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INTRODUCCIÓN
La seguridad ocupa el centro de las preocupaciones de los ciudadanos y de las ciudadanas en América Latina y en Paraguay (Lagos, y Dammert, 2012). Se destinan ingentes recursos para enfrentarla y, en Paraguay el discurso de la inseguridad es el argumento constante para la modificación de normas penales, restando cada vez más, garantías penales y procesales (Martens, 2014).
¿Pero cuán insegura es Paraguay, y por sobre todo, cuánto se conoce de la inseguridad que afecta a la población?Muy poco. De hecho, la inexistencia de registros y de instituciones que sistematicen analíticamente los datos sobre la criminalidad, es una de las principales dificultades para su abordaje científico (ENV, 2010). Quizá esta sea una de las causas por la que, a pesar de la disminución gradual del índice de homicidios (UNDOC, 2014), la población sigue siendo una de las más temerosas de la región, por encima de países como Brasil, contasas superiores (Martens, 2014).
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Policía Nacional 2010-2015
Tabla I: Índice de homicidios por cien mil habitantes 2010-2015
El Ministerio del Interior (2010) ha reconocido que el principal obstáculo con el que se han encontrado para el abordaje de la inseguridad, ha sido la escasa producción intelectual sobre el fenómeno. No obstante, y a pesar de ocupar un amplio espacio en todos los medios masivos de comunicación social, muy pocos académicos; organizaciones, universidades u ONG's, se han ocupado de estudiar y analizar este problema, utilizando metodologías y técnicas de medición que tengan el suficiente rigor científico (Ministerio del Interior, 2010; Ministerio del Interior, 2013).
La gran dificultad con el que se encuentran, los que pretenden analizar rigurosamente el crimen y sus consecuencias en Paraguay, como los costos económicos,es la limitada disponibilidad de informaciones de calidad respecto a la delincuencia (Aboal, Lanzilotta, Vázquez, Bazzano, Domínguez, y Vairo, 2013).
A partir de la identificación de esta necesidad, en este artículose realiza un caracterización de las encuestas de victimización y su utilidad para la elaboración de políticas públicas que tiendan a garantizar la seguridad de las personas, a partir de datos ciertos. Se la presenta como una herramienta complementaria a los datos objetivos para el diagnóstico del fenómeno delictivo, pero necesaria para una descripción acabadade los índices de la criminalidad real.
Al constituirse en un artículo de revisión se ha escogido como estrategia metodológica la recopilación yanálisis de la documentación secundaria en castellanoe inglés producida en Paraguay, primeramente; luego, la realizada en América del Sur, y finalmente, las del ámbito académico internacional(Guirao-Goris, Olmedo Salas, y Ferrer Ferrandis, 2008; Garcés Cano y Duque Oliva, 2007). Los principales motores de búsqueda utilizados fueron dos: El Centro de Información Científica del Conacyt (CICCO) y el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad de Barcelona.
Pretende constituirse en un artículo de difusión sobre este instrumento, aún novedoso, tanto en el ambiente político como académico en Paraguay, ya que las encuestas de victimización se han vuelto esporádicas o apéndices de otras (LAPOP, 2014).
La primera encuesta nacional de victimización se realizó a instancias del Ministerio del Interior en el año 2009. Parcialmente, sus resultados fueron publicados en septiembre de 2010. Si bien se informó de la realización de otra encuesta2 (Aboal, Lanzilotta, Vázquez, Bazzano, Domínguez, y Vairo, 2013), a pesar de la búsqueda, no se ha podido localizar la publicación de sus hallazgos, aunque sí algunos documentos e informes que hacen referencia a los mismos (Ministerio del Interior, 2013).
Las fuentes del conocimiento de la criminalidad
Existen diversas fuentes para el acceso a los datos de la criminalidad en un país.En general las instituciones encargadas de la prevención y represión cuantifican sus actuaciones. Los resultados de estas sistematizaciones dan idea de cuánto y qué tipo de criminalidad llegaron al conocimiento de las mismas. Se las conoce como fuentes administrativas del delito (Torrente, 2001).
Sin embargo, estas fuentes tienen sus limitaciones. Una de estas, deriva del hecho que registran, en primer lugar;para los fines institucionales, por otro lado y tienen la capacidad de apuntar sólo aquellos que llegan a su conocimiento. Sozzo (2003) profundiza esta cuestión al sostener que las estadísticas policiales también tienen el sesgo ligado al interés de las autoridades de presentar cifras satisfactorias para la población, sobre todo en tiempos electorales, además de padecer limitantes relacionadas con la sobre representación de algunos delitos, como por ejemplo el robo de vehículos y sus accesorios.
Para Sozzo (2003) la limitación principal de las fuentes administrativas radica en que sólo un pequeño porcentaje de los delitos se denuncian y por tanto, se registran. La porción mayor de hechos punibles que ocurren pasa inadvertida a las instituciones encargadas del control.
Esto es así, porque la denuncia de un delito se ve mediada por varios factores tales como la relación entre víctima y victimario; por lo general, un delito que involucra como actor a un allegado de la víctima (pariente, vecino, amigo) no se denuncia; muchas víctimas desconocen su condición, es decir, no identifican como punible el hecho que han sufrido; la desconfianza en las autoridades también incide en la decisión de denunciar (Torrente, 2001).
De esta manera, en los registros oficiales no aparecen esta porción de delitos o crímenes, cuyas víctimas, por el motivo que fuese, no los han puesto a conocimiento de las autoridades. Si bien existieron fácticamente no fueron cuantificados en las estadísticas oficiales.
Es que las fuentes administrativas, como las estadísticas policiales y judiciales, no pueden ofrecer por sí mismas un análisis suficientemente confiable y exhaustivo del delito, por eso las encuestas a las víctimas son ya una herramienta reconocida que ayuda a los gobiernos y a su público a comprender sus problemas delictivos y la mejor manera de abordarlos (Naciones Unidas, 2009).
Por ello, las encuestas de victimización nacieron con el objetivo de registrar estos hechos que no se denuncian y por lo tanto quedan invisibilizados en las fuentes administrativas de la criminalidad. En este sentido, Sozzo y Montero, (2013)explican que las encuestas de victimización surgieron como una forma de enfrentar el problema de la cifra oculta con respecto a las estadísticas oficiales.
Las encuestas de victimización
Los planes de seguridad, sean estos nacionales o regionales, deben penetrar en la cifra oculta de la criminalidad, ya que la efectividad de los mismos dependerá de la eficacia con la que se ha abordado este problema. Es en este desafío en que aparecen las encuestas de victimización como instrumentos insustituibles para desentrañar y visibilizar el contenido de esta cifra oculta. Estas se han transformado en menos de cuarenta años en uno de los indicadores de la delincuencia más utilizados (Aebi & Linde, 2010).
En ocasiones, estas cifras ocultas difieren substancialmente de las fuentes administrativas (Martens y otros, 2010) por lo que su omisión dará un contenido no real a los planes de seguridad. Se ha documentado que en determinados tipos delictivos, esta cifra ocultapuede llegar hasta a un 73 por ciento del total de delitos ocurridos (Quinteros, 2014).
Por ello, los criminólogos, con el afán de dibujar un mapa cada vez más real de la delincuencia, vienen desarrollando distintos instrumentos de medicióndel delito. Uno de los más importantes en los últimos años, es la encuesta de victimización que en lugar de contabilizar los delitos denunciados a la Policía o al Ministerio Público, pregunta directamente a la población sobre su experiencia con el delito (Pérez-Cepeda & Benito-Sánchez, 2013; NCVS, 2014).
De esta manera, estas encuestas son informaciones cuantificadas sobre comportamientos efectivamente producidos en la vida social, presuntamente delictuosos, generadas a partir de encuestas realizadas a domicilios particulares a ciudadanos, por lo general mayores de 15o 16 años, sobre sus propias experiencias de victimización y las de su grupo conviviente en un cierto periodo de tiempo, ya sean los últimos 6, 12, 18 o 24 meses(NCVS, 2014; Sozzo & Montero, 2013).
La utilidad de esta herramienta como mecanismo de acceso a los datos sobre criminalidad lo ha consolidado y ha hecho que varios países de distintos contextos lo hayan adoptado. De esta manera nació la Encuesta Internacional de Victimización (International Crime Victims Survey, por sus siglas en inglés). Esta encuesta se realizó por primera vez en 1989 con el objetivo principal de promover la investigación criminológica comparada más allá de las limitaciones de la delincuencia registrada de forma oficial (Pérez-Cepeda & Benito-Sánchez, 2013).
La Encuesta Internacional se aplica en países desarrollados como en vías de desarrollo. La quinta ronda (2004/2005) recopiló datos de 30 países, entre las que se encontraban Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú), Ciudad de México (México), Río de Janeiro y San Pablo (Brasil). En Paraguay se aplicó por primera vez entre mayo y junio de 2009 y sus resultados parciales se publicaron en el 2010 (Ministerio del Interior, 2010).
METODOLOGÍA DE LAS ENCUESTAS
La Encuesta Internacional de Victimización busca recoger información sobre las experiencias de victimización y además con relación a la actitud frente al delito y las percepciones sobre el funcionamiento de las instituciones del sector justicia. De allí que sean varias las ventajas que se derivan de la misma (García-España, Diez Ripollez, Pérez Jiménez, Benítez Jiménez, & Cerezo, 2010).
En general, buscan capturar tanto los incidentes delictivos denunciados a la Policía como aquellos no denunciados, seleccionando aleatoriamente un muestreo de la población y preguntándoles directamente sobre sus experiencias de victimizción delictiva (Naciones Unidas, 2009).
Con las encuestas de victimización se pueden estimar el porcentaje de población victimizada; se conocen las circunstancias en que ocurrieron las distintas infracciones; se adquiere informacion sobre las causas por las cuales no se denuncian determinados delitos; se estima la tasa de los delitos no denunciados, la cual posibilita realizar la estimación total de las infracciones cometidas; se recaba la opinión de la población respecto al funcionamiento de la Administración de Justicia; y se obtiene un barómetro del sentimiento de inseguridad de la población (García-España, Diez Ripollez, Pérez Jiménez, Benítez Jiménez, & Cerezo, 2010).
Si bien la ICVS nació en el contexto académico, desde sus orígenes es coordinada por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI, por sus siglas en inglés). La importancia de la Encuesta Internacional es destacada por académicos y políticos. El profesor Jan Van Dijk, impulsor de la misma ha sido galardonado por el Premio Estocolmo de Criminología 2012, en donde el co-presidente del Jurado, Lawrence Shermann, manifestó que la Encuesta es el mayor esfuerzo realizado a nivel internacional aplicando la ciencia de la criminología para medir y comparar las tasas y tendencias de la delincuencia, cómo afecta a las víctimas, y cómo las víctimas perciben las respuestas gubernamentales (Pérez-Cepeda & Benito-Sánchez, 2013).
Aebi y Linde (2010) explican que actualmente existen cuatro métodos básicos para administrar un cuestionario: por correo, a través de una entrevista telefónica, a través de una entrevista cara a cara y a través de internet. Cada uno tiene la potencialidad de recoger con mayor precisión uno u otro tipo de delito(Guzzy & Leitgob, 2015). A su vez, estas metodologías se sirven de diferentes técnicas para ingresar las respuestas. En Paraguay, la Encuesta de 2009 ha utilizado la entrevista cara a cara.
Dependiendo de los países en los cuales se realice la encuesta, se aplica una u otra metodología, ya que tiene que ver con la penetración telefónica y los costos. En los últimos años, en los países desarrollados se viene consolidando como el más usado, el sistema CATI, por sus siglas en inglés (Computer Assisted Telephone Interviewing), es decir, el modo telefónico (González Sánchez , 2010).La razón principal por la cual este sistema se ha impuesto es que implica una reducción importante de los costos, ya que,realizarla por teléfono o realizarla en persona implica una diferencia entre un 33% y un 50%en el costo económico, así como la mayor velocidad en el recogido de datos. La reducción del costo de la encuesta, que en muchos casos significa, directamente su viabilidad (González Sánchez , 2010).Este método sería inviable en Paraguay, ya que la penetración de la telefonía fija es apenas del 19,2 %(DGEEC, 2014).
En cuanto a la estructura y al contenido de las encuestas, la International Crime Victims Survey ha avanzado hacia la estandarización de manera a facilitar la comparación de los resultados, realizándose ajustes, según el país y grupos específicos a ser indagados (Tamarit Sumalla, Luque Reina, Guardiola Lago, & Salinero Echeverría, 2011).
Limitaciones de las encuestas de victimización
Las encuestas sobre la victimización delictiva, son mediciones que,son particularmente valiosas en cuanto preguntan directamente a las personas de la comunidad sobre sus experiencias con el delito. El conteo de las víctimas identificadas por medio de las encuestas podría no aparecer en las estadísticas oficiales, ya que el delito podría no ser denunciado o registrado por la Policía o el Ministerio Público, por lo tanto, los cálculos sobre la victimización producidos a partir de las encuestas tienen una tendencia a ser más elevados que los obtenidos a partir de los registros oficiales (Naciones Unidas, 2009).
Sin embargo, también cabe destacar que debido a ciertas restricciones metodológicas, las encuestas de victimización delictiva no puedan ofrecer una medida definitiva del número total de actos ilegales que ocurren en la comunidad. Aparte de la cuestión de la sub demanda del delito experimentado por las víctimas ante los entrevistadores, las encuestas a las víctimas únicamente pueden identificar incidentes penales en los que hay una víctima identificable, dejando sin registrar los delitos conocidos como carentes de víctimas, tales son los ambientales (García-España, Diez Ripollez, Pérez Jiménez, Benítez Jiménez, & Cerezo, 2010).
Igualmente, la precisión de las estadísticas se ve influenciada por la capacidad de las personas de recordar las victimizaciones pasadas. Entre mayor sea el periodo transcurrido, menos probable será que el incidente sea recordado (Sozzo, 2003).
Reflexiones finales
Las encuestas nacionales de victimización delictiva ofrecen una valiosa fuente de información a los autores de políticas públicas de seguridad y pueden usarse para comprender el nivel y la naturaleza del delito personal y doméstico, así como la percepción del público sobre la seguridad en la comunidad y la confianza que tiene en las agencias del cumplimiento de la ley (Naciones Unidas, 2010). Son fuentes indispensables para la elaboración de políticas públicas que aborden integralmente el problema de la delincuencia (Lynch, 2014).
Teniendo en cuenta que los riesgos reales como los perceptuales del delito son indicadores del bienestar de la comunidad y se pueden conocer únicamente más acabadamente, a través de la combinación de las fuentes administrativas del delito con las encuestas de victimización, es preciso que los tomadores de decisión apuesten a este instrumento para el diagnóstico de la problemática de la seguridad en Paraguay.
Como reconoció el Ministerio del Interior (2010), el problema del abordaje de la seguridad en Paraguay se ve obstaculizada por la falta de datos que describan las necesidades específicas de seguridad de los distintos grupos y colectivos sociales que componen la sociedad paraguaya.
Las fuentes administrativas del delito sólo ofrecen una visión parcial y sesgada. Estas deben ser complementadas por encuestas de victimización a nivel nacional, así como otras destinadas a conocer las necesidades específicas de determinados sectores, considerados más vulnerables ante conductas delictivas, tales como las mujeres, los niños y niñas, principalmente aquellas en situación de calle, propietarios de negocios en zonas urbanas y periféricas, migrantes, entre otros.
Con relación a la metodología a ser aplicada en Paraguay, la baja penetración de la telefonía fija, que alcanza apenas a un 19,2 por cientode los hogares (DGEEC, 2014), el método más apropiado sería el de la entrevista cara a cara.
La criminología ha avanzado en la elaboración de metodologías e instrumentos específicos de medición de la delincuencia y la desviación que aún no están siendo utilizados en Paraguay. La difusión de estos instrumentos por parte de la academia contribuirá a fortalecer los sistemas públicos de abordaje de la criminalidad y las estrategias de prevención y represión.
