1. Introducción

Durante los últimos años, el Perú ha experimentado un incremento en las inversiones mineras, con un flujo de capital extranjero que ha permitido dinamizar la economía del país. Sin embargo, diversos autores advierten que esta actividad tiene una relación directa entre las inversiones y los escenarios de conflictividad en el país (^{Arizaca 2017}). Hoy en día, los proyectos fruto de estas inversiones son liderados por empresas de capitales multilaterales que están ubicados en tierras de comunidades campesinas a lo largo de todo el país (^{García-Ortega, De-Miguel-Molina & Chirivella-Gonzáles 2020}). Y si bien se ha dado una intervención del Estado para atender las demandas sociales, generando mecanismos institucionales, legales y de políticas públicas, estos no han logrado reducir los índices de conflictividad.

Por su parte, en este escenario de conflictividad, las empresas vienen desarrollando mecanismos que les permitan generar confianza y relación permanente con los diversos grupos de interés de sus zonas de operación. Uno de estos mecanismos ha sido el potenciar sus trabajos de relaciones comunitarias a través de políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), las que también han mostrado sus limitaciones por diversos factores propios de sus acciones o de factores externos que condicionan la continuidad o no de un proyecto.

Como lo ha advertido ^{Pertuz (2016}), los países y la comunidad internacional, con participación de la sociedad civil, empezaron a generar espacios de reflexión sobre el tema de la RSE, entendida como compromisos empresariales que contribuyen al desarrollo económico sostenible, con los colaboradores y sus familias, las comunidades locales y la sociedad en general (^{Rodríguez & Méndez 2018}) para brindar una mejor calidad de vida.

El otro mecanismo emergente es la Responsabilidad Social Corporativa, que se enfoca en que las empresas deben asumir los compromisos sobre consecuencias en temas ambientales y sociales producto de sus operaciones, con el objetivo de mejorar o revertir su reputación en el entorno social (^{García-Ortega et al. 2020}).

El objetivo de este artículo es analizar la responsabilidad social empresarial del sector minero y su relación con los conflictos socioambientales en el Perú durante los últimos cinco años, a través de la revisión bibliográfica de artículos científicos que permitan dar luces sobre los resultados de las investigaciones desarrolladas respecto a las políticas implementadas por el sector minero.

Para ello, se realizó una revisión bibliográfica en inglés y español de estudios realizados en el Perú, cuyo tema central fue la responsabilidad social en el sector minero, enfocándose en las materias de la responsabilidad social empresarial (RSE) y la responsabilidad social corporativa (RSC). Se usaron tres fuentes de búsqueda: a) fuentes primarias, a través de la búsqueda en revistas indexadas o arbitradas; b) fuentes secundarias, en revistas o encartes especializados en investigaciones sobre responsabilidad social empresarial-corporativa o del sector minero; y c) fuentes terciarias, referidas a libros que permitieron identificar las fuentes primarias.

2. Enfoques sobre responsabilidad social en el sector minero

A través de la revisión de literatura relacionada al tema del artículo, se identificaron distintos conceptos desarrollados por los autores. A continuación, se comparten los más relevantes para el contexto planteado en este documento.

Responsabilidad social empresarial (RSE). Son compromisos empresariales que contribuyen al desarrollo económico sostenible con los colaboradores y sus familias, las comunidades locales y la sociedad en general, para brindar una mejor calidad de vida. Lo que incluye acciones de voluntariado, compromiso ético, legalidad y economía (Rodríguez & Méndez 2018). En este entorno, las empresas buscan apoyar en actividades de capacitación y brindan apoyo a las actividades locales -como la agricultura, ganadería u otras actividades propias del entorno, compra de servicios, entre otros- (^{Frederiksen 2018}). La RSE, en los contextos económicos, sociales y políticos, se enmarca en una nueva visión de ética en el ámbito corporativo, mas no pasa de una política de voluntariado o simple compromiso. Sin embargo, en los últimos años, con la finalidad de mejorar su reputación, el sector empresarial ha visto la necesidad de compartir los dividendos con las poblaciones y comunidades de entorno y establecer una política de respeto con las poblaciones locales. ^{Medrano et al. (2019}) advierten que estos valores deben ser interiorizados no solo por la empresa, sino por sus stakeholders.

Para Sáenz y ^{Ostos (2020}), en los contextos actuales para ser una empresa exitosa, competitiva y sostenible, es impostergable la mejora continua de prácticas, como la participación comunitaria, y estándares que aseguren su reputación en el tiempo. En el mismo sentido, ^{Medrano et al. (2019}) mencionan que estas prácticas permitirán humanizar el trabajo de la empresa ante la sociedad, al involucrarse en la solución de los anhelos de su entorno; es decir, que sus valores empresariales internos se proyecten hacia la comunidad.

Responsabilidad social corporativa (RSC).^{García-Ortega et al. (2020}) hacen referencia a tres teorías que contextualizan la RSC. a) La “teoría del capital moral” -haciendo referencia a ^{Porter y Kramer (2006})- está enfocada básicamente al compromiso que deben asumir las empresas sobre consecuencias en temas ambientales y sociales producto de sus operaciones, con el objetivo de mejorar o revertir su reputación en los entornos sociales. b) La “teoría de la legitimidad” -tomado de ^{Chen y Roberts (2010})- consiste en evaluar si los valores aplicados dentro de la empresa son replicados en la sociedad y si los objetivos de la empresa están en sintonía con los objetivos de la comunidad donde operan. c) La “teoría de stakeholders”, denominado también “teoría de grupos de interés” -tomado de ^{Freeman (1984})- que señala que un individuo o grupo puede afectar o verse afectado durante las actividades del logro de los objetivos de la organización.

En este contexto de la RSC, ^{Delgado y Romero (2016}) conciben la participación de diversos actores, que involucran a la empresa, el Estado, la sociedad civil y organismos multilaterales; cada uno forma parte del grupo de interés que participa en el marco de sus competencias y responsabilidades. ^{Rey-Coquais (2020}) -haciendo referencia a ^{Durand (2008})-, indica que este modelo apareció como una estrategia de supervivencia resultado de las crisis sociales provocadas por los impactos producidos por sus trabajos. En el caso peruano, este modelo se aplicó en la mesa de diálogo en Moquegua para promover la aceptación del proyecto minero Quellaveco de Anglo American, espacio donde participaron el Estado -a través de sus tres niveles de gobierno-, la empresa, las comunidades, organizaciones de la sociedad civil y veedores internacionales.

Responsabilidad corporativa socioambiental. Abordada por ^{Fernández-Labbé (2020}) -haciendo referencia a ^{Bebbintong (2012)} y ^{Damonte (2011})-, indica que en este caso se parte de la premisa de que, en la actualidad, las empresas no son fuentes generadoras de empleo ni dinamizadoras de las economías locales o a quienes les adquieren bienes y servicios; en este contexto, las empresas mineras ya no se preocupan de la generación de empleo, sino de involucrarse en políticas empresariales de responsabilidad corporativa socioambiental y de programas de compensación por los impactos causados.

Responsabilidad social empresarial y valor compartido. Este enfoque ha sido acuñado por ^{Fernández-Labbé (2020}), -que toma como referencia la teoría planteada por Porter y Kramer (2011)-, y sugiere que mientras se mejoren las condiciones sociales y económicas de las comunidades aledañas, producto de las políticas y acciones directas de las empresas, estas mejorarán su competitividad, poniendo así a la empresa como el centro dinamizador de las actividades económicas y de desarrollo.

Gobernanza de recursos naturales no renovables. Refiere a la generación de normas, instituciones y procesos que determinen cómo se ejerce el poder y las responsabilidades sobre los recursos naturales y cómo toman las decisiones los ciudadanos -incluyendo mujeres, hombres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades locales- con el propósito de encontrar un desarrollo sin violencia ni conflictos en la que todos puedan encontrar una seguridad humana y vivir libres de condiciones violentas. ^{Schilling, Schilling-Vacaflor, Flemmer y Froese (2020}) añaden que un enfoque basado en la “gestión del territorio y los recursos naturales” -que básicamente le compete al Estado- genera escenarios de conflictividad. Por su parte, ^{Smart (2020}) resalta la dependencia de las políticas extractivistas de los Estados que generan expectativas de reducción de pobreza, desempleo y desigualdad, sin que esto se evidencie en la realidad.

Responsabilidad social empresarial solidaria. ^{Tabra (2018}) indica que este enfoque busca integrar a todas las partes -stakeholders- para alcanzar el bien común, donde cada uno aporta su cuota de responsabilidad para con la empresa y la comunidad, propuesta que pretende regular el comportamiento de cada uno, donde deben acreditar haber alcanzado metas y objetivos comunes. En este sentido, la empresa debe cumplir normas autorregulatorias, que alcancen a todos hasta certificar su cumplimiento; por otro lado, se plantea la emisión de normas metarregulatorias que promuevan incentivos para su cumplimiento; finalmente, se propone el estricto cumplimiento de las normas emanadas por el Estado. Consiguientemente, la responsabilidad social se extiende a los grupos de interés, como son los empleados, sindicatos, directivos de la empresa, proveedores -incluido el Estado- y la comunidad.

Green Innovation (GI). Término adoptado por ^{Aron & Molina (2020}), llamado también Innovación Verde, se refiere a la producción, asimilación o explotación de los recursos naturales, cuyos procesos de producción, servicio, gestión o método comercial sean innovadores y apunten a una reducción del riesgo ambiental o cualquier impacto negativo producto del aprovechamiento de los recursos. En esta propuesta hay factores internos y externos a considerar. Los factores internos se refieren a la existencia de precondiciones y características que se encuentran dentro de las empresas y facilitan su introducción a los cambios tecnológicos ambientales o que les permiten lograr una mejora tecnológica. Los factores externos consisten en diferentes incentivos y estímulos que se derivan de una amplia gama de actores y factores que influyen en las empresas (financiación externa y estructura de mercado, cadena de valor y vínculos).

A la par de estas revisiones conceptuales, ^{Medrano et al. (2019}) elaboraron una línea de tiempo para ver cómo este tema de la responsabilidad social y empresarial ha cambiado a lo largo de los siglos, dividiéndolas en fases: Fase Precursora (1776-1900), Fase Filantrópica (1900-1950), Fase Crítica (1950-1967), Fase de Problemas (1967-1973), Fase de Reconocimiento (1973-1980) y Fase de Compromiso (1980-hasta la actualidad).

^{Medrano et al. (2019}) hacen hincapié en la necesidad de considerar la gestión de los stakeholders en dos dimensiones: a) la dimensión interna, vinculada a los trabajadores, impactos ambientales ocasionados por la actividad, la gestión de los recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo, impacto ambiental y aprovechamiento de los recursos naturales, trabajadores y accionistas; y b) la dimensión externa, vinculada con los stakeholders, con quienes deben concertar para generar algún valor producto de sus operaciones, referidos básicamente a: comunidades locales, socios comerciales, proveedores y consumidores, problemas ambientales mundiales, grupos de opinión, el Estado y la administración pública.

Según Agüero (s.f.) -citado por ^{Pertuz (2016})-, en Latinoamérica, el tema de la RSE tiene una reciente incidencia en el sector empresarial, al igual que hay una reciente preocupación por parte de instituciones que la impulsan. Es así que encontramos el Cemefi en México (1988), el Instituto Ethos en Brasil (1998), Acción Empresarial en Chile (1999), mientras que en el caso peruano está la Ethos-Perú 2021.

3. Conflictos socioambientales

Sobre el concepto de conflictos, ^{Arizaca (2017}) -haciendo referencia a Lewis Coser- manifiesta que son cambios en los sistemas sociales que obligan a transformar nuevas relaciones a partir de las modificaciones normativas, incluyendo la redefinición de una nueva institucionalidad (pueden configurar innovaciones tecnológicas); además, dependiendo del grado de conflictividad y de tensión entre las partes, esto podría revertirse.

Por su parte, ^{Albrieu y Palazzo (2020}), ^{Nafziger y Auvinen (2000)} y ^{Sinnott, Nash y De la Torre (2010}) añaden a esta definición que los conflictos surgen cuando las partes interesadas consideran que las distribuciones, producto de los ingresos, no son justas; sobre todo, cuando hay una política económica del Estado basada solo en extractivismo y pierde su capacidad reguladora y fiscalizadora -política asociada a la existencia de grupos de poder económico cuyo objetivo son generar rentas-, dejando de lado el desarrollo económico de los grupos de interés.

^{Ccama, Jurado y Acero (2019}) -aludiendo a ^{Tanaka et al. (2007})- indican que los conflictos se dan cuando los actores perciben que se ven amenazados por terceros que pueden afectar sus intereses, situación a la que se suma la constante desconfianza de los pobladores locales frente al Estado y el comportamiento de las empresas.

Un concepto más amplio es el planteado por ^{Fernández-Labbé (2020}), que presenta una definición más centrada en temas territoriales y enfocados a recursos naturales, enraizado en un conflicto socioterritorial que supone que la esencia del conflicto es el territorio.

Las instituciones estatales, que tienen un rol importante respecto al seguimiento y gestión de los conflictos en el país, acuñaron sus propias definiciones sobre conflicto social y conflicto socioambiental. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo (2020), en su reporte de conflictos sociales que emite mensualmente, considera que el conflicto social es un proceso complejo donde sectores de la sociedad, el Estado y empresas están involucrados cuando consideran que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y estos podrían desencadenar violencia. Por su parte, la Presidencia del ^{Consejo de Ministros (2012),} considera el conflicto social como el proceso entre dos actores que tiene alguna interdependencia, donde hay contraposición de interés, y alguno de ellos puede realizar alguna acción con el objetivo de prevalecer; además, esas acciones podrían amenazar a la gobernabilidad y el orden público.

Para la identificación y seguimiento de los casos de conflictos socioambientales, las dos instituciones estatales, la Defensoría del Pueblo y la PCM, han desarrollado en su metodología una clasificación de tipos de conflictos que muestran diferencias entre ellos:

Elaboración de los autores en base a ^{PCM (2014}: 12) y ^{Defensoría del Pueblo (2020}: 16).

La Defensoría del Pueblo es la única que incluye la clasificación de “socioambiental” y además identifica este tipo de conflicto en sus reportes mensuales. Por ejemplo, en el informe N° 192 de enero de 2020: de 191 conflictos registrados, 129 son conflictos socioambientales; es decir, representa el 67.5% del total de conflictos. ^{Ccama, et al. (2019}), a partir de estos informes, elaboraron un informe dando cuenta del comportamiento de estos conflictos, desde el año 2007 al 2018, en el que se observa que el porcentaje de conflictos vinculado al tipo socioambiental tuvo el mismo comportamiento a lo registrado en enero de 2020: entre 2004-2007 hubo 77% de conflictos socioambientales, en 2008, 75 %, en 2013, 72.3 %, en 2014, 71.4%, en 2015, 65.9%), en 2016, 62%, en 2017, 64.6% y, finalmente, en 2018, con 66.1%.

4. Factores que influyen en los escenarios de conflictividad

Con la información obtenida se han identificado las causas o factores que generan o condicionan los conflictos en torno a la actividad minera, los cuales se presentan a continuación.

Factores globales. Determinan los mercados al incrementar las demandas de volumen e intensidad en la extracción de recursos e intromisión de la banca multilateral -como el FMI o el BM, que impulsan políticas abiertas en países como el Perú-, lo que ha generado una dependencia de la inversión extranjera. Además, hay una repolitización del extractivismo, con mayores controles de los Estados y colectivos sociales en permanente movilización (^{Smart 2020}). A esto se suma una imperante preocupación global por el cambio climático (^{Aron & Molina 2020}), tema que incide en la toma de decisiones de las empresas y las políticas públicas de los países.

Factores políticos y económicos internos. Referidos básicamente a una permanente amenaza de crisis económica, intereses particulares y de grupo, intereses políticos, permanente crisis e incertidumbre de la política nacional (^{Medrano et al. 2019}).

Factores de institucionalidad estatal. Se han identificado al menos tres: a) debilidad de la institucionalidad de los diversos niveles de gobierno al no tener una presencia efectiva en cumplimiento de sus funciones (como dotar de servicios básicos y de comunicación a la población) (^{León 2019}, ^{Ostos & Sáenz 2020}); ^b) debilidad del Estado en liderar una gobernanza de la gestión de recursos naturales, que puede afectar el futuro de los ecosistemas y la vida de las personas (Shilling et al. 2020); a ello se suma c) la poca eficacia en la sanción a las empresas que incumplen las normas ambientales (^{Smart 2020}, Castellares & Fauché 2020), generándose desconfianza de la población frente a la actuación del Estado, asociándolo como aliado de las empresas (^{García-Ortega et al. 2020}).

Marco normativo nacional. Hay un permanente cuestionamiento al capítulo económico de la Constitución Política del Perú (^{Ccama et al. 2019}), en el mismo sentido se demanda la actualización de la ley de minería, una adecuada aplicación de la consulta previa, descentralización política y económica, y el fortalecimiento de la fiscalización en temas sociales y ambientales (^{Fernández-Labbé 2020}). A ello se suma la demanda por una efectiva participación ciudadana en todas las etapas de la actividad minera (^{Arizaca 2017}).

Situación socioeconómica. Las regiones con mayor presencia de inversión minera, paradójicamente, tienen alto índice de pobreza económica, que se convierte en un motor generador de conflictos (^{León 2019}). Hay una demanda por una adecuada distribución económica generada por la actividad minera (^{Medrano et al 2019}), que debería atender el desarrollo humano de las localidades (^{Arizaca 2017}, ^{Castellares & Fouché 2017}), a esto se suma la poca capacidad de gasto de los gobiernos regionales y locales (^{Schwarz 2018}).

Transparencia de la actividad minera. La falta de acceso a los informes sobre la actividad minera y su consecuente desinformación son generadores de conflictos (^{Castellares & Fouché 2017}), por lo que se demanda informes sobre las acciones de RSE, difusión que debería ser de calidad en contenido y con pertinencia cultural (Rodríguez & Méndez 2018), porque un trabajo de información oportuna y clara es valorado positivamente por la población local (^{García-Ortega et al. 2020}). Esto hace contraste con el desconocimiento de la población local sobre las implicancias de una negociación de sus tierras con las empresas, desconocimiento enfocado en la valoración de sus tierras o sobre la priorización de sus necesidades, que los pone en situación de desventaja (García-Ortega et al. 2020).

Mecanismos de solución de conflictos poco eficaces. Los espacios de negociación y gestión de conflictos liderados por el Estado son poco eficaces y generan desconfianza en la población (^{Castellares & Fouché 2017}, ^{García-Ortega et al. 2020}), por lo que debe fortalecerse (^{Fernández-Labbé 2020}) con técnicas de negociación entre empresa, comunidad y Estado (^{Medrano et al. 2019}).

Incumplimiento de compromisos. Se denuncia un permanente incumplimiento de las empresas y del Estado frente a compromisos asumidos en temas de oferta laboral y apoyos directos que se acumulan en el tiempo (Rodríguez & Méndez 2018, ^{Ostos & Sáenz 2020}).

Movilidad social. Las comunidades con presencia de actividad minera generan procesos migratorios de los mismos pobladores o de foráneos, todos con la esperanza de oportunidades laborales, problemática que no es abordada por ninguna de las partes interesadas, ni desde el Estado ni desde la actividad privada (^{Castillo & Brereton 2018}).

5. Resultados

En los trabajos de investigación revisados se advierte que hay una diversidad de conceptos, definiciones y enfoques que se vienen innovando, con el propósito a ayudar a las empresas a ser responsables y sostenibles en el desarrollo de un proyecto y su reputación con las poblaciones locales, condición que permitiría seguir operando en un escenario con un nivel de conflictividad mínimo.

En este sentido, los trabajos de investigación revisados, en el marco teórico sobre responsabilidad social y vinculados a las actividades mineras, utilizaron diversos enfoques teóricos, como: La Responsabilidad social empresarial (RSE), abordado por Rodríguez y Méndez (2018), ^{Frederiksen (2018}), ^{Wirth, Kulszcka, Hausener y Kónski (2016}), ^{Medrano et al. (2019}) y Sáenz y ^{Ostos (2020}). La Responsabilidad social corporativa, por otro lado, es abordada por ^{Rey-Coquais (2020}) y ^{Delgado y Romero (2016}). Los enfoques de Responsabilidad corporativa socioambiental y Responsabilidad social empresarial y valor compartido, son abordados por ^{Fernández-Labbé (2020}). El enfoque de Gobernanza de recursos naturales, por ^{Schilling et al. (2020}). El enfoque de Responsabilidad social empresarial solidaria, por ^{Tabra (2018}). Y, finalmente, el enfoque de Green Innovation o Innovación Verde, por ^{Aron y Molina (2020}).

Un elemento importante que se ha identificado en la revisión bibliográfica es el concepto de stakeholders o grupos de interés, teoría planteada por Edward Fredman y trabajada ampliamente por ^{Delgado y Romero (2016}), quienes hacen hincapié en la necesidad de fortalecer estrategias de trabajo directo con las comunidades locales, situación que podría condicionar el éxito o no para lograr la Licencia Social de Operaciones y el desarrollo del mismo proyecto. Además, el enfoque de stakeholders también debe ser un criterio de trabajo del Estado, fortaleciendo una política pública transparente, participativa, sobre todo considerando las condiciones socioculturales locales, en situaciones de conflictividad e implementación de programas y proyectos de desarrollo.

Respecto al abordaje sobre el tema de conflictos, en las investigaciones revisadas, a pesar de que los trabajos están enfocados a relacionar la RSE con conflictos, no se desarrolla con la misma amplitud los conceptos y definiciones sobre conflictos sociales, tema que es abordado solo por ^{Arizaca (2017}), ^{Albrieu y Palazo (2020}) y de ^{Ccama et al. (2019}). Estas pocas definiciones distan de lo planteado por la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros, encargados del seguimiento y gestión de conflictos, respectivamente. Además, lo definido por las Defensoría del Pueblo y PCM también tiene sus diferencias, lo que no ayuda a tener un enfoque uniforme en la gestión de conflictos socioambientales.

En la literatura revisada, en ninguno de los casos se ha advertido una definición sobre conflictos socioambientales propiamente dicho. Sin embargo, entidades técnicas del Estado vinculadas a temas ambientales y de recursos hídricos, como el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sí han realizado esta definición. El MINAM, a través de la RM 079-2014-MINAM, considera algunos criterios, como la disputa de intereses que se contraponen respecto al uso, acceso, control, aprovechamiento o conservación de los recursos naturales, para evitar daños al medio ambiente o para su recuperación. La ^{ANA (2014)} añade que estos conflictos pueden ser de orden político, económico, social y cultural.

Un elemento que los diversos autores revisados señalan, indistintamente, es el referido al origen o factor de conflictividad, al que también denominan como “determinantes de los conflictos”. Esta dispersión de análisis de los conflictos puede generar confusión al momento de hacer una adecuada discusión de los resultados de las investigaciones emprendidas. Por ejemplo, ^{Castellares y Fouché (2017}) clasifican como “determinantes”, entre otros, a la pobreza, la desigualdad, incumplimiento de compromisos, institucionalidad, transparencia. Mientras que ^{León (2019}) identifica a los generadores de conflictos como “factores”, los cuales son: económicos, sociales y políticos; en la misma línea, ^{Ostos y Sáenz (2020}) identificaron factores relacionados con el agua, la tierra, medio ambiente, cuestiones sociales, compromisos y desarrollo.

6. Conclusiones

A manera de conclusiones, se puede decir que respecto a los enfoques en responsabilidad en temas vinculados a la actividad minera se presentan varios conceptos, como responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, responsabilidad corporativa socioambiental, responsabilidad social empresarial y valor compartido, además de otras propuestas emergentes como responsabilidad social empresarial solidaria o la Green Innovation. Pero todos coinciden en la necesidad de involucrar a los grupos de interés o a los stakeholders.

Sobre el marco conceptual concerniente a los conflictos, los distintos autores revisados hacen referencia, en su mayoría, al concepto de “conflictos sociales” y en pocos casos hacen referencia a un concepto específico sobre “conflictos socioambientales”. Esto se refleja cuando las investigaciones realizan una clasificación respecto a las causas o factores que desencadenan los conflictos sociales o socioambientales.

Como hallazgo y sugerencia, podemos considerar algunos retos alentadores que podrían convertirse en paradigmas de una actividad minera ambiental y socialmente amigable. Entre los retos está el replantear las políticas de RSE o RSC, considerando que pueden constituirse en un eficaz proceso de reconciliación entre los grupos de interés (^{Tabra 2018}) en un escenario donde haya una dinámica permanente entre institucionalidad, aspectos políticos, económicos y culturales. Estas dinámicas se producen en contextos mineros, en donde los stakeholders juegan un rol importante (^{Damonte 2020}); además, las empresas deben generar una cadena de valor, como las generadas por Inca Minerales en el Distrito de Damián (^{Sáenz 2017}), o como la experiencia de la mesa de diálogo de Quellaveco que logró redefinir un nuevo estándar de gobernanza (^{Rey-Coquais 2020}). Por tal razón, la RSE puede influir internamente en la empresa, pero se evidencia que tiene poca repercusión en la comunidad de su entorno (^{Frederiksen 2018}).

Otro reto está centrado en la innovación tecnológica y ambientalmente amigable (^{Aron & Molina 2020}) con la incorporación de diversas visiones sobre desarrollo, con la finalidad de hacer una adecuada planificación de desarrollo local (^{Ostos & Sáenz 2020}). Todo ello no sería posible sin una participación y diálogo permanente con las comunidades (^{García-Ortega et al. 2020}).