decisión del tribunal superior nacional de rechazar remitir una cuestión al TJUE para una decisión prejudicial (los principios pertinentes establecidos en el contexto del ámbito civil en Dhahbi c. Italia, el TEDH tuvo en cuenta el principio según el cual los tribunales de casación cumplen con su obligación de proporcionar una motivación suficiente cuando se basan en una disposición legal específica, sin más razonamiento, para desestimar los recursos de casación que no tienen perspectivas de éxito. El TEDH consideró que esta jurisprudencia estaba en consonancia con los principios establecidos en Dhahbi c. Italia, y concluyó que una referencia a la disposición legal pertinente por parte del Tribunal Superior, con una indicación de que no era necesario solicitar una decisión prejudicial dado que el asunto no planteaba una cuestión jurídica que fuera necesario determinar, suponía un reconocimiento implícito de que una remisión al TJUE no podía conducir a un resultado diferente en el caso. Por tanto, el Tribunal consideró que esto satisfacía el requisito de una motivación suficiente en virtud del artículo 6, apartado 1, CEDH. Por el contrario, en Georgiou c. Grecia, el TEDH constató una violación del artículo 6, apartado 1, CEDH en relación con el hecho de que el tribunal de casación no examinara, sin dar ninguna razón, la solicitud del demandante de solicitar una decisión prejudicial al TJUE.

Una violación del artículo 6, apartado 1, CEDH confiere al particular el derecho a obtener una indemnización con arreglo al artículo 41 CEDH. Según esta disposición, si el TEDH declara que ha habido violación del CEDH o de sus Protocolos y si el derecho interno del Estado sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el CEDH concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa. Asimismo, siempre y cuando el Derecho procesal lo prevea, también es posible exigir la reanudación del procedimiento legalmente concluido.

En el ámbito andino, el instrumento pertinente en lo que respecta la protección de derecho humanos. es la Convención americana sobre derechos humanos (“CADH”), cuyo artículo 8 prevé garantías judiciales, entre otros, el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, establecido con anterioridad por la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”) ha declarado que “constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos”. En la medida que los Estados miembros de la CAN son signatarios del CADH y han transferido poderes soberanos en materia jurisdiccional al TJCA, sería deseable, a fin de garantizar el respeto al debido proceso, que la Corte IDH desarrolle su jurisprudencia con miras a garantizar la posibilidad de hacer una solicitud de interpretación prejudicial ante el TJCA, exigiendo que el juez nacional rinda cuentas respecto a toda decisión que tome en el marco del procedimiento, tal como lo ha hecho su homólogo europeo. A este fin, la Corte IDH podría seguir el ejemplo de algunos tribunales constitucionales europeos, al reconocer explícitamente al juez supranacional como “juez predeterminado por la ley”, del cual las partes de un litigio no pueden ser privadas arbitrariamente.

Lo expuesto anteriormente demuestra la importancia de la obligación de motivar debidamente la decisión de plantear una cuestión prejudicial o de abstenerse de recurrir a este mecanismo de consulta. Es obvio que no hay ningún criterio universalmente válido para determinar lo que es un grado de motivación adecuado y, por ende, suficiente. Todo depende de la naturaleza del asunto, de su complejidad y, sobre todo, de las alegaciones formuladas ante el órgano jurisdiccional correspondiente y las que consten en autos. No obstante, y en todo caso, siempre que se haya planteado una cuestión pertinente de Derecho de la UE ante un tribunal nacional de última instancia, este tiene la obligación de declarar de forma inequívoca y concreta cuál de las excepciones supuestamente entra en juego en el asunto, y debe proporcionar al menos una explicación sumaria al respecto.