INTRODUCCIÓN
El sistema educativo superior se distingue por su dinamismo, reflejado en diversos criterios que influyen en su desarrollo y mejora continua. La evolución curricular es uno de los pilares fundamentales que demuestran la capacidad de un sistema educativo para ajustarse a las demandas cambiantes de la sociedad y del mercado laboral. Acorde con ello las instituciones de educación superior buscan actualizar los programas de estudio con la finalidad de mantener la relevancia y la pertinencia de los contenidos.
Resulta importante lo que remarca Martínez Bonafé (2020) en relación con el curriculum: “la cuestión acerca de lo que se debe enseñar en las escuelas y cómo debe enseñarse, ha quedado atrás con respecto a la preocupación por los resultados y estándares” (p.2), es decir, las instituciones trabajan en pos de cumplir ciertos estándares, aunque lo ideal es que, amén de cumplir los estándares establecidos, también se enfoquen en transmitir información y conocimientos de manera dinámica, de forma tal que garanticen que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas, pensamiento crítico, capacidad de resolución de problemas y adaptabilidad. Asimismo, esto implica un cambio de paradigma hacia un enfoque más centrado en el estudiante y en los resultados tangibles de su aprendizaje. Por ende, no se puede construir el currículum sobre la posibilidad del debate y cuestionamiento a ideas que se consideran inveteradas.
Cabe destacar que la diversidad cultural es una realidad presente y los sistemas educativos se encuentran inmersos en el debate al respecto. Sin embargo, muchos de estos sistemas no han previsto en sus diseños espacios adecuados para discutir sobre esta diversidad o permitir que los docentes consideren la multiplicidad de culturas que convergen en un espacio tan limitado como lo es el aula.
Acorde con lo planteado con Hernández (2021) “el sistema de Educación Superior se ha volcado a un cometido histórico como fuente de producción e intermediación de conocimientos a través de las funciones sustantivas: academia, investigación y vinculación con la sociedad” (p.157). Para que los cambios se hagan efectivos deben realizarse actualizaciones en materia de leyes que aporten más autonomía al curriculum y que sean un reflejo real de la sociedad. El currículum debe dejar de ser un programa estático y reducido para convertirse en una plataforma que permita la interacción, el cambio, el planteamiento de criterios diversos y contrapuestos, dado que de la contradicción surge el desarrollo.
Por otro lado, los procesos de evaluación y acreditación, los cuales permiten garantizar la mejora continua del sistema educativo superior, son un pilar clave en la certificación de la calidad académica. Ya que estos mecanismos permiten a las instituciones medir la calidad de la educación que ofrecen, identificar áreas de mejora y demostrar su cumplimiento con los estándares establecidos. La evaluación constante y retroalimentada, no solo beneficia a las instituciones, sino también a los estudiantes y docentes, asegurando una educación de calidad y relevante. Es por ello y considerando lo planteado por Grifoll (2016) al referirse a la excelencia o calidad educativa “Excellence in higher education, therefore, depends on the person/organisation defining the term and their motivations for doing so” (p.95), que se considera que debe existir un trabajo cohesionado y articulado entre las diferentes instituciones abocadas a la educación superior, si se pretende elevar los estándares académicos.
Actualmente, la Educación Superior en Paraguay está atravesando por un momento complejo y esta complejidad es lo que se llama “crisis de la Universidad” (García-Gutiérrez y Corrales Gaitero, 2021). La flexibilidad legislativa en torno a la creación de universidades ha traído como consecuencias la apertura de más de cincuenta y cinco centros universitarios en todo el país (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT], 2022), provocando la necesidad de contar con un plantel docente y estructuras administrativas que cumplan con los estándares de calidad educativos requeridos para tales circunstancias. Por otro lado, el número de alumnos matriculados también ha tenido un ligero aumento en comparación con el último quinquenio (CONACYT, 2022). Trayendo consigo la necesidad de la actualización de los modelos de enseñanza y atemperándolos a las condiciones sociales actuales. Sin embargo, los resultados siguen siendo muy discretos, si se analiza la relación entre el número de graduados universitarios, las posiciones laborales y el crecimiento económico del país, socialmente expresado. Es por ello, que resulta imperioso realizar un análisis en torno a los factores clave que deben se reevaluados para lograr una mejora en los niveles educativos, y que estas mejoras se materialicen en la sociedad.
REFLEXIÓN
En el contexto socio educativo actual, resulta necesario realizar un análisis sobre algunos elementos asociados con las políticas educativas, así como su vinculación con los desafíos de la educación superior paraguaya, en miras de poder sentar las bases que fomenten las actualizaciones de estas políticas, a corto y mediano plazo, considerando criterios pedagógicos innovadores, que garanticen una mejora en la calidad académica y que se puedan transformar en un desarrollo social equitativo.
Políticas educativas en Paraguay: academia y sociedad
Desde la Constitución Nacional se establecen los lineamientos que rigen el sistema educativo universitario en Paraguay. En el artículo 79 se indica y cito “Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional” (Congreso de la Nación, 1992). En tal sentido desde la Carta Magna se anticipa que tiene que existir un trabajo articulado entre los diferentes entes vinculados con el sistema educativo superior. Así como la interrelación entre los estamentos legislativos, en consecuencia, es apremiante que las universidades, si bien tienen autonomía, reconozcan que la misma está supeditada a lo establecido en las legislaciones nacionales, a la hora redactar las reglamentaciones internas. Por tanto, estas reglamentaciones universitarias deben estar atemperadas a las condiciones sociales imperantes en el país. De ahí que, resulta necesario analizar si el alcance, por ejemplo, de la Ley 4995 de Educación Superior está acorde con la sociedad paraguaya actual, considerando que la ley tiene diez años de antigüedad. En tal sentido, es criterio del autor que resulta imperioso reelaborar el articulado de la misma, tendiendo como punto de partida el artículo 23, el cual establece los fines misionales de las universidades: docencia, investigación y extensión, pues considerando las condiciones actuales es impensable realizar cualquier actividad educativa sin un contacto con el mundo exterior, en consecuencia, en esta ley se debe considerar de forma explícita y directa un nuevo fin misional: la internacionalización. Ya que esta propiciará la colaboración interdisciplinaria, fomentando la sinergia entre el quehacer teórico y práctico en las Instituciones de Educación Superior (IES). Ello se sustenta en el hecho de que cuando se vinculan los diferentes actores del proceso educativo, alumnos, docentes e investigadores con experiencias en varios campos profesionales y académicos, realizando transferencia de conocimientos avanzados, se puede crear una unión entre la internacionalización y la implementación de nuevas estrategias innovadoras en la educación, que a la postre redundarían en una mejora en la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Asimismo, la interacción entre profesionales de diferentes disciplinas favorecería el desarrollo de metodologías de investigación más robustas y contribuiría a la transversalidad educativa. Esta conexión es esencial para asegurar que las soluciones propuestas por las IES de Paraguay sean aplicables y eficaces al entorno social actual. En tal sentido, resulta necesario evaluar la pertinencia de las legislaciones vinculadas con la educación en Paraguay. Tal es así, que considerando los cambios tecnológicos actuales, que han motivado a generar nuevas estrategias de enseñanza y a realizar actualizaciones pedagógicas, es consideración del que escribe, que el artículo 74 de la Constitución Nacional debe ser reformado (en caso de que se haga una reforma constitucional, de lo contrario se podrían instrumentar a través de Decretos Leyes, la regulación que se propone) de forma tal que se incluyan definiciones precisas de algunos de los términos clave que preceptúa, como "derecho de aprender", "igualdad de oportunidades", "beneficios de la cultura humanística", "ciencia" y "tecnología", para que no quede su definición al arbitrio y discrecionalidad de los entes que deben velar por el cumplimiento de la garantía que el mismo contiene y no dé cabida a indistintas interpretaciones. Además, si tales definiciones se definieran en una norma, ayudaría a eliminar ambigüedades por divergencias de criterios y garantizaría una interpretación uniforme de la norma a nivel país. Lo que, sin dudas, contribuiría a que la práctica en materia de interpretación del alcance del artículo sea más homogénea en el país y, por tanto, la materialización de esas garantías sería más eficaz.
Por otro lado, la Ley 2072/03 (Poder Legislativo, 2003) con la cual se crea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ha sido un paso significativo en pos de elevar la calidad académica universitaria. Esto evidencia el interés del Estado paraguayo por mejorar la educación. Sin embargo, aun y cuando esta ley ha tenido un impacto directo, al considerar un papel fundamental el de impulsar el fortalecimiento de la calidad académica, de la investigación y la formación de recursos humanos altamente calificados en el ámbito de la educación superior, a partir de los parámetros establecidos para la medición de la calidad, se considera de su análisis, que es momento de reajustar los mecanismos para lograr los fines mencionados. Si bien se puede aseverar que con el advenimiento de la ley se ha impulsado el avance de la investigación y la formación de recursos humanos calificados en el ámbito de la educación superior, lo cual redunda en la mejora continua de la calidad académica, hay criterios de evaluación que pueden estar sesgados, ya que en ocasiones resulta complejo medir el conocimiento y las competencias reales de los estudiantes, es por eso que, se estima que se debe considerar la medición de calidad académica, también, a partir del crecimiento social del país. Es decir, se deben implementar parámetros de medición que se imbriquen con el mercado laboral. Se deben establecer alianzas, a partir de políticas públicas, entre los entes educativos y los laborales; de esta forma se podría tener un alcance de medición directo, en torno al impacto de la calidad del sistema educativo y el mercado laboral. Si bien en el artículo 21 de la ley de marras se describe un procedimiento evaluativo, es criterio del que escribe, que se deben realizar actualizaciones relacionadas con los mecanismos de medición, así como de los instrumentos para la recolección de los datos. De lo contrario se estaría evaluando hacia el interior de la universidad, de forma aislada y no como una institución interrelacionada socialmente. Además, con ello se podría garantizar una vinculación entre los sistemas evaluativos y la mejora continua, garantizando un proceso intrínseco y asegurando la calidad constante de los programas académicos. No es menos cierto que, aunque existen carreras con el sello de calidad, esto no se está viendo reflejado en la sociedad.
Asimismo, se podría garantizar una retroalimentación derivada de la evaluación, convirtiéndose en un catalizador para los ajustes curriculares constantes, mejorando el desarrollo profesional y la introducción de innovaciones educativas. Por eso se puede afirmar que con una legislación atemperada que considere la mejora continua en la educación, se estaría operando en un ciclo dinámico abarcando la planificación, la implementación, la evaluación y el ajuste permanente, garantizando una respuesta expedita a las demandas cambiantes del entorno educativo y de la sociedad en su conjunto.
La actualización de las normas debería orientarse hacia una estructura y organización más sistemáticas. Con ello me refiero a la necesidad de que en su actualización se podría prever la creación de secciones o subsecciones que aborden específicamente cada uno de los elementos clave de la norma que la misma contiene, lo que coadyuvaría a la consulta y la referencia en aras de una correcta interpretación del alcance de las mismas por parte de la sociedad. Este planteamiento se relaciona con la necesidad de que estas sean comprensibles en un lenguaje claro y directo, para que resulte más accesible al público en general. De ahí, que desde su redacción se prevea la simplificación del lenguaje y evitar el uso de tecnicismos innecesarios, garantizando una interrelación más efectiva entre las leyes y la sociedad, ya que las mismas son consecuencias de los cambios sociales.
Políticas educativas, tecnologías y sociedad paraguaya actual
La educación superior es considerada un soporte vital para un buen desempeño social y económico, en concordancia con el capital humano que forma. Sin embargo, aún existen factores que inciden en la sociedad; uno de ellos es la desigualdad en torno al ingreso. Ya que, en muchos casos, si bien las IES de educación en sus estatutos legales reconocen el libre acceso, en ocasiones los aspectos vinculados con las nuevas tecnologías hacen mella en el intento por acceder al sistema educativo superior.
Con el advenimiento del 2020, aumentaron estas desigualdades, debido a que la pandemia y la educación en el hogar, trajeron consigo una disparidad sobre el uso de la tecnología y el acceso a la educación. Si bien existen políticas encaminadas al fortalecimiento del sistema educativo, tal es el caso del Plan de Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, en el cual se esgrime y cito “implementar programas para disminuir la brecha digital” (Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, 2014), se puede aseverar que aún no se ha logrado el crecimiento esperado en cuanto al empleo de la tecnología a nivel socioeducativo. Es cierto que existen políticas públicas para el uso de los soportes tecnológicos en instituciones educativas, empero éstas aún no han tenido los resultados anhelados. En tal sentido, la implementación de nuevas tecnologías educativas se erige como un estandarte en la educación superior actual, a fin de garantizar un acceso equitativo y de calidad para los aspirantes a la enseñanza superior, considerando que los avances en la educación tienen una repercusión directa en la sociedad.
Por otro lado, se puede indicar que a nivel universitario ha habido avances en cuanto al empleo de herramientas tecnológicas, aumentando el uso durante la etapa pandémica, tales son los casos del empleo de los “Learning Management System y e-laboratorios” (Cruz Ortega y Cruz Cardentey, 2021) y los laboratorios virtuales. La enseñanza universitaria está permeada de nuevas e innovadoras metodologías educativas para elevar el nivel y la calidad académica de los educandos, citándose a los espacios colaborativos e-learning que son una de las alternativas educativas más empleadas. Las cuales, basadas en soportes digitales para la comunicación, han disminuido la presencialidad de docentes y alumnos en las aulas tradicionales, lo que ha generado un aumento en el autoestudio y la investigación, por parte de los estudiantes. Sin embargo, resulta imperioso que las instituciones educativas fomenten el uso tecnológico de forma más activa y eficiente, por tal razón se deben generar mayores campañas de capacitaciones tanto a docentes como a alumnos y generar una conciencia del anti-plagio y la legalidad en el proceso aprendizaje. Pues con el advenimiento de la virtualidad en la educación, hubo un auge de prácticas educativas deshonestas (Elsalem et al., 2021; Gregory, 2020; Miller, 2020), de ahí que el reto de las IES está en fortalecer y dinamizar los procesos evaluativos, evitando la copia mimética del proceso evaluativo presencial. De esta forma se estaría elevando la calidad del proceso de enseñanza, ya que se podrían implementar modelos educativos del tipo b-learning, considerando que el aporte de la “enseñanza e-learning depende de la interoperabilidad para el desarrollo de la calidad” (Mejia y López, 2016). En tal sentido, se debe lograr una conjunción, a partir de la implementación de políticas educativas, entre los docentes, administrativos y estudiantes de las instituciones universitarias, así como poseer una infraestructura técnica de calidad que soporte las nuevas implementaciones tecnológicas en el ámbito educativo.
Políticas educativas, educación superior y las demandas del mercado laboral paraguayo
Existe una relación entre la Universidad y la Sociedad. Se puede sustentar esta afirmación, en el hecho de que los egresados universitarios no solo se enfrentan a problemas técnicos, sino también a desafíos organizativos, humanos y éticos. En consecuencia, resulta esencial, que los futuros profesionales durante su formación adquieran una comprensión profunda de los aspectos sociales y humanos que se vinculan con los procesos laborales en los que se verán inmersos una vez graduados. Si se considera la importancia del conocimiento científico que se adquiere en las universidades y acorde con Chalmers (1999) “la ciencia se basa en hechos y se deriva de ellos”. En tal sentido, esta visión puede ser aplicada en el currículum universitario, de forma tal que sea dinámico, donde los principios científicos y filosóficos puedan ser incorporados para formar profesionales más capacitados y con pensamiento crítico. Esto implica que, las propuestas de cambios en el curriculum tienen que estar sustentadas sobre la base de las evidencias científicas y observaciones concretas, es decir no se deben proponer cambios en los modelos académicos basados en suposiciones no verificadas, ni aplicaciones miméticas de otros procesos y experiencias educativas. Por tanto, desde la ciencia se busca recopilar datos objetivos y reproducibles para construir un conocimiento, el cual debe sustentarse en las situaciones sociales, de ahí la importancia de considerar en las políticas públicas el aporte académico al mercado laboral. Ya que, la esencia de la ciencia reside en la búsqueda constante de comprensión y conocimiento fundamentado en datos objetivos y reproducibles. Cuando se trata del ámbito laboral, la integración del aporte académico se vuelve crucial para abordar las complejidades de las situaciones sociales contemporáneas. Las políticas laborales bien informadas por la investigación científica tienen el potencial de mejorar significativamente las condiciones de trabajo, la productividad y la equidad en el mercado laboral.
Por eso, la consideración de datos científicos en la formulación de políticas públicas garantizaría que las decisiones no solo estén respaldadas por pruebas sólidas, sino que también se adapten a las necesidades y dinámicas sociales. Este enfoque proporcionaría un marco integral que va más allá de soluciones superficiales, abordando eficazmente desafíos específicos y fomentando un entorno laboral más justo y sostenible. Por ende, la incorporación del conocimiento científico en las políticas públicas es esencial para impulsar el progreso social y económico en armonía con las realidades de la sociedad actual.
Siguiendo la línea de pensamiento anterior, Kuhn (2004) propone que “la ciencia es una empresa social y que los paradigmas científicos evolucionan a través de las revoluciones científicas”. Desde esta perspectiva, es necesario reconocer que las políticas educativas que se implementan en la educación superior no solo tienen implicaciones técnicas, sino también sociales, éticas y políticas. Los universitarios deben ser conscientes de las consecuencias de sus acciones en los diferentes actores sociales y en el entorno en el que se desenvuelven. Las decisiones tomadas por los egresados universitarios tienen trascendencias no solo en términos de eficiencia y productividad, sino también en aspectos sociales, éticos y políticos. Por consiguiente, se insta a reconocer que los cambios y avances en la educación superior no ocurren de forma aislada, sino que están influenciados por el contexto social y cultural en el que se encuentran. De ahí que, la promulgación de leyes, decretos leyes y el fomento de nuevas políticas educativas no deben quedar en letra muerta, se deben implementar de forma efectiva para poder alcanzar resultados positivos en el orden de la calidad académica y desarrollo social.
La interdisciplinariedad en la educación superior paraguaya
De acuerdo con Moreno y Duque (2016) “la interdisciplinariedad es entendida como la posibilidad de relación entre varias disciplinas o ramas del conocimiento que enriquecen la perspectiva del escenario, creando posibilidades y abriendo horizontes más amplios a la realidad que se quiere dar a conocer”, mediante la cual, a nivel académico, se puede disminuir la fragmentación de los saberes. Por ende, el enfoque interdisciplinario brinda a los estudiantes universitarios una perspectiva más amplia y holística sobre los problemas que enfrentan en su práctica profesional. Con la implementación de este enfoque se rompen las fronteras disciplinarias de los saberes, ya que, al comprender la sociedad, la cultura y las relaciones humanas en su conjunto, los egresados universitarios pueden diseñar soluciones más efectivas y sostenibles que tengan en cuenta los impactos sociales y éticos. Por ende, la interdisciplinariedad en el curriculum permite que se puedan transportar esquemas cognitivos de una disciplina a otra. En este sentido, la interdisciplinariedad, desde la visión de Durkheim (2001), “es fundamental para" superar los límites tradicionales de la enseñanza universitaria y promover la innovación”. Al mismo tiempo Durkheim también destaca la importancia de la objetividad y la lógica en la investigación sociológica. Estos principios son igualmente valiosos en la toma de decisiones, si se analizan los resultados de las políticas educativas actuales. Al aplicar un enfoque sociológico en el curriculum universitario, los profesionales pueden evaluar y anticipar los impactos de sus decisiones en los diferentes actores involucrados, considerando aspectos como la equidad, la justicia y la sostenibilidad. Por tal motivo, las regulaciones educativas actuales deben considerar el enfoque sociológico dentro del articulado. Esto se sustenta en lo planteado por Seiffert (1977) que esgrime la importancia de la interdisciplinariedad en la ciencia, ya que define que “ninguna disciplina científica puede abarcar de forma completa y exhaustiva un fenómeno o problema” (Seiffert, 1977), por lo que se hace necesario recurrir a disímiles perspectivas y enfoques para comprender la complejidad de la realidad. Idea que resulta aplicable a la educación superior, ya que la interacción entre los sistemas técnicos y humanos es fundamental en el ámbito de la industria, la empresa, la producción y la sociedad en su conjunto. Se puede aseverar que la complejidad de la realidad de los procesos industriales y empresariales requiere una comprensión integral de los fenómenos y problemas; debido a que ninguna disciplina científica individual puede abarcar por completo esta complejidad.
Asimismo, Pedroza Flores (2006) destaca la importancia de este enfoque cuando remarca que “los contenidos de la educación superior se organizan a través de programas de formación profesional que responden a la división disciplinaria del conocimiento…”. Esta afirmación permite entender la necesidad de diseñar planes curriculares pensados en la integración y considerando a los objetos de estudio como elementos de intercambio, cooperación y policompetencias. Empero se deben realizar las reformas de acuerdo con cada situación y a cada sociedad, pues de acuerdo con lo planteado por Morin (2001) “sólo es una solución en tanto se le ligue a una reforma del pensamiento”.
En tal sentido, la interdisciplinariedad se vuelve esencial dentro de las políticas educativas, ya que implica la integración de múltiples disciplinas y perspectivas para abordar de manera más completa y profunda los desafíos sociales actuales. Atendiendo a lo planteado se reflexiona que los estudios universitarios en Paraguay requieren un enfoque multidimensional que considere tanto los aspectos científicos-técnicos como los humanos. Esto acentúa la necesidad de la incorporación de conocimientos sociológicos y filosóficos como disciplinas que aporten perspectivas objetivas y enfoques específicos que contribuyen a una comprensión más integral de los sistemas, procesos industriales y de la sociedad. La interdisciplinariedad permite abordar complejidades y considerar tanto los aspectos técnicos como los humanos para lograr soluciones eficaces y sostenibles. En la medida en que se fomente la comprensión, el entendimiento y el análisis crítico, se lograrán estructuras productivas más eficientes y atemperadas a las necesidades sociales.
En tal sentido, se sostiene la necesidad de contemplar la interdisciplinariedad dentro del curriculum en la educación superior; considerándose como un enfoque para abordar problemas complejos y representando una estrategia integral, reconociendo la interconexión de diversos elementos en la resolución de desafíos contemporáneos. La educación superior actual es compleja, debido a diferentes situaciones socioeconómicas y sociales y a menudo se manifiesta en la interrelación de factores técnicos y humanos. Por tanto, con la integración de la interdisciplinariedad en el curriculum posibilitaría el análisis y la comprensión profunda de estas complejidades al integrar diversas perspectivas. Ya que, la comprensión entre disciplinas fomentaría una sinergia única que puede desencadenar en innovaciones significativas. La integración de conocimientos no solo amplía el espectro de posibles soluciones, sino que también promueve la creatividad y la generación de ideas novedosas, ante las demandas que tiene la sociedad actual de contar con profesionales capacitados en sus áreas, pero también con competencias múltiples. Además, el enfoque interdisciplinario es especialmente valioso en un mundo donde los problemas a menudo requieren enfoques multifacéticos. Pues permite adquirir capacidades para observar más allá de las fronteras disciplinarias, promoviendo una mentalidad de resolución de problemas más amplia y una apreciación más profunda de las complejidades involucradas. La interdisciplinariedad aparece como un catalizador fundamental para el desarrollo de soluciones integrales y contextualmente relevantes integrando, más, educación y sociedad.
CONCLUSIÓN
Se revela la complejidad del panorama educativo actual, caracterizado por una expansión significativa de instituciones universitarias y un incremento en la matrícula estudiantil, con avances muy discretos en relación con el crecimiento económico del país, el cual, en parte, el sistema educativo es responsable. Al realizar un análisis de algunos factores vinculados con políticas educativas en la educación superior en Paraguay se debe subrayar la necesidad de realizar reformas en las regulaciones actuales, que aborden y contemplen las brechas en la calidad académica y la conexión efectiva con el desarrollo económico y social del país.
La revisión de la autonomía universitaria, la propuesta de internacionalización, como fin misional, y la llamada a una evaluación de calidad que trascienda criterios evaluativos actuales, destacan como puntos clave para la evaluación de un nuevo articulado. Aunque la implementación de tecnologías educativas ha avanzado, se deben garantizar estrategias que garanticen la capacitación continua. La conexión entre la educación superior y las demandas del mercado laboral se debe fortalecer, ya que, es imperioso reconocer la importancia de una formación en aspectos sociales y humanos. De ahí que, se deban sentar las bases entre los entes ministeriales encargados, el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de forma tal que las ofertas educativas respondan las necesidades laborales actuales.
La interdisciplinariedad se erige como un elemento esencial para abordar los desafíos actuales, promoviendo una comprensión más integral de sistemas y procesos sociales desde la vinculación curricular universitaria. Por tanto, las reformas que se propongan no solo deben buscan mejorar la calidad académica, sino también formar individuos éticos y socialmente conscientes, fundamentales para contribuir al progreso sostenible de la sociedad paraguaya. La vinculación de la Academia y el mercado laboral emerge como un componente fundamental y necesario para fomentar competencias estudiantiles básicas, subrayando la importancia de que los futuros profesionales adquieran una comprensión más profunda de los aspectos éticos y sociales de sus futuros roles laborales.
La integración del conocimiento científico en la formulación de políticas públicas se destaca como un aspecto esencial para respaldar decisiones informadas que se adapten a las dinámicas sociales y culturales actuales. Por tanto, la interdisciplinariedad en la educación superior se presenta como una estrategia fundamental para abordar los desafíos contemporáneos de manera integral, reconociendo la complejidad de los fenómenos educativos y sociales, y promoviendo soluciones efectivas, sostenibles y resilientes.