ARTÍCULO ORIGINAL

 

Desplazados y relegados. Cuestiones de pobreza, segregación y agencia¹

Displaced and relegated. Issues of poverty, segregation and agency

 

Walter Fernando Brites²

 

1. Esta investigación se enmarca en el proyecto Economía Sociedad y Procesos Hegemónicos en la Provincia de Misiones (ESOHE), Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Código 16 H 328, CONICET, Argentina.

2. Dr. en Antropología Social. Investigador asociado al grupo de trabajo “Derecho a la Ciudad en América Latina”, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Investigador Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Misiones, Argentina.

Correspondencia: Dr. Walter Fernando Brites. E-mail: briteswalter@yahoo.com.ar

Recibido: 16/09/2013; Aceptado: 11/11/2013.

 

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Resumen: Este artículo analiza desde una perspectiva cualitativa las diferentes situaciones de adversidad experimentada por la población del conjunto habitacional San Isidro, el último construido por la hidroeléctrica Yacyretá para culminar la relocalización en la ciudad de Posadas (Argentina). Se enfatiza como el aislamiento y la segregación de este nuevo lugar de vida, que presenta carencias de bienes y servicios de consumo colectivo, genera un nuevo espacio de dificultades para la vida cotidiana. Por otro lado, más allá de plantear las consecuencias negativas del traslado, visto como la relegación en la periferia, se plantea el desarrollo de la capacidad de agencia y prácticas transformativas que despliega la población relocalizada, como un mecanismo tendiente a mejorar las condiciones de existencia.

Palabras clave: Desplazamiento, vulnerabilidad, hábitat, demandas, organización colectiva.

 

Abstract: This article analyzes from a qualitative perspective the different situations of adversity experienced by the population of the San Isidro housing complex, the last built by the hydroelectric Yacyretá, to finish the relocation in the city of Posadas (Argentina). It is designated as the isolation and segregation of this new place of living, which have poor infrastructure and collective services, generates a new space of everyday life difficulties. On the other hand, beyond raising the negative consequences of the relocation, considered as the relegation in the periphery. It stated in this work, that the population relocated, have agency capacity and transformative practices as a mechanism aimed at improving living conditions.

Keywords: Displacement, vulnerability, habitat, demands, collective organization.

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INTRODUCCIÓN

El objetivo del estudio es analizar como los relocalizados aún bajo condiciones de pobreza y desventaja en un espacio segregado, gradualmente desarrollan capacidad de agencia para hacer frente a las adversidades cotidianas. El conjunto habitacional de referencia, San Isidro se localiza en la periferia de la ciudad de Posadas y fue construido por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para relocalizar a familias de las zonas de afectación del embalse. Su poblamiento abarca el período comprendido entre los años 2008 y 2010. Durante ese lapso fueron entregadas más de 1.584 viviendas, todas ellas de diseño estandarizado y homogeneidad arquitectónica.

Los hogares relocalizados en San Isidro, provienen del último remanente de población asentada intersticialmente en distintos tramos de la costa ribereña y arroyos urbanos de Posadas. El proceso de relocalización estuvo a cargo del sector Reasentamiento de la EBY e implicó una minuciosa logística para el traslado: talleres sobre el uso y conservación de las viviendas, el conocimiento del barrio mediante visitas previas al traslado, información sobre los futuros vecinos, contratación de servicios para facilitar la mudanza, etc. El propósito fue corregir experiencias anteriores de descontento vecinal y resistencia al traslado. No obstante, en muchos casos el descontento fue inevitable.

Al momento del proceso relocalizatorio y con el propósito de generar actividades de acompañamiento social a fin de favorecer la adaptación de las familias a los nuevos lugares de reasentamiento, la EBY implementó el Plan de Rehabilitación y Apoyo Social (PRAS). Este plan contó con una importante asignación de recursos y asistencia técnica para la rehabilitación social: apoyo al desarrollo socio-comunitario, recomposición de redes sociales para restituir las estrategias de subsistencia e inserción económica y laboral; promoción de agentes comunitarios, acceso a los servicios básicos de salud, educación formal y sanitaria, etc.

La característica más marcada de la población es la precariedad de sus condiciones socio-económicas: hogares con jefes de bajo nivel educativo, insertos en el sector informal del mercado de trabajo, en una multiplicidad de actividades laborales que conjugan la baja calificación, el trabajo en negro y la inestabilidad de ingresos monetarios.

En muchos casos, con anterioridad al traslado, la subsistencia de estos hogares dependía de un conjunto de estrategias basadas en: 1. actividades auto-productivas -cría de gallinas, cerdos, elaboración de pan casero etc.- y 2. su inserción en redes de proximidad (Castel, 2004) para acceder a recursos como el trabajo o la ayuda doméstica. Al margen de esta situación, en el contexto de pre-traslado muchas personas lograron acreditar fuentes de ingresos propias: olerías (fábricas artesanales de ladrillos), pequeños talleres, despensas, kioscos, verdulerías, etc., por lo que fueron objeto de una indemnización adicional por parte de la EBY.

El proceso relocalizatorio incrementó los niveles de vulnerabilidad e inestabilidad económica. El desplazamiento a varios kilómetros de sus tradicionales lugares de residencia impidió la continuidad de las habituales prácticas productivas, y además derivó en pérdidas de capital social. Muchos pobladores sufrieron una visible desestructuración del vasto y consolidado campo de sociabilidad del que disponían antes del traslado y que posibilitaba la obtención de recursos como: changas, “pedir fiado” o recibir ayuda de vecinos frente a situaciones de emergencia.

En este sentido, el aislamiento y la segregación espacial conllevaron variadas limitaciones, entre otras la interrupción de la interacción con sectores sociales de mayor poder adquisitivo como eventuales fuentes de trabajo. Como sostienen Blakely y Snyder (1997, p. 22), “no hay contrato social sin contacto social”. De este modo, más que desintegración, la segregación generó un nuevo modelo de integración social urbana; donde la distancia física, de alguna forma, repercutió en la distancia social.

Es ampliamente conocido que los procesos de relocalización generan efectos perturbadores en las condiciones y estilos de vida de los afectados, ya que en gran medida concurren a desorganizar o desestructurar los sistemas de subsistencia y reproducción que los desplazados habían logrado configurar en sus contextos sociales anteriores (Bartolomé, 1985; Brites 2002). Así, la nueva vida, más adversa y costosa en la periferia, el incremento de los niveles de pobreza y el desempleo han implicado que muchas familias crearan o recrearan nuevas estrategias de supervivencia.

Antes de la relocalización algunos pobladores desarrollaban actividades productivas, algunas de ellas vinculadas a la elaboración artesanal de ladrillos y otras al cirujeo (recolección de distintos tipos de residuos reciclables). En ambas actividades el caballo era un instrumento de trabajo tanto para la tracción del malacate que mezcla el barro que compone el ladrillo, como también para tirar carretas para el transporte de cartones, plásticos y otros materiales de reciclaje para la venta en acopiadores. Muchas de las personas que anteriormente desarrollaban estos y otros emprendimientos productivos en sus asentamientos de procedencia, denunciaron además del desarraigo, la pérdida de sus medios de subsistencia y el quiebre del bienestar socio-económico que poseían. Ello se tradujo en demandas judiciales, obligando a la EBY a iniciar “laudos de negociación cerrada”, proceso definido más tarde por la EBY como familias beneficiarias de “Apoyo Económico”³.

El empleo rentado de las mujeres en el servicio doméstico también se ha visto afectado por el proceso relocalizatorio. La lejanía del nuevo barrio, el tiempo de traslado y fundamentalmente el costo del transporte generaron ciertas dificultades para la continuidad de esas actividades. La informalidad y la baja remuneración que tradicionalmente caracterizan al trabajo doméstico no compensaron los costos de ir a trabajar y por lo tanto, aquella actividad fue evaluada como no rentable. En otras palabras la regularidad de este proceso denota que estas fuentes de trabajo, de hecho funcionales y productivas en un contexto de pre-traslado, perdieron esa significación en el nuevo entorno. La sostenida situación de carencia de recursos de subsistencia y de incertidumbre incrementada ha instalado de manera latente el conflicto. Un vecino recuerda que son reiteradas las veces que escuchó hablar sobre rumores e intentos de cortes de ruta en reclamo de trabajo y asistencia social.

Más allá de las viviendas nuevas, por cierto muy valorada por las familias relocalizadas, en el nuevo contexto comenzó a emerger una cuestión antes no dimensionada por la población: la mayor necesidad de dinero para afrontar nuevos gastos, transporte, energía eléctrica, agua, impuestos, etc. Ello fue visualizado como un desafío para las nuevas condiciones de existencia, ya que muchos hogares redujeron notablemente sus ingresos monetarios. Por otro lado, al margen de las dificultades de la economía doméstica, con la relocalización los problemas conexos al hábitat se han agudizado. Deprimidos en sus niveles de vida, sus necesidades más sentidas son las de subsistencia y el habitar un barrio mejor dotado de infraestructura.

 

METODOLOGÍA

Este estudio responde a una metodología de orden cualitativa/descriptiva y etnográfica desarrollada a partir de una instancia prolongada de trabajo de campo en el conjunto habitacional durante los años 2011 y 2012. Por otro lado, el diseño metodológico priorizó la utilización de técnicas cruzadas de observación y entrevistas. La “observación con participación” (Guber, 2001), fue una de las técnicas más idóneas a los fines de la investigación en la medida en que se buscó registrar las percepciones, las estrategias y el comportamiento de muchos actores sociales involucrados en eventos públicos como reuniones, asambleas, movilizaciones, etc.

La entrevista en profundidad, por otro lado, demostró ser un eficaz instrumento de recolección de información, ya que posibilitó sobre la base de la observación directa y/o participante, con los entrevistados, profundizar en aquellos aspectos más significativos de cada caso, develando información que frecuentemente se oculta y rescatando dimensiones subjetivas importantes para la interpretación/ comprensión de los fenómenos analizados. El registro de la información primaria se realizó de manera variada: audio digital, anotaciones de campo, relevamiento fotográfico, asistencias a reuniones, etc. No obstante, con fines analíticos implementamos mecanismos alternativos de obtención de información secundaria, como recopilación y análisis de documentación de archivos oficiales y no oficiales (informes de monitoreo, proyectos elaborados, información de prensa, diarios, etc.).

De manera general, la hipótesis de trabajo trató de dirimir las tensiones entre la reproducción y la transformación social, sosteniendo que mientras los efectos de la relocalización y la segregación son parte de nuevos constreñimientos estructurales, la organización, la movilización y la acción colectiva son un conjunto de prácticas que liberan la agencia. Así en el nuevo lugar de vida, la conexión de las diferentes prácticas están atravesadas por procesos interpretativos reflexivos en su actuar sobre la adversidad a fin de transformar en algún grado las hostilidades que afectan la calidad de vida en el nuevo medio.

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde sus inicios, la población comenzó a habitar un conjunto habitacional con su construcción no finalizada, un conjunto de viviendas donde la infraestructura comunitaria y los servicios colectivos fueron concebidos como secundarios y, por lo tanto, se hicieron esperar varios años. Esta situación creó numerosas dificultades para los recién trasladados, proceso que terminó impulsando demandas y reclamos con distintos matices organizativos.

San Isidro fue, reiteradamente, nota periodística en varios medios locales de comunicación. La situación de los relocalizados fue presentada de diferentes maneras de acuerdo con la orientación política del medio: “San Isidro, el gueto del desarraigo”; “Crece basural a cielo abierto en San Isidro”, “La desocupación golpea a los relocalizados”; “Alejados del centro de la ciudad y sin posibilidades de viajar” etc., fueron algunos títulos de los diarios locales⁴.

Uno de los problemas muy percibidos y frecuentemente evaluados por la población relocalizada refiere a la distancia del conjunto habitacional y la necesidad del transporte urbano de pasajeros. Los lugares de residencia previos a la relocalización, más integrados a la trama urbana de la ciudad, facilitaban el traslado sin necesidad de depender del transporte urbano. Por otro lado, (en muchos casos) a la situación de irregular ocupación de suelo, le seguía la conexión clandestina a redes de agua y energía, existiendo además la conciencia de gratuidad del acceso. Un contexto en donde, además, la estructura de servicios y de oportunidades era mayor; escuelas, comercios, oferta de empleos y otras situaciones que facilitaban la reproducción de las condiciones de existencia.

La localización segregada y extremadamente periférica del conjunto San Isidro es señalada como uno de los pesares del nuevo lugar de residencia (Figura 1). La recurrente expresión vecinal “acá estamos apartado de todo”, denota esta situación. Un vecino comenta que debe esperar alrededor de 40 minutos el arribo del colectivo al barrio, más otro trayecto de tiempo similar de viaje hasta el centro. Además, esta situación desmejora durante la noche, cuando a partir de las 22:00 horas cesa el servicio de transporte público en el barrio. Las empresas argumentan la falta de iluminación e inseguridad en la zona; los vecinos objetan la situación como una forma más de aislamiento.

 

En la medida en que el conjunto habitacional fue incrementando su población a través del progresivo avance de la relocalización, familias provenientes de diferentes asentamientos comenzaron a convivir. En el relato de muchos vecinos los principales problemas de convivencia refieren a la inseguridad y la emergencia del vandalismo adolescente. Entre los vecinos también es recurrente el malestar y las quejas sobre los casos reiterados de hurto, un vecino comenta que muchos adolescentes dañaron el alumbrado público en algunos puntos del barrio para facilitar no ser vistos en la noche. “Si te olvidas algo afuera te roban, a mí ya me robaron garrafa y lavarropa… y acá lado la semana pasada le robaron la silleta al vecino” (Entrevista).

Otra situación visualizada como problemática entre los vecinos es la deficiente cobertura en atención de la salud de la población. Desde los primeros tiempos el componente sanitario en San Isidro fue un área sensible a la opinión vecinal, primero por su inexistencia, después por su ineficacia. Inicialmente la EBY cedió el espacio de una vivienda para que allí funcione el Centro de Atención Primara de Salud (CAPS Nº 33), pero los lugareños se referían al mismo como “periférico o salita de primeros auxilios”. Las reducidas dimensiones de la sede (una vivienda), la falta de equipamientos, profesionales, recursos y la restringida atención semanal tornaron desde un primer momento disfuncional al CAPS.

Mientras continuaba el proceso relocalizatorio, la EBY construyó lo que eufemísti camente denominó “un moderno centro de salud”. No obstante, su funcionamiento distó mucho de las expectativas que había despertado su construcción. El nuevo edificio fue transferido al Ministerio de Salud Pública pero la falta de recursos, equipamiento, personal y una mínima atención primaria impidieron que la atención sanitaria mejorara sustancialmente. En ese sentido, la opinión vecinal coincidió al señalar: “el centro de salud parece grande pero solo es un periférico más, una salita que no presta la atención que necesitamos” (Entrevista).

Esta situación se ve agravada a partir de la carencia de obra social u otro tipo de cobertura médico asistencial en una alta proporción de los hogares relocalizados. Como lo reconoce oficialmente la EBY: “… en San Isidro la mayor parte de los hogares no tienen algún tipo de cobertura médica asistencial” (PRAS, Julio 2009). En consecuencia la “salita” se convierte en el único servicio de salud realmente disponible. Las quejas más frecuentes de los vecinos aluden a la falta de especialidades médicas complementarias, como así también de personal disponible (médicos y enfermeros) y las prolongadas demoras generadas por un sistema de atención por turnos.

En San Isidro el poblamiento se inició antes de la construcción de las escuelas. La urgencia por relocalizar a las familias carenciadas residentes en las zonas costeras, liberando espacios para las obras de infraestructura, dejó en un segundo plano la dotación de los componentes socio-comunitarios imprescindibles, como las escuelas o los centros de salud. La lejanía respecto de sus lugares de procedencia y la falta de dinero para afrontar el costo del trasporte urbano limitaron drásticamente la posibilidad de que los niños continuaran dentro del sistema educativo. Muchas familias inscribieron a sus hijos en escuelas de zonas distantes del nuevo conjunto. No obstante, en esas escuelas la falta de puestos vacantes apareció de inmediato.

En las posteriores etapas de relocalización, la EBY proveyó de escuela al conjunto habitacional (una escuela primaria y un edificio anexo para el nivel secundario). A pesar de su habilitación rápidamente estos establecimientos saturaron su capacidad de matriculación debido al continuo y masivo proceso de relocalización.

En términos generales, la escasa provisión de agua potable, la ausencia de alumbrado público, la falta de edificios escolares, centros de salud, y espacios recreativos, el transporte urbano costoso y deficitario convierte al nuevo espacio barrial en un lugar poco apto para la vida colectiva.

La concurrencia de estas condiciones se suma a las carencias socio-económicas propias de una población carenciada dificultando aún más sus posibilidades de existencia (Figura 2).

 

Los procesos de organización vecinal. Una cuestión de agencia. En este trabajo se sostiene que los procesos organizativos de la población relocalizada no emergen directamente de las problemáticas y adversidades del nuevo medio, sino que los pobladores vivencian las dificultades asociadas a su nuevo lugar de residencia; comparten los problemas con sus pares, buscan interpretarlos y se van asociando para negociar y/o reclamar mejoras. Se trata entonces de un proceso de construcción de demanda agregada, que puede redundar en posibilidades de agencia y nuevos actores colectivos. Agencia que señala la capacidad que poseen las personas para actuar en el mundo, capacidad de desenvolverse, de introducir modificaciones.

Los primeros residentes relocalizados se encontraron con vecinos totalmente desconocidos y la primera reacción fue la generalizada desconfianza mutua. Un vecino recuerda con ironía: “no había comisiones vecinales, nadie creía en nadie. Hasta se tenía miedo de dejar la casa sola porque te podían robar”. Para suerte de muchos vecinos, esta situación fue cambiando con el transcurrir del tiempo. La común vivencia cotidiana y la socialización en torno a los problemas colectivos del barrio motivaron las primeras efímeras, iniciativas asociativas tales como la junta de firmas para presentación de petitorios. Aun sin objetivos muy definidos, fueron emergiendo algunas organizaciones de carácter informal.

Analizar los procesos organizativos activados en San Isidro o las acciones colectivas en reclamo del mejoramiento de los componentes socio-comunitarios del conjunto habitacional constituye, sin dudas, una tarea significativa: ¿Cuáles son los resultados de esas experiencias?; ¿provocan cambios en los programas sociales las demandas de la población? El enfrentar organizadamente los problemas ¿promueve la aparición de espacios de deliberación más democráticos?; ¿impulsa propuestas de solución más integrales?

Desde la perspectiva adoptada en esta investigación la dimensión del habitar, el lugar de residencia en tanto espacio de prácticas sociales constituye una dimensión analítica fundamental. Como sostienen Amodio y Ontiveros (1995, p. 48) “el asentamiento humano es lugar de vida, encuentro, intercambio, conflicto, juego, creación y recreación. Es lugar del tejido social, de todo el complejo conglomerado de redes sociales de relación que se conectan desde los ámbitos más íntimos y privados de la vida social hasta los más colectivos y públicos, es lugar de sociabilidad”. En la medida en que los vecinos ocupan el mismo espacio (barrio) padecen las mismas necesidades y construyen conjuntamente demandas reivindicativas; sus mismas prácticas los llevan a confluir en una identidad como grupo (Feijóo, 1984).

Los vecinos reflexionan sobre los componentes del programa de relocalización, sobre los desaciertos de la Entidad, las promesas no cumplidas y sobre carencias que desearían que se solucionaran. El compartir opiniones, lleva a repensar el nuevo lugar de vida, a proponer alternativas y a organizarse para demandar. La práctica muestra que esta actitud activa de los vecinos consigue muchas veces alterar la orientación de los programas gubernamentales más allá de lo planificado técnicamente.

Las crisis coyunturales, los problemas colectivos imponen fuertes constreñimientos sobre la población desplazada, estructuralmente vulnerable. No obstante, la población relocalizada no está inerte, tiene la potencialidad de reflexionar y actuar sobre las situaciones que padece. La población relocalizada y carenciada si bien fue objeto de una asistencia mínima (indemnización a través de una vivienda) no está definitivamente moldeada/determinada por el contenido de los programas. Las personas no solo recepcionan los programas sino que mediante la acción colectiva, la “agencia”, fuerzan opciones tendientes a modificar su situación y en el proceso modifican los propios programas destinados a ellos: “los construyen, deconstruyen y reconstruyen”, en un proceso dialéctico de determinación/construcción.

Un programa de relocalización una vez implementado necesita de otras acciones estatales que lo sostengan. Así, una vez diseñados e implementados determinados programas/proyectos pueden corregirse en interacción con la población destinataria. Distintos autores (Aguilar Villanueva, 1996; Lindblom, 1996) sugieren que la transacción entre actores gubernamentales y sociales puede pensarse como un proceso amalgamado de negociaciones/relaciones activas en el que la población involucrada en los programas, más allá de simples sujetos receptores, constituyen actores que tienen la potencialidad no sólo de aceptar, sino de rechazar y modificar las políticas planteadas desde espacios de mayor poder de ejecución.

En este sentido, se reconoce que los actores organizados no son neutrales pueden incidir/transformar los programas gubernamentales más allá de cómo que fueron concebidos y diseñados, mejorando lo construido, dotando de nuevos servicios de consumo colectivo no previstos inicialmente. De las entrevistas realizadas se desprende la existencia de un amplio espacio de reflexión y acción vecinal encaminado a la transformación del habitar: “desde que nos trajeron acá tenemos que andar pidiendo que nos solucionen los problemas del barrio, petitorios y notas van y vienen”. Nos tenemos que organizar de alguna manera para cambiar el barrio” (Entrevista).

Los procesos organizativos se manifiestan bajo determinadas circunstancias y su acaecer necesita de ciertas condiciones. La nueva proximidad habitacional /residencial y las carencias colectivas compartidas promueven iniciativas asociativas con el fin reclamar algún tipo de solución. La vivencia cotidiana en un nuevo entorno barrial, la interacción, la re-socialización y la apertura de un nuevo campo de sociabilidad vecinal constituye un conjunto de condiciones para la acción colectiva bajo situaciones interpretadas como adversas.

La paulatina apropiación del espacio y la territorialidad de prácticas y eventos sociales posibilitan nuevas formas de representación, acción y relación frente a situaciones y adversidades cotidianas. Así, la reconfiguración de nuevas prácticas individuales y colectivas para sortear nuevas dificultades se consolida en su actuar sobre el hábitat. El reunirse, deliberar y organizarse para hacer una cancha de fútbol, una plaza o habilitar un comedor comunitario, señala que los vecinos tienen posibilidad de agencia en el devenir del barrio transformándolo en el sentido de sus necesidades. De este modo, las organizaciones que van conformando los vecinos se constituyen principalmente con el objeto de buscar mejoras en el entorno residencial, vía autogestión o reclamo. Reconociendo aquí, que las situaciones, las adversidades, y las prácticas colectivas están en proceso de gestación y redefinición, se contraen en una dirección y se expanden en otras. Hay varias situaciones que deben tenerse en cuenta sobre los procesos organizativos de San Isidro; en primer lugar no hay organizaciones que agrupen a la mayoría de los vecinos y en segundo lugar son muy escasas las instancias de organización sostenidas en el tiempo. En relación a esta situación, algunos vecinos argumentan el no disponer de tiempo libre para asistir o involucrarse en ciertas instancias organizativas del barrio. Otros también han manifestado que detrás de algunos eventos organizativos está “el oportunismo político” de algún vecino con afán de liderazgo.

En un sentido amplio, los diferentes procesos socio-organizativos activados han sido vitales para generar acciones que contribuyan a mejorar el barrio. La gente se socializa en torno a problemas comunes, construyendo formas colectivas de sortear las adversidades. El conjunto de asociaciones de base territorial y vecinal, constituyen el lugar de la comunicación y la confluencia cotidiana: reuniones, asambleas, mítines son centros de sociabilidad local y encuentro comunicativo. Ello da margen a instancias organizacionales que a nivel local habilitan espacios para la reflexión, la acción y, potencialmente la transformación de situaciones que inciden negativamente sobre la calidad de vida. Se trata de prácticas comunitarias, de relaciones sociales multidimensionales, donde la dimensión de lo económico, lo político, lo social se amalgaman dando lugar a espacios socio-organizativos que materializan la comunicación, la recreación, el intercambio; como así también la competencia, el conflicto y las luchas de poder. En estos espacios, la acción de los vecinos pone en cuestión la razón técnica de los programas de relocalización, demandando su re-elaboración e imponiendo modificaciones y mejoras.

De la mano de los procesos organizativos, en el barrio se generaron situaciones en las cuales los vecinos comenzaron a mostrar su capacidad de agencia, participando en acciones de interés comunitario tales como obras de espacios recreativos, el involucramiento en la gestión de guarderías, comedores, escuelas, las campañas de desmalezamiento en el vecindario, entre otras acciones, que ponen de manifiesto cierto protagonismo vecinal. La condición de agencia, es revelada además, en eventos especiales de carácter organizativo, de congregación local, como la participación en espacios de deliberación pública. La realización de numerosas asambleas y reuniones vecinales con el objetivo de mejorar el barrio, son casos testigo de acciones transformadoras del hábitat.

El conjunto de estos emprendimientos permite sostener que los vecinos no desempeñan simplemente un papel pasivo como el previsto por los programas gubernamentales que dieron origen al conjunto, sino que además internalizan un repertorio de acciones colectivas que se va perfeccionando gradualmente desde su propio lugar de vida mediante procesos organizativos-constructivos.

En el marco de problemas y necesidades colectivas-barriales percibidas como acuciantes, los sujetos reflexionan, opinan, eligen y actúan, haciendo uso (de forma diferencial) de los márgenes de autonomía y libertad que están a su alcance. En este sentido, resulta de utilidad, la “teoría de la estructuración” de Giddens (1985), en la medida en que permite dejar de lado los determinismos y acceder a una comprensión multidimensional de los procesos de la vida social. Principios derivados de la teoría, señalan que la “estructuración”, propia de toda actividad humana, es un proceso recursivo de acción-estructura en el marco de una coyuntura espacio-tiempo. Los actores sociales, reproducen, pero también son agentes de transformación y cambio socio-urbano, definen situaciones, construyen problemas y necesidades, reflexionan, actúan, y negocian. Desarrollan una praxis que amalgama agencia-estructura y opera en un espacio-tiempo.

La dimensión micro-social de los procesos socio-organizativos permite reconocer que toda actividad humana, es en algún sentido constructora de estructuras. Las reuniones vecinales, la elaboración de petitorios, el reclamo ante técnicos y funcionarios, la protesta, entre otras rutinas, destacan el papel activo que pueden jugar los vecinos, desde la reconfiguración de sus estrategias reproductivas hasta la construcción de la demanda y la transformación de su entorno barrial.

Más allá de los conocidos efectos de la relocalización, los problemas de la segregación socio-espacial son situaciones que persisten en el largo plazo, y ambos implican un conjunto de transformaciones en las condiciones y estilos de vida de aquellas familias que fueron obligadas a vivir en una periferia urbana, desfavorable y adversa. Los problemas del aislamiento, la pobreza, la marginalidad y el habitar emergen de manera extraordinaria en estos nuevos lugares de vida. La experiencia del conjunto San Isidro evidencia, una vez más, un patrón de relocalización en espacios segregados y desprovistos de infraestructura comunitaria; proceso que evidencia el poblamiento de un área que en sus inicios careció de componentes referidos al hábitat. A pesar de ese tratamiento muy deficitario de los componentes socio-urbanos necesarios, algunas mejoras se introdujeron gradualmente sobre la base de la demanda vecinal y como resultado de las diferentes situaciones de agencia activada en la población.

Las situaciones analizadas sugieren que los vecinos han apelado a una serie de prácticas utilizadas para obtener recursos del Estado y/o mejorar el entorno residencial; acciones que fueron evolucionando a partir de logros puntuales obtenidos. Esas acciones de reclamo emergieron como respuesta a las carencias, en un proceso casi cíclico y fuertemente reactivo. Reclamos puntuales por los altos costos de los servicios y la precariedad de los mismos (luz, agua potable, transporte, etc.). Consideramos que más allá de lo efímero de estas situaciones los vecinos adquieren experiencia, hacen un aprendizaje y articulan respuestas creativas.

Aún bajo condiciones de pobreza y desventaja, los relocalizados gradualmente están desarrollando capacidad de agencia para hacer frente a las adversidades cotidianas. La proximidad física anclada territorialmente, ha incidido en nuevas formas de sociabilidad, y lazos culturales. El morar en este territorio, no sólo implica procesos identitarios como pertenecer al mismo, sino además compartir carencias y el organizarse para construir demandas orientadas a transformar un entorno barrial visualizado como problemático. No obstante, al margen de esta afirmación, tomamos ciertos recaudos: las situaciones, las adversidades, y las prácticas colectivas están en proceso de gestación y redefinición, se contraen en una dirección y se expanden en otras.

 

NOTAS

2. En San Isidro, más de 270 familias fueron sujetas a laudos de negociación cerrada con la EBY, la compensación económica oscilaba entre montos de 20.000 a 40.000 pesos. El objetivo era impulsar el traslado, estimulando alguna actividad productiva alternativa a la afectada. Con ese dinero muchos acondicionaron sus hogares (compra de electrodomésticos), pero pocos lo utilizaron para iniciarse en otra actividad productiva, como kioscos, despensas, verdulerías o fletes.

3. Los diarios de referencia son Primera Edición y diario El Territorio, otros títulos resaltan “Furia en San Isidro por excesos en la facturas de luz y agua.  “Vecinos cortaron la 213 por el monto de las boletas de agua”. Cabe mencionar que, no existen realmente medios de comunicación independientes en Misiones. En buena medida dependen de la propaganda oficial, de modo que predominan los “oficialistas” y/o los circunstanciales “opositores”.

 

REFERENCIAS

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