Introducción

En América Latina la instauración de regímenes totalitarios abrió el paso a la aplicación de medidas económicas acompañadas de violencia (^{Seoane y Nacci, 2007}). Las acciones de contrainsurgencia apuntaron a la eliminación de cualquier sujeto o colectivo que representara un peligro para la reproducción del capital (^{Lajtman, 2014}). Un año después del golpe militar que derrocó en Chile a Salvador Allende, el gobierno de facto de Augusto Pinochet puso en vigencia en 1974 un decreto ley que incentivó la explotación forestal en las regiones centro-sur del país andino. Esto se tradujo en la ocupación de territorios del Pueblo Mapuche, el que sufrió la depredación y degradación de los recursos naturales que generó el extractivismo forestal en su espacio geográfico. Las protestas indígenas fueron reprimidas mediante torturas, ejecuciones, encarcelamientos y desapariciones (^{Mondaca, 2013}). La represión encontró su justificación en el marco discursivo referencial establecido por el gobierno militar, resumido en expresiones como “indio revolucionario, subversivo, enemigo de la patria” (Villegas, 2010, citado en Mondaca, 2013, p. 26).

En el período democrático los grandes medios de comunicación se encargaron de actualizar y reforzar la línea discursiva de la dictadura pinochetista respecto a los mapuches luego de una acusación de la quema de tres camiones pertenecientes a una empresa forestal, hecho ocurrido en 1997 en la región de la Araucanía y atribuida a los mapuches. La prensa empresarial, que en el pasado apoyó la dictadura militar chilena, inició una ofensiva de criminalización del Pueblo Mapuche que perduró en el tiempo y generó condiciones de represión a partir del clima de inseguridad creado mediáticamente (Villegas, 2010, citado en ^{Mondaca, 2013}). Otro caso latinoamericano que muestra la estrecha relación entre la violencia, la criminalización y la imposición de proyectos de desarrollo con importantes impactos en el medioambiente y la población es el guatemalteco. En Guatemala el gobierno propuso a los habitantes de las áreas que serían afectadas por la construcción y puesta en funcionamiento de la represa hidroeléctrica de Chixoy su traslado a otros asentamientos. La represa fue considerada una de las obras más ambiciosas de los gobiernos militares de los años 70. Muchos pobladores que se negaron a migrar a otras zonas de residencia fueron acusados de subversión y vinculados a la guerrilla. Entre los años 1981 y 1983 el régimen militar asesinó a más de cuatrocientas personas que se negaron a abandonar sus tierras (^{Galicia, 2018}).

Guatemala fue condenada por la ^{Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 04 de setiembre del 2012}. En el documento de la sentencia se reproduce parte del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual indica que los pobladores fueron señalados como guerrilleros, base social de la guerrilla y/o subversivos en la justificación de su represión y persecución. El ejército guatemalteco realizó dichos señalamientos al identificar a la población como enemigo interno en base a lo considerado por la Doctrina de la Seguridad Nacional (Corte IDH, 2012). En América Latina la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) sembró miedo y terror, además de habilitar la actuación de grupos paramilitares (Salazar, 2007), los que en buena parte de los países de la región fueron creados por las mismas fuerzas regulares (Velásquez, 2007 citado en ^{Bengoa y Villavicencio, 2015}).

A partir de los sucesos ocurridos el 11 de setiembre del 2001 las doctrinas de seguridad reactualizaron el miedo (^{Murillo, 2004}), lo que dio paso a la reconfiguración de su uso político como una herramienta de “control y gestión de las poblaciones” (Agudelo, 2013, p5). Numerosos gobiernos de Latinoamérica replicaron desde entonces la lucha contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos, lucha que se convirtió en la justificación de la persecución a dirigentes sociales (^{Taddei, 2002}). Esto produce como resultado la penalización del conflicto social y la criminalización de la pobreza empleando como pretexto la lucha contra terroristas (^{Seoane y Nacci, 2007}). Los antecedentes de esta lógica criminalizadora se encuentran en los postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional, promovida al igual que la lucha antiterrorista por Estados Unidos, país que apoyó y sostuvo a las dictaduras latinoamericanas. Para la DSN la pobreza era precisamente una condición “para el avance de regímenes de características radicales” (^{Winer, 2015}, p.49).

El extractivismo, la explotación intensiva, a gran escala y en grandes volúmenes de bienes naturales, con poco o nulo procesamiento, no solo genera un plus valor en un espacio geográfico social y distinto a aquel en el que se produce, sino que además las exportaciones de las materias primas se realizan a precios que no se corresponden con el agotamiento de los recursos naturales y los impactos en las vidas de las comunidades locales (Martíenez-Alier, 2005). La oposición y resistencia de las poblaciones campesinas e indígenas se combate acusándolas de impedir el desarrollo. No en vano la defensa de los bienes comunes las convierte en “insurgentes contra la acumulación por desposesión” (Harvey, 2004, citado en ^{Composto, 2012}, pp. 338-339). A fin de asegurar la explotación y exportación de materias primas, las actividades extractivas cuentan muchas veces con protección policial o militar (^{Gudynas, 2009}). El despojo y la militarización juegan un papel central en la formación extraeconómica del capital y la acumulación de plus valor (Vélez y Ruiz, 2015).

La expansión de las actividades extractivistas, generadoras de daños ambientales irreversibles, sobre áreas habitadas por comunidades indígenas y campesinas, sin consulta previa a las mismas, por ende, sin respetar su derecho a la autodeterminación, se constituye en fuente de conflictos. Cuanto mayor es la oposición de las poblaciones locales a los emprendimientos extractivos, el despliegue represivo del Estado es mayor, por lo que las acciones anti extractivistas de las comunidades, además de ser vistas como injustificadas e irracionales, son consideradas una amenaza para toda la nación (^{Mendoza, 2021}). La conflictividad socioambiental surge a partir de la imposición de un modelo de desarrollo por parte de empresas transnacionales y Estados, que tiene como respuesta la resistencia de las comunidades locales que cuestionan el modelo impuesto y reclaman su derecho a decidir a partir de otras valoraciones como la necesidad de mantener fuera del mercado bienes naturales cuyo valor rebasa cualquier precio, lo que a su vez es respondido con criminalizaciones y represiones en diferentes países de América Latina (^{Svampa, 2012}).

El presente trabajo realiza una recuperación histórica de los mecanismos de estigmatización, criminalización y represión estatal en respuesta a la organización y la lucha por la tierra por parte pobladores y pobladoras del norte paraguayo que fueron parte de la primera ocupación de tierras como método de lucha luego de la caída de la dictadura stronista. Este episodio histórico esclarece el proceso criminalizador y represor instalado desde la segunda mitad de la primera década del siglo XXI.

Arroyito, la primera ocupación de tierras luego de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner

Desde el inicio del período independiente del Paraguay, en especial desde el control total del gobierno por parte del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia en 1814, el Estado fue gestor de un territorio puesto a disposición del crecimiento de la agricultura familiar campesina. La totalidad del Chaco (región occidental) y más del 95% de las tierras de la región oriental¹ eran de propiedad estatal (^{Souchaud, 2007}). Fueron los años de mayor esplendor de la población campesina, la que si bien no tenía lujos tampoco hambre (^{Rojas, 2017}). Todo esto cambió luego de la finalización de la guerra de la Triple Alianza² contra el Paraguay. Los gobiernos paraguayos que asumieron el poder entregaron las tierras públicas al capital internacional y se generaron los grandes latifundios, cuya propiedad se concentró en muy pocas manos. La población campesina fue excluida. Mientras que unos pueblos y grupos de familias perdieron sus campos y bosques comunales, otros quedaron cercados por las alambradas de las nuevas tierras privadas. El Paraguay perdió de esa manera el control sobre sus fuentes de producción y riquezas (Pastore, 1973).

La Unión Paraguaya S.A. era una de las empresas propietarias de un latifundio generado luego del final de la guerra. Ubicado en el departamento de Concepción poseía unas cincuenta mil hectáreas de tierra cuando en la segunda mitad de los años ochenta del siglo veinte las familias campesinas empezaron a organizarse para acceder a un pedazo de tierra en el lugar. Para lograrse dicho objetivo diferentes factores confluyeron, desde la venta de lotes rurales que empezó a realizar en esos años la propia empresa, la formación cívica de los jóvenes campesinos hasta la toma de conciencia sobre la necesidad de recuperar las tierras que habían pertenecido en el pasado al Estado paraguayo.

Sostengo que es la conclusión de un conjunto de procesos que se venía dando en el norte (…) Por una parte, en la década de los setenta y ochenta la empresa empieza a funcionar como una inmobiliaria, vendiendo lotes de 10 a 20 hectáreas, en cuotas (…) Para el campesino como para el indígena la tierra es esencial. Estaban los antiguos líderes de las ex - Ligas Agrarias³. Ese grupo defendía la idea de contar con tierra para trabajarla y que las siguientes generaciones tengan asegurado el acceso a ese recurso. Y el Estado no proveía tierras al campesinado⁴. Sumado a los líderes de las ex -Ligas Agrarias había un grupo de líderes que estaba participando en un programa de capacitaciones sobre aspectos jurídicos, se llamaba “Promotores jurídicos”, durante la dictadura. En los años 85, 86, 87 se intensificó la formación cívica de la población en derechos humanos, la misma Constitución nacional, el estatuto agrario. Se estudiaba entre los agentes pastorales, agentes de Pastoral Social. La dictadura permitía esos talleres, eso le resultaba inofensivo. Le permitía organizar esos eventos a la Pastoral Social Diocesana. Y el tercer grupo, Jepáyrã⁵, una escuela de formación de líderes juveniles campesinos que también la Pastoral Social Diocesana implementó hacia el año 1985, hasta el 88. Eran tres meses de internado, dos meses en sus comunidades y luego volvían otra vez, se quedaban otros dos meses en el internado y ahí se cerraba su proceso de formación en agricultura orgánica, derechos humanos, salud, matemática aplicada, también guaraní; yo enseñaba guaraní. Eran 30 jóvenes por vez (J.Valiente, comunicación personal, 02 de julio de 2021).

A la formación del campesinado, tutelada por la Iglesia Católica durante los últimos años de la dictadura, se sumó otro elemento que se convirtió en detonante del inicio de la ocupación, o, en términos de la población rural, la recuperación patriótica de las tierras de la actual comunidad de Arroyito.

El código agrario de ese entonces exigía que las familias interesadas debían organizarse en comisiones de sin tierras. Las mismas solicitaban el reconocimiento al I.B.R⁶, el I.B.R. las reconocía y luego buscaba las tierras para los solicitantes (…) Eso fue alentando la necesidad de acceder a la tierra. Los jóvenes campesinos se encontraban entonces ya preparados (…) sabían que tenían derecho a la tierra. Los campesinos, tanto los antiguos líderes como los jóvenes formados tomaron conciencia del problema de la falta de distribución de la tierra. Decían: “Esto hay que resolver de otra manera. Estas tierras son nuestras y debemos recuperar”. La recuperación de tierra se consideraba un acto patriótico y de defensa de la soberanía. En 1988 se crea la Comisión Vecinal de Sin tierras del departamento de Concepción y se identifica el enorme latifundio de la Unión Paraguaya S.A. Se tomó la decisión de ocuparlas (J.Valiente, comunicación personal, 02 de julio de 2021).

La ocupación de las tierras estaba prevista para el año 1989 cuando aún se encontraba en el poder el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner. Los campesinos decidieron soportar las consecuencias que tendría esa acción en el contexto de la dictadura. Sin embargo, el golpe de Estado que derrocó a Stroessner se produjo entre el 02 y el 03 de febrero del año 1989, lo que contribuyó a que los campesinos organizados aceleren el proceso de la toma que estaba prevista recién para mediados de año. Ocuparon las actuales tierras de Arroyito en el mes de abril de 1989. Ingresaron al terreno unas mil doscientas personas, cabezas del mismo número de familias a las que representaban, en seis grupos de doscientas personas que se asentaron en campamentos que habilitaron en el área ocupada. Fue la primera ocupación de tierras de la naciente era democrática del Paraguay. Los ocupantes provenían de diferentes comunidades campesinas de todo el departamento de Concepción.

Unos días después ingresó el ejército al terreno luego del nulo efecto de las advertencias realizadas a los ocupantes a través del megáfono. Los militares dispararon varias ráfagas de metralletas sobre las cabezas de los campesinos, logrando el desalojo total de la propiedad ocupada. Fue también la primera represión al campesinado registrada en Paraguay luego de la caída de la dictadura. Numerosos detenidos fueron remitidos a la sede de la comandancia del cuartel ubicado en la ciudad de Concepción, aproximadamente a ochenta kilómetros. La Comisión de Derechos Humanos de la Pastoral Social intervino y logró la liberación de los detenidos. Durante varios meses alrededor de novecientas personas, de las mil doscientas que ocuparon inicialmente las tierras, acamparon frente al terreno del que se les desalojó y que quedó resguardado por numerosos militares.

Mientras tanto se activaron las gestiones institucionales y políticas. Se solicitó al parlamento la expropiación de veinte mil hectáreas de las tierras de la Unión Paraguaya S.A. Las gestiones fueron acompañas por acciones como la ocupación de la plaza principal de la ciudad de Concepción en vísperas de su aniversario de fundación, la fecha más importante en el año de la capital departamental y que congrega a miles de personas⁷. A la amenaza de desalojo de la plaza por parte de las autoridades los campesinos respondieron con la llegada de un número mayor de pobladores rurales que se sumaron a las 200 personas que ya se encontraban ocupando el espacio público bajo muchas carpas instaladas en el lugar. Los militares decidieron no intervenir. Las familias de la ciudad de Concepción abastecieron de alimentos a los ocupantes de la plaza, quienes incluso participaron del tradicional desfile estudiantil y militar sobre la principal avenida de Concepción, la que se encontraba repleta. Los campesinos marcharon recibiendo el aplauso de miles de personas. Fue sin duda una gran victoria moral en el marco de su lucha. A finales del año 1990 el parlamento finalmente expropió casi nueve mil hectáreas a favor de las familias campesinas.

Proyecto “Virulana⁸”, una barrera de protección de las tierras de Arroyito

Durante los largos meses de acampamento en las carpas al costado de la ruta, las familias campesinas de las comunidades de las que eran originarios los ocupantes abastecieron de alimentos a sus compañeros y compañeras que se encontraban resistiendo frente al terreno reclamado. Esto fue producto de la planificación realizada mucho antes de la ocupación. Mientras se desarrollaba la lucha que duró más de un año⁹ ya se discutía en los campamentos sobre el modelo de tenencia de la tierra que se adoptaría una vez que se conquisten las tierras. Tomaron conciencia de que la “reforma agraria” stronista dispersaba los asentamientos humanos por la manera de distribución de los lotes. Las distancias entre las casas, muy separadas unas de las otras, a lo que se sumaba la falta de caminos en buenas condiciones, dificultaba notablemente el encuentro entre los vecinos, los aislaba, todo lo cual obstaculizaba la posibilidad de desarrollar proyectos colectivos. Decidieron impedir que eso ocurra en Arroyito.

Julio Valiente, un joven contador, docente universitario y líder social, advirtiendo en sus reflexiones con los campesinos instalados en las carpas la posibilidad de que el modelo de asentamientos dispersos terminaría expulsando nuevamente a las familias que se ubicarían en las tierras de Arroyito, propuso una alternativa radical y revolucionaria. Planteó que en la comunidad el asentamiento humano sea nuclear. El mismo consistía en que cada familia campesina fuera propietaria de tres hectáreas de tierra y diez familias compartan la propiedad asociativa de cien hectáreas de un lote destinado a la producción agrícola. Esto fue pensado así para evitar que los grandes terratenientes dedicados a actividades económicas a gran escala como la ganadería fuesen comprando los lotes, acaparen muchas tierras en su poder y se genere la consecuente expulsión de la población.

La sojización no era todavía una amenaza pero sí la ganadería. Era fácil para los ganaderos comprar lote por lote hasta comprar toda la comunidad. Entonces, analizando esas situaciones, pensamos en el diseño de un modelo que sea alternativo y permita mayores posibilidades de resistencia a esas amenazas y que también al mismo tiempo haya mayor posibilidad de interrelación comunitaria y que sea más barato el acceso al agua, a la energía eléctrica. Trabajamos y desarrollamos el modelo de los núcleos (J.Valiente, comunicación personal, 02 de julio de 2021).

El sistema de tenencia mixto, familiar y social, no estaba contemplado en la legislación de entonces en Paraguay. Arroyito fue la primera comunidad campesina paraguaya nacida con ese modelo. Se desarrollaron intensos debates en las carpas respecto a la imposibilidad jurídica de la tenencia mixta.

Nuestra abogada nos decía: “Eso no permite la ley. ¿Cómo vas a tener dos títulos?”. Un título era para la casa, la huerta y el espacio para los animales como gallinas, chanchos, etc., y el otro para el lote social donde nuevamente cada familia compartiría la propiedad comunitaria de cien hectáreas. El código agrario no permitía eso. Señalaba que “cada beneficiario de la reforma agraria no podrá tener más de dos títulos”. Yo les cuestionaba a los abogados, les decía: “Acá al lado fulano tiene tres estancias, tres títulos”. Entonces ¿cuál era el problema para que el campesino tenga dos títulos? Se forzó eso y se crearon los núcleos (J.Valiente, comunicación personal, 02 de julio de 2021).

El régimen de tenencia de la tierra en Arroyito constituye el cambio más importante introducido en las colonizaciones campesinas de Paraguay. Además de ser una alternativa a la distribución parcelaria cuadriculada sin un espacio comunitario para sus pobladores, se convirtió en un seguro para evitar la expansión de emprendimientos extractivistas sobre tierras campesinas (Vysokolan, s/f). En el sistema tradicional de tenencia es fácil para los especuladores comprar individualmente cada terreno. En cambio para adquirir un lote comunitario es necesario convencer a diez familias. La negativa de una sola bloquea la venta.

La génesis del nuevo ciclo criminalizador y represivo del norte paraguayo

Desde principios de la primera década del 2000 empezó en el departamento de Concepción¹⁰ un proceso de expansión acelerada de cultivos de soja, el principal rubro del modelo agroexportador de Paraguay. Durante casi toda la década anterior la oleaginosa no había superado las doscientas hectáreas. Ya en la campaña agrícola comprendida entre los años 1999 y 2000 se observó un salto tres veces superior, llegando a seiscientas hectáreas. Desde entonces el incremento fue ininterrumpido. En el período productivo 2003-2004 con más de quince mil hectáreas llegó a ocupar el 21% del suelo agrícola¹¹. Con algunos altibajos alcanzó en el período 2015-2016 casi cuarenta mil hectáreas, el 54% del territorio de Concepción empleado para la producción agrícola¹².

El encuentro, frente a frente, entre la agricultura mecanizada empresarial y la agricultura familiar campesina se convirtió en fuente de conflictos. La fumigación de agroquímicos sin la debida protección ambiental fue denunciada sistemáticamente ante varias instituciones del Estado paraguayo por las familias campesinas de una comunidad del norte paraguayo llamada Kurusu de Hierro. Todas recibieron una respuesta favorable. Las denuncias fueron atacadas por varias contradenuncias del propietario del establecimiento dedicado al cultivo de soja. La hacienda se encuentra separada solo por una calle de las casas de las familias de la comunidad. Las contradenuncias no tuvieron el efecto buscado por el empresario sojero, todas fueron desestimadas.

Sin embargo, un hecho cambió completamente la suerte de los campesinos que reclamaban el derecho a vivir en un ambiente sano. Una supuesta guerrilla de nombre “Ejército del Pueblo Paraguayo”, cuya sigla es “EPP”, quemó el galpón del establecimiento sojero en el que se encontraban algunas maquinarias agrícolas. El “EPP”, que irrumpió por primera vez en la escena pública con el incendio que provocó¹³, asumió en un panfleto dejado en el lugar la reivindicación de las familias campesinas. El productor sojero vinculó el atentado con sus vecinos que lo habían denunciado varias veces por la fumigación irregular de agroquímicos. El hecho se produjo días antes de una reunión entre el empresario y sus vecinos que pudo haber desembocado en un acuerdo para que unas setecientas hectáreas, de las que se habría apropiado ilegalmente el sojero, pudieran ser destinadas a la reforma agraria. El atentado frustró el acuerdo y ante la opinión pública dejó a los pobladores del lugar como sujetos violentos. La Organización Campesina del Norte (OCN), la primera fundada en el norte paraguayo¹⁴, calificó el hecho como un autoatentado para descalificar a los denunciantes (OCN, 2008). De todas maneras, desde entonces toda protesta contra la contaminación del ambiente con agroquímicos y la lucha por la tierra se relacionó con la violencia “guerrillera”.

Luego del episodio se implementaron las primeras medidas de seguridad. Se construyó poco después en la comunidad de Kurusu de Hierro la primera comisaría para combatir a la “guerrilla”. Fue equipada con una dotación de infraestructura, hombres y armas bastante superior a los que tienen los puestos policiales del área rural del Paraguay. En la construcción colaboraron grandes terratenientes del norte paraguayo. Se desarrollaron los primeros operativos de seguridad. En los años 2009 y 2010 se ejecutaron en tres departamentos del norte paraguayo: Concepción, San Pedro y Amambay, cinco operativos que involucraron a más de cinco mil efectivos policiales y militares. En abril del 2010, veintiún años después de la caída de la dictadura, se estableció en el norte de Paraguay el primer estado de excepción de la era democrática; duró 30 días. En el 2011 se instaló el segundo estado de excepción, también en el norte del país; se extendió por dos meses. Los operativos y los estados de excepción no lograron el objetivo anunciado de acabar con la “guerrilla”.

Los fracasos de la lucha contra el “EPP” se atribuyeron a la complacencia e incluso complicidad del entonces presidente de la república, Fernando Lugo, con el grupo “guerrillero”. En el líbelo acusatorio presentado en junio del 2012 durante el juicio político que lo destituyó se señalaba que a su gobierno se le autorizó el uso de una importante suma de dinero, unos cinco millones de dólares (^{Pereira, 2016}), para combatir al “grupo armado” sin lograrse ningún resultado.

[…] ha quedado por demás demostrado la falta de voluntad del Gobierno para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo, que se ha convertido, al amparo y con la complicidad del Gobierno, en azote de los ciudadanos de los departamentos de Concepción y San Pedro” (Cámara de Diputados, 2012, p.3).

Tanto el presidente de facto que asumió el poder luego del golpe de estado parlamentario, Federico Franco, quien completó el tiempo de mandato que restaba del período presidencial de Lugo¹⁵, como los candidatos que pugnaban por el siguiente período presidencial señalaban que solo hacía falta voluntad política para acabar con la guerrilla (^{Pereira, 2014}).

Siete días después de la asunción a la presidencia de la república en el 2013 del empresario Horacio Cartes se modificó la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, habilitando la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país, competencia exclusiva, según la Constitución Nacional, de la Policía (^{Mendonça, 2015}). La decisión de la modificación se produjo en un tiempo récord. Solo requirió dos horas de debate en el parlamento. Luego de la aprobación del congreso el poder ejecutivo promulgó inmediatamente la legislación.

En base a la modificación de la mencionada ley, poco después de la promulgación, Cartes creó la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), integrada por militares y policías, para “combatir” al “EPP”. La FTC, integrada por más de mil efectivos¹⁶, tiene asignada un presupuesto de alrededor de un millón de dólares al mes (“Pedirán informe sobre gasto”, 2020; “Elevado presupuesto de la FTC”, 2020). Otras fuentes indican que el presupuesto supera el millón de dólares mensualmente, por lo que el monto anual destinado a la fuerza conjunta sería de unos catorce millones de dólares al año. Sin embargo, las autoridades creen que dicho fondo es insuficiente. A pesar de no haberse logrado el objetivo de neutralizar al “EPP” y a sus supuestos desprendimientos, luego de una reunión reservada realizada en julio del 2021, los ministros del poder ejecutivo anunciaron que en realidad se requiere un presupuesto varias veces superior, unos ciento treinta millones de dólares al año (“Autoridades piden 10 veces más inversión”, 2021).

El monto invertido en la operación de la FTC y la suma que pretenden las autoridades de seguridad, además del número de hombres que la integran, no tienen mucha relación con el enemigo que se combate, las supuestas organizaciones insurgentes que operan en el norte paraguayo. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta informó que el “EPP” y sus supuestos desprendimientos: Asociación Campesina Armada (ACA) y el Ejército Mariscal López (EML), tres grupos guerrilleros, son integrados por apenas 22 personas. “Podemos errar hasta 3 personas, pero creemos que a hoy no pasan de 22 personas. Esto recordando que en 2016 eran más o menos 50 en total” (Óscar Chamorro, comandante de la FTC en “Grupos armados del Norte tendrían cerca de 22 integrantes”, 2021).

En el 2011 un ex - comandante de la Policía Nacional, Aldo Pastore, afirmaba que el “EPP” operaba con 10 hombres (“No podrán huir todo el tiempo”, 2011). En el 2014 un fiscal, Federico Delfino, indicaba que serían aproximadamente 20 combatientes. Mientras tanto el comandante de las Fuerzas Militares, Jorge Ramírez, señalaba que no es fácil acabar con los guerrilleros porque tienen sistemas de escape en un área de mucho monte y difícil acceso, por lo que incluso se necesitarían unos diez mil a quince mil hombres para atrapar a 20 integrantes del “EPP”. “No es fácil, si rodeamos el área, igual serviría para el escape” (Jorge Ramírez en “Comandante dice que necesitan 15 mil hombres”, 2014).

Un procesamiento propio de datos del censo agropecuario del 2008, el último llevado a cabo en Paraguay, indica que ese año solo el 13% del territorio de todo el departamento de Concepción, donde irrumpió por primera vez el “EPP”, se encontraba cubierto por bosques. El 81% de toda la superficie boscosa se encontraba en propiedades de mil y más hectáreas, es decir en los más grandes establecimientos pertenecientes a menos del 1% de todos los propietarios de tierras. En el 97% de todas las propiedades, las que tienen menos de 20 hectáreas, pertenecientes a familias campesinas, solo se encontraba el 3,5% de toda la superficie de bosques (^{Pereira, 2014}), que en realidad son mechones de montes esparcidos. De esto se puede deducir que el “área de mucho monte y difícil acceso” en el que actúa el “EPP” no es territorio campesino.

Las autoridades de las instituciones paraguayas afirman que a los grupos “guerrilleros” es difícil neutralizarlos porque cuentan con apoyo de la población campesina en cuyo territorio operan, vinculación que volvió a ser recurrente en el 2021 tras el episodio de secuestro y asesinato del hijo del propietario de un establecimiento ubicado en el norte paraguayo (“Plagio de Jorge Ríos se habría organizado en Brasil”, 2021; “ACA-EP formó “triángulo” donde opera con apoyo logístico”, 2021). El apoyo sería brindado a los “insurgentes” por temor a represalias o directamente por la simpatía que despiertan en la población local.

Ciertos analistas identificados con posiciones políticas progresistas no piensan muy diferente, señalando que el “EPP” es una organización revolucionaria que lucha a favor de grandes mayorías populares excluidas, como campesinas e indígenas (^{Carbone, 2020}). Algunos incluso creen que para muchas familias del norte paraguayo “sin esperanzas ni futuro”, no sería “lunáticamente radical” el terrorismo como una manera de solución a la situación de inequidad social que padecen, indicando que cierta parte de la población le brinda protección y apoyo logístico al “EPP” (^{Boccia, 2020}). Otros concluyen que el sistema político excluyente de Paraguay, liderado por élites que han bloqueado la posibilidad de realizar una reforma agraria en el país más desigual de acceso a la tierra en el mundo, se constituye en una de las causas de la insurgencia rural del Paraguay (^{Nickson, 2019}). Un estudio afirma que el “EPP” se infiltró en las organizaciones sociales del norte de Paraguay, reclutó a varios de sus integrantes y emplea la estructura organizativa de esas agrupaciones en su propio provecho (^{Martens, 2017})¹⁷; además consigue la adhesión de la población local mediante la entrega de dinero a personas de escasos recursos económicos, por lo que el área geográfica de las comunidades campesinas en que actúa el “EPP” es una “zona de confort” del grupo armado (Martens, 2020).

Determinados hechos ponen sin embargo en entredicho la adhesión a la “guerrilla” como consecuencia de la simpatía con los grupos “insurgentes” o debido al temor que siente la población local. Setenta y cinco comunidades indígenas rechazaron públicamente en el 2020 paquetes de alimentos y otros insumos por un valor de dos millones de dólares que el “EPP” obligó a los familiares del exvicepresidente paraguayo secuestrado, Óscar Denis¹⁸, a entregarles (“Unas 75 comunidades indígenas del Chaco rechazan víveres del EPP”, 2020). También rechazaron la “gentileza” del “EPP” los pobladores de la comunidad de Arroyito (“Campesinos de Arroyito rechazan víveres por ser producto de extorsión del EPP”, 2020). Arroyito es una comunidad campesina a la que en numerosas ocasiones se vinculó con los grupos “guerrilleros” sin colocarse en contexto su origen ni su historia de lucha.

A modo de conclusión

El ambiente tranquilo que caracterizaba a Arroyito fue sustituido por el permanente recorrido de vehículos militares, controles constantes de efectivos de la FTC en los caminos, sobrevuelo de helicópteros sobre las escuelas y abusos de poder por parte de policías y militares. Exigir el respeto de la producción agro-empresarial a las leyes ambientales y reivindicar el acceso a una fracción de tierra se constituyeron en sinónimos de vinculación con la “violencia guerrillera” desde el primer atentado del “EPP” en marzo del 2008. Dicho atentado se produjo en momentos en que la comunidad campesina de Kurusu de Hierro había logrado la atención de varias instituciones estatales que dieron la razón a su reclamo y días antes de una negociación clave que pudo haber culminado en el traspaso a familias campesinas norteñas de tierras públicas que estarían irregularmente incorporadas en el establecimiento en que hizo su primera aparición el “EPP”. La comunidad de Arroyito se convirtió en la siguiente víctima del combate a la supuesta violencia “revolucionaria”.

A mediados del año 2014 se habilitó en la comunidad la base de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta. En el 2020, luego del secuestro del ex - vicepresidente de la república, Óscar Denis, se reforzó el dispositivo de seguridad con el envío de vehículos blindados, un helicóptero, 12 camiones, 19 camionetas, dos minibuses y ochocientos hombres más de las fuerzas regulares (“Llegan refuerzos en el Norte”, 2020).

La violencia armada instalada en el área de residencia de la población rural del departamento ha sido funcional a la neutralización de la organización campesina, cuestionadora de la inequidad de la distribución de la tierra, y del avance del modelo de producción agro-exportadora, con efectos destructivos de la base comunitaria, el medio ambiente y los cultivos de renta y autoconsumo de la agricultura familiar.

Evidentemente que en el norte existen objetivos estratégicos de las corporaciones extranjeras a las que le han sido afines los últimos gobiernos empresariales (…) Entonces se necesita vaciar, se necesita desplazar a las poblaciones campesinas. Es muy rica la región norte de Paraguay. Como anillo al dedo al avance extractivista aparecen estos grupos armados cuya existencia es funcional a la expansión del extractivismo. Es funcional porque a través de la aparición de estos grupos es que se militariza la zona, se crea una Fuerza de Tarea Conjunta, se criminaliza cualquier lucha social. En ese marco se ataca a Arroyito, se trata de desarticular a las organizaciones, la comunidad, el modelo de tenencia de la tierra de Arroyito (J.Valiente, comunicación personal, 02 de julio de 2021).

El sujeto al que se le ha atribuido y se le sigue atribuyendo la violencia o su colaboración con la misma ha resultado ser el mismo que ha cuestionado desde sus organizaciones los impactos del modelo de desarrollo del norte paraguayo. Es un sujeto subversivo para el agronegocio, sector económico al que ha puesto en jaque con sus denuncias que fueron consideradas por el Estado paraguayo en los inicios de la expansión sojera en el departamento de Concepción.