Economía y mundo obrero hasta mediados del siglo XX

En la historia económica del Paraguay, el período iniciado en la posguerra de la Triple Alianza (especialmente a partir de la década de 1880) y concluido a mediados de la década de 1960, es considerado como el período de predominio de la economía de enclaves. Por enclave entendemos “la empresa -societaria o unipersonal- que utiliza abundante capital, una tecnología más sofisticada que la utilizada en el país, cantidad de tierra, de mano de obra numerosa y barata, con vistas a abastecer a un mercado en gran escala (internacional) que por lo general dominan, y cuya finalidad es la máxima rentabilidad y expatriación de sus utilidades” (^{Campos Doria, 2010}, p. 130). Se trató de la formación social que adquirió el país luego de la integración al mercado internacional y su inserción en la economía capitalista mundial, caracterizada por una apertura total al capital extranjero (^{Herken, 2011}, p. 32).

Formada ideológicamente en una fuerte oposición al régimen político derrotado en la guerra (que practicaba un fuerte intervencionismo estatal), la elite dirigente de la posguerra proyectó la reconstrucción del país como una “regeneración”, sobre bases político-ideológicas muy distintas al período anterior. La Constitución de 1870 fue el marco legal sobre el que se llevó adelante la serie de medidas socioeconómicas que dieron forma al Paraguay liberal. Siguiendo los principios liberales, el nuevo Estado paraguayo fue reconstruido “como un Estado limitado en cuanto a poderes y limitado en términos de funciones” (^{Bogado Tabacman, 1991}, p. 74). El ejemplo paradigmático de la nueva situación se dio con la privatización de las tierras públicas (que representaban prácticamente la totalidad de las tierras del país) en 1885, que implicó la conformación de los grandes latifundios forestales y ganaderos y se transformó en la base de una reconfiguración total de su estructura económica, cuyas mejores tierras y sus recursos más rentables quedaron en manos de empresas de capital extranjero. Destacaron en este sentido el enclave yerbatero, el taninero y la industria de la carne, todos ellos en manos de unas pocas empresas de capitales argentinos, ingleses y norteamericanos. Las más importantes eran: Carlos Casado S. A. (tanino), International Products Company (carne y tanino), Liebig’s (carne), Societé Fonciere (carne), La Industrial Paraguaya SA (yerba mate y maderas), Domingo Barthe (yerba mate y maderas) y Matte Laranjeira (yerba mate), entre otras. A estas empresas debemos agregarle la anglo-argentina Compañía Mihanovich de Navegación, que monopolizaba el transporte fluvial paraguayo (principal medio de transporte) y de la cuenca del Río de la Plata.

Paralelo al proceso de enajenación de las tierras fiscales y la conformación de grandes latifundios, debido a la escasez crónica de fuerza de trabajo, el gobierno garantizó la supervivencia de formas coercitivas de sujeción de la mano de obra a las empresas latifundistas, manteniendo la tradicional forma del “enganche” por deudas. Mediante el mecanismo del “anticipo”, el pago en vales, el monopolio de la venta de artículos de primera necesidad en las tiendas de la misma empresa, etc., los trabajadores eran retenidos coercitivamente en los establecimientos forestales, quedando de esta manera a merced de las empresas, bajo la cual actuaban las autoridades paraguayas, con la manifiesta pérdida de soberanía. Al servicio de la retención coercitiva de la mano de obra en los lugares de trabajo se destinó toda una serie de leyes que criminalizaban las “fugas” o “huidas” de los trabajadores (^{Campos Doria, 2010}, p. 133).

Este tipo de unidades económicas -conjuntos “cerrados” y débilmente integrados al resto de la economía nacional-, si bien implementaron tecnologías avanzadas y realizaron importantes inversiones en infraestructura (vías férreas, caminos, puertos, etc.), tuvieron un “efecto modernizador” muy limitado en el conjunto del país (^{Herken, 2011}, pp. 31-32). Esta preponderancia del sector externo en la economía repercutió en una crónica debilidad y fragilidad de los sectores burgueses locales, producto de una escasa y lenta acumulación de capital, con la consecuencia de un acentuado retardo en el desarrollo de la burguesía como clase dirigente. El sector comercial-financiero, por un lado, “dependía fuertemente de los agentes del capital extranjero” y estaba expuesto “a operar más bien en reducidas escalas, debido al aislamiento impuesto por la condición mediterránea del país”, mientras que la clase terrateniente, por su parte, se encontraba “apegada a los beneficios de la renta del gran latifundio y no a la ganancia proveniente del acceso al mercado interno y externo”. Por lo tanto, “en el ejercicio del poder político, tanto en los escenarios locales y regionales”, ni una ni otra tuvieron “la suficiente enjundia como para conformar un sistema de dominación plenamente hegemónico” y en el proceso histórico-político de “gestión de la dominación política nacional”, tuvieron “que compartir o disputar el control del poder con otros actores sociales y políticos, según las coyunturas” (Galeano, 2008, pp. 16, 93).

Esto repercutió en una crónica fragilidad del sistema de dominación, que desencadenó una crisis política permanente, en la que ninguna facción gobernante pudo lograr estabilidad a mediano o largo plazo. Mauricio ^{Schvartzman (2011}), desde el marxismo, lo planteó cómo la debilidad de la sociedad civil en el Paraguay, es decir, la inexistencia de una clase fundamental que llevara adelante la “dirección moral e intelectual” de la sociedad y construyera un “sistema hegemónico”. La “expoliación imperialista”, según el autor, redujo la posibilidad de “formación de una burguesía nacional con cierto grado de desarrollo” y “creó el predominio ininterrumpido de una sociedad política, en situación de crisis permanente, de crisis de autoridad, por el vacío de una hegemonía” (p. 57).

Economía de enclaves y crisis política permanente fueron, pues, las características generales de la sociedad paraguaya en la primera mitad del siglo XX. La economía de enclaves, cuyas bases se sentaron en la última década del siglo XIX vivió una fase expansiva a partir de la Primera Guerra Mundial, con un importante incremento de las exportaciones (especialmente de tanino), que tuvo su repercusión en el movimiento obrero paraguayo. Hasta entonces, el carácter cerrado y aislado de los establecimientos extractivos de los enclaves y el escaso desarrollo urbano e industrial había configurado un movimiento obrero prácticamente reducido a los pequeños talleres artesanales y manufactureros de Asunción. En consecuencia, la mayoría de las asociaciones obreras consistía en entidades de oficio artesanales o semi-artesanales, que por lo calificado de su trabajo y el reducido tamaño del mercado laboral contaban con cierta fuerza de negociación, lo que les permitió alcanzar un relativo control del mercado de trabajo (^{Bogado Tabacman, 1991}, p. 8).

Con el crecimiento del intercambio comercial, desde mediados de la década de 1910, un nuevo sector laboral emergió con fuerza y ganó protagonismo: los trabajadores del transporte fluvial. Constituidos también en sociedades de oficio, éstos lograron rápidamente federalizarse (especialmente con la constitución de la Liga de Obreros Marítimos, en adelante LOM) y se transformaron, a partir de la década de 1920, junto a la también destacada Asociación Ferroviaria (organizada en 1927 mediante la unificación de entidades de oficios preexistentes), en la principal organización obrera del país.

Si una parte importante de las organizaciones obreras consistía en sindicatos de oficios, el otro gran conjunto lo constituían los sindicatos por empresa, que predominaron en el sector fabril y forestal. Al contrario de los talleres y en el trabajo autónomo, en las fábricas y obrajes, la actividad organizativa fue mucho más difícil, debido a la movilidad y flexibilidad de una mano de obra mayormente no calificada; al carácter “aislado” y “cerrado” de las propias unidades productivas, que funcionaban bajo la forma de “empresa-ciudad” (^{Bogado Tabacman, 1991}, p. 3); y a la política fuertemente represiva de las patronales del sector. Por regla general, las organizaciones se desarrollaron más tardíamente, y fragmentadas y dispersas, no contaron con gran poder de negociación y fueron mucho menos eficaces en la lucha contra patronales. Sin embargo, a pesar de la fragilidad e inestabilidad de las organizaciones, se trató, como veremos más adelante, del sector más conflictivo del período.

La economía paraguaya, que vivió un auge relativo a mediados de la década de 1920, entró en una crisis duradera en la conflictiva sucesión de trastornos que implicó la crisis internacional de 1929-1930, el estallido de la Guerra del Chaco (1932-1935) y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La crisis mundial de 1929-1930, en principio, implicó un marcado descenso del comercio exterior, pero lo más duro de la misma comenzó en 1931, con la instauración del “control de cambios” en octubre de ese año en la Argentina, hecho que frenó la entrada de divisas en Paraguay, reduciendo las importaciones y afectando al presupuesto gubernamental. El gobierno paraguayo, mediante su propia Oficina de Cambios, intentó negociar desde entonces “cuotas” de acceso a la moneda argentina con dicho gobierno, pero se vio aquejado por una permanente falta de liquidez. El incremento notable de los gastos originados por la guerra del Chaco, a partir de 1932, derivó en un incremento de la emisión monetaria y la consecuente inflación, afectando sensiblemente el bolsillo de los trabajadores, ya castigados por las políticas de aumento de la productividad propias del contexto bélico.

La situación económica paraguaya durante las décadas de 1930 y 1940 tuvo altibajos muy pronunciados, con ciclos de retracción muy pronunciados durante 1934-1935 (últimos años de la guerra con Bolivia) y 1939-1941 (con la recesión originada por el inicio de la Segunda Guerra Mundial), y un crecimiento notable de las exportaciones 1944-1945, seguidas a su vez por una fuerte recesión con el final de la guerra a partir de 1946 (^{Campos Doria, 2010}, pp. 247-250).

En cualquier caso, la situación de la masa trabajadora, castigada por la constante inflación y devaluación de sus salarios, se mantuvo en una tendencia desfavorable de sostenido descenso del salario real, apenas compensado por las nuevas leyes laborales, de aplicación relativa y parcial.

Dos tipos de conflictos: huelgas “económicas” y huelgas “políticas”

A través de su historia, el movimiento obrero paraguayo fue construyendo toda una serie de recursos en su lucha contra las patronales y el Estado, adaptado a las características particulares que había asumido la sociedad y economía paraguayas. Este “repertorio de lucha” (^{Tilly, 1993}) fue muy variado y dependió del contexto, el tipo de organizaciones, de la capacidad de éstas, del tipo de relación que se estableció con las patronales, el Estado y las autoridades en general, etc. En Paraguay el principal recurso utilizado -en sus diferentes variantes- fue la huelga.

En este trabajo procedemos a dividir analíticamente las huelgas del período en dos grupos bien diferenciados: las huelgas parciales, originadas por demandas puntuales sobre salarios y condiciones de trabajo y cuyo objetivo eran el enfrentamiento con las patronales, y las huelgas “políticas” o generales, sobrevenidas como respuesta o reacción a cuestiones de política sindical o general, y que suponían un enfrentamiento abierto con las autoridades gubernamentales. Esta división, justificada en términos analíticos, no puede ser tomada de manera absolutamente taxativa. En ciertos momentos de gran conflictividad social, las autoridades solían reaccionar redoblando sus esfuerzos de control para evitar la proliferación o agravamiento de los conflictos, ya sea mediante la sanción de “treguas sindicales”, la represión directa, la intervención y/o disolución de sindicatos, etc.

De hecho, el período cronológicamente abarcado en este trabajo arranca con un conflicto que combina ambos tipos de huelgas. En febrero de 1931, en el marco de una violenta huelga de albañiles que llevaba ya varios meses, y con una decidida intervención estatal destinada a disciplinar al belicoso sindicato anarquista que lo protagonizaba, se produjo una huelga general de carácter insurreccional con el objetivo de cambiar radicalmente el régimen político, social y económico del país, liderado por el Nuevo Ideario Nacional, movimiento de izquierda en el que confluyeron obreros anarquistas y estudiantes revolucionarios (^{Quesada, 1985}; ^{Rivarola, 1993}; ^{Castells, 2021}). El fracaso del movimiento insurreccional derivó en una fuerte represión gubernamental, acompañada con políticas de intervención activa en el movimiento obrero (disolución de los sindicatos, ley de asociaciones gremiales, creación del primer Departamento de Trabajo, etc.) que restringieron la actividad gremial casi hasta su anulación.

Esta situación restrictiva se mantendría durante los años siguientes, ya en el marco de la ley de “defensa social” de diciembre de 1932 (que prohibía el derecho a huelga), propia del contexto de la guerra con Bolivia. De esta manera, pues, el Estado paraguayo fue asumió un rol interventor en los conflictos laborales que no abandonaría en los años posteriores.

El fin de la guerra del Chaco y, más específicamente, el período abierto con la revolución del 17 de febrero de 1936 profundizaría el rol interventor, aunque agregándole una nueva faceta. Ya no se trataba sólo de reprimir las organizaciones obreras, sino de intervenir en el conflicto en un lugar de mediador y conciliador, a través del Departamento Nacional de Trabajo (DNT).

Si bien el período iniciado en 1936 implicó un avance en el proceso de institucionalización del conflicto laboral, el paradigma punitivo de intervención estatal en ningún momento fue abandonado. Como resultado de ello, el recurso a la acción directa violenta (característico de las dos décadas anteriores) se mantuvo, pero en una tendencia decreciente. La práctica, tan extendida en la década de 1920, de intentos de “ajusticiamiento” de “traidores”, rompehuelgas, capataces o gerentes¹, fue disminuyendo, limitándose cada vez más a aquellos sectores en donde la violencia e intransigencia patronal era especialmente odiosa, como en los obrajes (^{Nickson, 2013}, p. 25).

Una de las formas más extendidas de lucha entre los obreros paraguayos consistió en la huelga mediante el reparto de horas o turnos de trabajo, como forma de compensar la desocupación. Se trataba tanto de un recurso en el caso de las huelgas parciales (se repartían las horas o turnos de trabajo en algunas empresas mientras se boicoteaba a otras) o de una demanda que finalizaba en conflictos abiertos.

En estos últimos casos, la paralización o el abandono de las tareas se iniciaba recién luego de que las patronales se resistieran a dicho cambio unilateral del mercado de trabajo. El caso paradigmático de este tipo de huelgas fue la protagonizada por los albañiles de 1931, pero también se dio en otros sectores. Esta era una práctica que se anclaba profundamente en la tradición de “control sindical” del mercado de trabajo, típica del sindicalismo de oficios. En contextos de contracción económica y reducción del personal, los trabajadores reaccionaban exigiendo el reparto de las horas de trabajo entre los distintos miembros del sindicato, una práctica que tenía sentido en ese pequeño mundo semiartesanal, ya que no apuntaba ni afectaba a la problemática de fondo: el crecimiento lento pero progresivo del mercado laboral.

Obviamente, no todos los conflictos derivaban en huelgas. Con la conformación del DNT, en junio de 1936, muchos conflictos fueron solucionados en las instancias de mediación y conciliación, que los obreros respetaron. Sin embargo, la reacción de las patronales, mayormente reacias a estas instancias (y más aún, a las leyes laborales que principiaban a sancionarse), provocó que otros conflictos desencadenaran huelgas, a pesar de la activa intervención estatal destinada a evitarlas.

La conflictividad en los lugares de trabajo: la reacción patronal ante las nuevas leyes

En el movimiento huelguístico del período 1931-1947 (figura N°1) puede observarse un pico acentuado en 1936, desarrollado en la primera mitad de dicho año (especialmente los meses de marzo-abril). Se trataba de la efervescencia sindical que acompañó y contextualizó la “revolución de febrero” en sus inicios. Esta efervescencia coincidía, además, con la reaparición de la “libertad sindical” en un contexto del fin de una larga “tregua”, establecida en 1931 y mantenida desde entonces.

Durante los años de la guerra del Chaco, además de la reducción estrepitosa del salario real, las condiciones de trabajo habían empeorado notoriamente, especialmente en lo que respecta a las interminables jornadas de trabajo, que llegaban a alcanzar hasta 14 o 15 horas diarias. Los últimos acuerdos entre los sindicatos y las patronales databan su mayoría de 1928-1930. Esta situación “desactualizada” provocó la gran conflictividad obrera del período, acicateada indirectamente por las expectativas generadas por un gobierno que -al menos discursivamente- se manifestaba cercano a sus reclamos.

Figura 1.  Salarios, organización sindical y conflictividad laboral (1930-1940) 

El proceso fue prácticamente el mismo en todos los sectores: primeramente, los obreros procedieron a la organización y reorganización de sus sindicatos (la mayoría disueltos o inactivos desde 1931, a los que se les agregaron nuevas organizaciones en sectores con escasa actividad organizativa anterior, en el marco del proceso organizativo de trabajadores más importante del país hasta el momento), para luego presentar el pliego de condiciones a las patronales con el eje puesto en tres reclamos principales -aumento salarial, jornada de 8 hrs y reconocimiento del sindicato-, demandas a las que habría de sumarse en algunos gremios la de estabilidad en el empleo y “control sindical” de éste (las empresas sólo podían contratar empleados afiliados a los gremios). Algunas de las asociaciones empresariales aceptaron rápidamente las demandas, otras muchas las rechazaron de plano, originando, pues, el ciclo intensivo de huelgas más importante del país hasta entonces.

El movimiento huelguístico, iniciado en principio en Asunción a mediados de marzo, se extendió al norte del país entre fines de marzo y principios de abril, alcanzado los establecimientos forestales y tanineros, en donde los trabajadores lograron firmar los primeros convenios colectivos en la historia de dicha actividad.

La mayoría de este proceso huelguístico logró un relativo éxito, alcanzándose la aceptación parcial de las demandas obreras. La actividad sindical, aunque con reticencias, comenzó a ser reconocida por las empresas (a diferencia de los años anteriores). Pero si bien se dieron aumentos salariales, estos no alcanzaron a recuperar la caída del salario real con respecto a la década de 1920 (véase figura 1), siendo compensada parcialmente esta pérdida con la reducción de la jornada laboral, logro que se alcanzó en casi todos los sectores organizados. La sanción y reglamentación formal de la jornada de 8 hs tendría que esperar, empero, a 1938.

A partir de mayo de 1936, las huelgas tendieron a estancarse hasta 1939, aunque manteniéndose en niveles relativamente altos. Esto obedeció a dos factores principales: por un lado, la aplicación rigurosa del Decreto N°125 comenzó a limitar paulatinamente la actividad y autonomía de las organizaciones no dependientes del Estado, sometiéndolas a una “tregua social”; y por el otro, la creación del DNT estableció la instancia de arbitraje obligatorio como condición necesaria para reconocer la legitimidad de una demanda obrera.

Esta decisiva intervención estatal tuvo una consecuencia directa en las propias bases: la “disposición general” (^{Linden, 2019}, p. 181) de los trabajadores de iniciar un conflicto varió notoriamente dependiendo de la situación en la que se encontraba su reclamo en el DNT. La disposición a iniciar una huelga era muy amplia cuando los trabajadores notaban que se habían agotado las instancias de solucionar el conflicto de manera negociada y, especialmente, cuando los fallos del DNT eran desconocidos o desobedecidos por las empresas. En esos casos, la intransigencia patronal servía como un fuerte disparador.

Otros conflictos se desencadenaban cuando la lentitud del DNT al analizar los pliegos de reivindicaciones extendía la negociación por meses, afectando la paciencia y el salario devaluado de los trabajadores. Declarar una huelga sin haber agotado las instancias de negociación en el DNT podía ser peligroso: la legitimidad de las huelgas quedaba en entredicho. Hubo casos, sin embargo, de huelgas exitosas hechas a pesar del DNT. La huelga tranviaria del último trimestre de 1936, por ejemplo, fue decidida debido a la intransigencia de la empresa y la inacción del DNT, y su éxito se debió a la fuerte implantación sindical en los lugares de trabajo y a una acertada campaña propagandística que logró que gran parte de la opinión pública se pusiera a favor de los trabajadores (Informe sobre la Asociación Tranviaria, AG-17-18-001).

Más allá de algunos casos particulares, aquellas huelgas que se iniciaron sin que hayan quedado agotadas las instancias de negociación o que se realizaron al margen de ellas fueron poco acompañadas por los trabajadores en general. Los trabajadores paraguayos evaluaban racionalmente la magnitud del riesgo que corrían paralizando el trabajo y estas consideraciones sobre legitimidad tenían cierto peso, tanto en la moral de los huelguistas como en las posibilidades materiales de sostener el conflicto.

De hecho, los sindicatos paraguayos, debido a su crónica inestabilidad, no estaban en condiciones de sostener fondos de huelga considerables. Dependían, por ende, de una alta disposición a la lucha, de la solidaridad obrera, de las donaciones y ayudas externas, de las changas que pudieran realizar los huelguistas para sostenerse en caso de la extensión de los conflictos, etc. Muchas de estas cuestiones dependían de que otros sectores obreros o de la sociedad civil se sintieran cercanos a sus reclamos y estuvieran dispuestos a ayudarles. La “legitimidad”, entonces, se convertía en un valor material indispensable para que los trabajadores se arriesgaran a ir a la huelga.

En el caso de las huelgas parciales, fundamental era la solidaridad de aquellos trabajadores no afectados directamente: durante la huelga de los obreros del calzado de 1938, que llegó a durar varios meses, según los balances publicados en la prensa gremial, gran parte de los fondos de huelga provenían de los obreros zapateros de los talleres, que sostenían de esta manera el paro y boicot que realizaban sus compañeros fabriles (CNT, año 1, N°15, 26/11/1938).

Muchas veces la intervención gubernamental no fue homogénea. Fruto de la crisis política que caracterizó al período, era bastante frecuente que diferentes organismos del gobierno tuvieran posiciones encontradas, divergentes e incluso antagónicas. Los casos más extendidos solían ser aquellos en los que las resoluciones o directivas del DNT eran obstruidas, obstaculizadas o desconocidas por jefes políticos locales o fuerzas de seguridad, generalmente más permeables a los lobbies empresariales. Tal situación fue común entre 1937 y 1940, durante las presidencias de Félix Paiva y José F. Estigarribia, cuando se dio la difícil convivencia entre el Partido Liberal y la cúpula de las F.F.A.A.; y luego en la “primavera democrática” de 1946, con la convivencia imposible al interior del gobierno de coalición entre colorados y febreristas.

Los trabajadores, cuando podían, aprovechaban estas divisiones. Un ciclo de huelgas de 1939 fue fundamental para que la CTP comunista lograra, con el apoyo de la juventud liberal, la modificación en la dirección del DNT, reemplazando al sector dirigente por personas más cercanas al obrerismo y las demandas sindicales. La huelga marítima de 1938, por otro lado, encontró que el Congreso era más receptivo a sus demandas que el propio DNT.

La ayuda externa en las huelgas fue vital para que alcanzaran el triunfo. Los grupos auxiliares de apoyo, compuestos en general por militantes partidarios y organizaciones cercanas (como el movimiento estudiantil), fueron indispensables en los casos exitosos. Las familias de los obreros jugaron un rol similar, especialmente sus esposas, tanto en la constitución de redes de ayuda mutua como interviniendo, cuando había posibilidad, en el debate público.

Un problema que afectó a varios sectores paraguayos en sus conflictos, sobre todo pertenecientes al transporte y servicios, fue el impacto que generaban en los usuarios o consumidores. Un aumento de salarios a tranviarios o panaderos, por ejemplo, solía trasladarse, por decisión de las patronales, al precio del tranvía, la energía o el pan. En el caso de los marítimos, en tanto la economía paraguaya dependía de dicho medio de transporte, un aumento de salarios para los obreros del sector solía generar un aumento general de precios, porque el aumento del “costo laboral” encarecía los fletes (La Tribuna, 15/11/1938). En todos estos casos, el conflicto implicó una batalla propagandística por la opinión pública, dónde los sindicatos intervinieron incluyendo en sus propias demandas que los aumentos no se trasladaran a los precios.

Hubo casos puntuales en donde los obreros lograron aprovechar la división de los patrones. Un caso muy interesante se dio durante una importante huelga de los obreros del calzado en 1938: como ya se ha mencionado se trató de un conflicto parcial, que sólo afectó a los trabajadores de las fábricas: los pequeños talleres y los trabajadores a domicilio o autónomos siguieron trabajando y su solidaridad fue fundamental para el éxito del movimiento (El País, 22/09/1938).

A partir de 1940, durante la dictadura del general Higinio Morínigo, el movimiento huelguístico decayó notablemente. Son los años de la “tregua sindical” y de la crisis económica devenida de la Segunda Guerra Mundial. La contracción económica originada al inicio de dicho conflicto había golpeado fuertemente en el pequeño mercado laboral paraguayo provocando un aumento notable de la desocupación, que asumía, según denunciaba la confederación obrera, “contornos pavorosos” (CTP, año 3, N°43, 31/5/1940). En ese contexto, gobierno y patronales unieron sus fuerzas contra las organizaciones sindicales apuntando especialmente hacia una de las principales conquistas alcanzadas por el sindicalismo de oficios, el “control sindical” del mercado de trabajo. La LOM fue la principal víctima de la situación económica. Dicha federación, que había enfrentado exitosamente al gobierno y a la patronal en 1938, apenas estuvo en condiciones de aguantar el golpe a fines de 1940. Su derrota, y la de todo el movimiento obrero en la huelga general de enero de 1941, inició un período de estricta vigilancia estatal de los sindicatos y de prohibición del derecho a huelga.

Entre 1941 y mediados de 1946, en este contexto de ausencia de libertades civiles y políticas, toda huelga se transformó en huelga “política”. De ahí la fuerte represión que acompañó a todos los conflictos del período, reduciéndolos a una mínima expresión. Pero la política laboral de la dictadura no consistió sólo en la represión. Mientras reprimía a los trabajadores como ningún gobierno desde 1931, el gobierno de Morínigo llevó adelante, en palabras de Andrew ^{Nickson (1987}), “la primera gran legislación laboral en el Paraguay”, estableciendo algunos derechos sociales que no existían en la jurisprudencia del país (p. 11). Ambas políticas estaban ligadas entre sí y apuntaban conjuntamente a la erradicación del conflicto social, que debía ser conjurado, en la terminología propia de las ideas corporativistas predominantes en el gobierno, mediante la conciliación de clases al interior del “organismo” estatal.

Descartando las leyes destinadas a disciplinar y controlar a las organizaciones, de las que nos ocuparemos más adelante, durante la dictadura se sancionaron las siguientes leyes laborales: decreto-ley N°4490 que establece el “ahorro obligatorio” (1941), decreto N°13294 que obliga a las empresas a contratar trabajadores paraguayos e iguala salarios entre nativos y extranjeros (1942), decreto-ley N°16875 que prohíbe y regula el trabajo infantil (1943), decreto-ley N°18071 que crea el Instituto de Previsión Social (1943), decreto-ley N°211 que establece el régimen de “sábado inglés” (1943), decreto-ley N°620 que establece el salario mínimo obligatorio (1943), decreto N°6052 que crea el Consejo de Salarios en el marco del DNT (1944) y decreto-ley N°17307 que establece el aguinaldo.

Si este avance legislativo puede parecer notable, conviene aquí hacer dos apuntes. En primer lugar, la “política obrera” de la dictadura de Morínigo, en su inspiración y especialmente en su implementación, tuvo un marco y un condicionante muy claro: la rentabilidad de las empresas y el aumento de la productividad. Un ejemplo de ello lo constituye la sanción del decreto-ley N°620 del 2 de octubre de 1943, que estableció el salario mínimo. La fijación era realizada por el DNT, sin representación sindical por entonces. En dicho marco, los técnicos que llevaban las riendas de la política económica desarrollaron la normativa siempre de acuerdo con las condiciones generales de la economía, buscando afectar al mínimo a las empresas. Un artículo publicado en un periódico oficialista explicaba claramente el fundamento que orientaba la aplicación del decreto. Aclaraban que la fijación debía ser “gradual y moderada”, ateniéndose a las necesidades de la clase trabajadora, pero también, “en íntima relación con el conjunto de los problemas económicos que intervienen en la producción”. Debía basarse en estudios “detenidos, severos e imparciales”, ya que, de lo contrario, “devendría una enorme crisis económica y social”. Finalmente, y reconociendo indirectamente que se trataba apenas de una compensación mínima en un contexto desfavorable, llamaban a observar atentamente la actitud de los sindicatos, cuya misión en “tiempos de crisis” debía ser “educativa, prudente, enérgica y patriótica”, con el objetivo de “comprender y hacer comprender que el aumento de la producción es un imperativo categórico y que el problema social del costo de vida” no se resolvía “con los aumentos incesantes de salarios seguidos de aumentos de precios” (El Paraguayo, 16/01/1944). La ley del salario mínimo se planteaba, pues, como un paliativo al retroceso general de los salarios, que corrían siempre por detrás del costo de vida (figura N°2).

Fuente: elaboración propia en base a datos aportados por Warren (1945, pp. 197-199). Índice 1940 = 100.

Figura 2.  Evolución del índice de precios y salarios (1940-1945) 

En segundo lugar, resulta muy difícil medir el grado de cumplimiento de estas leyes en los lugares de trabajo. Vaya un ejemplo de esta situación: el DNT, con fecha del 25 de enero de 1951, decidió decretar la Resolución N°13, por la cual emplazaba a las empresas a que en el término de 30 días procedieran al “cumplimiento estricto” de los decretos N°2848 y 3252 (¡ambos de 1937!), que creaban y reglamentaban la “bonificación familiar” para todos los trabajadores padres de familia, debido “a que la disposición legal que la establece, si bien fue promulgada en 1937, no es observada por la mayoría de las firmas patronales y es doble observarse las denuncias de incumplimiento que se reciben a diario” (DNT, Resolución N°13, 25/01/1951).

Por regla general, era necesaria una estricta vigilancia gremial para garantizar el cumplimiento de los más elementales fallos del DNT (), por lo que la “tregua sindical” perjudicaba notoriamente a los trabajadores, incapacitados de ejercer activamente esa presión. Las empresas, en este contexto, contaban con diversas herramientas para soslayar o incumplir las leyes. Las reglamentaciones, por ejemplo, fueron realizadas mayormente con la supervisión y asesoramiento de profesionales ligados a las mismas empresas, logrando en ciertos aspectos desvirtuar la ley u obstaculizar su implementación en algunos puntos claves.

Un ejemplo de ello ya se había dado en 1938, cuando se procedió a la reglamentación de la jornada laboral de 8 horas diarias y 48 hs semanales en el trabajo fluvial y portuario. Ésta se hizo bajo la orientación de asesores de la propia patronal y, a contramano del espíritu de la ley, transformó lo que había sido un avance legal en un retroceso en la práctica. Según la reglamentación, las empresas podían dejar de pagar las horas extras siempre y cuando las horas trabajadas no superen el total semanal de 48 horas. Esta reglamentación originó una dura huelga de la LOM, que duró 40 días, entre octubre y diciembre de aquel año, logrando reimponer la jornada de 8 horas y el pago de horas extras.

Durante el segundo semestre de 1946, sobrevino un nuevo y moderado ciclo huelguístico, en el marco del proceso de liberalización y renovada actividad sindical desarrollado durante el gobierno de coalición y la “primavera democrática”. La mayoría de los conflictos de ese semestre fueron suscitados por la resistencia de las empresas a acatar los fallos de actualización salarial del DNT, que llegaban luego de una larga tregua favorable a sus intereses. Para entonces, buscando evitar el desencadenamiento de un ciclo conflictivo mayor, el gobierno decretó, en noviembre de 1946, la obligatoriedad de los fallos del DNT, asumiendo (o intentando asumir) el control total de los conflictos entre el capital y el trabajo.

La nueva medida establecía de hecho, aunque de manera indirecta, la prohibición del derecho a huelga. Hasta entonces, si bien dicho derecho se encontraba fuertemente restringido, contaba con un resquicio legal: al no ser obligatorios, los fallos del DNT podían ser rechazados por trabajadores o empresas, dando lugar a huelgas obreras o lockout patronales una vez superadas y fracasadas las instancias de mediación. A partir de noviembre de 1946, tal resquicio en la normativa vigente quedaba cerrado.

Elaboración propia, corregida y ampliada en base a González Bozzolasco (2020)

Figura 3 Huelgas y conflictos obreros (1931-1947 )  

Elaboración propia. Aclaraciones: industrias mayores (tanino, madera, carne, azúcar), industrias menores (sector alimenticio, oleaginoso, astilleros, calzado, tabaco, jabón, textil), talleres y manufacturas (carpintería y ebanistería, industria gráfica, talleres mecánicos y semejantes)

Figura 4.  Discriminación de las huelgas y conflictos por sectores de actividad 

Si observamos los conflictos obreros del período en su conjunto, discriminados por industria o sector de actividad (tabla 2 y figura 4), se evidencia el predominio que alcanzó la conflictividad en los establecimientos industriales y forestales (aquellos que operaban en los enclaves cerrados), mucho mayor a la de los pequeños talleres, manufacturas y oficios, que habían protagonizado los conflictos en las décadas anteriores. Los números mencionados, de hecho, sólo computan las huelgas, pero en la prensa sindical puede seguirse el estado de permanente conflictividad que se vivió durante todo el período en puertos tanineros, aserraderos madereros, fábricas procesadoras de carne e ingenios azucareros. Las patronales del sector -cuya rentabilidad se sostenía en parte en la descarnada explotación de la mano de obra- se resistieron sistemáticamente a aplicar las nuevas legislaciones obreras y dificultaron y persiguieron permanentemente la actividad sindical. Prácticamente no hay número de la prensa obrera que no denunciara las arbitrariedades patronales y las miserables condiciones de trabajo de los obreros en estos sectores laborales. Se trataba, además, de las principales empleadoras del país, con lo que en términos de cantidad de huelguistas la importancia de dichos conflictos se potenciaba. Al mismo tiempo, si bien los datos proporcionados por la prensa son parcos o poco precisos, por regla general las huelgas en estos sectores solían extenderse por semanas y, en algunos casos, por meses.

Las características de las organizaciones gremiales, muy inestables, y de la mano de obra, flexible y móvil, dificultaba que las conquistas laborales se mantuvieran en el tiempo, y posibilitaba que las empresas lograran soslayarlas, anularlas o incumplirlas apenas tuvieran la oportunidad para hacerlo. Debido a ello, los conflictos solían reactivarse cada cierto tiempo alrededor de las mismas demandas: actualización salarial, reconocimiento sindical y cumplimiento de las leyes laborales. Un factor que sumaba a la conflictividad que reinaba en el sector consistía en el carácter inestable de la propia producción, que solía oscilar entre ciclos de trabajo intensivo y otros de inactividad, ya sea por la existencia de stocks naturales o por la contracción y/o expansión de la demanda en el mercado internacional. El cierre parcial de las fábricas, o la reducción notable de la producción, originaron despidos masivos que fueron el motivo de no pocos conflictos.

Las huelgas “políticas”: avance estatal y defensa de la autonomía sindical

A partir de 1931, el Estado paraguayo comenzó a intervenir activamente en el conflicto laboral siguiendo un objetivo que, materializado en diferentes estrategias, consistía fundamentalmente en restringir o anular en lo posible el derecho a huelga de los trabajadores. Para ello, además de la creación de instancias de mediación y conciliación, era preciso disciplinar y/o transformar a las organizaciones obreras, limitando fuertemente su autonomía.

En este sentido, la estrategia seguida inicialmente por el gobierno liberal en 1931 abordó el problema desde dos ángulos: en primer lugar, con la creación del primer (y efímero) DNT, institución que asumió el rol de una suerte de “oficina de colocación” de trabajadores desocupados, destinados a ocupar vacancias en diferentes “industrias, empresas y trabajos” (El Liberal. 24/02/1931); en segundo lugar, con la sanción del decreto N°39.681 (que reglamentaba la “libertad de reunión y asociación”), que ponía bajo autoridad del DNT el reconocimiento de las asociaciones gremiales, que debían actuar bajo los principios mutualistas de practicar “la asistencia, la instrucción y la educación moral y nacional de sus miembros” (El Liberal. 13/03/1931). El decreto, que abrevaba aún en principios liberales, implicaba la ilegalización de los sindicatos, ya que las entidades mutualistas reconocidas no estaban habilitadas a discutir salarios ni condiciones de trabajo, cuestiones que debían resolverse todavía en una negociación entre privados. Más tarde, con el estallido de la guerra con Bolivia y la “tregua patriótica” que le siguió, el conflicto laboral quedó regulado por la ley 1292 de “defensa social” (diciembre de 1932), que prohibió expresamente el derecho a huelga, sometiendo a los trabajadores al código penal militar.

El panorama cambió sensiblemente con la revolución del 17 de febrero de 1936. Como hemos mencionado anteriormente, un intensivo proceso de organización de los trabajadores se produjo entre marzo y abril de 1936, dando lugar a la conformación de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), renombrada en 1939 como Confederación de Trabajadores del Paraguay (CTP). En todo este proceso organizativo y en la dirección de la central unitaria jugaría un rol protagónico el nuevo y pujante Partido Comunista Paraguayo (PCP), reorganizado en 1933 (^{Castells, 2022}).

Con la llegada de los gobiernos nacionalistas al poder, la estrategia gubernamental en torno al movimiento obrero y a los conflictos laborales cambió sensiblemente con respecto al gobierno liberal precedente. Si el gobierno liberal se limitó a la represión de toda organización obrera que no se encuadrara en los principios “mutualistas” y a la prohibición del derecho a huelga, manteniendo la negociación entre trabajadores y patrones en el ámbito estrictamente privado; los nacionalistas se plantearon una mayor intervención del Estado en todos los aspectos de la vida social, incluido el conflicto laboral. A tono con las ideas en boga, los gobiernos procedieron a reconocer la importancia de los sindicatos como representación corporativa de los intereses de los trabajadores y se propusieron integrarlos al sistema político-institucional del país. Esta estrategia perseguía el doble objetivo de, por un lado, institucionalizar el conflicto laboral, reorientando las disputas obrero-patronales al interior de las instancias de mediación y conciliación del nuevo DNT²; y por el otro, limitar la autonomía de las organizaciones obreras, consideradas demasiado peligrosas, tanto por su capacidad de organización y movilización como por su conducción política, identificada con el comunismo.

Si bien la dirigencia sindical aceptó el nuevo rol interventor del Estado, celebrando la creación del DNT y participando activamente en las instancias de mediación y conciliación, se resistió tenazmente a renunciar a su autonomía. Esta posición no sólo fue sostenida por la dirección comunista mayoritaria, sino que también fue mantenida por los dirigentes opositores al comunismo, algunos de ellos cercanos al nacionalismo gobernante (^{Seiferheld, 1984}, 115). En todo caso, la adscripción comunista de parte importante de la militancia gremial fue fundamental para el mantenimiento de la autonomía del movimiento obrero, en la medida en que el férreo anticomunismo de los gobiernos nacionalistas imposibilitó la integración del PCP -que ya para entonces había abandonado la prédica revolucionaria y mantenía una estrategia reformista- al régimen político del país. Como resultado de ello, la convivencia entre los gobiernos nacionalistas y el movimiento obrero “comunista” fue ciertamente difícil y, en algunos contextos, abiertamente imposible.

La primera manifestación de la estrategia gubernamental y de su difícil convivencia con la dirección comunista de la CNT se expresó en el famoso decreto N°152 del gobierno “febrerista” (marzo de 1936), que no ocultaba su inspiración fascista. El decreto, que entre otras cosas establecía la creación del DNT, prohibía toda actividad política, partidaria o sindical independiente del Estado y del gobierno con él identificado, teniendo que dirimirse los conflictos entre capital y trabajo en el marco del “organismo estatal” (El Diario, 11/3/1936). La aplicación del decreto fue ambigua y en ciertos momentos errática, ya que dependía de las consideraciones gubernamentales de qué tipo de actividad sindical fuera considerada “política”, cuyos criterios eran extremadamente variables: mientras por un lado se toleraban algunas huelgas y manifestaciones callejeras, por el otro, se reprimían algunas asambleas y reuniones.

Siguiendo la estrategia mencionada anteriormente, entre 1936 y 1940 los gobiernos de Franco, Paiva y Estigarribia se mostraron relativamente tolerantes con la actividad gremial de los sindicatos de base y con sus conflictos particulares (siempre que los conflictos no escalaran en intensidad y duración), pero desconfiaron y limitaron notoriamente la actividad de la confederación, a la que vigilaron estrechamente y no dudaron en reprimir. Las huelgas generales de mayo de 1936 y diciembre de 1939 se desataron, de hecho, como respuesta a la detención de miembros del Comité Ejecutivo de la CNT y CTP respectivamente. En ciertos momentos, el gobierno procedió a la represión directa y a la clausura temporal de la Confederación, como acto preventivo para afianzar la “paz pública” frente al escenario de ciclos huelguísticos, posibles o imaginarios (octubre de 1936, diciembre de 1939), o para evitar posibles reacciones subversivas en el marco de golpes de estado (septiembre de 1937, febrero de 1940, enero de 1947). La “convivencia imposible”, como vemos, llevaba a una situación de inestabilidad crónica de la Confederación, de la que no se toleraba su autonomía, pero a la que los gobiernos se veían imposibilitados de disciplinar de manera efectiva y duradera.

Paralelamente, a medida que la situación económica empeoraba (especialmente a partir de 1939), comenzaba a plantearse desde los gabinetes gubernamentales la necesidad de una reorganización “definitiva y radical” de las asociaciones, transformándolas en entidades profesionales que no tuvieran por objeto fundamental la lucha de clases, sino que buscaran “la conciliación de los intereses y la colaboración constante de las partes bajo la dirección y tutela del Estado”. La CTP se resistía abiertamente a la “tutela o dirección del estado capitalista”, que se correspondía, según su entender, con los gobiernos reaccionarios, cuyas expresiones más acabadas eran el Estado corporativo italiano, el “sindicalista” español y el “Estado Nuevo” del Brasil. La Confederación, a pesar de su carácter conciliador, se resistía a entregar su autonomía:

Creemos necesaria la intervención del Estado en la cuestión del trabajo, pero en forma de leyes que defiendan al obrero, a los trabajadores (cuando las leyes son iguales, benefician al más fuerte) en el respeto a la esencia misma de la organización obrera: su autonomía, carácter de clase y a su arma más efectiva para mejorar sus condiciones, la huelga (CTP, año 3, N°44, 12/6/1940).

En todo caso, a pesar de la resistencia sindical, estas políticas comenzaron a desarrollarse. El decreto N°18079, de noviembre de 1939, autorizaba al DNT a suspender actividades gremiales, otorgándole un primer control fiscalizador sobre las organizaciones. El decreto N°715, de abril de 1940, reglamentaba las actividades de las “asociaciones profesionales”, siguiendo los parámetros mencionados de conciliación y colaboración de clases bajo tutela estatal. Este avance estatal se producía en un contexto de crisis y retracción económica, y se desarrollaba en paralelo a una fuerte reacción patronal y a un creciente autoritarismo militar, primero con la dictadura de José F. Estigarribia, y a partir de su muerte en agosto de 1940, de la de su sucesor, Higinio Morínigo. La militancia comunista era consciente de la situación, denunciando que se buscaba con estas medidas “ilusionar a las masas y burlar su vigilancia combativa”:

Al mismo tiempo que proclaman su respeto a las organizaciones y conquistas obreras, y sus aspiraciones legítimas de justicia social, en distintos tonos y desde diferentes reductos reaccionarios, lanzan sus amenazas contra los dirigentes obreros más capaces y responsables (…) Bajo el señuelo de una hipócrita postura obrerista, se pretende descabezar al movimiento obrero, como primer paso para liquidar la independencia sindical y el derecho vital y pleno de organización obrera. Y sobre esas ruinas, levantar los Sindicatos Mixtos de obreros y patrones, como en la Italia de Mussolini (CTP, año 3, 15/12/1940).

Un ejemplo de ello puede observarse en el caso paradigmático del trabajo fluvial: a partir del decreto N°7389 (1938), la Prefectura General del Puerto -institución bajo control militar- había asumido el control de los conflictos entre obreros y empresas en todo lo que no fueran cuestiones salariales, avanzando sobre atribuciones antes pertenecientes al DNT. En virtud de delimitar las funciones de ambos organismos, la Prefectura emitió en octubre de 1940 la resolución N°54, mediante la cual avanzaba sobre el “control sindical” en buques y puertos: a partir de entonces, la contratación de mano de obra pasaba a control de la Prefectura, la única con la potestad de suspender o expulsar obreros, bajo el argumento que no podía dejarse la situación profesional del personal “al capricho inestable de las pasiones o cambios imprevistos muy susceptibles en el seno de las sociedades obreras” (CTP, año 3, N°53, 31/10/1940). Ante este ataque a su autonomía y agotadas las instancias mediadoras, la LOM reaccionó llamando a la huelga, que se extendió por un mes y medio. La profundización de la huelga llevó al gobierno a sancionar, el 9 de enero de 1941, el decreto-ley N°4545, por el cual se regulaba “la relación económico-social entre el capital y el trabajo”, estableciendo una “tregua sindical” (justificada en sus considerandos por la “desnaturalización de los sindicatos” por la actividad política que se desarrollaba en ellos, especialmente la comunista) y prohibiendo el derecho a huelga. La CTP reaccionó al decreto llamando a la huelga general, que fue respondida a su vez por el gobierno con el decreto N°4591, el día 11, que ordenaba la “movilización militar de los obreros declarados en huelga” (Decreto-ley N. 4545, 9/11/1941, AG-09-03-009; Decreto-ley N. 4591, AG-09-03-016).

La represión de la huelga de enero de 1941, además de otras dos tentativas en agosto y diciembre de dicho año, fue feroz y contundente, provocando la desaparición de la confederación, que dejó de existir, siendo reemplaza posteriormente por organizaciones obreras clandestinas o semiclandestinas. Cientos de trabajadores fueron apresados y destinados a “colonias penales agrícolas”, es decir, campos de concentración, mayormente ubicados en parajes lejanos e inhóspitos del Chaco Boreal (^{Borche, 1945}).

A partir de 1941, entonces, en el marco de la “tregua sindical”, toda huelga se transformó en huelga política y fue reprimida sin contemplaciones. La relativa tolerancia anterior se había abandonado. Como hemos mencionado en el apartado anterior, esta política restrictiva fue compensada en parte con legislaciones laborales tendientes a la mejora de las condiciones de trabajo, la conformación de un sistema previsional y el establecimiento del salario mínimo. Pero a pesar de la represión de los militantes comunistas y de las organizaciones combativas, la autonomía sindical seguía siendo un problema para el gobierno. En consecuencia, procedió a sancionar el decreto N°1217 (noviembre de 1943), llamada popularmente de “tutela sindical”, sometiendo a los sindicatos a una estricta supervisión gubernamental: fiscalización de elecciones, control de la contabilidad, manejo de fondos, movimiento de asociados, situación de las autoridades directivas, es decir, “en todo asunto vinculado directa o indirectamente con la constitución, organización y funcionamiento de la entidad, consecución de sus fines y propósitos” (“Manifiesto a la clase obrera, al Ejército y al pueblo paraguayo”, PCP, CDyA-00055F1265).

Este nuevo avance estatal sobre la autonomía sindical volvió a ser respondido mediante una huelga general, en febrero de 1944, esta vez llamada por el clandestino Comité de Defensa Sindical, organización que nucleaba a dirigentes sindicales comunistas y febreristas de dos decenas de sindicatos (“Memorándum del Comité de Defensa Sindical”, 8/2/1944, CDyA-00055F1418). De igual manera que en mayo de 1936 y enero de 1941, la huelga llevó a enfrentamientos callejeros con las fuerzas de seguridad y actos de sabotaje (levantamiento de vías, piquetes, etc.). La fuerte represión originó, además de una nueva disolución de sindicatos, otra tanda de centenares de dirigentes obreros destinados a los campos de concentración del Chaco (Unidad paraguaya, año 2, nro. 5, Paraná, 4/1944, CDyA-00055F1322).

A pesar de la represión, la resistencia obrera se mantenía firme e incluso lograba sostener y recuperar algunas posiciones, siempre provisorias, en acuerdos parciales en el marco del DNT. Un ejemplo paradójico de ello fue la reorganización, a mediados de 1944, de los sindicatos disueltos con motivo de la huelga de febrero de dicho año. Amparándose en las atribuciones que le otorgaba el decreto-ley N°1217 de “tutela sindical”, el DNT fiscalizó la conformación de las nuevas comisiones directivas de los gremios, permitiendo que reconocidos militantes sindicales comunistas recuperan sus posiciones en las comisiones directivas de sus respectivos gremios.

Estos acuerdos eran siempre precarios y parciales. Un cambio en la conducción del DNT, de hecho, provocó una nueva huelga general, en enero de 1945, que también fue fuertemente reprimida. La huelga fue llamada por la militancia comunista, aglutinada en el semiclandestino Consejo Obrero del Paraguay (COP), preocupada porque la gestión del organismo era ocupada nuevamente por sectores conservadores cercanos a las patronales.

Como puede observarse, las huelgas generales o “políticas” desarrolladas durante estos años asumieron un carácter claramente violento, en tanto implicaban el enfrentamiento abierto con las autoridades gubernamentales y las fuerzas represivas. Durante el desarrollo de estas huelgas, los trabajadores procedieron a los clásicos actos de amedrentamiento e intimidación de posibles elementos contrarios a la huelga y a las acciones de sabotaje. Un documento del PCP incautado por la policía en 1947, por ejemplo, enumeraba los pasos que debían llevar los “grupos de choque” en el llamado a la huelga general del COP:

1) Llevar el aviso u orden de paro; 2) comunicarlo a las fábricas y a todas sus secciones (para eso deben levantar tribuna audazmente, explicando los objetivos del alzamiento); 3) paralizar de hecho a los capataces, pyragues, guionistas, etc.; 4) repeler las primeras intervenciones policiales, hasta obtener total abandono del trabajo; 5) realizar sabotaje que impida la circulación de vehículos y continuación del trabajo (si los obreros se resisten) (^{Ynsfrán, 1947}, p. 44).

Obviamente, en este caso se trataba, como veremos más adelante, de un contexto de guerra civil. Pero, en general, la lista no se distanciaba mucho de las actividades desarrolladas en todas las huelgas generales del período, aunque con diferente intensidad.

Todas las huelgas generales del período se dieron en el marco de avances y agresiones contra al movimiento obrero, o de intentos de limitar su autonomía. Podemos afirmar que todas ellas fracasaron, en principio, en sus objetivos inmediatos. La huelga general de mayo de 1936, en respuesta a la detención de los principales dirigentes de la CNT (Francisco Gaona y Tomás Mayol), no logró la liberación de los detenidos. Las huelgas de enero y agosto de 1941, a su vez, no lograron frenar la “tregua sindical” de Morínigo y dieron lugar, por otro lado, a un fuerte ciclo represivo y a un acentuado retroceso sindical general, con la desaparición de la CTP. La huelga de febrero de 1944 no logró la abolición de la “tutela sindical” y la de enero de 1945 tampoco logró resistir el cambio de orientación del DNT.

Al contrario de las huelgas parciales, algunas de las cuales llegaron a extenderse por meses, las huelgas generales apenas pudieron sostenerse durante unos pocos días. ¿A qué se debió esa diferencia? Ciertamente, no todas las huelgas generales tuvieron el mismo impacto. Pero, con la excepción de aquellas que fueron abortadas por la represión antes de ser llevadas a cabo, todas ellas fueron relativamente acatadas en un primer momento, lo que prueba al menos la disposición inicial de los trabajadores para la lucha. No obstante, la combatividad obrera se apagaba rápidamente, sin duda como resultado de la represión. La “oficialización” y la militarización de los lugares de trabajo, junto a la detención, confinamiento y persecución de los principales dirigentes sindicales, amedrentaba a muchos obreros y los motivaba a volver al trabajo.

Pero un segundo elemento fundamental para la entender la diferencia era la escasa preparación y organización. Contrariamente a las huelgas parciales, las huelgas generales o políticas fueron realizadas de manera absolutamente improvisada, en respuesta a una provocación o agresión gubernamental, y sin contar con las condiciones necesarias para su sostenimiento. El hecho de que se apagaran a los pocos días no respondió sólo a la represión, sino que también fue consecuencia de la imposibilidad material de continuarlas. No existieron (o fueron insuficientes) los fondos de huelga, no se conformaron equipos de apoyo auxiliar (más allá de los partidarios del PCP), no se intentó la vinculación con otros actores sociales, y la comunicación y propaganda fue absolutamente sectaria e ineficiente (^{Gaona, 2008}, pp. 300-305).

En líneas generales, en estas huelgas generales la agitación fue mucho más importante que la organización, con el resultado que más que tratarse de huelgas en el lugar de trabajo -con paro de actividades y de la producción- se transformaban rápidamente en manifestaciones populares y enfrentamientos callejeros, afectando muy parcialmente la economía del país. Además, en la manifestación callejera, la actividad del obrero y dirigente comunista se encontraba atravesada por el mundo conspirativo y las salidas “aventureras” (cuando no, “blanquistas” o “putschistas”), y se distanciaba notablemente del resto de sus compañeros de clase, acentuando muchas veces su sectarismo, facilitando así la represión gubernamental y dando pie a la propaganda oficial de que se trataba de huelgas decretadas o desarrolladas por motivos “políticos” ajenos al pueblo trabajador (^{Gaona, 2008}, p. 277).

Siguiendo a Marcel van der ^{Linden (2019}), es la “identidad de participación” construida por los propios trabajadores -es decir, “la identificación social sobre cuya base un individuo responde, en una situación específica de protesta social, a apelaciones normativas e institucionales específicas” (p. 184)- la que determina cuáles “intereses comunes” son superiores a otros en determinada coyuntura. En este sentido, mientras que en las huelgas reivindicativas llevadas a cabo por los sindicatos de oficios o empresa el liderazgo de los dirigentes sindicales comunistas se afianzaba en la identificación con el resto de los trabajadores bajo su dirección en la lucha por sus “intereses comunes” contra patrones y empresas, permitiéndoles un compromiso mayor en la lucha; en las huelgas generales este compromiso fue mucho menor, acompañando los trabajadores el movimiento hasta cierto punto sin arriesgarse demasiado. El sectarismo con que procedían muchas veces los militantes comunistas colaboraba ciertamente con ello.

Si por un lado las huelgas generales fracasaron en sus motivos inmediatos, la misma resistencia sindical expresaba por otro el mantenimiento de la autonomía del movimiento obrero, que no pudo ser coartada de manera decisiva. Como lo sugiere la propia reiteración y sanción de normativas destinadas a “fiscalizar” el desempeño de los sindicatos, al gobierno le resultaba muy difícil someter al movimiento obrero a la tutela estatal. En efecto, con todas las idas y vueltas, a pesar de la represión y persecución gubernamental, la militancia sindical resistió los intentos dictatoriales de “domesticación” y llegó fortalecida al período de la llamada “primavera democrática” de 1946, cuando el general Morínigo se vio obligado a conformar un gobierno de coalición.

La apertura y liberalización política permitió la libre actividad partidaria del PCP y su brazo sindical, el COP, se transformó en la principal organización obrera del país, ocupando de hecho el lugar de la disuelta CTP. En este escenario, si bien el resistido decreto-ley N°1217 de “tutela sindical” fue abolido, volvieron a manifestarse las tensiones entre la conducción comunista del movimiento obrero y los organismos estatales de mediación, especialmente cuando un nuevo ciclo huelguístico amenazaba con profundizarse. El DNT, entonces, procedió a la asunción directa del conflicto laboral, mediante el decreto N°16534 de noviembre de 1946, que declaraba de acatamiento obligatorio sus fallos y resoluciones. El COP rechazó abiertamente el decreto, que virtualmente prohibía el derecho a huelga. En cualquier caso, estas cuestiones de política laboral entraron rápidamente en un segundo plano.

En el marco del “gobierno de coalición” de julio de 1946-enero de 1947, conformado por febreristas, colorados y militares institucionalistas, el COP decidió apoyar abiertamente a la facción febrerista. Si bien no faltaron tensiones con la conducción febrerista del DNT, el avance colorado en las fuerzas represivas, que hacían la vista gorda a las arbitrariedades de la banda parapolicial ultraderechista de “guiones rojos”³, llevó al comunismo a la denuncia constante del peligro de un golpe reaccionario “guionista”. Los guionistas tenían también su brazo sindical, aunque absolutamente minoritario en el movimiento obrero: la ORO, Organización Republicana Obrera, que tenía como objetivo manifiesto “romper el monopolio comunista en los sindicatos” (^{Ashwell, 2007}, p. 78). La profecía autocumplida se produjo el 13 de enero de 1947, cuando mediante un autogolpe del propio Morínigo y del Guion Rojo, se dio comienzo al período de gobiernos colorados en la historia del Paraguay.

Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue la ilegalización del PCP y del COP, cuyos dirigentes comenzaron a ser perseguidos y encarcelados. En marzo, con el fallido asalto al Cuartel de Policía y la rebelión militar iniciada en la ciudad de Concepción, se iniciaba la guerra civil de 1947, que duraría hasta fines de agosto, y que tendría consecuencias duraderas en la historia del país. La rebelión militar, en la que participó la mayor parte del ejército, fue apoyada por todos los partidos opositores -febreristas, liberales y comunistas- y su derrota catapultó a la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado, a la hegemonía absoluta en la política del país. Tanto las instituciones estatales como de la sociedad civil fueron sometidas a un intensivo proceso de “coloradización”, mientras la oposición era brutalmente reprimida.

En este contexto, los militantes comunistas jugaron un rol fundamental en el bando rebelde, especialmente durante la huelga general que acompañó la rebelión de la marina en abril. Con una cifra inestimable de muertos en la contienda, con centenares de dirigentes y militantes sindicales presos (algunos desde el golpe de enero), el COP sufrió el golpe de la represión. La mayor parte de las organizaciones obreras quedaron acéfalas, con sus conducciones presas o perseguidas, ya sean comunistas o febreristas. Al mismo tiempo, el DNT procedió a una política abiertamente partidaria, obligando a las organizaciones a reconocer a la ORO como representación gremial de los trabajadores. De esta manera, la mayoría de los sindicatos fueron reorganizados con militantes colorados. A partir de entonces, se profundizaría la tutela partidario-estatal del movimiento obrero, reorganizado en base no sólo a un partido político tradicional, sino a un partido de gobierno. La autonomía se había reducido de manera decisiva.