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INTRODUCCIÓN
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales reconocen la importancia de la transparencia y el acceso a la información como derechos fundamentales de todas las personas. Estos derechos aseguran la capacidad de buscar, recibir y difundir información de cualquier tipo sin limitaciones, ya sea por medios convencionales como la televisión, la prensa y la radio, o por medios digitales como las redes sociales y la Internet. (Fuenmayor, 2004; Villar, 2021). No obstante, en la actualidad, muchas personas enfrentan barreras para acceder a la información, ya sea por motivos económicos, geográficos, culturales o tecnológicos (López y Hernández, 2020). Por lo tanto, para asegurar que todos los individuos puedan acceder en forma igualitaria a la información en todo el mundo, es crucial establecer medidas de gestión públicas que promuevan la transparencia y la democratización del acceso a la información y la promoción de un ambiente favorable de este derecho. De esta forma se podrá construir una sociedad más informada, participativa y democrática (Huanca-Arohuanca et al., 2020).
La disponibilidad de la información es vital para garantizar otros derechos inalienables, tales como la libertad de palabra, el derecho a la educación y el derecho a la participación política (Alcalá, 2019; Cellán Palacios et al., 2023). Además, en una sociedad libre y equitativa, es esencial que exista un acceso democrático a la información, lo que posibilita a los ciudadanos tomar decisiones informadas y responsables, mientras promueve la claridad y la responsabilidad gubernamental (Spanos, 2016).
En este sentido, el Estado peruano ha tenido un avance notable en los años más recientes para impulsar y salvaguardar estos derechos, a través de la adopción de diversas normativas y políticas públicas. Sin embargo, a pesar de los progresos alcanzados, el Estado peruano enfrenta importantes desafíos en lo que respecta a la accesibilidad de datos. Es así que, el autor Pasco (2015), señala que, a pesar de los esfuerzos por establecer normativas y políticas públicas para la posibilidad de obtener información en la nación peruana, la implementación efectiva de estas medidas sigue siendo un desafío. En muchos casos, las instituciones no han tomado las medidas indispensables para garantizar que se ejerza plenamente este derecho.
Además, según el Informe Anual 2020 de la Defensoría del Pueblo de Perú, aún persisten obstáculos que limitan el acceso a la información en el país, tales como la falta de una práctica de transparencia en las organizaciones públicas, la ausencia de criterios uniformes para la categorización de datos sensibles y confidenciales, y la falta de una adecuada capacitación y formación en el ámbito de información de dominio público para los funcionarios (Defensoría del Pueblo, 2020).
Por consiguiente, resulta necesario analizar los principales desafíos que aún enfrenta el acceso democrático a la información en el Estado peruano. En primer lugar, se debe destacar la necesidad de promover una cultura de responsabilidad y claridad en la sociedad peruana, que valore la importancia de la información como un bien público y un derecho ciudadano. Según Sánchez (2015), la cultura de transparencia se refiere a una serie de prácticas, actitudes y valores que promueven la apertura, la responsabilidad gubernamental y la implicación ciudadana en la administración pública.
Asimismo, otra de las barreras pendientes con relación a la información disponible al público en el Perú es la deficiente aplicación de las normas legales y políticas públicas que existen. En este sentido, Novoa (2019) señala que, si bien el marco legal peruano en el ámbito para acceder a la información es sólido, aún existen otros obstáculos en la práctica que limitan que se ejerza plenamente este derecho.
Además, es importante destacar la falta de compromiso de algunas instituciones públicas con el libre acceso a los datos. Según el Informe Anual 2020 de la Defensoría del Pueblo de Perú, muchas instituciones aún no cuentan con unidades de transparencia especializadas, y en algunos casos, la información solicitada por la ciudadanía no es entregada o se proporciona de forma incompleta o tardía (Defensoría del Pueblo, 2020).
Por otro lado, otro de los retos pendientes en esta materia, es la ausencia de un conjunto de regulaciones adecuado para salvaguardar la confidencialidad y la información personal. Es así que es necesario que se establezcan leyes claras que regulen la gestión, tratamiento y salvaguardia de los datos de carácter privado, así como los límites y obligaciones de los titulares de los datos y de quienes los manejan. De acuerdo con Marqueo et al., (2017), “un adecuado marco normativo permitiría garantizar la protección de los datos personales, el respeto a la privacidad de las personas y el acceso a la información, en un equilibrio adecuado y armónico”.
Asimismo, es importante destacar en muchos casos la opacidad en el manejo de los fondos estatales y su destino poco claro y en la toma de decisiones (Rodríguez, Palomino y Aguilar, 2020). Esto se refleja en el bloqueo de la información sobre los procesos de licitación y contratación pública, así como la falta de información sobre el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles del erario. Como afirma Valeriano (2019), la censura de información sobre la gestión de los activos públicos es un obstáculo para el afianzamiento de una cultura de divulgación y accesibilidad de datos y representa un problema para el fortalecimiento de la democracia en Perú.
De acuerdo a lo descrito en las secciones que anteceden, se configuró el propósito de este estudio buscó analizar las barreras, desafíos y retos que se enfrentan en el estado peruano en el acceso democrático a la información.
METODOLOGÌA
En la elaboración de este estudio, se empleó una metodología de revisión documental, como lo sugieren Cué Brugueras et al. (2008), en la cual se hizo uso del análisis de contenido técnico de investigación para comprender mejor los fenómenos estudiados, como lo destaca Bardin (2022). Esta técnica resultó adecuada debido a su capacidad para minimizar sesgos y garantizar la imparcialidad en los resultados, lo que contribuye a la calidad y confiabilidad del estudio ante la comunidad científica, tal como lo resalta Martín López (1963).
De igual forma, en el desarrollo del estudio se optó por seguir la estrategia presentada por Rosales-Veítia y Marcano-Montilla (2022), quienes destacan que este marco de investigación demanda una explicación concisa y un enfoque metodológico definido en aras de garantizar la exactitud, autenticidad y rigurosidad de los resultados por pares, revisores y otros expertos en el campo. Esto permite un proceso riguroso de construcción y renovación de los saberes. Por lo tanto, se precisa de una serie de herramientas para recuperar, seleccionar y analizar los documentos, con el objetivo de garantizar la precisión y solidez de los hallazgos.
Con el fin de asegurar la excelencia, idoneidad y pertinencia de los documentos seleccionados para la investigación, se optó por utilizar fuentes reconocidas en el ámbito científico, tales como los repositorios de información Scopus, Scielo, Redalyc y Dialnet. Estas plataformas ofrecen una amplia variedad de documentos elaborados y revisados por expertos en sus respectivas áreas, lo que garantiza que cumplan con los criterios de calidad requeridos para este tipo de estudio. Para recuperar la información necesaria, se llevó a cabo una exploración preliminar que dio lugar a un total de ciento sesenta y cuatro (n= 164) recursos, entre los que se incluyen artículos, leyes y otros instrumentos legales. Estos fueron sistematizados para llevar a cabo una selección rigurosa basada en criterios establecidos por Martínez-Salgado (2012). Para ello, se consideraron las características detalladas en la tabla 1, lo que permitió identificar un total de dieciocho (n=18) documentos que satisfacían los estándares fijados para ser incluidos en la revisión.
Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión
| Criterios de inclusión | Criterios de exclusión |
|---|---|
| Artículos originales y de revisión | Tesis de grado, maestría o doctorado |
| Leyes, normativas y otros instrumentos legales (del Perú) | Instrumentos legales de otro país diferente al Perú |
| Publicados en español o inglés | Escritos en una lengua distinta al español o inglés |
| Acceso abierto | Acceso restringido |
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Luego de haber seleccionado, dispuesto y categorizado los documentos relevantes, se efectuó una indagación exhaustiva de los mismos utilizando técnicas de investigación cualitativa. Para identificar las unidades de sentido en los textos, se utilizó una técnica artesanal que consistió en la identificación de palabras clave, tal como lo sugiere Flick (2007). Este proceso permitió la construcción de dos categorías de análisis fundamentales, que se presentan a continuación.
Marco legal y político para el acceso a la información en el Estado peruano
La factibilidad de adquirir información es un derecho primordial que se halla expresamente contemplado en la Constitución Política del Perú, así como en diversas leyes y regulaciones del país. En el marco legal y político para el acceso a la información en Perú, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806), promulgada en el año 2002, a través del tiempo, ha sido objeto de variadas modificaciones y es el instrumento principal que regula la accesibilidad de datos públicos en el país, la cual establece los procedimientos para el derecho a la información gubernamental, así como los deberes de los entes oficiales para asegurar este derecho (Congreso de la República, 2002), lo cual es un importante avance en la promoción de la apertura y disponibilidad de datos públicos (Medranda et al., 2019; Romero Hidalgo, 2017).
Sin embargo, a pesar de tener una regulación para acceder a la información, existen limitaciones en la realidad, que dificultan la efectiva implementación de este derecho. Por ejemplo, en numerosas ocasiones, las solicitudes de información no son atendidas de manera oportuna o se deniegan de manera arbitraria (Alarcón Requejo, 2023; Tafur-Puerta, 2022). Además, algunas entidades públicas no cuentan con los medios indispensables para facilitar la accesibilidad a la información. Blas et al., (2022) exponen que aun cuando existe una Ley de acceso a la información pública, la realidad es que todavía persisten barreras para obtener acceso a la misma, como la ausencia de una cultura de claridad y responsabilidad gubernamental, la carestía de recursos y capacidades en las entidades estatales para cumplir con la ley y la limitación del derecho al secreto en casos de seguridad nacional.
Dentro de este marco legal, también se encuentra la Constitución Política del Perú (1993), que señala expresamente el derecho a la información en su artículo 2, inciso 5. Esta disposición reconoce tanto la dimensión individual como colectiva del derecho, permitiendo que la población pueda obtener acceso a la información relevante y se involucre de manera activa en los temas de relevancia social y públicos, lo que a su vez contribuye al fortalecimiento de una sociedad más democrática y transparente. De igual forma, el libre acceso a documentos públicos se convierte en una herramienta esencial, ya que es un instrumento para la claridad y probidad en la administración de los temas gubernamentales, la transparencia en el uso de los recursos del Estado y la batalla para erradicar la corrupción, debido a que permite realizar un proceso de fiscalización en estas materias (Tumi Quispe, 2020).
Otra norma relevante en este ámbito es la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733), cuyo objetivo es establecer preceptos para el manejo de datos sensibles personales, tanto en la esfera pública y privada, con el propósito de resguardar las libertades individuales esenciales de los sujetos, como su derecho a la protección individual y su derecho a la autonomía informativa. La Ley establece diversas disposiciones que deben ser cumplidas por las organizaciones que manejan datos personales, con la finalidad de garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas y prevenir posibles abusos en el manejo de la información personal (El Peruano, 2011).
Dentro de las directrices principales de esta Ley, se encuentran;
Los titulares de los datos personales tienen derecho de estar informados, mantener al día, corregir y eliminar la información personal que les concierne, además de poder objetar al tratamiento de la misma en determinados casos.
Las entidades que tratan información personal deben contar con la aprobación por parte de los propietarios de dicha información para su tratamiento.
Se establecen controles de protección para asegurar la privacidad, exactitud y accesibilidad de los datos personales.
Queda expresamente prohibida la transferencia de información personal a países que no cumplan con los requisitos de salvaguarda de datos adecuados.
En situaciones en que no se respeten las disposiciones de la Ley, se aplicarán medidas disciplinarias.
En cuanto a los avances y limitaciones en las cuentas claras y la responsabilidad, Príncipe (2021) indica que en los últimos años ha habido un avance sobre este aspecto, con la creación de la Contraloría General de la República y la implementación de sistemas electrónicos para la gestión de información en diferentes entidades públicas. No obstante, también señala que persisten problemas de corrupción y opacidad en algunos sectores del Estado, lo que demuestra que aún existen limitaciones en la efectividad de los mecanismos de transparencia y responsabilidad gubernamental en el país.
Una de las debilidades que afronta la gestión de la Contraloría General de la República y otras entidades encargadas de la supervisión y control del gasto público con respecto a la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en Perú es la falta de una cultura transparente y participación ciudadana en la gestión pública (Montecinos y Contreras, 2019). Tal como indican Durand (2018) y Gamboa et al., (2016), muchas veces, la sociedad civil no cuenta con la información necesaria para fiscalizar la administración de los recursos públicos.
Retos y desafíos en el acceso a la información en Perú
Uno de los mayores problemas que afronta la sociedad para acceder a información de interés público en la nación peruana es la carencia de una cultura de transparencia e intervención ciudadana en la administración estatal (Guaycha y Ordóñez, 2020). Según un informe de la Defensoría del Pueblo (2020), muchos ciudadanos no conocen sus derechos con relación a este tema, lo que dificulta el ejercicio de este derecho fundamental. Además, la burocracia y la ausencia de determinación por parte de algunas entidades públicas también obstaculizan la accesibilidad a la información (Maldonado-Lozano et al., 2021; Moreno et al., 2018).
Otro factor importante a tener en cuenta es la falta de una política de transparencia proactiva por parte del Estado. Según el Informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentado por Luna (2021) solo el 45% de las entidades públicas del Perú cuentan con portales de transparencia activos, lo que indica que aún hay mucho por hacer en este ámbito.
La falta de claridad y responsabilidad gubernamental en el sector público es otro de los desafíos en el acceso a la información en la nación peruana (Finol-Romero, 2019). Según un informe de la Contraloría General de la República, presentado por Shack, Pérez y Portugal (2021), aún existen problemas de corrupción y opacidad en algunos sectores del Estado, lo que demuestra que persisten las limitaciones en la efectividad de los mecanismos destinados para tal fin,
Por otro lado, según Flores-Cueto et al., (2020), las barreras económicas y culturales constituyen de hecho un obstáculo para acceder a la información en el Perú. En términos económicos, muchas personas en la nación peruana no tienen acceso a internet o no pueden pagar el costo de una conexión de alta velocidad, lo que limita su capacidad para acceder a información en línea. Además, el acceso a la información impresa, como periódicos y revistas, también puede ser limitado en áreas rurales y comunidades empobrecidas (Huamán Coronel y Medina Sotelo, 2022).
En términos culturales, hay barreras relacionadas con la educación y la alfabetización. Muchas personas en Perú no tienen una educación formal o tienen niveles bajos de alfabetización, lo que dificulta su capacidad para acceder a información escrita (Felix, 2021), También hay barreras culturales relacionadas con la lengua, ya que muchas personas hablan lenguas indígenas y no tienen acceso a información en su lengua materna (Cabanillas, 2022).
De acuerdo a lo señalado por García-Segura (2019), en la nación peruana se ha trabajado para abordar estas barreras a través de iniciativas como la expansión de la cobertura mediática a nivel comunitario en áreas rurales y el impulso de la educación y la lectoescritura (alfabetización). Sin embargo, aún se requiere un esfuerzo significativo para garantizar que todos los ciudadanos peruanos puedan acceder a la información y ejercer su derecho a la libertad de expresión (Tarazona, 2021).
Otro factor a tener en cuenta es la centralización de la propiedad de los órganos de prensa (Sosa, 2016), lo cual constituye un problema en todo el mundo, y Perú no es una excepción. Un pequeño número de empresas controla la mayoría de los sistemas de divulgación de contenidos del país, lo que puede limitar la diversidad de voces y perspectivas que llegan a la población (Valdez-López et al., 2019). Esto puede tener consecuencias negativas para la democracia, ya que la prensa libre y diversa es esencial para mantener a los líderes políticos y a otras personas poderosas responsables de sus acciones (Mendel et al., 2017).
En cuanto a la relación entre el acceso a la información y los esfuerzos para combatir la corrupción y el acto de delinquir sin consecuencias, es importante destacar que la claridad y la accesibilidad a la información son primordiales para combatir este flagelo (Arroyo, 2018). Cuando los ciudadanos pueden acceder a información precisa y detallada sobre las acciones de los líderes políticos y las instituciones, pueden exigir responsabilidades y tomar medidas contra la corrupción y otros abusos de poder (Vasto, Alcaraz y Urquìa, 2017). No obstante, la falta de sanciones efectivas para aquellos que cometen actos de corrupción o violan la ley de transparencia y acceso a la información, permite que autoridades gubernamentales continúen con esa práctica, lo que puede perpetuar la cultura de impunidad en el país (Zambrano y Yokir, 2017).
En definitiva, aunque se han logrado avances importantes en el fomento de la transparencia y la responsabilidad gubernamental en el Perú, aún existen desafíos y limitaciones que deben ser abordados para fortalecer los derechos y libertades democráticas y el estado de derecho en el país. Por lo tanto, es importante trabajar en todos estos frentes, desde la mejora para acceder a la información y la diversidad de los canales de divulgación hasta la lucha contra la corruptela y la impunidad, para edificar una sociedad más equitativa y participativa en el país.
CONCLUSIONES
El propósito fundamental de este estudio ha tenido como objetivo analizar las barreras, desafíos y retos que se enfrentan en el estado peruano en el acceso democrático a la información A partir de la revisión documental realizada, se ha identificado que existen avances importantes en el marco legal y político en el país, pero también retos y desafíos pendientes en este ámbito.
En cuanto al marco legal y político, se ha observado que el Estado peruano ha avanzado significativamente en la promoción de la claridad y la responsabilidad gubernamental en la última década. En particular, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha establecido un régimen legal que asegura este derecho por parte de la ciudadanía y que ha sido reconocido internacionalmente como uno de los más progresistas de la región.
Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten importantes barreras y desafíos en el acceso democrático a la información, que incluyen trabas económicas y culturales que coartan la democratización de la información por parte de la ciudadanía, concentración de la propiedad de los canales comunicacionales, cuya falta de pluralidad y diversidad puede dificultar el acceso de la sociedad a información objetiva y limitar el debate público y la implicación ciudadana en temas de relevancia colectiva y por último, la falta de acceso a información relevante y oportuna es un obstáculo significativo para la claridad y el rendimiento de cuentas.
Para abordar todos estos problemas, es necesario que exista una regulación sólida que legitime la apertura y disponibilidad a la información de carácter público y establezca lineamientos claros para solicitarla. De igual manera, es fundamental que las instituciones y organismos encargados de proporcionar esta información estén debidamente capacitados y equipados para hacerlo de manera efectiva y eficiente.
Además, es necesario fomentar una práctica de transparencia institucional y responsabilidad gubernamental en todas las áreas del gobierno y la población en su conjunto. Esto implica formar a la sociedad sobre la importancia de la transparencia y cómo pueden hacer valer sus derechos para obtener información de dominio público.
Es relevante destacar que la tecnología puede constituirse en una valiosa ayuda en la erradicación del tráfico de influencias (corrupción) y la falta de castigo (impunidad). La instauración de sistemas electrónicos de gestión de información y la digitalización de los procesos gubernamentales pueden coadyuvar en el proceso para acceder a la información y reducir la posibilidad de manipulación y corrupción.
Ya para finalizar, aun cuando se evidencian avances logrados en la esfera de accesibilidad a la información en el Estado peruano, todavía existen retos pendientes que deben ser abordados para consolidar una verdadera cultura de claridad y responsabilidad gubernamental. Es imperativo implementar medidas, acciones, estrategias, que aseguren el derecho a la información de manera efectiva, promover la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública y proteger la privacidad y los datos personales, lo cual es esencial para consolidar una democracia plena, y el Estado peruano debe trabajar en ello de manera decidida y comprometida.
